Benito Ortiz Felix

Expediente 7/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
7/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
18/06/2021

Partes del expediente

  • Benito Ortiz Felix
  • Tribunal de Arbitraje Municipal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso revisión en contra del fallo dictado en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario imperio, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, para todos los efectos legales procedentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las trece horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, encontrándose en audiencia pública el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, quien actúa en unión de su Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional del juicio de amparo 7/2021-V-A, promovido por Benito Ortiz Félix, por su propio derecho, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procedió a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Acto continuo, abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar, se cierra dicho periodo. Por otro lado, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de la Materia, se pasa al periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes presentó los que les corresponden y que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no realizó pedimento alguno. Con lo anterior, se declara cerrada la audiencia y con vista de lo actuado el suscrito Juzgador, pasa a dictar la siguiente resolución: VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 7/2021-V-A, promovido por Benito Ortiz Félix, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el doce de enero de dos mil veintiuno y turnado a este Juzgado el mismo día, Benito Ortiz Félix, por su propio derecho, promovió demanda de amparo, en contra de actos de la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad y otra autoridad, a quienes reclamaron lo siguiente: "4.- ACTO RECLAMADO: 1.- DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, se reclama la omisión de remitir al TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, el expediente laboral 23/2020, formado con la remisión de mi reclamación que hice ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, que a su vez se declaró incompetente. 2.- DEL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, se reclama el acuerdo en relación a la competencia que le fue declinada por el TRIBUNAL DE ARBITRAJE MUNICIPAL EN ESTA CIUDAD, o en todo caso la radicación de mi demanda laboral en los términos que corresponde." SEGUNDO. La parte quejosa considera trastocado en su perjuicio el artículo 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por auto de trece de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 7/2021-V-A, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 52, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y artículo cuarto, fracción XVII, párrafo segundo, del Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de actos atribuidos a una autoridad residente en esta ciudad, lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen integral de la demanda de amparo como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el promovente consiste en: a). La omisión del Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, de remitir los autos del expediente laboral 23/2020, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, con motivo de la incompetencia planteada b). El acuerdo que dictó el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, relativo a la competencia planteada o bien el auto de radicación de la demanda. Los descritos actos serán materia de estudio en esta resolución, sin que de autos sea advierte alguno diverso. TERCERO. La autoridad responsable, Magistrada Titular de la Ponencia Uno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto que se le reclama, señalado en el considerando que precede con el inciso b); sin embargo, dicha afirmación se desvirtúa, toda vez que los acuerdos que le reclama la parte quejosa, con motivo de la incompetencia planteada por la diversa autoridad responsable Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, devienen inexistentes; ello, en virtud de que a la fecha de la presentación de la demanda (doce de enero de dos mil veintiuno), la responsable Magistrada Titular de la Ponencia Uno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital, no había emitido el auto que refiere de veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, en el expediente 61/2021-1-III, mediante el cual tuvo por recibidos los autos del expediente laboral 23/2020, y que en dicho auto desechó la demanda por tratarse de un asunto de naturaleza laboral que corresponde conocer al Tribunal de Arbitraje Municipal de Juárez, por consecuencia, devolvió a ésta autoridad los autos del citado expediente laboral 23/2020. Lo anterior, se corrobora con las documentales que la autoridad responsable anexa a su informe de ley, de las que se desprende el auto de veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, emitido en el expediente 61/2021-1-III, documentales públicas a las cuales, se les otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º. Ahora bien, la existencia o inexistencia del acto reclamado debe analizarse tomando como parámetro la fecha de presentación de la demanda de amparo; por lo tanto, es evidente que a la fecha en que se instó la acción constitucional (doce de enero del dos mil veintiuno), no existía el acto reclamado. En este punto es aplicable la jurisprudencia 2ª./J.3/94, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Número 79, Julio de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, al haber quedado plenamente demostrado que el acto que se le reprocha a la autoridad responsable, Magistrada Titular de la Ponencia Uno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital, era inexistente a la fecha de la presentación de la demanda, es incuestionable que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, por lo que, procede sobreseer en el juicio de amparo. CUARTO. Por otra parte, la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, negó la existencia del acto que se le reclama, en virtud de que en data once de marzo del dos mil veintiuno, se remitieron los autos que integran el expediente laboral 23/2020, al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, en virtud de la declinación de competencia dictada por la informante en resolución de interlocutoria de competencia de veintisiete de febrero del dos mil veinte; no obstante lo anterior, dicha negativa, se desestima, en virtud de que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (doce de enero del dos mil veintiuno) la responsable aún no había remitido los autos del expediente laboral 23/2020, a la diversa responsable Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital; por lo tanto, es claro que a la fecha de la presentación del juicio de amparo, aún prevalecían el acto señalado con el inciso a), de ahí que se tengan por cierto el mismo. Circunstancia la anterior, que se acredita con las documentales que en copia certificada que la responsable anexó a su informe de ley, de diversos autos, entre ellos, la interlocutoria de veintisiete de febrero del dos mil veinte, dictada en el juicio laboral 23/2020, del índice de la responsable, así como de la diversa documental relativa a copia certificada de guía de depósito de Correo de México con número de guía MN012332345MX, mediante la cual indica la responsable que remitió los autos del referido expediente a la diversa autoridad Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital; documentales a las que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad a lo establecido por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con el precepto 2° de la Ley de Amparo. Al respecto, con dichas documentales se demuestra la omisión reprochada a la autoridad responsable, porque a la fecha de la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que esto se resuelve, la responsable, no había remetido al a diversa autoridad, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, los autos que formaban el expediente laboral 23/2020. Es decir, porque la aludida omisión existía al momento de la presentación de la demanda de amparo; de ahí que, se reitera, se tenga como cierto el acto materia de reclamo a la autoridad Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad. QUINTO. Por ser una cuestión de orden público, previamente a hacer el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, de los actos motivo de reclamo constitucional, acorde a lo establecido en el párrafo final del artículo 62, de la Ley de Amparo, es necesario realizar de oficio el estudio de las causas de improcedencia que pudieran provocar la improcedencia de este juicio de amparo, y por ende, el sobreseimiento del mismo, las aleguen o no las partes. Sobre el particular es aplicable la tesis 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que puede ser consultada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, tomo VI, parte Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, página 553, que dice textualmente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, respecto al acto señalado con el inciso a), y que es materia de reclamo a la responsable Tribunal de Arbitraje Municipal, con residencia en esta ciudad, de oficio se advierte que el acto atribuido a la mencionada autoridad, consistente en la omisión de remitir los autos del expediente labora 23/2020, de su índice, a la diversa autoridad, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en autos se advierte que cesó en sus efectos. A fin de evidenciar lo anterior, se considera oportuno precisar el normativo que contiene la hipótesis materia de estudio en el presente asunto, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Respecto a dicha inejercitabilidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de texto y rubro siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En otras palabras, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación; lo cual implica no solo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos de éste, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto; de ahí que, la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior da pauta para estimar que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que la omisión que fue reprochada en la presente instancia constitucional a la autoridad, Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, cesó en sus efectos al haberse remitido el expediente laboral 23/2020, a la diversa autoridad Magistrada Titular de la Ponencia Uno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Capital, quien en auto de veintitrés de marzo del dos mil veintiuno, dictado en el expediente 61/2021-1-III, de su índice, tuvo por recibido el expediente laboral 23/2020. Sin que se soslaye, el hecho de que desde el veintisiete de febrero del dos mil veinte, en que la autoridad Tribunal de Arbitraje Municipal, de esta ciudad, ordenó la remisión del expediente laboral 23/2020, a la autoridad Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, y que el mismo lo haya remitido hasta el once marzo del dos mil veintiuno, transcurriendo más de un año para dar cumplimiento a lo ordenado en fecha veintisiete de febrero del dos mil veinte, sin embargo, tal circunstancia no incide en violación alguna al impetrante del amparo, dado que es un hecho notorio para el suscrito que desde el dieciocho de marzo del dos mil veinte, se han suspendido las labores en los órganos judiciales, laborales, administrativos, y en diversas dependencias federales, estatales y municipales, ello con motivo de la contingencia sanitaria generada por el COVID-19 -situación esta última que constituye un hecho notorio para este órgano constitucional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia- lo que de suyo implica que durante el lapso de tiempo indicado no se puedo llevar a cabo lo ordenado por el Tribunal de Arbitraje Municipal, con sede en esta ciudad, por lo que, dicha circunstancia no es óbice para que se varíe la determinación a la que se arribará en esta resolución, ello atendiendo que la suspensión de labores en atención a la contigencia sanitaria que se vive en país, lo que trae como consecuencia que se retrasen los juicios instaurados, pero tal hecho no es motivo para estimar que se viola en perjuicio de la parte quejosa el artículo 17 Constitucional. En ese sentido, debe decirse que durante el trámite del juicio de amparo, cesaron los efectos del acto reclamado, quedando destruidos todos sus efectos en forma total e incondicional, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación que reclamó la quejosa; es decir, los efectos de la omisión reprochada desaparecieron, como si se hubiera otorgado el amparo y sin que haya dejado huella alguna, en la esfera jurídica de la peticionaria de amparo. Es aplicable al caso la tesis P.CL/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 71, Tomo VI, noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Sin que impacte en la presente determinación que de las constancias de que remite la autoridad no se advierta la notificación realizada a la parte quejosa, respecto del cumplimiento que dio, al acto materia de reclamo, pues cabe señalar que de dichas actuaciones en auto de veintitrés de marzo del año en curso, emitido en el juicio de amparo en que esto se resuelve, se corrió traslado de las documentales de mérito a la parte quejosa, de ahí que se estime que la impetrante del amparo desde que se le notificó dicho auto se hizo sabedora de los actos emitidos por la responsable, relativos al cumplimiento que dio a lo que ordenó en auto de veintisiete de febrero del dos mil veinte. En esas condiciones, ante la inexistencia y constatación de un impedimento jurídico, lo que procede en este asunto es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el dispositivo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello, porque los efectos del acto reclamado deben analizarse en razón de la etapa procesal a la que correspondan; tal como lo delimitó la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, en la siguiente tesis2: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente Juicio de Amparo promovido por Benito Ortiz Félix, de conformidad con los considerandos tercero y quinto de esta resolución. N o t i f í q u e s e. Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, que autoriza y da fe. Doy fe. diecinueve de mayo de dos mil veintiuno

  3. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a la Magistrada Titular y Actuario, de la Ponencia Uno del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con sede en Chihuahua, capital, rindiendo informe justificado, mismos que se ponen a la vista de las partes para que de su contenido se enteren, sin perjuicio de relacionar tanto los informes como las documentales anexas al momento de celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Hilario Quintero Torres, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de abril de dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por la Magistrada Titular de la Ponencia Uno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, agréguese a sus autos para que obre como corresponda por medio del cual de conformidad con el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se le tiene rindiendo su informe justificado con el que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. N o t i f í q u e s e. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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