Benilda Manueles Vásquez
Expediente 948/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 948/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Benilda Manueles Vásquez
- Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte, que en el presente juicio de amparo se dictó un acuerdo en el que, además de ordenarse el archivo de este expediente por encontrarse concluido, se ordenó hacer la anotación en la carátula de que este asunto es destruible, pese a que se encuentra decretada una suspensión de plano. Por lo anterior, se ordena regularizar el citado acuerdo, para adecuarlo a las indicaciones establecidas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. De tal manera, en atención a que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, en términos de lo dispuesto en los artículos 12, 14, y por analogía el 18, fracción I, inciso a), y 35 del referido acuerdo, se declara que el mismo es depurable. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución de dos de febrero de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a dos de febrero de dos mil veintidós. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 948/2021-VII, promovido por Jorge Vázquez Campbell, a favor de Benilda Manueles Vásquez, contra actos que reclamó al Representante Local del Instituto Nacional de Migración y actual encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, con sede en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el mismo día en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; Jorge Vázquez Campbell, a favor de Benilda Manueles Vásquez, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra los actos que reclamó del Representante Local del Instituto Nacional de Migración y actual encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, con sede en esta ciudad, Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos y Jefe del Departamento y Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria de Janos Chihuahua, consistentes en el aseguramiento y la deportación del País. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. SEGUNDO. Por auto de treinta de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, registró la demanda con el expediente número 948/2021-VII; decretó la suspensión de plano a favor de la directa quejosa, ordenó girar despacho al Juzgado Menor Mixto en Ascensión, Chihuahua para que la parte quejosa ratificara la demanda presentada a su favor. TERCERO. Mediante acuerdo de cuatro de enero de dos mil veintidós, se recibió el despacho de referencia donde la directa quejosa ratificó la demanda de amparo por lo que se admitió a trámite la demanda y se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados emanan de autoridades migratorias con residencia dentro de la demarcación territorial donde este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación del acto reclamado en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en el aseguramiento físico de la quejosa dentro de la estación migratoria de Janos y la orden de deportación del País. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son parcialmente ciertos los actos reclamados a las autoridades migratorias responsables, pues no obstante de que al rendir su informe justificado negaron la existencia de dichos actos, hacen manifestaciones que evidencian su certeza; y, por tanto, se tienen por ciertos. Además, esa condición de certeza se corrobora con la prueba documental pública que la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos anexó a su informe justificado, consistente en copia certificada de las constancias conducentes del expediente administrativo instaurado contra la aquí quejosa, en atención a que las documentales de referencia, al tratarse de documentos certificados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, les corresponde pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Conforme a la técnica reconocida para la elaboración de las sentencias de amparo y al ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, y sin oponerse a la nueva Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 262, Tomo VIII, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1985, cuyo texto señala: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Precisado lo anterior, del análisis de las constancias que obran en el sumario, se advierte de oficio que procede sobreseer en este juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Con la finalidad de comprender los alcances de la causa de improcedencia citada, debe señalarse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando son derogados o revocados, y esto origina una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se reclama. Lo anterior también procede cuando una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo a la promoción del amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental vulnerado. En ese tenor, la cesación de efectos del acto reclamado significa que se deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo que implica no sólo la contención definitiva de los actos de autoridad sino la desaparición total de sus efectos, que puede verse acompañada de la insubsistencia del acto reclamado, pues la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar su constitucionalidad cuando ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y no dejó huella alguna en el conjunto de derechos gobernado que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, de la interpretación literal del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia y la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando se reúnen los siguientes elementos, a saber: a) Insubsistencia del acto reclamado, o bien, constitución de una nueva situación jurídica que destruye la que dio motivo al juicio de amparo; b) Desaparición de todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional; y c) Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Se aplica como apoyo a esta conclusión, la Jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Ahora bien, de las constancias que remitió la Jefa del Departamento Jurídico y Atención al Migrante adscrita a la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, en apoyo a su informe justificado, las que adquieren pleno valor probatorio, acorde a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, se advierte, que efectivamente se decretó el alojamiento temporal de los extranjeros ahora quejosos en la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua y se les inició procedimientos administrativos para verificar su legal estancia en el País. Sin embargo, la impetrante del amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Migración, se acogió al retorno asistido a su País de origen y el once de enero del año en curso, se emitió el oficio de salida de la estación migratoria. De lo anterior, se colige que, en el presente caso, sí se cumplen con los lineamientos citados con antelación, pues bien, para que se pueda configurar la causal de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, es necesario que: a) El acto reclamado ha quedado insubsistente. Si bien es cierto, que a la fecha en que fue promovido el juicio de amparo, el alojamiento temporal de la aquí quejosa en la Estación Migratoria de Janos reclamada a las autoridades responsables existía, también lo es que, al resolver el retorno asistido a su País de origen y el once de enero del año en curso, se emitió el oficio de salida de la estación migratoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Migración, esa circunstancia produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del acto reclamado. b) Desaparecieron los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. Lo anterior es así, tomando en cuenta que las autoridades migratorias emitió el oficio de salida de la estación migratoria de la extranjera, aquí quejosa, con lo cual produjo de manera natural una situación jurídica que puso fin a la existencia y efectos del alojamiento temporal reclamado, de modo que con ello se suprimieron del mundo fáctico los efectos del acto reclamado de forma inmediata, total e incondicional. c) Las cosas volvieron al estado que tenían antes de la supuesta violación constitucional. Lo anterior acontece, porque las autoridades migratorias resolvieron favorablemente la solicitud de la parte quejosa donde, con fundamento en el ordinal 119 de la Ley de Migración, se acogió al retorno asistido a su País de origen y el once de enero del año en curso, se emitió el oficio de salida de la estación migratoria, trae como consecuencia que se le reponga a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que consideró vulnerados con el alojamiento temporal en la estación migratoria reclamada, restableciéndose así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, sin dejar huella alguna en los derechos de la parte quejosa, por lo anterior, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo impetrado, esto es, como si la omisión de que se trata no hubiera invadido la esfera jurídica de la quejosa, y si lo hizo no dejara consecuencia alguna. De ahí, que se surta en el presente asunto, la causa legal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, pues se antepone la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una omisión, que ya no está surtiendo efectos, ni los surtirá y que tampoco dejó huella alguna en la esfera jurídica de la solicitante del amparo, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Es puntualmente aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En mérito de lo anterior, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Dicha circunstancia, además, impide analizar el fondo del asunto, en virtud de la improcedencia que se actualizó; acorde con tesis de jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 335 del Tomo VI, relativo a la Materia Común, de la Compilación de Ejecutorias correspondiente a los años de 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Jorge Vázquez Campbell, a favor de Benilda Manueles Vásquez, contra los actos que reclamaron al Representante Local del Instituto Nacional de Migración y actual encargado de la Estación Migratoria de Janos, Chihuahua, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y por oficio a las autoridades responsables.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos, agréguense a sus autos para que obren como legalmente corresponda el oficio y anexo de cuenta. Se tiene a la autoridad responsable Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, residente en esta ciudad; rindiendo su informe justificado, mismo que se pone a la vista de las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional; lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117, de la Ley de Amparo; asimismo, se le tiene anexando a su informe justificado la copia a que hace referencia para sustento del mismo. De igual forma, se le tiene designando delegados en términos del artículo 9º, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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