Benito Padrón Lezama

Expediente 479/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
479/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Benito Padrón Lezama

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa *********, interpusiera recurso de queja en contra del acuerdo de veintisiete de noviembre del año en curso (foja 30), en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión al no haber admitido la demanda intentada por la parte quejosa. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. MESA VI-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que Benito Padrón Lezama, no desahogó la prevención formulada mediante proveído de trece de noviembre del año en curso (fojas 7 a 9), notificado el catorce posterior (foja 17), habiendo transcurrido el término concedido para tal efecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo; háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente. Por tanto, se levanta la reserva decretada en proveído de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve (foja 28), sin que de aquélla amerite realizar mayor pronunciamiento al respecto, atento a lo determinado en este auto, máxime que en dicho acuerdo, se dejó sin efecto el apercibimiento decretado a la autoridad correspondiente; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. MESA VI-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el informe justificado rendido por el 1. Agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de trece de noviembre del año en curso (fojas 7 a 9); sin que en la especie lo realice toda vez que en el mismo no se le solicitó dicho informe justificado, sino remitiera y comunicara lo ahí peticionado. En consecuencia, requiérasele por segunda ocasión para que dentro del mismo plazo y términos cumpla con lo peticionado en el auto aludido, es decir: en el plazo de veinticuatro horas informe si en esa agencia a su cargo se tiene investigación con efectos de conducir a un proceso penal, o bien, inició alguna carpeta de investigación o causa penal a cargo de Benito Padrón Lezama, por lo que deberá remitir copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite su dicho. En el entendido que de advertir constancia de sigilo, se encuentra obligado a cuidar que éstas no se pongan a la vista de las partes, ordenando él mismo, dicho sigilo o confidencialidad, previo la remisión a este Juzgado. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, y en la temporalidad apuntada, se le hará efectivo el decretado en dicho acuerdo. Notifíquese. VI-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de esta misma fecha asentada por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, se advierte que no le fue posible entregar el oficio 416, dirigido al 1. Fiscal en Jefe de los Ministerios Públicos del Fuero Común, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, toda vez que debe enviarse a la denominación correcta, es decir, 1. Fiscal Coordinador de la Agencia del Ministerio Público de Salina Cruz, Oaxaca. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, así como del diverso de trece de noviembre de la presente anualidad (fojas 7 a 9), requiérase al 1. Fiscal Coordinador de la Agencia del Ministerio Público de Salina Cruz, Oaxaca, para que rinda el informe que se solicita en el mencionado acuerdo, en los términos ahí requeridos. Al caso se cita la tesis aislada XXVII.3o.17 K. (10ª), emitida por los Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sétimo Circuito, consultable en la página 1933 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III (mayo de 2014), materia común, Décima Época, de rubro y texto: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Notifíquese. VI-B

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