Benito Guillen Hipólito

Expediente 1040/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1040/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Benito Guillen Hipólito

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo en que se actúa y las constancias que obran en autos, se advierte que en el particular sobreviene, de forma clara y manifiesta, la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Y para explicarlo, es preciso señalar que el dispositivo legal y fracción citados prevén, que antes de acudir al juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, los solicitantes de la protección constitucional deben agotar el recurso o medio de defensa legal por virtud del cual dichos actos puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto es así, en concordancia con el principio de definitividad el cual establece que el juicio de amparo sólo procede contra actos definitivos, entendidos estos como aquellos contra los que no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que procediendo alguno, se hayan hecho valer oportunamente y el acto reclamado sea lo resuelto en ellos. Ya que de otra manera, no se cumpliría con el principio referido, consistente en preservar al juicio constitucional como medio de defensa al que debe acudirse sólo cuando ya no exista la posibilidad de reparar el agravio que se alegue cause la actuación de la autoridad. Lo anterior, salvo los casos legales de excepción que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes; la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución; cuando el acto carece de fundamentación; y, cuando la legislación que rige el recurso o medio de defensa ordinario impone mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado o plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo sea considerado, o no, susceptible de ser suspendido de acuerdo con esa ley. Al respecto es aplicable la jurisprudencia marcada con el número I.6o.C. J/37, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tomo XV mayo de 2002, página 902, con registro 187016, cuyo rubro dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." Por otra parte, pero en relación con lo anterior, es importante señalar que el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el diverso 3, fracciones VII y XIX, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, disponen que contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa federal, así como las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado -como en el caso- procede el juicio contencioso administrativo federal (también conocido como juicio de nulidad) ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ahora bien, en el caso, como se observa del escrito de amparo y del informe justificado rendido por la responsable, el acto reclamado en este juicio lo constituye: ? El oficio 1.4.2459/2019 de catorce de octubre de dos mil diecinueve, a través del cual, el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Veracruz del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en atención a la solicitud planteada por el quejoso, le informó que el incremento anual a su pensión se realiza de conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del ISSSTE. De lo que es factible colegir, que si el acto combatido lo constituye el oficio mediante el cual se comunicó al quejoso que el cálculo de los incrementos que solicitó en relación con su pensión, es correcto, en los términos en que se dispuso; aquél, previa promoción de la instancia constitucional, debió agotar el juicio contencioso administrativo federal, previsto por la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Al ser éste el medio idóneo para modificar, revocar o nulificar el acto que combate. Sin embargo, debido a que de las constancias que obran en autos no se observa que la parte quejosa agotó ese medio de defensa ordinario, antes de instar la vía de amparo, se estima que este juicio es improcedente. No pasan inadvertidas para quien este asunto provee las excepciones que prevé la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el principio de definitividad; no obstante, se considera que no se actualiza alguna de ellas, debido a que no se reclama alguna disposición general y abstracta; ni la ley que rige el juicio contencioso prevé mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado. Sin que sea óbice que el quejoso aduzca falta de fundamentación en el acto reclamado, ya que de él se aprecia que la autoridad responsable para emitir el oficio que se combate, relacionó el artículo 8º de la Carta Magna y el diverso 8 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del decreto por el cual se expide la Ley del ISSSTE; por tanto, se considera que no existe excepción a la causa de improcedencia que se analiza, en ese sentido. Tampoco se actualiza la diversa excepción al principio de definitividad, consistente en que se reclamen violaciones directas a la constitución, puesto que el quejoso reclama la resolución respectiva por cuestiones de legalidad. Aunado a que la violación que alega a su derecho de audiencia, no conforma la excepción que la disposición normativa de estudio prevé, para hacer viable esta vía de amparo; en razón que la respuesta otorgada por la responsable es precisamente con motivo de la solicitud escrita que presentó el quejoso, en un procedimiento administrativo que él instó. Apoya la tesis II.4o.C.2 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la página 3193, Tomo XXX, Septiembre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 166256, de rubro: "VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS DE AUDIENCIA Y LEGALIDAD. NO CONSTITUYE UNA TRANSGRESIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN SI EL QUEJOSO COMPARECIÓ COMO PARTE AL PROCEDIMIENTO." Además, cabe precisar que contra el tipo de acto administrativo, como el que se pretende ventilar en esta vía de amparo, por jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede el juicio contencioso administrativo federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 78/2013 (10a.), visible en la página 988, libro XXI, tomo 1, junio de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2003874, de rubro siguiente: "PENSIÓN OTORGADA POR EL ISSSTE. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO CUANDO SE RECLAMA LA DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS, CON APOYO EN EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY QUE RIGE A DICHO INSTITUTO." Así como la diversa 2a./J. 111/2005, localizable en la página 326, Tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 177279, titulada: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD". Motivos por los cuales, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en términos del diverso 63, fracción V, de la normativa referida, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO.

  2. Principal

    No ha lugar a celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo.

  3. Principal

    Dese vista a las partes por el término de ocho días, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; téngase como pruebas las documentales exhibidas, señalan delegados y domicilio.

  4. Principal

    Se admite; Sin tramitarse el incidente de suspensión, por no haberse solicitado expresamente; Se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional; notifíquese a las partes por lista fijada en los estrados, en términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo.

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