Benito López Hernández

Expediente 380/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 19 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
380/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Benito López Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente juicio de amparo. En consecuencia, al no existir necesidad de que obren en autos los discos versátiles digitales [DVD], que remitió el Juez de Control de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, mediante oficio que al efecto se libre, devuélvase. Notifíquese.

  2. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y por otra parte, se negó y se concedió la definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda), ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de la fecha en que se dictó la suspensión definitiva, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal, contra el acuerdo de veintiséis de octubre de la presente anualidad, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en este juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 196, 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído. Anotaciones. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente, en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado; además, no existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se concedió el amparo, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión y se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado que guardan los autos, se advierte que por acuerdo de trece de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que dentro del plazo legal de tres días manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la Juez de Control del Circuito Judicial del Istmo, con sede en Juchitán, Oaxaca, sin que hubiese hecho manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. EFECTOS DE LA SENTENCIA AMPARADORA Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia engrosada el treinta y uno agosto de dos mil veintiuno, se concedió al quejoso Benito López Hernández el amparo y protección de la justicia de la unión para el efecto de que: Ahora bien, de la reproducción del disco DVD se advierte que la juez responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos la orden de aprehensión librada el ocho de junio de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal 243/2019, de su índice, respecto a Benito López Hernández, procediendo a dictar nueva resolución. Seguidamente, la juzgadora se impuso de los registros de audio video de la audiencia de la citada causa penal, en donde fue solicitada la orden de aprehensión por la Ministerio Público y de los datos que vertió en atención a la solicitud ahí realizada, consistente en el libramiento de una orden de aprehensión, dentro de la citada causa penal, instruida contra Benito López Hernández y otros, como probables responsables en la comisión del delito de abuso sexual agravado, cometido en agravio de la adolecente de iniciales M.D.L.C.V., el cual se encuentra previsto y sancionado por el artículo 241 del Código Penal vigente en el Estado, procediendo a resolver conforme a los lineamientos de la ejecutoria de amparo, en los siguientes términos. Es por ello, que satisfechos los requisitos del numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declaró legalmente competente para conocer y resolver respecto a la petición de la orden de aprehensión realizada por la representante social en la respectiva audiencia Seguidamente, procedió a analizar los datos de pruebas de la siguiente manera: Aunado a que con posterioridad al suceso, al llegar a su casa su hija le contó cómo fueron los acontecimientos; además de que al ser la denunciante la mamá de la víctima es creíble que por ese lazo que tenga esa confianza para poder contarle lo que le sucedió; además que da razón del porqué conoce a los acusados, teniendo dicho testimonio una congruencia externa toda vez que se encuentra corroborada con demás datos de prueba que más adelante serán estimados. Declaración que la jueza responsable determinó estuvo asistida de una psicóloga, así como acompañada de su madre y de un intérprete, ya que manifestó hablar la lengua zapoteco, confesión estimada por la responsable en términos de los artículos 259, 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también le resultó creíble, en primer lugar, porque fue rendida ante la agente del Ministerio Público. Además, infirió que se cumplieron las formalidades exigidas para tal efecto, por ser una adolescente, y en la que se le tomaron sus generales y al ser asistida por una psicóloga, se cumplió lo que establece el protocolo de actuación emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se tata de recepcionar declaraciones de niños y adolescentes, como en el presente caso aconteció; además es parte de los actos de investigación que son propios de la Institución Ministerial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, refirió que de la citada declaración de la víctima, no se advierte que haya expresado algún ánimo o interés en perjudicar a Benito y los otros acusados, contando por ello con credibilidad subjetiva; aunado a que declaró lo que pudo apreciar por sí misma a través de sus sentidos como son la vista, el oído y el tacto, pues es precisamente en su cuerpo donde recayó la conducta que se le atribuye a Benito López Hernández y otros. Por ende, es creíble que haya podido percibir los hechos sobre los que declaró, siendo su narrativa atendiendo a las reglas de la lógica, guardando una congruencia interna y externa, es decir, coherente en sí misma y con los demás datos de prueba vertidos por la representante social, no se contrapone con ninguno de ellos, por el contrario se entrelazan de manera correcta; además, que la misma se corrobora con la declaración de Elizabeth Vásquez Mendoza. En cuanto al informe de zona erógenas de cuatro de mayo de dos mil diecinueve, suscrito y firmado por la doctora de la fiscalía Sheila Araceli García Martínez, quien cuenta con cédula profesional, la Juez responsable determinó que le generó convicción toda vez que fue emitido por una especialista en la medicina que también depende de la Fiscalía General del Estado, se ha evidenciado en audiencia que cuenta con su cédula profesional, por lo tanto, se advierte que es una persona capacitada y habilitada para emitir informes respecto a las zonas erógenas de las personas, el cual es idóneo y pertinente dado el hechos que nos ocupa, además de que dicha doctora estableció cuales son las partes del cuerpo de una mujer que conforman zonas erógenas. Del mismo modo, respecto al dictamen psicológico antes citado, la juez responsable le concedió la estimación correspondiente, puesto que es un dato de prueba útil, el cual fue obtenido legalmente por la agente del Ministerio Público en cumplimiento a las facultades que le asisten, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; además, que dicho dictamen le genera convicción puesto que los conocimientos científicos afianzados establecieron que son los psicólogos, los profesionistas idóneos para poder determinar el estado emocional y psicológico de las personas y, en el caso, la agente del Ministerio Público refirió que la citado perito cuenta con una cédula profesional que la acredita como psicóloga, así como también que pertenece a la Fiscalía General del Estado, lo cual hace objetivo su dictamen e idónea la capacidad que tiene y la profesión que tiene para emitir una opinión respecto al estado psicológico que presentó la víctima adolescente de iniciales M. D. L. C. V.; además que su dictamen no resulta autoritario ni dogmático puesto que refirió el método que aplicó para poder emitir el mismo, la entrevista directa que tuvo con la adolescente presentaba un estado de ansiedad moderada debido a las experiencias desagradables, ya que se dieron de forma inesperada, ya que son vecinos; los síntomas antes mencionados repercuten en su vida cotidiana, provocando un desgaste físico y emocional, y capacidad de goce en las persona que pudiera generar una alteración en el desarrollo de su personalidad, no se descartó la aparición de sintomatología nueva, la persona antes mencionada es vulnerable y manipulación en función de edad, sexo y figuras de autoridad, es por ello que es idóneo y pertinente, toda vez que guarda esa relación con los hechos investigados por la Ministerio Público. Ahora, por lo que respecta al dictamen y certificado médico de lesiones a favor de Sonia López Regalado y Feliciano de la Cruz López, la juez responsable refirió que le resultaron creíbles en virtud de que no se advierte que para la obtención de los mismos se haya violado algún derecho fundamental, por el contrario parten de las investigaciones que realizó el agente del Ministerio Público, tan es así que como se narró en sus respectivas declaraciones, éstos se ubicaron en el lugar de los hechos, en la fecha y hora aproximada de los cuales ya se hizo mención en la audiencia, en donde se aprecian las lesiones que tenían cada uno de los atestes, es por ello que tanto el dictamen y certificado médico son pertinentes en relación a los hechos que se están investigando, máxime que Feliciano de la Cruz López fue quien salvo a su menor hija cuando uno de los imputados la tenía abrazada, es por ello las lesiones que presentaba el cuerpo humano de cada uno de los atestes, así como de igual manera son consecuencias de o que ellos realizaron para que la menor víctima no fuera abusada nuevamente por los imputados; aunado a que lo que expuso la doctora no es una opinión autoritaria o dogmática, sino es una opinión basada en los conocimientos que tiene como médico, tan es así que describió las lesiones que presentaban dichos atestes. Ahora bien, atendiendo los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público y analizada la petición de la misma, tuvo por satisfecho los requisitos que exige el artículo 16 de la Constitución Federal, verificando que se reúnen los requisitos exigidos para librar la orden de captura solicitada por la representante social, dictando el siguiente punto resolutivo: En consecuencia, se estima que el FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, toda vez que de la confrontación de los lineamientos bajo los cuales se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal y la forma en que se dio cumplimiento, se advierte que se cumple la finalidad que se perseguía con la emisión de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, sin que incurriera en exceso o defecto en su acatamiento, como lo prevé el artículo 196 de la Ley de Amparo. Hágase este acuerdo del conocimiento de las partes. Notifíquese personalmente a las partes.

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