Benito Tapía Juárez
Expediente 370/2015 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2015
Partes del expediente
- Benito Tapía Juárez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta... informa que confirma el acuerdo dictado por este órgano de control constitucional en la fecha citada... refiere que no es competente para conocer del acto conssitente en la resolución reclamada de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dictada en el toca 605/2013...
- Principal
Dese vista a las partes con el informe justificado de cuenta... Se tiene como prueba la que acompaña a su informe... procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio en que se actúa... Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para el...
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos, pues exhibe la foja tres de la demanda completa. Este órgano de control constitucional, a fin de fijar la litis en el presente juicio y en su caso dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la ley de la materia, estima que de la lectura integral de la demanda el (los) acto(s) reclamado(s) es (son) el (los) siguiente(s): a) La determinación que recayó al incidente no especificado promovido por el quejoso, atribuido al Juez Décimo Quinto Penal del Distrito Federal; y b) La resolución de cinco de junio de dos mil trece que recayó al recurso de apelación interpuesto por el amparista contra la sentencia emitida por el juez citado, atribuida a la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ahora, basta imponerse del acto precisado en el inciso b), para advertir que existe una incompatibilidad en la vía constitucional que se intenta, pues no es jurídicamente válido que en un juicio de amparo indirecto se analicen actos que son propios del juicio de amparo directo, por lo que este órgano jurisdiccional está imposibilitado para pronunciarse respecto de la resolución mencionada. En tal entendido, resulta necesario analizar el aspecto relacionado con la competencia de este juzgado para conocer del acto citado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto, preferentes. Es orientadora la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XCVII, que señala: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". Ahora, la competencia constitucional de los Tribunales Colegiados y jueces de Distrito, está prevista por el artículo 107, fracciones III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este orden de ideas, el numeral mencionado, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio; (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares.". Por otra parte, los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los cuales en lo conducente señalan: LEY DE AMPARO. "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional". LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) en materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común o federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas...". Del análisis de los artículos transcritos, se advierte que este juzgado carece de competencia legal para conocer del acto reclamado precisado en el inciso b), en términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución emitida por la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, es una sentencia definitiva, por lo que se está en el supuesto que establece el citado numeral 170 de la ley de la materia, siendo competente en el caso, el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, de conformidad con el precepto 37, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo expuesto, previa formación del cuaderno de antecedentes relativo, con fundamento en el dispositivo 47 en cita, remítase copia certificada de la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, para que a su vez la remita al Órgano Colegiado en turno, solicitándole a éste el acuse de recibo correspondiente y se sirva informar si confirma o revoca el acuerdo de competencia. En otro orden, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo. I. Se admite la demanda respecto del acto precisado en el inciso a). II. Se señala el veintisiete de mayo de dos mil quince, a las doce horas, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. III. Pídase a la(s) autoridad(es) responsable(s) rinda(n) informe justificado en el plazo de quince días, contado a partir de que quede(n) notificada(s) de este proveído, al que deberá(n) acompañar copia certificada legible, completa y ordenada de las constancias que apoyen dicho informe; apercibida(s) que de no hacerlo, de conformidad con el diverso 117 de dicha legislación, se presumirá cierto el acto reclamado, asimismo, se le sancionará con multa por el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en esta ciudad, en términos de la fracción II del numeral 260 del ordenamiento invocado. IV. Córrase traslado al Agente del Ministerio Público adscrito a la autoridad judicial responsable, pues le recae el carácter de tercero interesado, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso e) de la ley reglamentaria de la materia. V. No se tramita el incidente de suspensión, pues no se solicitó. Sin que se soslaye que el justiciable en el punto petitorio segundo del escrito de cuenta refirió "Señalar fecha y hora para celebrar la audiencia incidental ."; sin embargo, tal manifestación no puede sustituir la petición expresa para que se aperture el incidente de suspensión. Dese la intervención que corresponde a la representación social de la adscripción, en términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64, párrafo primero, de la ley reglamentaria, requiérase a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano de control constitucional, bajo apercibimiento que de no cumplir con esa obligación se les impondrá multa de treinta días de salario mínimo, acorde con el dispositivo 251 de la ley de la materia. En cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, y con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el numeral 8° de la ley en cita, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva a que en las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como en las constancias del expediente, se supriman los datos sensibles que puedan contener. Por otro lado, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa por duplicado la copia que solicita por conducto del actuario judicial adscrito, previa razón que de su recibo conste en autos...
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