Benito Díaz Puente
Expediente 1308/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1308/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Benito Díaz Puente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a ocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Fabiola Rebeca Machorro Castillo, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Benito Díaz Puente, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos los dos escritos signados por el quejoso Juan Rogelio Estrada Almazán, mediante los cuales solicita lo siguiente: 1. Solicita se proceda el incidente de inejecución de la sentencia de amparo, en virtud de que la parte demandada ha tomado represarías en su contra al tratar de modificar las condiciones de trabajo arbitrariamente y sin su consentimiento, lo que justifica con la constancia que exhibe. 2. Solicita requiera a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, y se le haga efectivo el apercibimiento decretado en la Ley, a fin de obligarlo a cumplir con el fallo protector. Por cuanto hace a la primera petición, dígasele que por el momento no ha lugar a aperturar el incidente de inejecución de sentencia, toda vez que por auto de seis de agosto de dos mil veinte se ordenó reanudar el procedimiento dentro del presente asunto. Y respecto a las manifestaciones hechas en el sentido de que la parte demandada ha tomado represarías en su contra al tratar de modificar las condiciones de trabajo arbitrariamente y sin su consentimiento, lo que justifica con la constancia que exhibe; se ordena dar vista al Tribunal Laboral, para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifieste lo que a su interés convenga; y una vez transcurrido dicho provéase lo que en derecho corresponda. En relación a la segunda petición, se provee lo siguiente: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente las constancias allegadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, mediante oficio 7305/2020, se advierte que por proveído de dos de septiembre de la presente anualidad, dictado dentro de los autos del expediente laboral 264/E2012, requirió a la Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, a fin de que cubriera al quejoso Juan Rogelio Estrada Almazán, la cantidad de $284,808.88 (doscientos ochenta y cuatro mil, ochocientos ocho pesos 88/100 moneda nacional), por concepto de diversas prestaciones; sin que a la fecha haya informado las gestiones que está realizando a fin de que se cumplimente la ejecución del laudo. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con sede en esta ciudad, para que dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones legales se sirva agilizar los trámites relativos a la conclusión del procedimiento de ejecución del laudo dentro del juicio laboral 264/E/2012, materia del presente juicio de amparo y para que dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informe a este órgano de control constitucional que otras gestiones está realizado y en qué consisten los impedimentos con que cuenta para materializar el fin del procedimiento de ejecución del laudo que nos ocupa. Es decir, que para el supuesto de que actualmente el procedimiento se encuentre detenido con motivo de la necesaria participación de alguna otra autoridad, entonces se pronuncie fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo, para que así, este órgano de control constitucional pueda proveer lo conducente al respecto, a saber, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. De igual forma, deberá informar que más prestaciones quedan pendiente por cubrir al quejoso Juan Rogelio Estrada Almazán, a parte de la cantidad de $284,808.88 (doscientos ochenta y cuatro mil, ochocientos ocho pesos 88/100 moneda nacional) dentro de los autos del expediente laboral de origen. Apercibido el Presidente del Tribunal en cita, que de no hacer todo lo antes mencionado sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Esto es, que deberá evitar actuar omisiva o evasivamente respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, así como efectuar procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, razón por la cual el Presidente en cita, deberá llevar a cabo cuanto acto esté dentro de sus atribuciones para lograr concretar, a la brevedad posible, concluir con el procedimiento de ejecución del laudo que inició, pues en el supuesto de que este órgano jurisdiccional, o bien, el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda advierta que el Presidente responsable, pudiera estar realizando esos procedimientos ilegales o evasivos con el propósito de no cumplir con la ejecutoria dictada en los presentes autos, entonces, la autoridad judicial estará en la obligación legal de proceder legalmente conforme a las disposiciones legales aplicables, lo que, incluso, se itera, puede culminar con la separación de su puesto y su consignación...Notifíquese.
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