Benito López Soto

Expediente 268/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
268/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/05/2021

Partes del expediente

  • Benito López Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. En la misma tesitura, vista la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por ****, por propio derecho, por medio del cual desahoga la prevención formulada en auto de siete de abril del año en curso; consecuentemente se provee: V i s t o de nueva cuenta el escrito de demanda de amparo y escrito aclaratorio que promueve *****, por propio derecho, contra actos de las autoridades responsables y por los actos que enseguida se precisan: Autoridad ordenadora Juez Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Autoridad ejecutora Ejecutor (a) adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Actos reclamados La diligencia de la orden de lanzamiento del local comercial ubicado en la planta baja del inmueble localizado en calle Violetas 134, lote 1, manzana 132, colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, código postal 55710; dictada en el juicio ordinario civil 291/2019, del índice del Juez Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Lo anterior encuentra apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, en el presente juicio de amparo se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracciones IV y V, ambas interpretada a contrario sensu, y 217 de la Ley de Amparo que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.). Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. De la fracción XXIII del citado artículo 61 se establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa de las que de manera específica contempla el artículo en comento. De forma tal que, en este apartado se da sustento a la improcedencia legal, jurisprudencial y constitucional; es decir, a la que deriva de disposiciones distintas a las fracciones precedentes, las cuales pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución Federal, de la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Lo anterior implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones del artículo 61 de la ley de la materia no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional; sino que existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, pues el catálogo del artículo que se comenta no es limitativo sino enunciativo. Así, la denominada improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial se sustenta en la fracción XXIII del artículo 61 en comento, vinculada en el caso con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, y 217, todos de la Ley de Amparo, este último en cuanto que establece la obligatoriedad de la jurisprudencia. Por lo que, con base en tales preceptos la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios obligatorios como la jurisprudencia P./J./32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. Así, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y la citada jurisprudencia, para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, es requisito esencial que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. La última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de distrito, será aquella en la que se apruebe o reconozca el total cumplimiento de la sentencia de fondo; o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para cumplirla; o la que ordene el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Este requisito tiene como finalidad, evitar que se abuse del juicio de amparo. Lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva. En la especie, el acto reclamado consiste en lo siguiente: La diligencia de la orden de lanzamiento del local comercial ubicado en *****; dictada en el juicio ordinario civil 291/2019, del índice del Juez Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. Del contenido del citado acto, resulta evidente que no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de convenio dictado en el juicio de origen, para la procedencia del juicio de amparo indirecto que promueve el quejoso, toda vez que el acto reclamado no constituye aquél que aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni el que ordena el archivo definitivo del expediente. En dichas circunstancias, el quejoso deberá impugnar todas aquellas violaciones cometidas dentro del procedimiento de ejecución de sentencia hasta que se dicte alguno de los actos anteriormente señalados, una vez agotado el recurso que en su caso corresponda. En consecuencia, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, el juicio de amparo resulta improcedente. Tiene aplicación, la jurisprudencia 2a. VIII/98, que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Asimismo, la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, de la Primera Sala de Máximo Tribunal del País, de rubro y texto: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio. Así, se estima que el motivo de la improcedencia de la demanda es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia, en esencia, radica en la circunstancia de que la determinación reclamada, no transgrede de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso, porque no existe una abierta dilación al procedimiento o su paralización total, en los términos explicados. Es indudable, porque ello no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. NOTIFICACIÓN AL PROMOVENTE. Ahora bien, dada la trascendencia de esta determinación, por única ocasión, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, comisiónese a un actuario de la adscripción para que se constituya en el domicilio señalado por el quejoso y le notifique el presente proveído. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Con apoyo en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas del presente acuerdo, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el que devuelve los autos originales del juicio de amparo 1009/2019, promovido por Omar Ernesto Escobedo García, con tres legajos de copias certificadas de pruebas del juicio ejecutivo mercantil 1034/2013; asimismo, remite testimonio certificado de la resolución de catorce de enero de dos mil veintiuno, dictada en el amparo en revisión 166/2020, en la cual dicho órgano jurisdiccional federal determinó: "PRIMERO. QUEDA FIRME la resolución recurrida respecto al sobreseimiento decretado en relación con los actos reclamados al Juez Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y a la Juez Civil de Cuantía Menor de Naucalpan de Juárez, Estado de México. SEGUNDO. Se CONFIRMA la resolución recurrida, en consecuencia, se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por OMAR ERNESTO ESCOBEDO GARCÍA, en lo que atañe a los actos reclamados al Juez Vigésimo Tercero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el Juez Cuarto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, Juez Sexto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México y Ejecutor adscrito a la Central de Ejecutores y Notificadores de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Notifíquese; (.) Acúsese recibo de estilo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), intégrese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión hecho valer, así como los incidentes respectivos. Cabe señalar que el presente asunto, no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico, en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin embargo, se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de DEPURACIÓN, para lo cual deberá verificarse su digitalización, previo a su transferencia al archivo judicial de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen las constancias que remitió en copias certificadas la autoridad responsable Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México, en apoyo a su informe justificado, que obran en legajos de pruebas por separado; por lo que solicítese el acuse de recibo respectivo. Notifíquese: por oficio vía interconexión al tribunal colegiado de referencia; por oficio ordinario a las autoridades responsables; y por lista a las demás partes.

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