Benita López Mota
Expediente 56/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Benita López Mota
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: " Xalapa, Veracruz; veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Jalacingo, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 56/2019 que le corresponde. (.) En el caso se considera que contra el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, ya que lo reclamado es un acto intermedio dictado en la etapa de ejecución de sentencia, el cual no puede ser combatido a través de esa instancia constitucional, se explica. Los citados preceptos disponen: (.) La referida disposición normativa establece una regla genérica que limita la procedencia del juicio de amparo en su vía indirecta contra actos dictados en ejecución de sentencia a que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respetivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiéndose hacer valer en la misma demanda las violaciones procesales que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Asimismo, prevé una regla específica en tratándose del procedimiento de remate en el sentido de que la última resolución será la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. (.) Ahora bien, el reclamo constitucional de la quejosa no se ubica en la hipótesis de la citada jurisprudencia, pues no es la determinación que ordena la escrituración o la entrega del bien inmueble rematado que se emite en términos del artículo 424 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; sino que se trata de una orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia, lo que se advierte de la simple lectura a la demanda de amparo. Así es, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura del ocurso constitucional se desprende que la quejosa *** reclama la orden de lanzamiento del inmueble ubicado en ***, decretado después de dictada la sentencia en el expediente ***, promovido por ****, en su contra y otro. Ello bajo el argumento de que el siete de noviembre de dos mil catorce, la Alzada revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento, fecha desde la cual, dejó de acudir al juzgado, que se ha percatado que en su domicilio se han presentado personas desconocidas, por lo que, acudió al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Jalacingo, Veracruz, para consultar su expediente ***, del cual se le negó el acceso al indicarle que está en el secreto del Juzgado. Conforme a lo anterior, si lo que reclama la quejosa es la orden de lanzamiento dictada en la etapa de ejecución de sentencia del juicio ***, ésta no es la última resolución dictada en dicha fase procesal; pues, como ya se dijo, lo es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Por tanto, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, éste interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo antes expuesto, sin que pase inadvertido que en la demanda de amparo realiza manifestaciones en el sentido de que tiene el temor fundado de que se le hubiesen realizado algunas notificaciones o requerimiento o decretado orden de desocupación y/o lanzamiento, ya que desconoce sí los requerimiento se realizaron con las formalidades que exigen los artículos 76 y 77 del Código de Procedimientos Civiles de Veracruz; empero, también señala que tuvo conocimiento del expediente porque es parte demandada. (.) En mérito de lo anterior, con apoyo en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoria y manifiesta su improcedencia.se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable... "
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