Benito Martínez Tinajero

Expediente 481/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
481/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/09/2018

Partes del expediente

  • Benito Martínez Tinajero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese en autos el oficio de cuenta, proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 481/2018, y testimonio de la resolución dictada en el Amparo en Revisión 231/2018; háganse las anotaciones en el libro de gobierno; acúsese el recibo de estilo e infórmese a las partes que el órgano revisor confirmó la sentencia que negó la protección constitucional en el presente juicio. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con apoyo en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, por lo que hace al cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en el presente juicio -previo desglose de las constancias originales de este expediente-, procédase a su destrucción.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintitrés de agosto de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual acusa recibo del diverso 22579 de dieciséis del mes en curso, e informa a este órgano de control constitucional que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en autos, quedando registrado como R.P. 231/2018.

  3. Principal

    Ciudad de México, a trece de agosto de dos mil dieciocho. Por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Ahora, no obstante que dicho ocurso está dirigido al Juzgado Tercero similar, lo cierto es que el presente juicio de amparo fue instado por quien suscribe el escrito con que se da cuenta, así como que la resolución que recurre es la emitida en este expediente, en la fecha que se precisa. Aclarado lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, distribúyase entre las partes copia de dicho comunicado y anexo, y en el término de tres días, contados a partir del día siguiente al que se encuentre integrado el expediente, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original de los comunicados mencionados y los presentes autos, para la sustanciación del medio de impugnación de referencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, fórmese cuaderno de antecedentes.

  4. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 481/2018, promovido por Benito Martínez Tinajero, contra un acto del juez Octavo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el dieciocho de junio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, remitido por cuestión de turno a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El demandante de amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló transgredidos en su perjuicio los derechos públicos subjetivos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 102, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto de la misma fecha se admitió la demanda bajo el orden 481/2018; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado; se corrió traslado a la representación social que intervino en el procedimiento penal del que derivó el acto reclamado; y se señalaron fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; así como 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón tanto de la naturaleza del acto reclamado, como de la autoridad responsable. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada bajo el orden 169 en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda y constancias de autos, se aprecia y se precisa que el acto reclamado del juez Octavo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México, es el acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho emitido en la causa penal 754/2016, por el que no admitió el incidente planteado por el quejoso, en cuanto la actualización de la prescripción de la acción penal. TERCERO. Al rendir informe justificado (foja 27), la autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió en apoyo a dicho comunicado, entre cuyas constancias se encuentra el proveído reclamado (foja 51); documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no advierte este juzgado que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, mayo de 2010, de rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el promovente del juicio, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede negar la protección constitucional que solicita. En ese contexto, es imprescindible señalar que el demandante de amparo, mediante impreso presentado el once de junio de este año, promovió ante la autoridad responsable, un "incidente de actualización de la prescripción de la acción penal al que se me sujetara desde el 12 de agosto de 2013" (sic). En referencia con dicha incidencia, se emitió la resolución que constituye el acto reclamado en este controvertido, cuyo contenido es el siguiente: ".dígase el incidentista BENITO MARTÍNEZ TINAJERO, que no ha lugar a admitir el INCIDENTE DE ACTUALIZACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN PENAL, que promueve, en virtud de que derivado del Juicio de Amparo Directo, promovido por el sentenciado BENITO MARTINEZ TINAJERO, en fecha 26 veintiséis de enero del 2018, dos mil dieciocho, en contra de la ejecutoria de segunda instancia, pronunciada por la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de fecha 06 seis de diciembre del 2017, dos mil diecisiete, pronunciada dentro del Toca de Apelación EU-408/2017, en la que se declaró penalmente responsable en la comisión del delito de FALSEDAD ANTE AUTORIDADES, el Tribunal de Alzada, ordenó la suspensión de la ejecución de la sentencia; encontrándose actualmente radicada la causa en el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del primer Circuito, bajo el número de amparo D.P. 82/2018" (sic). Determinación transcrita de la que se advierte, en esencia, que la responsable estimó que el que no hubiera admitido el incidente planteado por el quejoso, estaba directamente vinculado con el estado procesal de la causa, en el sentido que derivado de la promoción del juicio de amparo directo se había ordenado la suspensión de la ejecución de la sentencia. Conclusión que se considera suficiente para sustentar el acto impugnado, y contrario a lo expuesto por el justiciable, afirmar que no se transgreden sus derechos fundamentales. Por tanto, es acertada la decisión de la responsable. Lo anterior se justifica, en razón que de conformidad con el artículo 191 de la Ley de Amparo, dicha suspensión surte el efecto de que el justiciable quede a disposición del tribunal colegiado de circuito competente, por mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, y se limita al hecho específico de que se paralice la ejecución de la condena, manteniéndose las cosas en el estado que guardan hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo; de ahí que la responsable no estuviera en condiciones de admitir la incidencia planteada. Sin que ello implique violación o desconocimiento de los derechos fundamentales del quejoso, en el sentido de que no se atendió su petición, a pesar de que la materia de la misma -prescripción- debe ponderarse en cualquier etapa del procedimiento, pues cuando el acto reclamado está vinculado con un procedimiento jurisdiccional, no se debe soslayar que el actuar de la responsable se rige por los artículos 14 y 17 constitucionales, que en forma concomitante le imponen la obligación de observar las reglas establecidas en la legislación ordinaria para resolver cualquier cuestión sometida a su consideración, como sucedió en el caso a estudio, en que como ya se dijo en el párrafo que precede, la suspensión decretada tiene el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran. Pronunciamiento anterior que en modo alguno podría entenderse que implica sustitución en la responsable, en tanto es claro que tales aspectos fueron los que la llevaron a resolver el asunto en el sentido en que lo hizo, y sólo se precisan por parte de este órgano de control constitucional para dar contestación en forma concreta a los motivos de disenso formulados por el justiciable. Por tanto, al haber resultado infundados los conceptos de violación hechos valer, lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que Benito Martínez Tinajero, solicitó contra el acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho emitido en la causa penal 754/2016, por el que no se admitió el incidente planteado, en cuanto la actualización de la prescripción de la acción penal. Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expuestas en la última consideración de este fallo, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Benito Martínez Tinajero, contra el acuerdo de once de junio de dos mil dieciocho emitido en la causa penal 754/2016, por el que no se admitió el incidente planteado, en cuanto la actualización de la prescripción de la acción penal, que se atribuyó al juez Octavo Penal de Delitos No Graves de la Ciudad de México.

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