Benito Jesús Torres Montero

Expediente 69/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
69/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
13/09/2022

Partes del expediente

  • Benito Jesús Torres Montero

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del que se desprende que no obra constancia de notificación practicada a la parte quejosa del auto de nueve de febrero de la presente anualidad, en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión; por tanto, se comisiona al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que notifique personalmente el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós a la parte quejosa. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS.

  2. Principal

    En razón de que la quejosa o sus autorizados, no comparecieron ante este juzgado, dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el diecinueve de septiembre del año en curso, ni tampoco agotaron el procedimiento para ingresar al Juzgado a notificarse o bien a ponerse de acuerdo con el Actuario para que le notificara, por lo que; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado. PROVEIDO QUE DICE Visto el escrito de cuenta, se tiene a Benito Jesús Torres Montero, por propio derecho, promoviendo demanda de amparo contra actos que atribuye al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Zamora, Michoacán; se manda formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno bajo número 69/2022. Una vez examinada en su integridad la demanda, este órgano jurisdiccional determina que el acto que a través de esta instancia constitucional combate el peticionario de amparo es la posible orden de embargo de sus percepciones económicas; ello es así, pues del contexto integro de sus manifestaciones en el apartado relativo a los actos reclamados precisa: "V.- ACTO RECLAMADO.- BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.- Se señalan y manifiesto por escrito los hechos y abstenciones que me constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado, a lo que siendo las 7:30 siete horas con treinta minutos del día 16 de Diciembre del año 2021 dos mil veintiuno, ingrese a la fuente de trabajo donde el personal de vigilancia, me hizo mención que había llegado o entregado un documento como oficio de un juzgado, obvio di las gracias y me percate que sí había llegado un oficio del Juzgado Primero de Primera Instancia en el ramo Civil de Uruapan, pero al verificar que se trataba de un oficio enviado por el C. Juez Primero de Primera Instancia en el ramo Civil de la ciudad de Zamora, Michoacán, donde de inmediato me asesore de abogado, quien indagando el verdadero origen del oficio en el Juzgado de esta Ciudad, le fue señalado que se trataba de una demanda presentada en el Juicio Ejecutivo Mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria directa y por conducto del endosatario en procuración, se presentó como actor y acreedor de la empresa moral denominada OPERADORA DE MERCADO DE LLANTAS, S. A DE C.V frente al demandado y deudor BENITO JESÚS TORRES MONTERO, expediente, número 1047/2018. Concluido ordenándose la ejecución, pago y embargo de sentencia definitiva ejecutoriada, la cual es cosa juzgada por haber causado ejecutoria. Fue entonces que en fecha 18 dieciocho de Enero del año 2022, dos mil veintidós, que acudí con mi abogado al Juzgado Primero de Primera Instancia ene l ramo Civil de la Ciudad de Zamora de Hidalgo, Michoacán. Y solicite por escrito copias integras certificadas de todo el expediente de referencia, encontrando de ello varias inconsistencias legales desde el inciso de la demanda, hasta su último acuerdo dictado por la responsable; como es, el acuerdo recaído de fecha 02 de octubre del año 2021 dos mil veintiuno, donde se ordena girar atento exhorto al Juez en turno, en materia civil de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán. Para que en función y delegación de este juzgado gire atento oficio dirigido a la empresa comercializadora de Lácteos y derivados S.A DE C.V Ubicado en la carretera Uruapan- 5635 y/o kilómetro 06 seis de la colonia La Basilia, donde labora BENITO JESUS TORRES MONTERO, para que dentro del término de 03 tres días informe si labora como empleado, así como las prestaciones que obtiene de manera mensual dicho trabajador por el desempeño de sus labores, para el efecto de realizar el embargo sobre el 30% treinta por ciento del excedente del monto del salario mínimo vigente para asegurar la obligación a la que resulto condenado en las resoluciones, a lo que si llegare a consumar, se haría físicamente imposible restituirme de mis derechos. Acuerdo que obra a fojas 159 de autos de la certificación.". Es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, respecto al acto reclamado que hace consistir en la orden de embargo de sus percepciones económicas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, narró en los antecedentes del acto reclamado que desde el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno tuvo conocimiento del acto reclamado pues fue cuando se enteró de la existencia del oficio que giró el juzgado primero de Primera Instancia en Materia Civil con sede en Zamora, Michoacán. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. . De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, el plazo para promover la demanda será de quince días [regla general]. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Asimismo, la Ley de Amparo además de prever la notificación en términos de la ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que el quejoso conozca el acto de manera informal, sin exigir formalismo para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que no lo desconozca. Así, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, fecha en la que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado consistente en orden de embargo de sus percepciones económicas. Ello es así, toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado, en el caso, el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno fue la fecha en la que el quejoso supo la existencia del acto reclamado, ya que así lo manifiesta en los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad; por tanto, el primer día hábil siguiente a esa data fue el diecisiete de ese mes y año. De tal modo, el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, al veinte de enero de dos mil veintidós, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días sábados y domingos, y por ende, inhábiles en términos del numeral 19 de la Ley de Amparo, así como del veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, al cuatro de enero de dos mil veintidós, correspondiente al segundo periodo vacacional de la autoridad responsable. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el ocho de febrero de dos mil veintidós, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, que señala: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, pues con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda y por autorizando para tal efecto, con las amplias facultades del artículo 12 de la Ley de amparo, a Raúl Larriba Álvarez, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a las partes, a que de ser posible continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; Lo anterior de conformidad con el Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma su similar 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. De conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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