Benito Ramón Martínez Piña

Expediente 550/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
550/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Benito Ramón Martínez Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta a través del cual Luceli del Carmen Mendoza Martínez, Defensora Pública del quejoso Benito Ramón Martínez Piña, en atención al requerimiento realizado en proveído de veintiuno de julio del año en curso, remite el original del acta de visita realizada al referido quejoso, el veintiséis de julio del presente año, de la que se advierte, que señala como acto reclamado la sentencia de diecinueve de junio de dos mil diecinueve dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito en el amparo directo 245/2018. Incluso en los hechos que narra, van encaminados a reclamar el acto antes descrito. Además, de una búsqueda exhaustiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), específicamente en el apartado de "consultas de sentencias", se encontró la resolución de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, dictada en el amparo directo 245/2018, promovido por el ahora quejoso Benito Ramón Martínez Piña, por propio derecho, contra la resolución emitida por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, en el toca 166/2018, el dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, en la que en lo que interesa, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al ahora quejoso, para el efecto de que la responsable dejara insubsistente la resolución de dieciséis de mayo de dos mil dieciocho, dictada en el toca 166/2018, señale nueva fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia para resolver el recurso de apelación en los términos ahí precisados. Determinación que se alude como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, con independencia de que haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente, pues la misma se encuentra visible en versión electrónica en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, y generan certeza de lo ahí resuelto. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, que señala: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". Con lo que, queda demostrado que el acto reclamado, pone fin al expediente 166/2018 del índice del Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del estado de México, pues es contra una sentencia dictada en cumplimiento a la diversa dictada en el amparo directo 245/2018, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, y por ende, dicha resolución sólo puede combatirse a través del juicio de amparo directo, por tratarse precisamente de resoluciones que ponen fin al juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción l, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control." Asimismo, los artículos 34 y 47, de la Ley de Amparo mencionan: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. (.)". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo, la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Así, el juicio está condicionado a la existencia de un procedimiento, sea litigioso o no, luego cuando éste concluye con el dictado de la sentencia en que se define la controversia o solicitud, el juicio termina. En esas condiciones, con fundamento en lo previsto específicamente en el artículo 170 de la Ley de Amparo, se concluye que las únicas formas de extinción de la relación procesal son la sentencia definitiva y la resolución que pone fin al juicio. Precisado lo anterior, se obtiene que la resolución dictada por el Primer Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, el diecinueve de junio de dos mil diecinueve, en el expediente 166/2018, sí pone fin al juicio. Razón por la cual, este Juzgado de Distrito estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de grado; por lo que en virtud de lo dispuesto en los artículos 34, 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, se considera que el competente para conocer de la misma es el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razones, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada en la página 287, Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1993, Octava Época, que establece: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA CIVIL, CONCEPTO DE SENTENCIA DEFINITIVA, PARA LA PROCEDENCIA DEL. En los términos de los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio de garantías ante los Tribunales Colegiados de Circuito, debe entenderse por sentencia definitiva la que decide una controversia en lo principal, estableciendo el derecho de las partes que litigaron en cuanto a la procedencia o improcedencia de las acciones y de las excepciones deducidas en el juicio de origen; siempre que respecto de ese fallo ya no proceda ningún recurso o medio de defensa ordinarios, por los cuales pudiera ser modificada o reformada." De igual forma, es aplicable la jurisprudencia PC.XXX. J/8 K, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 854, del Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE AQUEL JUICIO, AUN CUANDO LA LEY CONCEDA UN RECURSO ORDINARIO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN RECLAMADA QUE PONE FIN AL JUICIO (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 6/2003). Los párrafos primero y tercero del artículo 46 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 establecen lo que debe entenderse por sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio para los efectos del numeral 44 del propio ordenamiento, "y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", lo cual condujo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a interpretar que al existir un recurso ordinario, el Tribunal Colegiado de Circuito no era competente para conocer de la demanda, dada la ubicación de esos dispositivos en el capítulo de competencia; sin embargo, en el artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor a partir del 3 de abril del año citado, simplemente se establece que por sentencias definitivas o laudos se entenderá los que decidan el juicio en lo principal, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido, pero ya no se añade lo referente a que las leyes no concedan recurso ordinario en su contra, por lo que es dable interpretar que la existencia de un recurso incide sólo en la improcedencia del juicio, mas no en la competencia del órgano jurisdiccional indicado. Lo anterior es así, ya que en el tercer párrafo del último precepto mencionado se prevé que para la procedencia del juicio deben agotarse previamente los recursos establecidos en la ley de la materia, por virtud de los cuales, las sentencias definitivas o resoluciones puedan ser modificadas o revocadas. Por tanto, en el nuevo contexto normativo resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 16/2003, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA." En esas condiciones, con fundamento en lo previsto en los artículos 47 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer y resolver sobre la demanda de amparo presentada por Benito Ramón Martínez Piña. En ese contexto, remítanse los autos del juicio de amparo indirecto en que se actúa, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, a efecto de que este asunto sea turnado al Tribunal Colegiado en turno correspondiente. Igualmente, se solicita a la superioridad de manera atenta y respetuosa el acuse de recibo respectivo. Además, con copia certificada de las constancias necesarias, fórmese por separado el cuaderno de antecedentes respectivo. Finalmente, para el caso de que la autoridad destinataria del oficio por el que se le dé a conocer el presente acuerdo se encuentre gozando del periodo vacacional correspondiente al primer semestre del presente año, y por tal motivo haya suspendido sus labores; comisiónese al actuario adscrito a este Juzgado para que precisamente en el día que las reanuden, entregue el oficio notificatorios sin necesidad de ulterior acuerdo.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito (con anexos) de cuenta; mediante el cual la defensora pública Luceli del Carmen Mendoza Martínez, acepta y protesta el cargo que le fue conferido a favor del quejoso, asimismo remite copia del gafete oficial expedido a su favor y de su cédula profesional. Además, solicita que las notificaciones personales al quejoso se sigan practicando en el lugar de su reclusión, y a ella, se le realicen por oficio; no obstante, también señala domicilio físico para esos efectos, proporciona dos correos electrónicos y números telefónicos para entablar comunicación respecto a la secuela del presente juicio. En ese sentido, se tiene por aceptado y protestado el cargo de defensora de Luceli del Carmen Mendoza Martínez a favor del quejoso ****; asimismo, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos que proporciona. Asimismo, respecto de los correos electrónicos y diversos números telefónicos que proporciona, se hace de su conocimiento que se tienen únicamente como contacto del mismo, esto para acordar previamente la realización de la notificación, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de la diligencia y la seguridad de quienes intervengan en la misma, en términos del artículo 23, fracción I, párrafo segundo, del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus Covid-19. Además, comuníquese a la promovente que las notificaciones personales se le realizarán al quejoso, en los términos que establece el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; y, respecto a las notificaciones de ella, dígasele que en términos de la fracción III, del numeral aludido, las mismas se le realizarán por lista; y, en el domicilio señalado, únicamente las notificaciones que la ley establezca de manera personal. Asimismo, se tiene por autorizadas en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su escrito. En otro orden de ideas, visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante determinación de veintinueve de junio del año en curso, entre otras, previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de actos señalados en la demanda de amparo, con apoyo en los artículos 108, fracciones IV y V, 112, y 114, fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se previno al quejoso para que al momento de la notificación de dicho proveído o dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la misma, realizara lo siguiente: 1. Señale con precisión el acto o actos reclamados. 2. Bajo protesta de decir verdad, realice una narración sucinta y cronológica de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Pues de las imprecisiones en que incurre el quejoso en su escrito inicial y que impiden conocer sus pretensiones en el presente sumario constitucional, de ahí que se tenga que cumplir a cabalidad el requisito contenido en el artículo 108, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo. Asimismo, se le apercibió a efecto que de no dar cumplimiento en lo anterior, se procedería conforme a lo dispuesto en la última parte del artículo 114 de la ley de la materia, es decir, se tendría por no presentada la demanda de amparo respecto de dichos actos. En esas condiciones, mediante proveído de ocho de julio del año en curso, se tuvo por recibido un escrito firmado por el quejoso *****, mediante el cual realizó diversas manifestaciones de las que este órgano jurisdiccional se reservó proveer, hasta en tanto se le designara un defensor público, circunstancia que ya acontece como ha quedado precisado en líneas anteriores; en consecuencia, dese vista a la profesionista Luceli del Carmen Mendoza Martínez, con copia de la demanda, del auto admisorio y del escrito presentado por el quejoso, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, y previa entrevista que tenga con el referido *****, perfeccione la pretensión de éste, en el entendido de que sigue subsistente el apercibimiento realizado en el auto de veintinueve de junio del año en curso.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, catorce de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, comunica que designó a Luceli del Carmen Mendoza Martínez, para que asuma la representación del quejoso ******, en el presente asunto; de igual forma, hace del conocimiento el periodo vacacional del instituto en comento. Atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos como corresponda, toda vez que mediante proveído de doce de julio pasado, se acordó similar información.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, doce de julio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta; a través del cual la Encargada del Área de Amparos y Fianzas de Interés Social del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México, comunica que designó a Luceli del Carmen Mendoza Martínez, para que asuma la representación del quejoso ******, en el presente asunto; de igual forma, hace del conocimiento el periodo vacacional del instituto en comento, circunstancias de las que se toma conocimiento y se está a la espera de que la citada profesionista acepte y proteste el cargo conferido.

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