Benito Reyes Carreón

Expediente 479/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
479/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2019

Partes del expediente

  • Benito Reyes Carreón

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio, en una parte, y se negó la protección constitucional, en otra, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y sí obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Se ordena proceder a realizar la separación de las constancias que son objeto de depuración, de aquellas que serán materia de destrucción. Por último, teniendo en cuenta que en el presente expediente existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa; por tanto con fundamento en lo dispuesto en el párrafo tercero del punto DÉCIMO PRIMERO del acuerdo General citado en supra líneas, notifíquese personalmente este proveído, para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos dicha notificación, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales exhibidos en el presente expediente, bajo el apercibimiento que en caso de no hacerlo, estos documentos deberán agregarse al expediente. Notifíquese, electrónicamente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve.Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 479/2019-II, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Por demanda presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el doce de abril de dos mil diecinueve y turnada el mismo día al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, ******* solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua y Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua, que hizo consistir en: IV.- ACTOS RECLAMADOS 1. DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le relama la aprobación y expedición del DECRETO No. LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente, el numeral 12, que contiene la tarifa de $*******, por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos. 2. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. 3. DEL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama el refrendo y firma de la promulgación realizada por el C. Gobernador del Estado de Chihuahua, de los ordenamientos legales reclamados al H. Congreso del Estado de Chihuahua. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por auto de quince de abril de dos mil diecinueve, el citado Juzgado Federal admitió la demanda de amparo, bajo el número estadístico 663/2019; requirió a las autoridades responsables sus informes con justificación y dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que celebró el veinte de junio último, en la cual se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, por razón de territorio. TERCERO. Aceptación de la competencia declinada. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, quien mediante proveído de veintiocho de junio del actual, aceptó la competencia declinada, se avocó al conocimiento del asunto y ordenó dictar la sentencia respectiva, la cual se emite al tenor de los siguientes: Considerandos PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: a). Del Congreso del Estado de Chihuahua y del Gobernador del Estado de Chihuahua, reclama:  La aprobación, expedición y promulgación del Decreto No. LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O. por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, específicamente en su artículo 12, contenido en la Tarifa Anexa, que contempla el cobro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de inscripciones traslativas de dominio, respecto de inmuebles o garantías constituidas sobre estos, con motivo de su primer acto de aplicación. b). Del Secretario General del Gobierno del Estado de Chihuahua, el refrendo de la citada disposición de carácter general. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Gobernador del Estado de Chihuahua, el Congreso del Estado de Chihuahua y el Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, al rendir sus respectivos informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyeron, en el ámbito de sus respectivas competencias; por tanto, deben tenerse por ciertos los actos que les fueron imputados. Además, la existencia de cada uno de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. CUARTO. Actualización de causas de improcedencia. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio de fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. Improcedencia del juicio de amparo respecto del refrendo de las normas impugnadas. Respecto del acto reclamado al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, consistente en el refrendo del Decreto No. LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O. por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, específicamente en su artículo 12, contenido en la Tarifa Anexa, que contempla el cobro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de inscripciones traslativas de dominio, respecto de inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [...] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [...] Del primero de los preceptos invocados, se deduce que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la parte quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de la citada autoridad, el refrendo del Decreto No. LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O. por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, específicamente en su artículo 12, contenido en la Tarifa Anexa, que contempla el cobro de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de inscripciones traslativas de dominio, respecto de inmuebles o garantías constituidas sobre estos; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de la intervención individual de esa autoridad en el proceso legislativo que permitió el refrendo de ese ordenamiento. De ahí que, en relación con el refrendo del aludido Decreto, acto atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, mayo de 2005, materia administrativa, página 1411, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. Sobre estas bases, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio respecto del refrendo atribuido al Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua. QUINTO. Análisis de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. A continuación se analizarán las causas de improcedencia que fueron invocadas por las autoridades responsables y que resultan infundadas. El Director General de Normatividad de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Titular del Poder Ejecutivo y Secretario General, sostiene que se actualiza una causa de improcedencia, conforme a lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 107, fracción I, 108, fracción III y 109, fracción III, todos de la Ley de Amparo, porque en el caso se está impugnando una ley con carácter de heteroaplicativa con motivo del primer acto de aplicación, sin llamar al juicio a la autoridad que realizó la recaudación, Secretaría de Hacienda del Estado, ni a la prestadora del servicio cobrado, Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado del Estado de Chihuahua. La causa de improcedencia alegada resulta infundada. En efecto, contra lo alegado por las responsables, es inexacto que en el caso se actualice la causa de improcedencia que invoca, pues la aplicación de la norma tildada de inconstitucional no deriva de la actitud del particular frente a un mandato legal, ya que, por un lado, la parte quejosa mediante el recibo de pago expedido por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de dos de abril de dos mil diecinueve, acreditó la autoaplicación de la ley, es decir de manera voluntaria efectuó el pago de la contribución que tilda de inconstitucional (autoliquidación); de ahí que tal acto no pueda considerarse como de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que las autoridades no externan su voluntad ante el actuar del particular, pues no realizaron una orden o requerimiento de pago o cobro coactivo, en tanto que su actuación, en su caso, será posterior. No es óbice para considerarlo así el hecho de que la Secretaría de Hacienda del Estado, haya recibido el importe liquidado por la contribuyente, ya que dicho acto no conlleva una declaración de voluntad unilateral por parte del órgano del Estado, tendente a la obtención de un fin determinado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que resolvió la Contradicción de tesis 91/2007-SS, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, de Agosto de 2007, materia común, página 367, del siguiente tenor: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora". Asimismo, es aplicable, por similitud de razón, la jurisprudencia 2a./J. 182/2008, de la misma Segunda Sala, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, de Diciembre de 2008, materia administrativa, página 294, del tenor: TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS. EL RECIBO DE PAGO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el recibo de pago de un tributo no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues lo único que acredita es la existencia de un acto de autoaplicación de la ley relativa. Asimismo, ha precisado que el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos solamente constituye el medio idóneo para acreditar el cumplimiento de la obligación correspondiente, pero no un acto de autoridad imputable a la autoridad fiscal. Conforme a lo anterior, las circunstancias particulares que hayan provocado el pago del impuesto indicado, consistentes en que al contribuyente, al acudir ante la autoridad a realizar algún trámite administrativo vinculado con la circulación del automóvil, se le haya determinado un adeudo por concepto de tenencia o uso de vehículos condicionando la prestación del servicio administrativo al pago correspondiente, en cumplimiento de la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, no desnaturaliza al recibo de pago en sí mismo, convirtiéndolo en esas circunstancias en un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que éste sigue conservando la naturaleza de un mero medio para acreditar el cumplimiento de la obligación tributaria. Lo anterior no implica desconocer que la negativa de la autoridad de proporcionar los servicios administrativos vinculados con la circulación de vehículos, por existir un adeudo relacionado con el impuesto aludido, así como la determinación del monto a pagar, son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esas condiciones, a juicio de quien resuelve, no se actualiza la causa de improcedencia que alegaron las autoridades estatales citadas al inicio del presente considerando y al no existir diversa causa de improcedencia que se encuentre pendiente de atender, de las invocadas por las partes, ni advertirse la actualización de alguna que deba ser analizada de oficio, procede entrar al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Análisis constitucional de la norma reclamada. Son infundados los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, atento a las consideraciones que proceden a exponer. Como cuestión previa, es necesario señalar que el acto reclamado que se analiza a continuación, lo constituye la discusión, aprobación, expedición y promulgación del Decreto No. LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O. por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, específicamente su numeral 12, contenido en el capítulo IV denominado POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO, Y SU TARIFA ANEXA, con motivo de su primer acto de aplicación. En ese sentido, está demostrado el acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, ya que para tal efecto, la parte quejosa exhibió el certificado de pago emitido por la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado el dos de abril de dos mil diecinueve, bajo el número de operación *******, por la cantidad de $*******, integrado por el pago la inscripción por $*******, entre otros conceptos accesorios; es decir, resulta válido concluir que le fue aplicada la tarifa contenida el numeral 12 del apartado IV de la Tarifa de Derechos anexa a la Ley de Ingresos de Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve, la cual es del contenido siguiente: 12. Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. 15,000.00 12.1 Por la inscripción de convenios modificatorios, así como, los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación, cuya garantía ya estuviere previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. ******* 12.2 En caso de reversión de fideicomiso: a) Cuando la reversión implique la generación de una nueva inscripción. ******* b) Cuando la reversión implique que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de su constitución, se asentarán notas marginales, aplicando el numeral 20, del apartado IV de la presente Tarifa por cada una de ellas. 12.3 En el caso del usufructo o la nuda propiedad: a) En la constitución o consolidación que implique la generación de una nueva inscripción. ******** b) Cuando su consolidación sólo implique asentar anotación marginal, por cada una de ellas, se aplicará el numeral 20, del apartado IV de la presente Tarifa. Por ende, se concluye la existencia del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en específico la fracción IV, numeral 12, del Decreto LXVI/APLIE/0259/2018 I P.O. Precisado lo anterior, la parte quejosa en sus conceptos de violación, aduce sustancialmente, que se vulnera el principio de legalidad y proporcionalidad tributaria, contenidos en los artículos 16 y 31 de la Constitución Federal, pues refiere que la Ley de Ingresos y su tarifa, resulta exorbitante en virtud de que no guarda un sano equilibrio entre la cuota por los servicios que presta el Registro Público de la Propiedad con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas. Lo alegado por el quejoso resulta infundado, porque en el Apartado IV de la Tarifa de Derechos anexa a la Ley de Ingresos reclamada, específicamente en el numeral 12, se establece un cobro único de $******* por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos, de lo que se advierte que a todos aquellos gobernados que soliciten el mismo servicio, esto es, de registro de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmobiliaria o de garantías constituidas sobre estos, se les aplica la misma tarifa contenida en el numeral 12 indicado. Así, queda evidenciado de manera efectiva, que el servicio de traslación de dominio cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria de los derechos, ya que tratándose de derechos, los principios tributarios aludidos se miden en una forma distinta de los impuestos, porque en lo tocante a los derechos, no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo del tributo, como sí ocurre tratándose de impuestos, de ahí que a todos los contribuyentes de un derecho por alguno de los servicios en mención, que soliciten la actividad que presta el Estado se les cobra la misma tarifa, respetando de esa manera el principio de equidad tributaria. Con el propósito de evidenciar los anteriores asertos es conveniente señalar que, en lo relativo al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar; lo cierto es que no siempre debe actualizarse una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto. En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. De acuerdo con lo anterior, si el legislador, en la Ley de Ingresos combatida consideró el costo de $*******, como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble de lo que se deriva que la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, por ende, se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio solicitado, dado que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. De ahí que, como ya se ha visto, la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, porque con la fijación de esa tarifa única no se mide la capacidad contributiva de los causantes, sino que se establece el costo que como contraprestación por el servicio otorgado debe pagar el gobernado debe ser igual para los que reciben idéntico servicio. En efecto, tratándose de los derechos fiscales, los reseñados principios de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que -como se indicó- los derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; en contraste, los impuestos se entienden como las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se localiza en la página 23, Volumen 169-174, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respeta el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Ahora, con el propósito de analizar la naturaleza jurídica de un derecho, conforme a la Legislación Estatal, es oportuno precisar que los artículos 12, 27, 30, 31, 308 y 308 A, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, establecen: 12. La Hacienda Pública del Estado de Chihuahua, para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos que señalen las leyes. CAPITULO II FUENTES DE INGRESOS 27. Los ingresos del Estado son ordinarios y extraordinarios. 30. Los ingresos ordinarios se dividen en: impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones. 31. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, morales y unidades económicas, para cubrir los gastos públicos. Son derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público, conforme a la Ley, en pago de un servicio. También son derechos las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento a sus organismos operadores, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, con motivo de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos. Son contribuciones especiales las prestaciones legalmente obligatorias que se establecen a cargo de las personas que se benefician de manera especial con alguna obra o servicio público, destinadas a cubrir los gastos que requiera la propia obra o servicio. En consecuencia la contribución estará en relación con el monto del beneficio obtenido y el costo de la obra. Son productos los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. Son aprovechamientos: Los recargos, las multas, los gastos de ejecución y los demás ingresos de derecho público no clasificables como impuestos, derechos, contribuciones especiales o participaciones". CAPITULO XIV DERECHOS 308. Los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. 308 A. Los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado, deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. De lo anterior, se deduce que la Hacienda Pública del Estado de Chihuahua para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal, entre otros, los derechos que señalen las leyes; asimismo, los ingresos del Estado serán ordinarios y extraordinarios, dividiéndose los primeros en impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones; para ello, serán derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público conforme a la Ley, en pago de un servicio, así como las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento; así, los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél; por último, los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. En el caso que origina la demanda de amparo, el Decreto tildado de inconstitucional señala en el numeral 12 del apartado IV de la Tarifa de Derechos anexa a la Ley de Ingresos de Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve -transcrito en líneas precedentes-, establece las siguientes tarifas: * Por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. ******* * Por la inscripción de convenios modificatorios, así como, los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación, cuya garantía ya estuviere previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad. ******* * En caso de reversión de fideicomiso: a) Cuando la reversión implique la generación de una nueva inscripción. 15,000.00 b) Cuando la reversión implique que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de su constitución, se asentarán notas marginales, aplicando el numeral 20, del apartado IV de la presente Tarifa por cada una de ellas. * En el caso del usufructo o la nuda propiedad: a) En la constitución o consolidación que implique la generación de una nueva inscripción. ******* b) Cuando su consolidación sólo implique asentar anotación marginal, por cada una de ellas, se aplicará el numeral 20, del apartado IV de la presente Tarifa. De lo expuesto, se colige que para para identificar el elemento sujeto, acorde a la redacción anterior, deben ser causantes de derechos todos los usuarios que reciban servicios públicos prestados por las dependencias del Gobierno del Estado y sean usuarios de los mismos, en el caso, por los derechos de inscripción traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantías, prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. En cuanto al objeto, se establece que consistirá en las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantías constituidas sobre dichos bienes. Por lo que hace al elemento Base, resulta conveniente señalar que se ha entendido como base gravable o imponible, la cantidad neta en relación con la cual se aplican las tarifas del derecho; es decir, la cuantía real o específica que sirve para determinar la tarifa correspondiente, la cual debe estar determinada en la ley. Por tratarse de un derecho, corresponde a cada inscripción que se realice ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado. La Tasa o tarifa, corresponde en todos los casos a una cuota fija de $******* para realizar la inscripción correspondiente. Por último, lo atinente a la época de pago, ésta será, por tratarse de un derecho, que se paga como una contraprestación por el servicio que será prestado. Al respecto, el ordinal 308 del Código Fiscal del Estado señala que los derechos se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. Desde esta perspectiva, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en el rubro impugnado cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque se aplica por igual a todos aquellos gobernados que soliciten el servicio relativo a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantías constituidas sobre dichos bienes, que corresponde a la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, lo cual se encuentra apegado a la Constitución General de la República. En efecto, como se mencionó en líneas previas, tratándose de derechos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo -como sí ocurre tratándose de impuestos-; por ende, cuando a todos los contribuyentes se les cobra la misma tarifa por un determinado derecho, se respeta el principio de equidad tributaria. Ahora, en lo relativo al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Corte estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. Acorde con lo anterior, si en la Ley de Ingresos combatida, el Legislador local consideró el costo ya mencionado como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación de tales servicios y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque -se insiste- el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/4 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, página 1611, en la que se estableció que tratándose de los derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, reformado mediante decreto 1197/2013 X P.E., no transgredía los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecer una cuota fija e igual para todos aquellos que los soliciten. Tal criterio jurisprudencial, es del siguiente tenor: DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto citado establece un estímulo fiscal en relación con la tarifa de quince mil pesos fijada para los derechos por las inscripciones relativas a la adquisición o actos traslativos de dominio de inmuebles, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo servicio, el noventa, ochenta, sesenta o treinta por ciento de dicha cantidad. Ahora bien, si el legislador consideró el costo de quince mil pesos como contraprestación por los servicios indicados del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que los soliciten, el precepto referido no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de derechos, toda vez que si con posterioridad el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, en función del estímulo aplicado, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, pues el estímulo no incide o repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución, como son el sujeto, el objeto, la base y su tasa o tarifa, ya que no forma parte de la mecánica para su determinación. Asimismo, el Alto Tribunal ha sentado criterio en el sentido de que los principios de proporcionalidad y equidad en las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador debe observar en materia de derechos, se satisface atendiendo en todo momento a la capacidad contributiva del causante; no obstante, se itera, esos principios no pueden invocarse o aplicarse cuando se trata de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a los impuestos. En esa medida, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, porque para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, no debe interesar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representó esa prestación, y para cumplir con el principio de equidad, el cobro por los servicios prestados debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, pues -como sucede en el caso que se analiza- la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio; por lo que, con la fijación de las tarifas únicas no se mide la capacidad contributiva de los causantes, sino que se establece el costo que como contraprestación por el servicio otorgado debe pagar el gobernado que solicitó el servicio correspondiente. Además, no debe soslayarse que en materia tributaria la Suprema Corte consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En efecto, acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -entre ellos el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación en el análisis sobre el respeto al principio de igualdad -sin que ello implique renuncia al estricto ejercicio de sus competencias de control-; antes bien, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Sostener lo contrario, esto es, de ejercer un control muy estricto llevaría al Juez de amparo a sustituir la competencia legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias; de ahí que si el legislador local estableció que el costo del servicio por concepto de inscripciones en el Registro Público, debe ascender -por igual a todos los usuarios- a las cantidades apuntadas y en su proceder no se transgredieron los principios de proporcionalidad y equidad reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consecuentemente, este Juzgado Federal considera que no existe justificación legal para analizar, de manera adicional, si el costo determinado por el legislador es excesivo, atendiendo a la naturaleza del servicio y el valor de las inscripciones relativas, pues ello implicaría sustituir la competencia legislativa del Congreso, lo que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos del Estado. Apoya esta última consideración la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de Noviembre de 2006, materia constitucional, página 29, del siguiente tenor: ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias. Sobre la base de las anteriores consideraciones, devienen infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso, porque del análisis constitucional de las normas reclamadas se advierte que el Legislador Estatal no se apoyó en algún elemento ajeno al costo que representa para el Estado la prestación de los servicios por los que se realizaron las contribuciones analizadas en el presente considerando. Lo anterior, permite concluir que si el legislador, en la Ley de Ingresos combatida consideró el costo de $*******, como contraprestación que debe pagar el gobernado por la prestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantía constituida sobre éste y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces queda manifiesto que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, en materia de derechos, porque el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Al respecto resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 175-180, Primera Parte, materia administrativa, página 69, del siguiente contenido: DERECHOS FISCALES. Es cierto que de acuerdo con la doctrina jurídica y la legislación tributaria, las contribuciones conocidas como derechos son las contraprestaciones que se pagan al Estado como precio de los servicios administrativos prestados, pero este Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, en esencia, que la palabra contraprestación no debe entenderse en el sentido de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública y la urbanización. Además, porque el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial, con base exclusivamente en los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, pues éste se organiza en función del interés de los particulares; y los derechos que se pagan por los servicios recibidos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado a los particulares que utilizan los servicios públicos y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional que establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes y que, por lo tanto, los servicios aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derechos. Aunado a ello, adverso a lo que constituye la esencia del reclamo, al ser examinado el costo de un derecho, no es dable afirmar que el Estado sólo deba cobrar el servicio que proporciona atendiendo al costo del mismo, porque aun cuando los derechos son contraprestaciones establecidas por el poder público en pago de un servicio, la palabra contraprestación no debe entenderse en sentido de derecho privado, de manera que corresponda exactamente al valor del servicio; sin embargo, esa definición debe ser entendida en el sentido de que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, y es accidental si éstos reciben o no beneficios de orden individual, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, la urbanización de la localidad, etcétera. Así, en algunos casos el servicio público es obligatorio; en otros potestativo, como el de correos o telégrafos o el de inscripción registral, es potestativo; pero en ambos casos los particulares deben cubrir los correspondientes derechos. De la misma manera, no debe perderse de vista que el Estado no se constituye en una empresa privada que ofrezca al público sus servicios por un precio comercial, sobre la base exclusiva de los costos de producción; por el contrario, los derechos constituyen un tributo establecido autoritariamente por el Estado, y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, la cual establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; y por lo tanto, los servicios públicos aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derecho. En sintonía con lo anterior, la proporcionalidad y equidad de los derechos no se trata de lo mismo que la proporcionalidad y equidad de los impuestos. De esta manera, contra lo pretendido por el quejoso, no es exacto que la proporcionalidad y equidad de aquéllos consista precisamente en la igualdad o equivalencia entre el costo del servicio prestado a cada particular y la cantidad que se paga por él. Ni en derecho civil se exige esta correspondencia absoluta en el intercambio de cosas y servicios por dinero, pues sabido es que la lesión que sufra una de las partes tiene como requisito para su procedencia que uno de los contratantes obtenga un lucro excesivo, que sea evidentemente desproporcionado a lo que el otro por su parte se obliga (artículo 17 del Código Civil Federal). Con mayor razón la materia de derechos no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia rigurosa; y por ello se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos corresponda aproximadamente al costo del servicio prestado; de la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, y de una razonable o prudente o discreta proporcionalidad entre ambos términos. Esta interpretación, de acuerdo con lo considerado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio que más adelante se transcribirá, permite al Estado fijar el importe de los derechos no sólo con base en el costo total del servicio, en sus diversos aspectos y circunstancias especiales, tomando en cuenta el valor de las oficinas, instalaciones, equipo, pago de personal y demás gastos que origina la prestación del servicio en sus diversos tipos, sin sujeción matemática a un supuesto costo individual, abstracto e igual para todos; sino también el citado criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos teniendo en consideración fines extrafiscales como sería el provocar un aumento, procurar una disminución en el servicio que se va a prestar. Ahora bien, el costo supone un criterio puramente matemático, pero no jurídico, pues para fijar individualmente el monto de un derecho debe tomarse en cuenta que éste debe ser proporcional y equitativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 constitucional, fracción IV. La proporcionalidad tiene como base el costo general y el costo específico del servicio en la forma indicada; la equidad permite al poder público tomar en consideración los beneficios que se reciban y las posibilidades económicas y sociales de cada causante y de cada grupo de causantes para distribuir entre ellos el importe del costo total del servicio, pues según la equidad deben tratarse desigualmente las situaciones desiguales, lo que es muy útil y conveniente en un país como el nuestro en que existen diferencias económicas muy notables entre los diferentes sectores y clases socioeconómicas. Sobre la base del principio de equidad, el Estado presta en ocasiones, directa o indirectamente, servicios a los particulares a cambio de cantidades que cubren únicamente una mínima parte del costo del servicio, como sucede tratándose de la educación superior y profesional, cuyo costo recae en su mayor parte en el gobierno, entre otros derechos; de ahí que no deba necesariamente corresponder el costo material del servicio al cobro que realiza el Estado por su otorgamiento. Apoya tales consideraciones, la tesis aislada 1391, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Séptima Época, Tomo I, Constitucional, Precedentes Relevantes SCJN, materia constitucional, página 977, del siguiente tenor: IMPUESTOS Y DERECHOS. NO SON EQUIVALENTES (LEY DE PAVIMENTACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, CONTENIDA EN EL DECRETO NÚMERO 54, DEL CONGRESO LOCAL). Se advierte, principalmente, de los artículos 2o. y 4o. de la nueva Ley de Pavimentación de la Ciudad de Oaxaca, que no se trata del cobro de impuestos sino de derechos. Ahora bien, no por ello puede decirse que sólo puede cobrarse el servicio proporcionado por el Estado atendiendo al costo del mismo, por las siguientes razones. Durante algún tiempo la doctrina tributaria sostuvo la tesis de la equivalencia e igualdad de ambos elementos, pero actualmente se ha superado esa tesis y la legislación mexicana también la ha rechazado. En efecto, aun cuando el artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación define los derechos como contraprestaciones establecidas por el poder público en pago de un servicio, la palabra contraprestación no debe entenderse en sentido de derecho privado, de manera que corresponda exactamente al valor del servicio, y por ello sería preferible que se dejara de usar la palabra contraprestaciones, pues los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función del interés general y secundariamente en el de los particulares, y es accidental si éstos reciben o no beneficios de orden individual, ya que con tales servicios se tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene del trabajo, la salud pública, la urbanización de la localidad, etcétera. En algunos casos el servicio público es obligatorio; en otros, como el de correos o telégrafos, es potestativo; pero en ambos casos los particulares deben cubrir los correspondientes derechos. El Estado no se constituye en una empresa privada que ofrezca al público sus servicios por un precio comercial, con base exclusiva en los costos de producción. Por el contrario, los derechos constituyen un tributo impuesto autoritariamente por el Estado, y están comprendidos en la fracción IV del artículo 31 constitucional, la cual establece como obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; y por lo tanto, los servicios públicos aludidos se han de cubrir con el gravamen correspondiente, que recibe el nombre de derecho. Es verdad que la proporcionalidad y equidad de los derechos no es lo mismo que la proporcionalidad y equidad de los impuestos; pero no es exacto que la proporcionalidad y equidad de aquéllos consista precisamente en la igualdad o equivalencia entre el costo del servicio prestado a cada particular y la cantidad que se paga por él. Ni en derecho civil se exige esta correspondencia absoluta en el intercambio de cosas y servicios por dinero, pues sabido es que la lesión que sufra una de las partes tiene como requisito para su procedencia que uno de los contratantes obtenga un lucro excesivo, que sea evidentemente desproporcionado a lo que el otro por su parte se obliga (artículo 17 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales). Con mayor razón la materia de derechos no puede sujetarse al estricto criterio de la equivalencia rigurosa; y por ello se habla de que lo que el particular debe pagar por ellos corresponda aproximadamente al costo del servicio prestado; de la adecuada proporción entre el servicio público y la cuantía del derecho, y de una razonable o prudente o discreta proporcionalidad entre ambos términos. Este criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos no sólo con base en el costo total del servicio, en sus diversos aspectos y circunstancias especiales, tomando en cuenta el valor de las oficinas, instalaciones, equipo, pago de personal y demás gastos que origina la prestación del servicio en sus diversos tipos, sin sujeción matemática a un supuesto costo individual, abstracto e igual para todos; sino también el citado criterio permite al Estado fijar el importe de los derechos teniendo en consideración fines extrafiscales como sería el provocar un aumento, procurar una disminución en el servicio que se va a prestar. Ahora bien, el costo supone un criterio puramente matemático, pero no jurídico, pues para fijar individualmente el monto de un derecho debe tomarse en cuenta que éste debe ser proporcional y equitativo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31 constitucional, fracción IV. La proporcionalidad tiene como base el costo general y el costo específico del servicio en la forma indicada; la equidad permite al poder público tomar en consideración los beneficios que se reciban y las posibilidades económicas y sociales de cada causante y de cada grupo de causantes para distribuir entre ellos el importe del costo total del servicio, pues según la equidad deben tratarse desigualmente las situaciones desiguales, lo que es muy útil y conveniente en un país como el nuestro en que existen diferencias económicas muy notables entre los diferentes sectores y clases socioeconómicas. Con base en la equidad, el Estado presta en ocasiones, directa o indirectamente, servicios a los particulares a cambio de cantidades que cubren únicamente una mínima parte del costo del servicio, como sucede tratándose de la educación superior y profesional, cuyo costo recae en su mayor parte en el gobierno. Aunado a lo anterior, es importante destacar que la parte quejosa realizó meras afirmaciones sin cumplir con la carga de la prueba acorde con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 117, de la Ley de Amparo, porque si el amparista argumenta que el cobro del servicio es superior al costo que le genera al Estado, indudablemente, como requisito mínimo, le corresponde aportar los elementos, hechos o datos a partir de los cuales hace valer esa transgresión, ya que la sola afirmación de que el derecho es desproporcionado no basta para que el juzgador haga un estudio de mercado a través del cual determine el costo promedio del servicio, con el fin de verificar lo argumentado por el quejoso. Luego, sus manifestaciones en el sentido de que de la información publicada en la página electrónica de INFOMEX, por los entes públicos obligados, relacionada con la cuestión de estudio, queda demostrada la inconstitucionalidad de la tarifa que le fue cobrada, por ser exorbitante, se tiene que su dicho no se encuentra corroborado con ningún elemento de convicción allegado al juicio, de ahí que no cumplió con la carga probatoria correspondiente. Ello sin que se inadviertan las documentales que exhibió relativas a las solicitudes realizadas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia que se generaron con los números de folio *******, *******, ******* y *******, y las respuestas dadas por la responsable de esa Unidad de Transparencia; sin embargo, las mismas se encuentran contenidas con copia simple, y por lo tanto, insuficientes para acreditar lo pretendido. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 194, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, materia común, página 133, del tenor siguiente: COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, el valor probatorio de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios, y debe estimarse acertado el criterio del juzgador si considera insuficientes las copias fotostáticas para demostrar el interés jurídico de la quejosa. De igual manera, por lo que hace a la pericial de costos a que hace referencia, tampoco fue exhibida ni ofrecida como medio de convicción en los presentes autos. Tampoco se inadvierte su argumento en el sentido de que al realizar un análisis de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2019, en el apartado de derechos se establece un ingreso para el Estado respecto a ese ejercicio fiscal dos mil diecinueve, estimado por concepto de "derechos por prestación de servicios, de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado", que asciende al monto de $405,452,516.00 (cuatrocientos cinco millones cuatrocientos cincuenta y dos mil quinientos dieciséis pesos 00/100 M.N.). Así como la diversa publicación efectuada en el mismo periódico oficial, respecto del presupuesto para servicios registrales de la propiedad y del notariado del Estado de Chihuahua, del presupuesto de egresos el Estado de Chihuahua para el año dos mil dieciocho, por la cantidad de $71,108,805.00 (setenta y un millones ciento ocho mil ochocientos cinco pesos). Lo anterior, con el objeto de demostrar de manera notoria que el costo que representa al Estado la prestación del servicio de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, es claramente desproporcional, demostrándose que la cuota o derechos de registro por la inscripción resulta exorbitante. Sin embargo, no se puede realizar el análisis pretendido por la parte quejosa, porque tal como se expuso en líneas precedentes no existe justificación legal para que los órganos del Poder Judicial de la Federación realicen una examen riguroso de correspondencia entre el costo de determinado por el Legislador respecto de un servicio prestado por el Estado resulta o no excesivo, pues ello implicaría sustituir la competencia legislativa del Congreso, lo que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos del Estado, a quien corresponde analizar solamente que exista una correspondencia racional entre con el costo del servicio reclamado y la tarifa fijada en la norma tributaria. Ello es así, porque como se analizó en líneas precedentes, sobre la materia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entendió el término "contraprestación", referido a los derechos por servicio, en una connotación diversa a la que tiene en derecho privado, esto es, no necesariamente debe corresponder el precio con el servicio prestado, sino que, en materia fiscal, basta con su aproximación, debido a que el Estado organiza sus servicios públicos en función de un interés general, sin atender a un precio comercial, como lo hace la empresa privada; por tanto, el pago correspondiente, como contraprestación del servicio solicitado, puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado su realización. Luego, si en el caso, el legislador estatal estimó que la cantidad de $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 moneda nacional), es el monto de la contraprestación del servicio de inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o de garantías constituidas sobre estos, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye, que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos. A mayor abundamiento, partiendo de la base relativa a que la determinación que los principios tributarios de proporcionalidad y equidad -en materia de derechos por servicios-, quedan satisfechos cuando existe congruencia razonable entre el monto de la cuota y el costo que para el Estado tenga la realización del servicio prestado y, que esa correspondencia no debe entenderse como de derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, dado que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Debe traerse a colación que conforme al artículo de 117, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de los hechos que comprueban la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde al quejoso, cuando no sean en sí mismos violatorios de derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º de la ley en cita, sino que su inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto; y, será la autoridad responsable quien tenga la carga de acreditar, a través de las razones y fundamentos legales que estime pertinente, con apoyo en la copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar su informe, la constitucionalidad del acto que defiende. Es decir, si bien dentro de la distribución procesal de la carga probatoria, tratándose del amparo contra leyes, incumbe a la autoridad responsable demostrar la constitucionalidad de la norma cuestionada, estando en libertad para ello de hacer uso de los medios probatorios que se encuentran previstos en la ley de la materia. El quejoso es quien de inicio debe aportar los elementos a partir de los cuales considera que determinada norma resulta transgresora de los principios de equidad y proporcionalidad tributarios, así como los parámetros a partir de los que pretende se lleve a cabo el estudio correspondiente y, en su caso, aportar o anunciar las pruebas a través de las cuales quedará demostrada esa violación a la norma fundamental. Pues a partir del planteamiento que realiza el gobernado en la demanda de amparo y los argumentos aportados por la autoridad a fin de demostrar la legalidad del artículo de que se trate, así como del cúmulo probatorio existente en el sumario, será que el juez que conozca del amparo, tendrá los elementos necesarios para que llevar a cabo el ejercicio de valoración a partir del cual pueda determinar si existe o no un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra y la prestación del servicio. Por tanto, cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley a partir del argumento de que es violatoria del principio de proporcionalidad tributaria, porque el cobro del servicio recibido es desproporcionado, indudablemente, como requisito mínimo, corresponde al quejoso aportar los elementos, hechos o datos, a partir de los cuales hace valer esa transgresión, entre ellos, los parámetros a partir de los cuales intenta que se lleve a cabo el estudio respectivo, porque la sola afirmación, de que el derecho es desproporcionado y la exhibición de datos tales como los datos relativos a los ingresos estimados por concepto de Derechos por Prestación de Servicios de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado para el Ejercicio Fiscal 2019, así como del presupuesto para Servicios Registrales de la Propiedad y el Notariado del Estado de Chihuahua, del Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio 2019, no bastaría incluso para que este juzgador pudiera realizar un estudio de mercado a través del cual se llegara a determinar el costo promedio del servicio, con el fin de verificar si el argumento en que sustenta el gobernado su solicitud de amparo resulta cierto o no, pues no es acorde con la función jurisdiccional; y menos la simple aseveración de inconstitucionalidad implica por sí, violación a la garantía reclamada. En efecto, como ha quedado precisado en párrafos precedentes, al organizarse los servicios en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares, no necesariamente debe atenderse que el valor del servicio prestado sea el precio que corresponde exactamente al valor comercial, pues es necesario tomar en consideración que para prestar el servicio de que se trate, el Estado debe desarrollar una serie de actividades, lo cual requiere una estructura administrativa, operativa y funcional, que conlleva a incurrir en diversos costos, conforme a los cuales finalmente debe determinarse si resulta o no razonablemente equilibrado el costo con la prestación del servicio. En efecto, con las referidas probanzas no se cumple con la carga de probar que el cobro del derecho establecido en la ley de ingresos, sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro, por lo que se concluye que no se demostró que exista un razonable desequilibrio entre la cuota de $******* que establece la ley para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio; de ahí, que no deba declarase la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Se sostiene lo anterior, ya que lo único que acredita es la cantidad que se presupuestó como ingresos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad, así como el monto que ésta dependencia gastó o gastará en el año en curso. Tampoco demostró que el indicio contenido en la ley de ingresos relativo a que con el cinco por ciento del monto fijado por el servicio registral el Registro Público de la Propiedad podía seguir realizando la prestación sin ningún problema; por tanto, constituyen meras afirmaciones, que al no ser acreditadas a través de algún medio de prueba, son expresiones dogmáticas. Además, sobre la base de los criterios enunciados a lo largo de esta sentencia, este Juzgador estima que las pruebas que ofrece la parte quejosa sólo serían susceptibles de acreditar un costo parcial del servicio, pues no se debe soslayar que el estado no sólo paga la nómina de los empleados, sino que el adecuado funcionamiento de las oficinas de atención al público, como es la registral, el Estado también tiene gastos directos e indirectos, como el pago de servicios (agua, luz, teléfono), compra de equipos de cómputo, acceso a internet, gastos relacionados con la adecuada conservación de los documentos inscribibles, servicio de custodia y almacenaje de aquellos a perpetuidad, entre otros, que también impactan necesariamente en el costo relativo; de ahí que, en su caso, las pruebas que ofrece la parte quejosa también resultarían insuficientes para demostrar el extremo que pretende. Finalmente, no se inadvierte que ofreció como medio de prueba la presuncional consistente en todo lo actuado en la ejecutoria de amparo emitida en el amparo ******* del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chihuahua; no obstante, se estima que si bien es cierto de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se encuentren publicadas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal, de ahí que no tiene el alcance de sustituir la obligación de las partes en cuanto al ofrecimiento y desahogo de medios de prueba con los que se pretenda acreditar sus afirmaciones en el juicio. Además, el acto reclamado debe apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio de amparo pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo. Se cita en apoyo la tesis I.3o.C.102 K, aprobada por el Tercer Tribunal colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, de Febrero de 2011, materia común, página: 2333, del siguiente tenor: HECHO NOTORIO. SU INVOCACIÓN NO ES UN DERECHO DE LAS PARTES EN EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO SINO UNA FACULTAD JURISDICCIONAL CONFERIDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE NO DEBE APLICAR FRENTE A LA CARGA PROBATORIA QUE DERIVA DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados o probados por las partes. Tal es el caso de las sentencias que emite la autoridad judicial federal en los juicios de amparo que se tramitan ante ella, de las que tiene conocimiento por razón de su actividad y, por ello, al ser notorio, la ley exime de su prueba; sin embargo, su invocación no constituye un derecho de las partes, sino una facultad del órgano jurisdiccional federal que no debe aplicar cuando se actualiza la obligación establecida en el artículo 78 de la Ley de Amparo, que consiste en analizar el acto reclamado tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, cuando la quejosa intervino como parte y estuvo en aptitud legal de ofrecer todos aquellos medios de prueba que a su interés conviniera en el juicio de origen y el hecho notorio respecto del cual se alegue, ya sea en el juicio de amparo biinstancial o en la revisión de la sentencia ahí dictada que en su caso se recurra, que debió ser invocado por el Juez de Distrito, tiene por objeto probar la legalidad de la referida sentencia o aspectos que debieron formar parte de la litis del juicio natural y probarse en esa oportunidad con las actuaciones y sentencias que se hayan dictado en los diversos juicios de amparo relacionados con el juicio principal en el que se emitió la resolución reclamada. La controversia de origen quedaría alterada si bajo el supuesto del hecho notorio, el Juez de amparo tuviera que analizar la legalidad del acto con el contenido de diversas ejecutorias dictadas en los juicios de garantías que se afirma, se tramitaron ante el mismo juzgador. Además, no debe pasar por alto que el hecho notorio del que dicha autoridad tiene conocimiento por razón de su actividad jurisdiccional, no constituye un derecho de las partes dentro del procedimiento del juicio de amparo, porque es claro lo que señala el citado numeral 78 de la ley de la materia, concerniente a que el acto reclamado debe apreciarse tal como fue probado ante la autoridad responsable y, por ende, no pueden admitirse ni tomarse en consideración en el juicio de garantías o en la revisión pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, ni aquellas que no sean de las consideradas necesarias para la resolución del juicio de amparo, menos aún cuando las pruebas de que se trate el recurrente las exhiba hasta la revisión sin haberlas ofrecido en la audiencia constitucional. Por tanto, ante el principio de prueba y, atendiendo al criterio expuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el cual, el particular debe acreditar la falta de razonabilidad del costo que se le cobra, a fin de acreditar la inconstitucionalidad de la norma impugnada, en el caso no se cumplió por parte de la quejosa tal y como se ha precisado. En ese sentido, ante los argumentos y las probanzas ofrecidas por la parte quejosa, con las que hace ver la desproporcionalidad entre la cuota establecida en el numeral impugnado y el servicio que presta el Estado, era necesario, se reitera, que eventualmente pudiera haber allegado las probanzas idóneas para acreditar lo alegado; aunque, se insiste, los órganos del Poder Judicial de la Federación no deben analizar, bajo una intensidad estricta la proporcionalidad del costo de los derechos (como contribución del Estado) en cuanto a la determinación líquida en la que los tasen las entidades del Poder Legislativo, y poder analizar si el costo determinado por el legislador es o no excesivo, pues ello podría implicar una invasión en la competencia legislativa del Congreso, lo que no se encuentra dado analizar a los jueces de Distrito. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, al no resultar, en la parte que aquí se reclama, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, violatoria de derechos fundamentales en perjuicio de la parte quejosa; lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo 479/2019-II, promovido por *******, respecto de los actos y autoridades señaladas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia, al tenor de las consideraciones plasmadas en el último de aquéllos. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Visto el oficio 26636/2019, signado por la Secretaria en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, al que anexa el Juicio de Amparo Indirecto 663/2019-I-1 de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, del que se advierte que mediante sentencia de veinte de los corrientes, determinó que dicho órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, en turno, que resultó ser este órgano jurisdiccional. Por tanto, dado que este órgano considera correctas las consideraciones sostenidas por el Juzgado oficiante, con fundamento en los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se acepta la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida, por lo que, hágase del conocimiento de la Secretaria declinante esta determinación. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1, fracción I, 6, 33, 35, 37, primer párrafo, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, bajo el consecutivo 479/2019-II. Por otra parte, de las constancias que se reciben, se advierte que las autoridades señaladas como responsables ya rindieron su informe con justificación; por lo tanto, únicamente hágaseles saber la aceptación de competencia del juicio en que se actúa en este Juzgado. Asimismo, en virtud de que el veinte de los actuales, la secretaria de mérito llevó a cabo la celebración de la audiencia constitucional en el juicio del que declinó la competencia, a fin de salvaguardar el principio de unidad que rige dicha audiencia y obliga a celebrarla en un solo acto procesal, una vez notificadas las partes del contenido del presente proveído, con apoyo en el primero párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase al dictado de la sentencia correspondiente. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Se tiene a la parte quejosa, autorizando en amplios términos del artículo 12, párrafo primero de la Ley de Amparo, al licenciado *******, por encontrarse inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a *******, por no estar empadronada en el citado sistema. Con fundamento en los numerales 24, segundo párrafo y 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene al peticionario de amparo señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que refiere, por así haberlo solicitado. De igual manera, del estado que guarda el juicio que se recibe, se advierte que el autorizado de la parte quejosa manifestó que su nombre de usuario en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación es ******* y pidió autorización para consultar el expediente electrónico. En atención a su solicitud expresa y toda vez que cuenta con certificado digital de firma electrónica, bajo el usuario que indica, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, fracción IV, 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo se provee: 1. Se acuerda de conformidad su petición sobre la consulta del expediente a través del juicio en línea. 2. Se le faculta para que las promociones que presente en este asunto, pueda formularlas mediante el uso de tecnologías de información, a través de su firma electrónica. 3. Como consecuencia de lo anterior, se ordena practicar las notificaciones en este asunto vía electrónica, incluso las de carácter personal. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, quien actúa ante el secretario que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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