Benito García Frías

Expediente 446/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
446/2019
Año
2019
Actuaciones
24
Última actuación
28/10/2019

Partes del expediente

  • Benito García Frías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez Chihuahua; veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra sentencia de nueve de octubre del presente año, en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por la otra se negó la protección constitucional, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ************, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 446/2019-II, promovido por *. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El doce de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda de amparo promovida por **, la cual se turnó a este Juzgado en la misma fecha. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez y de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en sus denominaciones correctas, de quienes reclamó: IV. ACTOS RECLAMADOS: a) De la autoridad responsable ordenadora, Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, le reclamo la inconstitucional orden de declararse incompetente para conocer de la demanda laboral que interpusiera la quejosa, por considerar la ordenadora, que la responsable ejecutora (sic), la Junta Arbitral del Estado es competente para pronunciase sobre el conflicto laboral. b) De la autoridad responsale ejecutora (sic), Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, le reclamo la inconstitucional orden de aceptar la competencia para conocer de la demanda laboral que interpusiera la quejosa por considerar la responsable ordenadora que es competente para pronunciarse la Junta Arbitral del Estado. Así también le reclamo a esta autoridad responsable la determinación inconstitucional de desechar la demanda laboral por lo que refiere a las personas físicas que fueran demandadas en el escrito inicial de demanda, de donde emana el acto reclamado por considerarlas, arguyó (sic) la responsable que tratándose de conflictos entre particulares no es competente para conocer y sólo lo es cuando se trata de conocer de conflictos individuales que [se] susciten entre el funcionario de una Unidad Burocrática y sus Trabajadores, de tal forma que me causa un grave agravio al denegarme el acceso a la justicia. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de trece de junio de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 446/2019-II; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se ordenó emplazar a los tercero interesados, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, en su denominación correcta, reclama: El acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral promovido por el aquí quejoso en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y otros. De la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, en su denominación correcta, reclama: El acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral JA/475/2018, en el que, por una parte, aceptó la competencia que le declinó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez; y por otra, resolvió no tener como parte demandada a las personas físicas que el quejoso precisó en su demanda. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en los párrafos precedentes y de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, Abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación en representación de la autoridad responsable, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez y la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, ambas en su correcta denominación, aceptaron la existencia de los actos que les fueron reclamados por el quejoso, lo que se corrobora con las copias certificadas que ambas remitieron de manera adjunta a sus correspondientes informes, de cuyo contenido se advierte la certeza de los acuerdos de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que la Junta Local se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral promovido por el aquí quejoso y el diverso de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado por la Junta Arbitral, en el que aceptó la competencia declinada y no tuvo como demandados a las personas físicas que demandó el actor laboral. A esas documentales se le reconoce pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. En el caso, este órgano jurisdiccional advierte que, respecto del acto atribuido a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, consistente en el acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que ésta se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral promovido por el aquí quejoso en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y otros, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 217 y las fracciones V y VIII del artículo 107, ambos de la legislación de la materia, el último interpretado en sentido contrario. Para evidenciar el anterior aserto, resulta conveniente señalar que los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción VIII (interpretado contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, en su orden, establecen: Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.] Sobre el tema que se analiza, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015 (10a.), del rubro: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", interpretó el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos. En otras palabras, el Alto Tribunal determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra ese tipo de actos, cuando sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En la hipótesis que se analiza, la interpretación de la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, que rige en el presente caso es cuando la autoridad jurisdiccional a favor de la cual se declina la competencia la acepta, por ser en ese momento cuando se produce una afectación personal y directa a la esfera jurídica de los derechos del gobernado. En esa línea de pensamiento, contra la resolución original de declinatoria de competencia, no procede el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. En el caso, en contra del acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral promovido por el aquí quejoso, en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y otros, no procede el juicio de amparo porque se trata del primer auto o resolución declinatoria de competencia, y su legalidad sólo puede ser examinada cuando le revista el carácter de definitivo, esto es, cuando el órgano jurisdiccional al que se declinó la competencia la acepte; de ahí que, en el caso, el juicio de amparo resulta improcedente contra ese primer acuerdo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/2015, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 5, Tomo I, Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que estatuye: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. En mérito de lo expuesto, toda vez que al acto analizado en el presente considerando no le reviste el carácter de definitivo, pues no se trata de la aceptación o rechazo de la competencia propuesta (ya sea por inhibitoria o declinatoria); en términos de lo que dispone el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de dicho acto, de conformidad con lo que señala el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento. En otro aspecto, al no advertirse la actualización de diversa causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, se impone el análisis del fondo del asunto, en torno al diverso acto reclamado, consistente en el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral JA/475/2018, en el que la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, aceptó la competencia que le declinó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez y, entre otras cosas, no tuvo como parte demandada a las personas físicas que el quejoso precisó en su demanda. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. El estudio de los conceptos de violación conduce a este Juzgado Federal a determinar lo siguiente: Del análisis integral de los motivos de disentimiento expresados en la demanda de amparo, se advierte que el quejoso centra su impugnación en el acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral promovido por aquél, en contra de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y otros, pues al efecto señala: a). Que la responsable transgredió el contenido de los artículos 698 y 700 de la Ley Federal del Trabajo, al considerar que tales dispositivos de la legislación laboral lo facultan para elegir a la autoridad ante la que pretende someter su juicio y, por ende, considera que la responsable no debió dejar de conocer del asunto con la declaración de incompetencia, al tenor del criterio jurisprudencial que invocó. b). Que la Junta vulneró sus derechos humanos, ya que no se le respetaron los principios de seguridad jurídica y de legalidad, pues aun cuando se trataba de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (sic) y formalmente de naturaleza administrativa, la responsable debió realizar un estudio que no implicara afectación directa a derechos sustantivos, lo que no ocurrió porque el artículo 698 de la Ley Federal del Trabajo establece que son competencia de las Juntas Locales de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje de las Entidades Federativas, para conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la competencia de las Juntas Federales; mientras que el diverso artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo señala que, tratándose de los conflictos individuales, la Junta laboral competente, por razón del territorio, es la que elija la parte actora de entre: 1) la junta del lugar de celebración del contrato; b) la junta del domicilio del demandado; o bien, c) la junta del lugar de prestación de los servicios. c). Que si el texto legal faculta al actor escoger entre las tres hipótesis referidas, no le era dable a la responsable dejar de conocer con la declaración de incompetencia, bajo el argumento de un criterio de jurisprudencia, amén de que la responsable se excepcionó en favor de la demandada en el juicio de donde emana el acto reclamado, sin haberlo pedido la parte tercera interesada, pues aún no había sido emplazada. d). Que no se le dio la oportunidad de ser oído y vencido en juicio antes de emitirse la declaración de incompetencia; por ende, también la Junta local violó la autoridad responsable las normas constitucionales contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no se cumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento, de seguridad y legalidad jurídica, habida cuenta que en efecto, a la quejosa le causa violación a la garantía de audiencia, bajo el argumento substancial de que, todos los actos relacionados con la tramitación del juicio natural de donde emana el acto reclamado, se llevaron a cabo sin haber sido oídos en el procedimiento judicial respectivo, no obstante que tenía la calidad de actor en el juicio natural, extremo que acredita con el juicio laboral en el que se declaró la incompetencia sin oírlo en juicio y, por el contrario, la autoridad responsable debió apegarse al marco jurídico aplicable y, en lugar de declararse incompetente, notificar en el domicilio procesal el procedimiento prescrito en el numeral 876 de la Ley Federal del Trabajo, para dar a conocer oportuna y fehacientemente, la decisión y poder actuar en términos del citado numeral. e). Que la responsable le debió dar la oportunidad de presentar contestación y oposición fundada en ejercicio de la facultad que otorga el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución General de la República en cuanto al derecho de audiencia, antes de declararse incompetente, para tener la oportunidad de fundar su oposición, pues al no haberlo hecho, se le transgredió el aludido derecho de ser oído. f). Que resulta incuestionable que se vulneró en su perjuicio la garantía de audiencia previa consagrada en el cardinal 14 de la Constitución Federal, consistente en la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto privativo, cumplan con las formalidades esenciales previstas en las leyes respectivas, necesarias para oír en defensa del quejoso. Los conceptos de violación reseñados resultan inoperantes y, ante su estrecha vinculación, su análisis se realizará de manera conjunta, de conformidad con lo que establece el artículo 76 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que, como se analizó en el considerando cuarto de esta sentencia, de acuerdo con los principios constitucionales y legales que rigen en el juicio de amparo, especialmente los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado, los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, con independencia de las razones por las que la autoridad declinante haya rechazado conocer del juicio laboral, la decisión de declararse legalmente incompetente no causa perjuicio al quejoso, precisamente porque la que realmente trasciende a su esfera jurídica es la que, en su caso, se emita al aceptar la competencia declinada y ésta es la que será materia del análisis constitucional, pues es la que verdaderamente rige lo relativo a cuál será la autoridad que conozca del asunto, lo cual necesariamente implica un pronunciamiento tácito respecto de la legalidad de la determinación primigenia, aunque no en forma directa. Además, si en el presente juicio se sobreseyó respecto del acto que se atribuyó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, consistente en el acuerdo de treinta de abril de dos mil dieciocho, en el que se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio laboral génesis de este asunto, resulta técnicamente incorrecto el estudio de conceptos de violación que ataquen de manera directa la actuación de dicha autoridad, pues no existe materia sobre la cual analizar la inconstitucionalidad reclamada, al haberse sobreseído respecto de aquéllos; de ahí que resultan inoperantes los argumentos que se encuentran encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del referido acto. Sustenta la conclusión anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación analógica, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Séptima Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. A mayor abundamiento, es menester precisar que, incluso de llegar a analizar los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, su examen no variaría su ineficacia para desvirtuar la constitucionalidad del acto reclamado, porque, adversamente a lo que en ellos se sostiene, la competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente; y, ante ello, su pronunciamiento no está sujeto a lo que las partes le propongan, ni resultaría necesario otorgarles garantía de audiencia, porque su competencia es un presupuesto procesal previo al conocimiento del juicio; de ahí que, resultaba innecesario que se otorgara al quejoso la garantía de audiencia que alega transgredida y mucho menos dejar que ello fuera materia de excepción, por parte de la parte demandada. Además, es incorrecto el alcance que pretende dar al contenido de los artículos 698 y 700 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de los que pretende sostener que el actor laboral es el que puede elegir la autoridad competente para conocer de determinado asunto laboral; sin embargo, como esas normas procesales se refieren a la competencia por razón del territorio, no son aplicables, cuando lo que se pretende determinar es la competencia por materia (burocrática o de derecho privado), como incorrectamente lo pretende el quejoso. En esa medida, en los aspectos anotados, aún de abordar un examen profundo sobre los motivos de disenso contenidos en la demanda de amparo, éstos resultarían infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que pueda suplirse en su beneficio. Es aplicable a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo XXIX, materia común, página 381, del siguiente contenido: COMPETENCIA. La competencia de las autoridades, es materia de interés público, por lo cual, esas mismas autoridades, aun de oficio, deben ocuparse del estudio de esa cuestión, de manera principal y preferente. En otro contexto, en diverso motivo de inconformidad que se deduce del señalamiento general contenido en su reclamo, se advierte que el quejoso se inconforma con el acuerdo de catorce de febrero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral JA/475/2018, en el que la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, aceptó la competencia que le declinó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez. El motivo de disentimiento en el que se plantea que la aceptación de competencia lesionó los derechos del quejoso es infundado. Con el propósito de evidenciar el anterior aserto, conviene precisar que el artículo 18 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, establece: Artículo 18. Las juntas municipales de agua y saneamiento son organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo, bajo la coordinación sectorial de la Junta Central, de conformidad con lo señalado en los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, facultados para la prestación de los servicios de agua, alcantarillado sanitario, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos, requeridos dentro de una circunscripción territorial determinada. El domicilio legal de dichas juntas será dentro del municipio en el que operen. De la interpretación del precepto transcrito se deduce, en lo conducente, que las Juntas Municipales de Agua y Saneamiento dentro del Estado de Chihuahua, constituyen organismos públicos descentralizados del Poder Ejecutivo del Estado. Por su parte, los artículos 76 y 163 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, estatuyen: Artículo 73. Trabajador al servicio del Estado es toda persona que preste a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a los organismos descentralizados, un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Artículo 163. Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores. Tales preceptos estatuyen, en su orden, que será trabajador al servicio del Estado, toda persona que preste un servicio material, intelectual o ambos, entre otros, a los organismos públicos descentralizados; y, que la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, es competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un organismo descentralizado y sus trabajadores. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a los congresos de los Estados a regular las relaciones laborales entre los distintos órganos locales, ya sea centralizados, descentralizados o constitucionalmente autónomos, con sus trabajadores, según sea el caso; es decir, a través del apartado A del artículo 123 de la constitución, o bien, por su apartado B, inclusive puede ser de manera mixta. Por tanto, si el legislador local decidió que las relaciones laborales de los organismos descentralizados locales, se regulen conforme el apartado B del precepto constitucional en mención, debe considerarse legal, conforme a las facultades otorgadas a su favor en el artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna, tal y como lo interpretó la Segunda Sala del Alto Tribunal. Lo anterior, se desprende de la jurisprudencia 2ª/J. 130/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1006, libro 36, noviembre de 2016, tomo II, y consultable con el número de registro 2012980, de rubro y texto siguiente: ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS LOCALES. EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN VI, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS FACULTA AL LEGISLADOR SECUNDARIO PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES ENTRE AQUÉLLOS Y SUS TRABAJADORES, DE ACUERDO CON LOS APARTADOS A O B DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, INCLUSO, DE MANERA MIXTA, SIN LA OBLIGACIÓN DE SUJETARSE ESPECÍFICAMENTE A ALGUNO DE ELLOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 180/2012 (10a.) (*)]. La voluntad del Constituyente plasmada en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, consiste en otorgar flexibilidad para que las normas locales respondan a las características y peculiaridades de los servidores públicos de cada uno de los Estados y Municipios, aunado a que, de su interpretación gramatical, se observa que se determinó que las relaciones de trabajo entre los "Estados y sus trabajadores" se rigieran por las leyes que expidan las Legislaturas Locales, en el que se utiliza el concepto "Estado" como sinónimo de Estado federado como orden jurídico, lo que incluye a los poderes locales, los organismos centralizados y descentralizados de la administración pública local, así como a los organismos constitucionales autónomos de la entidad. Con base en lo anterior, las entidades federativas tienen la potestad constitucional de regular las relaciones laborales entre los distintos organismos descentralizados locales y sus trabajadores, según sea el caso, de acuerdo con los apartados A o B del artículo 123 constitucional, inclusive de manera mixta, sin que deban sujetarse a alguno de ellos en especial. En esta tesitura, si en la especie, el aquí quejoso reclamó diversas prestaciones laborales del organismo público descentralizado Junta Municipal de Agua y Saneamiento, conforme a los lineamientos antes expuestos, es inconcuso que le corresponde la competencia para conocer de ese conflicto a la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, en términos de los artículos 76 y 163, del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, en relación con el diverso 18 de la Ley del Agua del Estado de Chihuahua. En las relacionadas condiciones, ante lo inoperante e infundado de los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por **, respecto del acto que reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Ciudad Juárez, en los términos precisados en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a **, contra el acto de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Chihuahua, de conformidad con lo analizado en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado **. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Arbitral para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en la ciudad de Chihuahua; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Ahora, toda vez que la constancia referida se recibió vía correo electrónico, adquiere plena validez al haberse realizado la certificación correspondiente. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis con número de registro 216635, de la Octava Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, Abril de 1993, página 245, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que dice: DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX, VALOR PROBATORIO DE LOS. Tienen eficacia probatoria los documentos recibidos vía fax, si éstos son certificados por el funcionario competente. Por otra parte, con el segundo oficio que se recibe con folio JAR/1286/19, téngase al Presidente de la referida Junta Arbitral, dando cumplimiento al requerimiento que se le efectuó el veinte de agosto del presente año, y envía para tal efecto copias certificadas de las constancias que corresponden al juicio laboral *******, de su índice, relacionado con el ahora quejoso *******. Todo lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Incidental

    VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que el dieciséis de agosto del presente año, al resolver en definitiva la suspensión solicitada por la parte quejosa, este Tribunal determinó concederle la suspensión y, con el propósito de garantizar los posibles daños y los perjuicios que se pudieran ocasionar con su otorgamiento a la parte tercero interesada de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, se fijó como requisito de efectividad a la parte quejosa la cantidad de $*******; no obstante, a la fecha la parte quejosa no ha exhibido tal cantidad en el plazo de cinco días otorgado, pese a que fue debidamente notificada para ello el diecinueve del presente mes y año. En consecuencia, con fundamento en el diverso dispositivo 136, segundo párrafo, de la legislación en cita, se determina que la suspensión definitiva queda sin efectos a partir de esta fecha; por tanto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables esta determinación; no obstante, podrá volver a surtir efectos si la parte quejosa exhibe la garantía respectiva. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa.

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