Benito López Soto

Expediente 940/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
940/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • Benito López Soto

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se aprecia que dentro del término legal, no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 288, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales a que haya lugar. En virtud de que se desechó la demanda que dio origen a este juicio, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Notifíquese: vía electrónica al quejoso.

  2. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, catorce de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Benito López Soto, por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en autos y señala un nuevo acto reclamado a las autoridades que señala como responsables. En ese sentido, se provee: téngase por presentado a Benito López Soto, por propio derecho, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra los actos y autoridades que enseguida se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Juez Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 2. Ejecutor adscrito al Juzgado Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México. ACTOS RECLAMADOS 1. El auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 291/2019 por el que se ordena el lanzamiento y/o desalojo y/o entrega y desocupación del local comercial ubicado en la planta baja del bien inmueble localizado en calle Violetas 134, lote 1, manzana 132, colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, código postal 55710, y su ejecución. 2. El auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 291/2019, por el que se ordena el lanzamiento y/o desalojo y/o entrega y desocupación del local comercial ubicado en la planta baja del bien inmueble localizado en calle Violetas 134, lote 1, manzana 132, colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, código postal 55710, y su ejecución, hasta en tanto el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, y se autoriza el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. No obstante, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, en la especie el primer acto reclamado que se hizo consistir en: 1. El auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 291/2019 por el que se ordena el lanzamiento y/o desalojo y/o entrega y desocupación del local comercial ubicado en la planta baja del bien inmueble localizado en calle Violetas 134, lote 1, manzana 132, colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, código postal 55710, y su ejecución. Empero, contra dicho acto el ahora quejoso en su escrito de desahogo, señaló que la autoridad responsable en siete de diciembre del año que transcurre, emitió un auto por el que regularizó el procedimiento y dejó sin eficacia jurídica el diverso de veintiséis de noviembre de la presente anualidad, lo que se corrobora con la copia que exhibió al efecto, por tanto, el acto que por esta vía reclama el quejoso consistente en el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, como se precisó, se dejó sin eficacia jurídica, al regularizarse el procedimiento. De ahí que la nueva determinación de siete de los actuales, sustituyó procesalmente al proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, ya que dejó sin eficacia jurídica. Por tanto, es la última determinación la que irroga al peticionario de amparo el agravio personal y directo para los efectos del juicio de control constitucional, en relación al acto precisado. Por tal motivo, respecto del acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 6, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en consecuencia se desecha la demanda por notoriamente improcedente, respecto del acto de referencia. Al respecto, por identidad de razón y como orientación al caso en concreto, resulta aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito que dice: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA DICHA CAUSAL, SINO LA CONTEMPLADA EN LA FRACCIÓN XVIII, DEL CITADO PRECEPTO LEGAL, EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 4o., DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE LO CONSTITUYE, ES EL AUTO QUE DECIDE EL RECURSO QUE DESECHA UNO DIVERSO. Conforme a lo preceptuado por el artículo 4o. de la Ley de Amparo, sólo la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame de la autoridad, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de garantías; por ende, la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular es uno de los requisitos esenciales para efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin él, la acción de control constitucional es improcedente. Por tanto, cuando la afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de garantías es improcedente para combatir sus efectos, pues resultaría desacertado pretender instaurarlo para nulificar un acto que no lesiona la esfera jurídica del particular. Ahora bien, si verbigracia, el acto reclamado en amparo se hace consistir en el proveído que revocó el cargo de abogado patrono, y contra esa determinación se interpuso recurso de revocación, que fue desechado; es claro que en tal supuesto, existe una resolución judicial posterior al proveído reclamado en amparo, pues al desecharse la revocación, quedó firme la determinación que mediante el medio de defensa aludido se pretendió combatir, en términos del artículo 428, segundo párrafo, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Jalisco, pues dicho numeral establece que el fallo que resuelva o deseche los recursos es irrecurrible y trae como efecto que la resolución o acto recurrido quede firme. De ahí que el proveído mediante el cual se resolvió la revocación, sustituyó procesalmente al reclamado en amparo, pues aquél dio firmeza a este último, y es el que irrogó al peticionario de garantías el agravio personal y directo para los efectos del juicio de control constitucional. Por tal motivo, no se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ya que para que se actualice, no basta que la autoridad responsable revoque el acto reclamado, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; lo cual no sucede en supuestos como el referido, por las razones apuntadas. Así, se estima que el motivo de la improcedencia del primero de los actos reclamados es manifiesto e indudable. Es manifiesto porque dicha improcedencia que en esencia radica en la circunstancia de que el auto de veintiséis de noviembre del año que transcurre, quedó sin eficacia jurídica al ser sustituido por el de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 291/2019, del índice del juez responsable. Es indudable, ya que ese hecho no podría ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. Ahora bien, en cuanto al diverso acto reclamado señalado en el escrito de desahogo consistente en: 2. El auto de siete de diciembre de dos mil veinte, dictado en el juicio ordinario civil 291/2019, por el que se ordena el lanzamiento y/o desalojo y/o entrega y desocupación del local comercial ubicado en la planta baja del bien inmueble localizado en calle Violetas 134, lote 1, manzana 132, colonia Villa de las Flores, Coacalco de Berriozábal, Estado de México, código postal 55710, y su ejecución, hasta en tanto el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde, y se autoriza el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. Cabe precisar que, el artículo 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" La fracción transcrita con anterioridad, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modifica. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, visible en la página 902 del Tomo XV, del mes de mayo de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que a la letra dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Robustece a lo anterior, la tesis identificada con la clave I.4o.C.J/25, visible en la página 361, TomoVI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de mil novecientos noventa del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Al respecto los artículos 1.360, 1.361, 1362, 1.363, 1.364 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México establecen: "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja. Artículo 1.361.- Los recursos no son renunciables. Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó. Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente. Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día. Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso." De los preceptos transcritos con anterioridad, se arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, ya que el proveído de siete de diciembre del año en curso, fue dictado por el Juez Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, en el juicio ordinario civil 291/2019, en el cual, se regulariza el procedimiento; con lo cual se cumple el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.360 y 1.365 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, de los cuales se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de revocación. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza, ya que el recurso de revocación que procede está previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada. La última de las hipótesis relacionadas también opera, en virtud de que el auto que constituye el acto reclamado (siete de diciembre de dos mi veinte), puede ser revocado, a través del recurso de revocación, que se interponga en su contra, por el Juez Cuarto de lo Civil en Coacalco de Berriozábal, Estado de México, en el juicio ordinario civil 291/2019 de su índice, en el que regularizo el procedimiento en ese asunto; contra el cual procede el recurso de revocación, que tiene por objeto que se revoque o modifique el auto impugnado. Luego, si en el caso el quejoso, no interpuso el recurso de revocación, evidentemente, el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad, máxime que es parte en el juicio y compareció al mismo. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1ª./J.44/2012, publicada en la página 729, X julio de 2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en las fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, por las razones ya expuestas, se desecha la demanda de amparo, promovida por Benito López Soto. SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en la parte relativa del ocurso de cuenta, esto es el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que se comisiona a los actuarios adscritos a este juzgado a fin de que le practiquen la notificación de este auto, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por dicho medio; en el entendido, que le recae la obligación a la parte quejosa de ingresar al sistema electrónico todos los días y obtener la constancia de la consulta realizada al expediente digitalizado en el plazo que señala la norma respectiva, de conformidad a lo previsto en los artículos 3, 30 fracción II y 31, fracción III, todos de la Ley de Amparo. CAPTURA DE RESOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y ELABORACIÓN DE VERSIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince; captúrese el día de su publicación la presente resolución, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Analista Jurídico SISE, para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. SUPRESIÓN DE DATOS PERSONALES De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES. Notifíquese: vía electrónica al quejoso.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el escrito signado por **************, autorizado de la parte quejosa, por medio del cual manifiesta que en el escrito inicial de demanda señaló que no existe tercero interesado, toda vez que a quien le correspondería esa calidad sería a la parte demandada del juicio de origen, **********************, pero que esta persona no ha sido emplazada a ese juicio, por lo que no reúne la calidad de tercero interesado y, por lo tanto, no se le debe de llamar al presente juicio de amparo. En atención a su contenido, dígasele al promovente que deberá estarse a lo acordado en proveídos de quince de octubre y veintisiete de noviembre, ambos del presente año, en los que se reconoció el carácter como tercera interesada a la persona citada y se ordenó su emplazamiento, del cual se encuentran realizando las diligencias necesarias para tal efecto. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I, Inciso B), de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa el acuerdo de TRES DE DICIEMBRE del año en curso, lo anterior es así, en virtud de que no acudió a recibirla personalmente ninguno persona autorizada para tal efecto, dentro del termino de dos días concedidos, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes.

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