Benito Laureano Burgos Gómez

Expediente 275/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 94 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2024.

Datos del expediente

Expediente
275/2020
Año
2020
Actuaciones
94
Última actuación
04/01/2024

Partes del expediente

  • Benito Laureano Burgos Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 94.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México; cuatro de enero de dos mil veinticuatro. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, por medio del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento al fallo protector en el presente juicio de amparo y para acreditar su dicho remite copia certificada del auto de diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés. Sin embargo, no remitió la constancia con la cual se acredite el debido emplazamiento pues de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que ordenó su emplazamiento, pero quien esto determina, a efecto de tener por cumplida la ejecutoria de amparo requiérase a la responsable para que dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, remita a este órgano jurisdiccional el emplazamiento practicado al quejoso Benito Laureano Burgos Gómez. ... Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que el treinta de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la sentencia de amparo; por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: La parte quejosa reclamó los siguientes actos (foja 799): " La falta de garantía de audiencia, así como el citatorio y/o notificación del procedimiento administrativo ********************, iniciado por la Dirección de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, con motivo de los trabajos de construcción en el predio ubicado en Rinconada la Peña, Valle de Bravo, Estado de México, con clave catastral ********************.  La suspensión provisional de los trabajos de construcción como medida de seguridad impuesta en el procedimiento administrativo ********************.  La falta de garantía de audiencia en el acta de reposición de sellos del citado procedimiento." Mediante sentencia terminada de engrosar el veinte de diciembre de dos mil veintiuno (fojas 652 a la 659), se resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por los motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución." Inconforme con dicha resolución, el quejoso interpuso recurso de revisión, el cual fue acordado por auto de diez de enero de dos mil veintidós (foja 676 y 677). El veintiséis de agosto de dos mil veintidós (fojas 709 y 710), el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a quien correspondió conocer del asunto por cuestión de turno, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer y continuar con el procedimiento conforme a lo razonado en el último considerando de esta sentencia." En cumplimiento a dicha determinación se ordenó dejar sin efectos la audiencia constitucional de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista con el informe justificado para que las partes se impusieran de él y se fijó nueva fecha la audiencia constitucional. Seguido el trámite, el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós (fojas 766 a la 768), se suspendió la audiencia constitucional con motivo de la objeción del informe justificado de la autoridad responsable. El veinticuatro de octubre de dos mil veintidós (fojas 791 a la 797), se continuó con la celebración de la audiencia constitucional, asimismo, se desahogaron las testimoniales propuestas. Mediante sentencia terminada de engrosar el veintiséis de octubre de dos mil veintidós (fojas 798 a la 808), se determinó: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos, autoridades y por los motivos descritos en último considerando de este fallo." Ante la falta de impugnación el nueve de febrero de dos mil veintitrés, éste juzgado determinó tener por cumplida la sentencia de amparo. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de inconformidad, resolviendo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en el sentido de declarar fundado el recurso por lo siguiente: "Lo anterior es así, porque si bien es cierto, de la sentencia constitucional de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, deriva que la autoridad responsable Director de Desarrollo Urbano de Valle de Bravo, Estado de México, debía dejar sin efectos tanto la diligencia de emplazamiento como todo lo actuado con posterioridad, también lo es que respecto de las actuaciones practicadas con antelación no se hizo pronunciamiento alguno en el fallo protector, por lo que quedaron vigentes. Por ende, el origen del procedimiento administrativo quedó intocado, no debió variarse ni enmendarse, con independencia de que la autoridad responsable adujera que no había actuaciones que orientaran sobre la existencia de la probable infracción cometida y norma violada, ni que el periodo de prueba y la orden de visita derivarían en información suficiente para determinar la conveniencia o no de iniciar el procedimiento administrativo y en su caso realizar el emplazamiento. Lo anterior, porque no quedó vinculada a la determinación de llevar a cabo esas actuaciones, lo cual sustentó en el oficio ********************, emitido por el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, en el que se aprecia el proveído de diez de enero de dos mil veintitrés. De lo anterior deriva con claridad que como bien refiere el recurrente, el Juez de Distrito no advirtió que la responsable, con esas actuaciones, tampoco acató en sus términos la ejecutoria en cuestión, porque abrió un periodo de información previa y ordenó practicar visita de verificación en el domicilio ********************, aspectos que no formaron parte de los efectos precisados en el fallo protector. En efecto, el Juzgador Federal soslayó que la responsable ordenó llevar a cabo esas actuaciones como condicionante para practicar nuevamente el emplazamiento de la parte quejosa, no obstante que el Juez de Distrito le señalara que en la sentencia emitida en el sumario constitucional se había ordenado dejar insubsistente las actuaciones practicadas a partir del ilegal emplazamiento, y no así aquellas llevadas a cabo con anterioridad a éste, por lo que estaba en aptitud de emplazarlo. Por consiguiente, la autoridad responsable no debió pronunciarse respecto del periodo de información previa y la visita de verificación, habida cuenta que esos aspectos eran ajenos a los efectos puntualizados en la ejecutoria de amparo. Entonces, si en esa ejecutoria se precisó que la autoridad responsable únicamente debía dejar insubsistente el emplazamiento de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y todo lo actuado con posterioridad y practicar nuevamente el emplazamiento del quejoso, en el acuerdo impugnado el Juez de Distrito debió conminar a la autoridad responsable a constreñirse a llevar a cabo tales actuaciones." Ahora bien, a efecto de calificar el cumplimiento de la sentencia es importante destacar cuáles son los efectos por los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión: "a) Deje insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. b) Reponga el procedimiento a partir del emplazamiento realizado en la citada fecha, dejando insubsistentes las actuaciones subsecuentes al ilegal llamamiento a procedimiento. c) De igual forma, ordene nuevamente el emplazamiento de ********************, verificando que se efectúe la diligencia en términos de los artículos antes referidos del Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de México." En acató a lo determinado por el Tribunal Colegiado, el Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, remitió copia autorizada de la determinación de cinco de octubre del año en curso (foja 990 y 991), dictado en autos del expediente ********************, en el que dejó insubsistente la diligencia de emplazamiento practicada el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y todas las actuaciones subsecuentes. Además, dio inicio al procedimiento en contra de ********************, por la comisión de posibles irregularidades administrativas en la construcción de la casa habitación ubicada en ********************, consistentes en una construcción de la loza plana de segundo y tercer nivel, posible rebase alturas y licencia de construcción vencida; ello lo estimó así, por recorridos de los inspectores adscritos a la dependencia responsable, lo cual quedó constatado en la diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Por consecuencia, ordenó desahogar la garantía de audiencia, misma que tuvo verificativo a través del emplazamiento llevado a cabo el seis de octubre del año en curso (foja 996), para lo cual remitió el emplazamiento de ********************, dentro del procedimiento administrativo ********************. Por lo expuesto, se estima que la autoridad no dio cumplimiento a lo establecido en el recurso de inconformidad 12/2023, dictado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, pues dio inicio al procedimiento administrativo bajo el argumento de que los inspectores adscritos a la dependencia responsable, realizaron recorridos en el bien inmueble, lo cual, quedó constatado en la diligencia de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, es decir, existe una incongruencia interna el auto de cinco de octubre del año en curso, pues dicha actuación la había dejado sin efectos, por ende, no puede ser sustento para dar inicio al procedimiento. Entonces, si en esa ejecutoria se precisó que la autoridad responsable debía dejar insubsistente el emplazamiento de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y todo lo actuado con posterioridad y practicar nuevamente el emplazamiento del quejoso, la autoridad debe constreñirse a llevar a cabo tales actuaciones, omitiendo dar inicio al procedimiento sin antes emplazarlo, dado que es su derecho de audiencia lo que se ventiló en el presente juicio de amparo, máxime que está tomando en consideración actuaciones que ya quedaron invalidadas con la reposición del procedimiento. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los lineamientos que fueron determinados por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, y que goza de cosa juzgada. Consecuentemente, se tiene por no cumplida la ejecutoria de amparo, y se requiere a la autoridad responsable para que en el término de tres días computados legalmente, se constriña a llevar a cabo únicamente las actuaciones específicas en los efectos de la sentencia de amparo. Sin perjuicio de lo anterior, dése vista a su superior jerárquico de la autoridad responsable, esto es, al Presidente de Valle de Bravo, Estado de México, a fin de que dentro del plazo de veinticuatro horas, conmine o dé cumplimiento al fallo protector, o informe el impedimento legal que tenga, en el entendido que tiene el carácter de autoridad vinculada al cumplimiento. Lo anterior, con el apercibimiento que de no demostrar que realizaron las gestiones necesarias para que se cumpla con la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se les impondrá a cada una de ellas, multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a las autoridades de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), con número de registro 2007918, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, que establece: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." De la misma manera, se invoca la diversa jurisprudencia I.9o.A. J/3 (10a.), con número de registro 2005830, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1380, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguiente: ... Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el escrito de cuenta por medio del cual el autorizado de la parte quejosa, realiza diversas manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable en el presente juicio de amparo. En atención a lo manifestado por el promovente ténganse por hechas sus manifestaciones, sin perjuicio de acordar lo correspondiente en la resolución que se emita. Notifíquese.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; quince de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE OFICIO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta enviado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual hace del conocimiento la determinación de siete de noviembre del año en curso, en el recurso de queja el cual registró con el número 397/2023; asimismo, informa haber desechado dicho medio de impugnación por improcedente, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

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