Belisario Betancourt Contreras
Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Belisario Betancourt Contreras
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al presente expediente; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, como se advierte de la certificación de cuenta. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 35 del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
Glósese a los autos el oficio y anexo que remite el Actuario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 1689/2021 (619/2021-E-A-C), derivado del acuerdo de doce de noviembre del año en curso, en el que se solicitó que en auxilio de las labores este órgano jurisdiccional notificara a la parte quejosa, el referido auto lo cual aconteció el uno de diciembre del año en curso, como se advierte de las constancias que adjunta al oficio de cuenta, sin que sea procedente acusar el recibo correspondiente toda vez que fue remitido vía electrónica, ya que el sistema indicado lo arroja automáticamente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de comunicaciones oficiales y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
- Principal
RECEPCIÓN DEL OFICIO DE INCOMPETENCIA. Se tiene por recibido el oficio, que remite el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, por el cual envía el juicio de amparo 874/2021, del índice de ese órgano jurisdiccional, en el cual obra inserta el proveído de ocho de octubre de dos mil veintiuno y el expediente original del citado juicio; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. Ahora, del contenido del auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, dentro del juicio de amparo indirecto 874/2021, se advierte que dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Belisario Betancourt Contreras, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado que deriva de la presente demanda de amparo tendrá una ejecución material dentro del territorio donde este juzgado tiene su jurisdicción. Asimismo, la autoridad declinante indica que la parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La retención de varias nóminas y prestaciones económicas que le pagan dentro de su trabajo en la cuenta bancaria número 1141867639, clave interbancaria 072476011418676392, tarjeta 4915 6644 1132 2026, sin existir orden judicial, sentencia o mandato alguno hecho por autoridad competente." Por tanto, dicho juzgador concluye que al actualizarse la hipótesis prevista por el primer párrafo del numeral 37 de la Ley de Amparo, la competencia legal para conocer y resolver de la demanda de cuenta se actualiza en favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Uruapan. Por lo anteriormente indicado, estando dentro del término de cuarenta y ocho horas que establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, a fin de resolver sobre la aceptación de la competencia planteada, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, SE ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA Y SE AVOCA AL CONOCIMIENTO del escrito inicial de demanda promovida por Belisario Betancourt Contreras, contra actos del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero (Banorte); regístrese en el libro de gobierno respectivo, bajo el número 628/2021. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Análisis de procedencia del juicio de amparo. Ahora bien, el estudio íntegro de la demanda de amparo conduce a establecer que en el caso concreto se actualiza una causal de improcedencia, lo cual, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de la Materia motiva que se deseche de plano, pues los actos reclamados en el presente juicio de amparo no constituyen actos de autoridad. En efecto, los artículos 1°, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo disponen: Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... De los artículos transcritos se aprecia que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese tenor, de la anterior transcripción se advierte que por autoridad para efectos del juicio de amparo, se debe entender aquella que ordena, emite, autoriza, lleva a cabo actos de ejecución o trata de ejecutar la ley o el acto que se reclama. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio de que para efectos del juicio de amparo debe considerarse como autoridad responsable y, por ende, como acto de autoridad, a las personas que con fundamento en una norma legal pueden emitir determinaciones unilaterales a través de las cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales, ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado; esto es, que ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, por lo que se traducen en verdaderos actos de autoridad, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad o atribución. Además, el Tribunal Pleno precisó que el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad, debe atender a la norma legal y examinar las particularidades del acto, para así determinar si tal ente está facultado o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado. Así también, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia 2ª/J.64/2011, las notas distintivas que debe revestir todo acto de autoridad, a saber: Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni requiera del consenso de la voluntad del afectado. Los criterios que sustentan las consideraciones que anteceden, son las siguientes: La Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, Tomo V, febrero de 1997, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO... Y la diversa por contradicción de tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. .. Asimismo, el Máximo Tribunal estableció el criterio en el sentido de que no todos los actos emitidos por los entes de gobierno llevan implícita la naturaleza de actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo, pues en cada caso se tiene que analizar su naturaleza para determinar si a través de él se crean, modifican o extinguen, por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten los derechos de particulares. Por tanto, es necesario examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo a las autoridades señaladas como responsables, implica una relación entre particulares o, bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello, entraña la participación de un Órgano del Estado, pues sólo de esa manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de garantías, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad de autoridad en un caso concreto. Para dilucidar lo anterior, resulta preciso señalar que el acto reclamado a las autoridades responsables se hizo consistir en: La retención de varias nóminas y prestaciones económicas que le pagan dentro de su trabajo en la cuenta bancaria número 1141867639, clave interbancaria 072476011418676392, tarjeta 4915 6644 1132 2026, sin existir orden judicial, sentencia o mandato alguno hecho por autoridad competente." Como se advierte de lo expuesto, los actos reclamados en este juicio constitucional consisten esencialmente en la retención de las prestaciones económicas que recibe en la cuenta bancaria número 1141867639, del Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero (Banorte). Ello, pone de manifiesto que el acto reclamado deriva una relación entre particulares, mas no tiene calidad de autoridad pública o estatal de cuyos actos puedan dar origen a un juicio de amparo, por lo que la afectada podar hacer valer los medios necesarios ante la autoridad que considere pertinente. Se sostiene lo anterior, virtud a que el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública del órgano estatal de que se trata, sino del tipo de actos que emite, inherente a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasionan en los derechos fundamentales a favor de los gobernados, las cuales son objeto de tutela del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que en el caso no acontece, dado que el presente juicio de amparo lo promueve la quejosa en contra de personas morales, quienes no tienen el carácter de autoridad para el juicio de amparo. En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no se realizaron en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación comercial entre particulares, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas a los actos de autoridad, como lo es el incumplimiento de un contrato. Sin que en el caso a estudio se esté en el supuesto previsto por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de la Materia, pues el hecho de que se determine que los actos atribuidos a las responsables en este juicio no son actos de autoridad, no implica por exclusión, que deban ser considerados como "actos de particulares", susceptibles de ser impugnables en el juicio de amparo, toda vez que para ello se requiere: Que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, es decir: Dicten, ordenen, ejecuten o trate de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídica en forma unilateral y obligatoria; u, Omitan actos que de realizarse crearían, modificarían o extinguirían dichas situaciones jurídicas. Que las funciones de los particulares estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la nueva Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser "equivalente" a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados, empero ello en un plano de supra a subordinación. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1°, fracción I, y 5, fracción II, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO en estudio. DOMICILIO Y AUTORIZADO. Se tiene a la parte quejosa autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo Rigoberto López Santiz, toda vez que acredita contar con la facultad de ejercer la profesión abogado, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Sonia León Prieto y María Guadalupe Guzmán Pardo, por así haberlo solicitado el quejoso. Toda vez que la parte quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito; por tanto, en atención a lo dispuesto por los artículos 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, envíese EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, comisione al Actuario de su adscripción, a fin de que realice lo siguiente: Notificar el presente proveído a la parte quejosa, en el domicilio ubicado en calle Álvaro Obregón número 56, interior 8, colonia Cenrto en Morelia, Michoacán; Además, deberá requerirla para que en el plazo de tres días legalmente computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa en la forma indicada.
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