Benito Marin Valdez

Expediente 1151/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1151/2017
Año
2017
Actuaciones
17
Última actuación
15/12/2017

Partes del expediente

  • Benito Marin Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    VI.- La certificación de cuenta evidencia que la parte quejosa no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de dieciséis de noviembre del presente año, en el cual se declaró cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, el auto de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Por otra parte, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible depuración, pues deberá conservarse únicamente la demanda y la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, ya que mediante resolución emitida en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión (punto vigésimo primero, fracción IV párrafo primero). 2) El original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que deberán conservarse las determinaciones donde se concedieron las medidas cautelares (punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo y tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009). 3) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, fracción III, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia). Ahora, dado que el quejoso exhibió el billete de depósito número N 802613, expedido a su favor por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), que ampara la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M. N.), a efecto de dar cumplimiento a la garantía fijada, documento que se guardó en la caja de seguridad bajo el número de registro 42/2017-B; en consecuencia, déjese a su disposición el certificado de depósito de mérito previa sustracción de la caja de seguridad, constancia de baja en el libro correspondiente y comparecencia del quejoso que por su recibo se asiente en autos. Con el apercibimiento, que en caso de no recibirlo dentro del plazo establecido en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, prescribirá a favor de la Federación. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    VI. Visto el escrito de cuenta a través del cual Benito Marín Valdez quejoso, realiza manifestaciones diversas en relación con la vista otorgada en auto de siete de noviembre de la presente anualidad, respecto de la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el escrito de cuenta; téngase por desahogada la vista indicada y déjese sin efectos el apercibimiento respectivo. Ahora, previo a considerar las manifestaciones de la parte quejosa, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional examina si el fallo protector está cumplido. En ese orden, cabe precisar que mediante sentencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 93 a 101), se concedió al impetrante constitucional el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ".Al haber resultado fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, deje insubsistente el acto reclamado, es decir, el auto de siete de julio de dos mil diecisiete, relativa a la imposición de la medida cautelar económica a Benito Marín Valdéz, dentro de la carpeta administrativa 98/2017; hecho lo anterior, emita otra resolución en la que considere las manifestaciones del quejoso tocantes a la situación económica del imputado y que pertenece a un grupo indígena denominado otomí, reiterando lo que no fue objeto de la protección Constitucional..." Mediante proveído de diecinueve de octubre de dos mi diecisiete la sentencia causó ejecutoria y, se requirió a la autoridad responsable, para que en el plazo de tres días diera cumplimiento del fallo protector. Posteriormente, mediante oficio recibido el seis de noviembre pasado, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento al fallo protector, así mismo, remitió las constancias para acreditar su dicho, entre ellas, un disco compacto (DVD) que contiene la audiencia de uno de noviembre de dos mil diecisiete, donde al reproducirlo se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado y a partir del minuto 14:20 en lo relativo a la medida cautelar impuesta al quejoso, atendiendo a su situación económica y que pertenece al grupo indígena otomí, le impuso como medida cautelar la presentación periódica los días treinta de cada mes durante todo el procedimiento, hasta que se dicte sentencia y cause ejecutoria. Por ende, del análisis comparativo entre los lineamientos del fallo protector y lo manifestado por la responsable al respecto, se advierte que ésta atendió los puntos materia de concesión del amparo; en consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Las manifestaciones de la parte quejosa no varían el sentido de la presente determinación, pues lo expuesto por la quejosa se refieren a cuestiones que no son materia de la protección constitucional, aunado a que se le dejó libertad de jurisdicción, una vez analizado lo que fue motivo del amparo.

  3. Principal

    VIII Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales el Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, en atención al requerimiento formulado el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, comunica las gestiones y la forma en que aduce dar cumplimiento a la sentencia de amparo decretada en este asunto, y para acreditar su dicho, remite copia certificada de un disco compacto (DVD) que contiene la audiencia para solicitar prórroga del plazo de investigación complementario de uno de noviembre de dos mil diecisiete, verificada en la carpeta administrativa 98/2017. De conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para los efectos legales procedentes. De igual forma, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas constancias, dése vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su derecho e interés convenga en relación al cumplimiento al fallo protector. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia de amparo con base a los elementos que obren en el expediente. En lo conducente se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA) La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VIII. La certificación secretarial que antecede evidencia que dentro del término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo las partes no interpusieron recurso de revisión contra de sentencia emitida en el presente sumario constitucional, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su artículo 2º, se declara que ésta ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que de no demostrar el cabal cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá multa de cien a mil días, de la Unidad de Medida y actualización, de conformidad con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los ordinales en cita, en relación con los diversos 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace del conocimiento de la responsable que si la sentencia de amparo no queda cumplida, dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para que acuerde lo conducente, no sin antes imponerle la multa precisada en párrafos que anteceden. Es pertinente precisar que el cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo, si es injustificado, no exime de la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer sanción penal, pues acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cumplimiento de las sentencias de amparo es ineludible. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número P./J. 54/2014 (10a.), en la página 19, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, cuyos rubro y texto son: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." En tales condiciones, devuélvase al Juez de Control del Distrito Judicial de Valle de Bravo, Estado de México, los dos discos que contienen las audiencias de tres y siete de julio de dos mil diecisiete, celebradas en la carpeta administrativa 98/2017, que remitió como complemento a su informe justificado. Se solicita acuse de recibo.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

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