Benito Felipe Cruz Urbina y Otros.
Expediente 207/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2022
Partes del expediente
- Benito Felipe Cruz Urbina y Otros.
- Benito Felipe Cruz Urbina
- Juan Diaz Torres
- Juan Diaz Torres y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Luego, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos en su demanda de amparo; por tanto, requiérase a la citada parte, para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDOS, A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIO A NOTIFICARSE CON MOTIVOS DEL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL SIETE DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, AUTO QUE REFIERE: Toluca, Estado de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental, por lo que no encuadra en los supuestos del artículo 15 del multicitado Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado tres años contados a partir de la presente orden de archivo, plazo después del cual se procederá a la destrucción del mismo. Luego, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos exhibidos en su demanda de amparo; por tanto, requiérase a la citada parte, para que dentro del término de noventa días, comparezcan a recoger los mismos, apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a su destrucción. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, Benito Felipe Cruz Urbina, representante común de la parte quejosa, desahoga la prevención realizada mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso; asimismo, solicita se incluya a Juan Díaz Torres, quien refiere también promueve y firma la demanda, sin embargo se omitió su nombre en el acuerdo. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la parte quejosa y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, respecto al quejoso Juan Díaz Torres, no se advierte su firma en la demanda de amparo recibida en auto de veinticinco de febrero del presente año, ni en los traslados ahora recibidos. Por tanto, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por el quejoso de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio, salvo que se trate de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En la especie, la demanda de amparo presentada, en su proemio se aprecia que es promovida entre otros por Juan Díaz Torres; sin embargo, de la misma y de los traslados ahora exhibidos, no se aprecia la firma autógrafa de dicho quejoso. En consecuencia, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo que se pretende promover, sin la firma autógrafa de la parte quejosa, ésta, no expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; sin embargo, en la demanda de amparo que se presenta no se cuenta con la misma; además, tampoco se aprecia que se esté bajo el supuesto expreso en el artículo 109 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Quinta Parte, Séptima Época, visible a página 71, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, orienta sobre el particular, la tesis VI.1º.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Así como la diversa tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, visible a página 213, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." En consecuencia, se procede desechar la demanda de amparo presentada, por cuanto hace al quejoso Juan Díaz Torres, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, respecto del resto de los quejosos, por lo que hace a los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, este juzgador estima se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)". De los preceptos legales transcritos, por una parte, se advierte el establecimiento de las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional; y por otro lado, se obtiene que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia número P./J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Conforme a lo precisado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque si bien, en el caso, se reclama 1. De la LXI Legislativa del Estado de México, la discusión, aprobación y expedición del Decreto número 21, por el que se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga el artículo 70 en su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social, para los servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 2. La modificación ordenada derivada de la expedición del Decreto número 21, por el que se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga el artículo 70 en su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social para los servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los efectos y consecuencias que implica, y la ejecución en perjuicio de los quejosos. En razón de ello, se está frente al supuesto de una norma de observancia general con carácter heteroaplicativo, puesto que los preceptos legales reclamados en la presente instancia necesariamente requieren de un acto de aplicación para su materialización y por ende, para afectar la esfera jurídica de los gobernados aquí quejosos. Resulta menester citar el contenido de las referidas porciones legislativas, mismas que son del tenor literal siguiente: "Artículo 70. El monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley, se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derogado. En ningún caso se podrá rebasar el tope máximo señalado en el artículo 87 de esta ley." "Artículo 133. El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias." Ahora, de los preceptos citados y que constituyen el acto reclamado, en esencia y a grandes rasgos, los aquí quejosos reclaman que dadas las modificaciones realizadas a éstos artículos, por una parte se reducirá el incremento anual de la pensión a la que tienen derecho, pues el texto previo del artículo 70 consideraba que el incremento de las pensiones se realizaría a la par de los incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo, lo que les pone en una situación de desigualdad respecto de los trabajadores en activo; y, atinente al artículo 133, indican que al prever que el mínimo se precise en Unidades de Medida y Actualización, divergente al texto anterior que contemplaba el mínimo en salarios mínimos, siendo que resulta evidente que la cantidad relativa a los salarios mínimos es superior a la Unidad de Medida y Actualización, por lo que el cambio realizado reduce significativamente el mínimo previsto en la ley para el cálculo del seguro por fallecimiento. En razón de lo anterior, es evidente que a los preceptos legales tildados de inconstitucionales, tanto en su análisis independiente, así como a la luz de la causa de pedir de los accionantes del amparo, les recae el carácter de normas heteroaplicativas, puesto que requieren de un acto de aplicación concreto para generar un impacto en la esfera de derechos del gobernado, en tanto que, de suyo, no modifican la situación de los solicitantes del amparo, no les generan una obligación ni les privan de un derecho; por lo que, en su caso, esto se actualizará una vez que les sean aplicadas las normas en cuestión. Lo anterior incluso es admitido por los solicitantes del amparo, pues incluyen como acto reclamado la ejecución y modificación que se realice con motivo de las normas en cuestión; sin embargo, es un hecho notorio para este Juzgador -toda vez que las normas son de conocimiento público y por ello no son objeto de prueba- que la actualización derivada de la modificación de los preceptos legales reclamados, se realizará hasta en tanto se realicen las actualizaciones anuales a los montos, tanto de pensión, como del seguro por fallecimiento a nombre de los accionantes del amparo, y por ende, como tal, aún no hay una aplicación concreta de las normas reclamadas. Entonces, no es posible analizar la constitucionalidad de los artículos reclamados en la presente instancia, pues no pueden ser estudiados, sino a través del acto o actos por los cuales se apliquen los mismos, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso no se reclamó ni se precisó dicho acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. Por lo cual, si es a través de la aplicación de los referidos numerales, respecto del cálculo del aumento de pensión, así como de la actualización del seguro por fallecimiento, es que se realiza la aplicación de las normas reclamadas de inconstitucionales, dicho aspecto no puede desvincularse de la normativa impugnada, e impide que se pueda abordar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; pues, pensar lo contrario, sería realizar un estudio relativo respecto de actos abstractos e imprecisos; ello de conformidad con lo establecido en la tesis LXXVI/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, la cual se aplica por identidad de razón, cuyo rubro y texto son: "REGLAMENTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACION. SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ESTOS ULTIMOS, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS. Si se impugna un reglamento mediante el juicio de amparo, no porque con su sola vigencia se causen perjuicios al quejoso, sino con motivo de actos concretos de aplicación, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otros, no es posible analizar la constitucionalidad del primero prescindiendo de los segundos; por consiguiente, si se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos de aplicación por no haberse acreditado su existencia, dicho sobreseimiento debe comprender también al reglamento." Así como la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página 241, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186, Primera Parte, Séptima Época, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación" De igual forma, la tesis XXI.1o.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 566, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, que reza: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Si se aportó en el juicio de amparo indirecto prueba para desvirtuar la negativa del acto reclamado, referente al reglamento que regula la prestación del servicio público de limpia concesionado; con dicha probanza se acreditó desde un punto de vista formal la existencia del acto, o sea, que la autoridad responsable, director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, tiene a su cargo la vigilancia y control del servicio de limpia concesionado, mas no prueba que materialmente se estuviera llevando a cabo dicho acto y, por ende, se afectara la esfera jurídica de los quejosos, hoy inconformes, esto es, que se les irrogara un agravio personal y directo, pues el estudio de una ley o reglamento no puede desvincularse del acto de su aplicación, ya que esto último es lo que acarrea perjuicio, y no cuando se considera en abstracto la ley o reglamento." En tal virtud, si el acto reclamado en la presente instancia, consiste en la inconstitucionalidad del Decreto número 21, por el que se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga el artículo 70 en su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social, para los servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y respecto de estos aún no se lleva a cabo su aplicación en perjuicio de los accionantes del amparo; ahora no es posible analizar su constitucionalidad en la presente instancia, pues la norma reclamada no puede ser estudiada, sino a través del acto por el cual se aplique la misma, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso aún no hay un acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. No se desatiende que los quejosos manifiestan que la norma que reclaman tiene el carácter de autoaplicativa; sin embargo, sin necesidad de un análisis más profundo, es evidente que los efectos de los preceptos en cuestión, exigen de un acto de aplicación para su actualización, pues de suyo no generan inmediatamente un agravio en la esfera jurídica de los gobernados, ya que no imponen una obligación ni minan un derecho. En las relatadas condiciones, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo intentada por los aquí quejosos. Así también, es menester precisar que respecto a María Concepción García Gama, se advierte de la demanda que aunque no fue integrado su nombre al proemio del escrito, al final del mismo, se aprecia su firma autógrafa, lo cual expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, de ahí que se le tiene como quejosa en el presente sumario constitucional.
- Principal
SE NOTIFICA MEDIANTE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN ATENCIÓN A QUE NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL AL JUZGADO DE MI ADSCRIPCIÓN, NO OBSTANTE EL AVISO QUE LE FUE FIJADO EN SU DOMICILIO EL DIEZ DEL MES Y AÑO EN CURSO Toluca, Estado de México, nueve de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta; a través del cual, Benito Felipe Cruz Urbina, representante común de la parte quejosa, desahoga la prevención realizada mediante proveído de veinticinco de febrero del año en curso; asimismo, solicita se incluya a Juan Díaz Torres, quien refiere también promueve y firma la demanda, sin embargo se omitió su nombre en el acuerdo. En consecuencia, se tiene por cumplido el requerimiento efectuado a la parte quejosa y se deja sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora bien, respecto al quejoso Juan Díaz Torres, no se advierte su firma en la demanda de amparo recibida en auto de veinticinco de febrero del presente año, ni en los traslados ahora recibidos. Por tanto, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, del estudio integral de la demanda de amparo, presentada por el quejoso de mérito, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" Lo anterior es así, en razón de que en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6 de la Ley de Amparo, se encuentra previsto el principio de instancia de parte agraviada, que consiste en que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la persona física o jurídico colectiva a quien afecte la norma general o el acto reclamado; es decir, quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el mismo trasgrede los derechos reconocidos por la constitución y con ello, se le afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, de conformidad con los artículos 3, 6 y 108, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la demanda de amparo indirecto, debe formularse por escrito o por medios electrónicos, por la parte a quien afecte la norma general o el acto reclamado, misma que podrá hacerlo por sí o por su representante legal o apoderado, o en su caso por el defensor público o privado del quejoso, cuando el acto reclamado derive de un proceso penal; en la inteligencia de que en todo caso la demanda de amparo deberá contener la firma autógrafa del promovente o al haberla presentado por medios electrónicos la evidencia criptográfica del sujeto autorizado para enviarla por dicho medio, salvo que se trate de alguno de los supuestos establecidos por el artículo 15 de la Ley de Amparo. Así, es menester indicar que la firma tiene como función esencial identificar a su autor, así como de imputarle la autoría del texto que le precede, en razón de que es a través de la firma, que la parte quejosa manifiesta su voluntad para promover un juicio de amparo y continuar con su substanciación. En la especie, la demanda de amparo presentada, en su proemio se aprecia que es promovida entre otros por Juan Díaz Torres; sin embargo, de la misma y de los traslados ahora exhibidos, no se aprecia la firma autógrafa de dicho quejoso. En consecuencia, no se advierte la manifestación de voluntad de la parte promovente de acudir a la presente instancia constitucional, siendo que, tratándose del juicio de amparo que se pretende promover, sin la firma autógrafa de la parte quejosa, ésta, no expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma se acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley; sin embargo, en la demanda de amparo que se presenta no se cuenta con la misma; además, tampoco se aprecia que se esté bajo el supuesto expreso en el artículo 109 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Quinta Parte, Séptima Época, visible a página 71, que dice: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, orienta sobre el particular, la tesis VI.1º.151 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 303 del tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo tenor literal es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal." Así como la diversa tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, Octava Época, visible a página 213, que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA DEL PROMOVENTE. LA FALTA DE REQUERIMIENTO DEL JUZGADOR PARA SUBSANAR TAL OMISIÓN, NO CONTRAVIENE DISPOSICIÓN LEGAL. El hecho de que el juez de Distrito haya desechado la demanda de amparo porque el promovente omitió firmar el escrito respectivo, sin haberlo requerido previamente para que lo hiciera, no resulta ilegal, ya que ningún precepto de la ley establece la obligación a cargo del juzgador de efectuar tal requerimiento; pues si bien, el artículo 146 de la Ley de Amparo señala de manera específica, en qué casos el juez deberá prevenir a los promoventes para que llenen algún requisito formal, hagan las aclaraciones que correspondan o exhiban las copias necesarias para correr traslado a las partes, de la simple lectura del citado artículo se advierte que dentro de esas hipótesis, no se encuentra la de la falta material de la firma en el escrito de demanda. Lo anterior resulta comprensible si tomamos en cuenta que siendo la firma el signo gráfico con el que, en general, se obligan las personas en todos los actos jurídicos en que se requiere la forma escrita, como es el caso de la demanda de amparo, al no obrar materialmente ésta en el escrito respectivo, no puede decirse que exista certeza respecto quién intenta la acción constitucional y a quién pueda o debe requerirse para subsanar tal omisión." En consecuencia, se procede desechar la demanda de amparo presentada, por cuanto hace al quejoso Juan Díaz Torres, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, respecto del resto de los quejosos, por lo que hace a los preceptos legales que se tildan de inconstitucionales, este juzgador estima se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Los artículos 17, 18, 61, fracciones XII y XIV, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; (.)". De los preceptos legales transcritos, por una parte, se advierte el establecimiento de las bases para regular la procedencia del juicio de amparo contra leyes y para distinguir, de acuerdo con los términos en que se encuentra establecida la norma impugnada, su naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa, lo que igualmente conlleva a determinar cuándo y de qué término dispone el agraviado para ejercitar la acción constitucional; y por otro lado, se obtiene que las normas de carácter general pueden ser impugnadas mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En el primer caso, basta con que el particular se encuentre ubicado en los supuestos que se establecen en un determinado ordenamiento legal que afecta su interés jurídico, para que esté en aptitud de ejercitar la acción de amparo dentro del plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de la disposición de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere de un acto de aplicación para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo es de quince días, según las reglas establecidas en el artículo 17 de la ley citada. Lo expresado pone de relieve que para la impugnación de las normas generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus supuestos. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado la tesis de jurisprudencia número P./J. 55/97, publicada en la página 5, Tomo VI, julio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Conforme a lo precisado, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, porque si bien, en el caso, se reclama 1. De la LXI Legislativa del Estado de México, la discusión, aprobación y expedición del Decreto número 21, por el que se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga el artículo 70 en su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social, para los servidores Públicos del Estado de México y Municipios. 2. La modificación ordenada derivada de la expedición del Decreto número 21, por el que se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga el artículo 70 en su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social para los servidores Públicos del Estado de México y Municipios, así como los efectos y consecuencias que implica, y la ejecución en perjuicio de los quejosos. En razón de ello, se está frente al supuesto de una norma de observancia general con carácter heteroaplicativo, puesto que los preceptos legales reclamados en la presente instancia necesariamente requieren de un acto de aplicación para su materialización y por ende, para afectar la esfera jurídica de los gobernados aquí quejosos. Resulta menester citar el contenido de las referidas porciones legislativas, mismas que son del tenor literal siguiente: "Artículo 70. El monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley, se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derogado. En ningún caso se podrá rebasar el tope máximo señalado en el artículo 87 de esta ley." "Artículo 133. El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias." Ahora, de los preceptos citados y que constituyen el acto reclamado, en esencia y a grandes rasgos, los aquí quejosos reclaman que dadas las modificaciones realizadas a éstos artículos, por una parte se reducirá el incremento anual de la pensión a la que tienen derecho, pues el texto previo del artículo 70 consideraba que el incremento de las pensiones se realizaría a la par de los incrementos generales a los sueldos sujetos de cotización a sus servidores públicos en activo, lo que les pone en una situación de desigualdad respecto de los trabajadores en activo; y, atinente al artículo 133, indican que al prever que el mínimo se precise en Unidades de Medida y Actualización, divergente al texto anterior que contemplaba el mínimo en salarios mínimos, siendo que resulta evidente que la cantidad relativa a los salarios mínimos es superior a la Unidad de Medida y Actualización, por lo que el cambio realizado reduce significativamente el mínimo previsto en la ley para el cálculo del seguro por fallecimiento. En razón de lo anterior, es evidente que a los preceptos legales tildados de inconstitucionales, tanto en su análisis independiente, así como a la luz de la causa de pedir de los accionantes del amparo, les recae el carácter de normas heteroaplicativas, puesto que requieren de un acto de aplicación concreto para generar un impacto en la esfera de derechos del gobernado, en tanto que, de suyo, no modifican la situación de los solicitantes del amparo, no les generan una obligación ni les privan de un derecho; por lo que, en su caso, esto se actualizará una vez que les sean aplicadas las normas en cuestión. Lo anterior incluso es admitido por los solicitantes del amparo, pues incluyen como acto reclamado la ejecución y modificación que se realice con motivo de las normas en cuestión; sin embargo, es un hecho notorio para este Juzgador -toda vez que las normas son de conocimiento público y por ello no son objeto de prueba- que la actualización derivada de la modificación de los preceptos legales reclamados, se realizará hasta en tanto se realicen las actualizaciones anuales a los montos, tanto de pensión, como del seguro por fallecimiento a nombre de los accionantes del amparo, y por ende, como tal, aún no hay una aplicación concreta de las normas reclamadas. Entonces, no es posible analizar la constitucionalidad de los artículos reclamados en la presente instancia, pues no pueden ser estudiados, sino a través del acto o actos por los cuales se apliquen los mismos, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso no se reclamó ni se precisó dicho acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. Por lo cual, si es a través de la aplicación de los referidos numerales, respecto del cálculo del aumento de pensión, así como de la actualización del seguro por fallecimiento, es que se realiza la aplicación de las normas reclamadas de inconstitucionales, dicho aspecto no puede desvincularse de la normativa impugnada, e impide que se pueda abordar el análisis sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo; pues, pensar lo contrario, sería realizar un estudio relativo respecto de actos abstractos e imprecisos; ello de conformidad con lo establecido en la tesis LXXVI/89, emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 356 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época, la cual se aplica por identidad de razón, cuyo rubro y texto son: "REGLAMENTO IMPUGNADO CON MOTIVO DE ACTOS CONCRETOS DE APLICACION. SI NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE ESTOS ULTIMOS, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE TODOS LOS ACTOS RECLAMADOS. Si se impugna un reglamento mediante el juicio de amparo, no porque con su sola vigencia se causen perjuicios al quejoso, sino con motivo de actos concretos de aplicación, dada la estrecha vinculación existente entre uno y otros, no es posible analizar la constitucionalidad del primero prescindiendo de los segundos; por consiguiente, si se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos de aplicación por no haberse acreditado su existencia, dicho sobreseimiento debe comprender también al reglamento." Así como la jurisprudencia del Pleno del Máximo Tribunal del país, visible en la página 241, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 181-186, Primera Parte, Séptima Época, que a la letra dice: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación" De igual forma, la tesis XXI.1o.30 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 566, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Octubre de 1996, Novena Época, que reza: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Si se aportó en el juicio de amparo indirecto prueba para desvirtuar la negativa del acto reclamado, referente al reglamento que regula la prestación del servicio público de limpia concesionado; con dicha probanza se acreditó desde un punto de vista formal la existencia del acto, o sea, que la autoridad responsable, director de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco, Guerrero, tiene a su cargo la vigilancia y control del servicio de limpia concesionado, mas no prueba que materialmente se estuviera llevando a cabo dicho acto y, por ende, se afectara la esfera jurídica de los quejosos, hoy inconformes, esto es, que se les irrogara un agravio personal y directo, pues el estudio de una ley o reglamento no puede desvincularse del acto de su aplicación, ya que esto último es lo que acarrea perjuicio, y no cuando se considera en abstracto la ley o reglamento." En tal virtud, si el acto reclamado en la presente instancia, consiste en la inconstitucionalidad del Decreto número 21, por el que se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga el artículo 70 en su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social, para los servidores Públicos del Estado de México y Municipios, y respecto de estos aún no se lleva a cabo su aplicación en perjuicio de los accionantes del amparo; ahora no es posible analizar su constitucionalidad en la presente instancia, pues la norma reclamada no puede ser estudiada, sino a través del acto por el cual se aplique la misma, ya que para que sea procedente el juicio de amparo contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República, de acuerdo con la fracción I del artículo 89 Constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, ya se ha establecido que se requiere para su procedencia que exista una agravio resentido por el gobernado, que se traduzca en la aplicación de la norma reclamada, y si en el presente caso aún no hay un acto de aplicación, es que se justifica determinar en el sentido que ya ha quedado señalado. No se desatiende que los quejosos manifiestan que la norma que reclaman tiene el carácter de autoaplicativa; sin embargo, sin necesidad de un análisis más profundo, es evidente que los efectos de los preceptos en cuestión, exigen de un acto de aplicación para su actualización, pues de suyo no generan inmediatamente un agravio en la esfera jurídica de los gobernados, ya que no imponen una obligación ni minan un derecho. En las relatadas condiciones, al actualizarse la hipótesis contenida en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo intentada por los aquí quejosos. Así también, es menester precisar que respecto a María Concepción García Gama, se advierte de la demanda que aunque no fue integrado su nombre al proemio del escrito, al final del mismo, se aprecia su firma autógrafa, lo cual expresa su voluntad de realizar el acto procesal correspondiente, en razón de que con la misma acredita la autenticidad del documento que se suscribe y se logra la eficacia prevista en la ley, de ahí que se le tiene como quejosa en el presente sumario constitucional.
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