Benito Jorge López Méndez

Expediente 810/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
810/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
15/07/2015

Partes del expediente

  • Benito Jorge López Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I B Vistos los autos y el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Para los fines legales consiguientes, téngase por efectuada la certificación de que las partes no manifestaron su oposición a la publicación de sus datos personales cuando se presente alguna solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente.

  2. Principal

    MESA I B Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, para que surta sus efectos legales consiguientes, con el que se ordena dar vista a las partes para su debido conocimiento. En otro aspecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad judicial responsable, la documental que acompaña a su informe de cuenta, consistente en copia certificada del laudo emitido el quince de junio de dos mil quince, en el expediente 440/2012 de su índice, probanza que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Por otra parte, de autos se advierte que el quejoso BENITO JORGE LÓPEZ MÉNDEZ, reclamó de la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, lo siguiente: "IV. ACTO RECLOAMADO: La violación a lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, toda vez que a la fecha han transcurrido más de 15 días en que la responsable debió haber dictado el laudo correspondientes dentro del expediente D-705/2013, en donde se concedió término improrrogable de dos días a las partes para presentar su escrito de alegatos respectivamente, apercibiéndolas que de no hacerlo dentro de citado término, les tendría por perdido ese derecho y ordenaría turnar el mismo a la ciudadana auxiliar de la Junta Federal para el cierre de instrucción y elaboración del proyecto respectivo". De igual forma aparece que la citada autoridad responsable, con su informe de cuenta, remitió copia certificada del laudo de quince de junio de dos mil quince, emitido en el expediente 440/2012 de su índice. Por lo tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por haber cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que al dictarse el laudo correspondiente en el expediente 440/2012, se restituyó al agraviado en el goce del derecho violado, esto es, volviendo a constituirse legalmente una situación idéntica a aquella que existía antes del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, cuyo contenido es: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia indicada, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que dispone el artículo 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Es aplicable al caso la jurisprudencia número 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y textos siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En tales condiciones, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA V B Agréguese para los efectos legales consiguientes, el oficio 1640, signado por la Secretaria de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante el cual, en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada de la diligencia de requerimiento de pago de tres de junio del año en curso, en el expediente laboral 22/2010 de su índice, de la que, entre otras cosas, se advierte que la Actuaria de dicha Junta no localizó al Síndico Municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, Centro, Oaxaca, ni persona autorizada para entender tal diligencia. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que en el plazo de tres días, siguiente a su notificación, remita copia certificada legible y completa del acuerdo que hubiere recaído a la citada diligencia de tres del actual; así también, de los requerimientos que hubiere realizado a fin de conocer si el Decreto 805 de dieciocho de diciembre de dos mil catorce, en el cual se aprobó el anteproyecto de ley de ingresos del Ayuntamiento demandado, ya fue publicado, a fin de estar en condiciones de seguir los trámites respectivos para lograr el pago de lo condenado en el laudo. Apercibiéndola que de no cumplir, se le impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, conforme a lo establecido en el artículo 258, en relación con el 238, ambos de la Ley de Amparo, y asimismo se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda para seguir el trámite de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y consignación.

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