Benito Flores Ruiz

Expediente 1640/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1640/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Benito Flores Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el escrito signado por la licenciada Marcela González Arjona, apoderada de la parte quejosa; por medio del cual solicita el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues refiere que la responsable vinculada trata de evadir su responsabilidad. En principio, es menester precisar que en autos obra los escritos de las autoridades vinculadas por los cuales ha informado que se encuentran en la búsqueda de una clave presupuestal equivalente al sueldo que el actor actualmente percibe por la cantidad de $4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos 00/100 moneda nacional), de manera quincenal; por lo que una vez hecho lo anterior, lo harán del conocimiento ante este Juzgado; lo que justifican con las constancias que exhiben. Entonces, al existir un principio de ejecución, aun cuando haya sido de manera extemporánea, no resulta procedente aperturar el incidente de inejecución. Para demostrarlo, los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, dicen textualmente: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el Juez de Distrito o el Tribunal Unitario de Circuito, si se trata de amparo indirecto, o el Tribunal Colegiado de Circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a estos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta ley." De los numerales reproducidos se colige; que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas dentro del plazo de tres días, contados a partir de que las autoridades responsables hayan sido legalmente notificadas, plazo que podrá ser ampliado por el órgano judicial de amparo, tomando en cuenta la complejidad o dificultad de las acciones que tenga que realizar la autoridad para dar cumplimiento; apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá al titular una multa y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito (tratándose de amparo indirecto), para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de acuerdo con lo establecido en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Además, tratándose de juicios de amparo indirecto, es requisito indispensable que el juzgador antes de remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para dar trámite a la inejecución, haga el pronunciamiento relativo a si la ejecutoria se encuentra o no cumplida o si hay imposibilidad para cumplirla, para lo que debe tomar en cuenta, lo establecido expresamente en el artículo 196, párrafos tercero y último, de la ley de la materia, en el cual se establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin exceso ni defectos. Ante ello, si no está acatada, o no lo está totalmente, o de manera correcta o se considera de imposible cumplimiento, el Juez Federal, una vez hecho el pronunciamiento en cualquiera de los anteriores, sin dilación, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, a efecto de dar trámite al incidente de inejecución de sentencia; sin que proceda se continúe con el mismo, cuando exista indicios de su cumplimiento, como acontece en el caso a estudio, pues este supuesto, no está previsto expresamente en la ley de la materia. Luego, de autos se advierte que se concedió el amparo y protección de la justicia federal al impetrante de amparo, en el que se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: "deberá realizar en forma pronta y expedita el trámite y conclusión del procedimiento de ejecución del laudo, dictado dentro del juicio laboral 320/E/2012, en cuanto a la expedición del nombramiento como trabajador de base al aquí impetrante de amparo; y se le realice la asignación en propiedad de cuarenta horas con la clave o claves respectivas como Técnico de Soporte Adscrito al Centro Estatal de Tecnología Educativa de la Subsecretaría de Educación Básica y Norma y se le realice de manera correcta la normalización del salario, observando los plazos y términos legales, lo cual implica el deber de llevar a cabo los actos subsecuentes a los reclamados, necesarios para tal fin." Seguido el procedimiento de ejecución por sus demás trámites legales, en diversos proveídos se tuvo a la autoridad responsable informando las gestiones efectuadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia proteccionista. Luego, por auto de tres de abril de dos mil diecinueve se vinculó al Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, y se le requirió a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector, respecto de lo cual ha informado que se encuentran en la búsqueda de una clave presupuestal equivalente al sueldo que el actor actualmente percibe por la cantidad de $4,400.00 (cuatro mil cuatrocientos 00/100 moneda nacional), de manera quincenal; por lo que una vez hecho lo anterior, lo harán del conocimiento ante este Juzgado; lo que justifican con las constancias que exhiben. De ahí que, al existir un principio de ejecución, no resulta procedente aperturar el incidente de inejecución, pues de las constancias que obran en autos, se advierte la voluntad de la autoridad responsable y vinculada a cumplir con el núcleo esencial de la obligación exigida, en virtud de que han efectuado cuando menos en parte, actos tendientes para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, es decir, ese principio de ejecución se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria. Por tanto, la autoridad responsable despliega actuaciones trascendentes en relación con la protección federal, lo cual implica un principio de ejecución, o bien, un cumplimiento total o parcial. Al resolver la contradicción de tesis 487/2009 (aplicable al caso por similitud de razón), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, indicó que el incidente de inejecución de sentencia y la inconformidad son procedentes cuando existe una abstención total del cumplimiento, así como en aquellos casos en que se realicen actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, pero será improcedente cuando se advierte la realización parcial de la prestación esencial para restituir el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurarlo y su sana intención de acatar el fallo, por tal motivo no procede la apertura del incidente de inejecución, en virtud que la autoridad responsable y vinculada han efectuado actos relacionados con el núcleo esencial de la obligación. Se cita como apoyo a lo anterior la jurisprudencia con registro digital 180337 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XX, Octubre 2004, página: 137, que dispone: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo. Asimismo, tiene aplicación la jurisprudencia con registro digital 163808 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Novena Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, página 6, que dispone: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. LXV/95, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE 'PRINCIPIO DE EJECUCIÓN' QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.", sostuvo que existe "principio de ejecución" y son improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, al surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se advierte que consideró como sinónimos los conceptos "principio de ejecución" y "cumplimiento parcial". No obstante, la actual integración del Tribunal Pleno considera que ambos conceptos tienen alcances distintos que deben determinarse puntualmente a efecto de que no se presten a confusión. Así, el principio de ejecución radica en las primeras acciones realizadas por la autoridad tendentes a cumplir realmente con los deberes u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo, es decir, ese principio se traduce en los preparativos realizados para cumplir con dicha ejecutoria, pero no constituyen propiamente un cumplimiento. Por otra parte, el cumplimiento parcial, como su nombre lo señala, implica que la autoridad responsable ha ido más allá de un principio de ejecución y ha realizado parte de los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, esto es, ha cumplido con lo fundamental o sustancial y ha quedado pendiente algo, sea porque así lo considera el quejoso, o bien, por alguna circunstancia que ha impedido a la autoridad dar ese entero cumplimiento. Acorde con lo anterior, sólo mediante un cumplimiento parcial de la sentencia de amparo puede considerarse que se ha cumplido con el núcleo esencial de la obligación exigida, no así cuando únicamente existe un principio de ejecución, que si bien indica la voluntad de la autoridad de cumplir, no es más que un principio o una preparación para ello que, en realidad, en poco beneficia al quejoso, pues su derecho derivado de la concesión del amparo es verse restituido efectivamente en el goce de la garantía individual violada." Finalmente, tomando en consideración que en esta propia fecha, la parte quejosa manifiesta su inconformidad, con fundamento en los artículos 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, así como a la autoridad vinculada Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tamaulipas, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que quede notificado del presente proveído, cumplan con la sentencia proteccionista, en los términos precisados en líneas precedentes. En la inteligencia que deberán realizar todas las gestiones a su alcance, a fin de que acatar el fallo. Bajo el apercibimiento, que de no acatar lo anterior, dentro del plazo concedido, sin causa justificada, se le impondrá a su Titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Benito Flores Ruiz, respecto del acto reclamado de la Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y otra autoridad, precisado en el considerando segundo, por los motivos y para el efecto señalado en el último de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, por el que remite copia certificada del oficio 16187/2022 de seis de octubre del año en curso, dirigido a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, mediante el cual gira oficio recordatorio, a fin de que por su conducto el demandado Gobierno del Estado de Tamaulipas cubra a favor de J. Isabel Walle de la Cruz, beneficiario de Claudia Ludivina González Ríos, la cantidad de $213,838.69 (doscientos trece mil ochocientos treinta y ocho pesos 69/100 moneda nacional) determinada en el laudo, dictado en el expediente laboral 634/E/2015, apercibiéndolo que en caso de no cumplir en un término de tres días hábiles aplicará una multa de veinte días de salario mínimo vigente. Ahora bien, del oficio que se provee se advierte que la autoridad responsable no justifica haber enviado el oficio 16187/2022 a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que le sea notificado el presente acuerdo, justifique a este órgano de control constitucional, haber enviado el oficio antes mencionado. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá de inmediato el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Dicte el laudo correspondiente, dentro del expediente laboral número 1015/E/2017, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 constitucional. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que obste que aún no se cuenta con el acuse de notificación de la sentencia a la autoridad responsable, en virtud que no se encuentra facultada para impugnar la presente determinación. No obstante ello, se ordena remitir copia de tal determinación, para los efectos legales respectivos. Finalmente, adiciónese el escrito del apoderado legal de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.

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