Benito Bandala Romano

Expediente 685/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 41 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
685/2015
Año
2015
Actuaciones
41
Última actuación
30/08/2017

Partes del expediente

  • Benito Bandala Romano
  • Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio pronunciado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del recurso de inconformidad 35/2016, promovido por el quejoso Benito Bandala Romano dentro de juicio de amparo 685/2016 (antes 1629/2014), mismo que también devuelve. Acúsese el recibo correspondiente. El punto resolutivo del testimonio aludido es del tenor siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADA la presente inconformidad interpuesta contra el acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis emitido dentro de los autos del juicio de amparo 685/2015 del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo, Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el estado de Puebla". Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales procedentes y glósese el expedientillo de antecedentes. Finalmente, y toda vez que por auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis (fojas 951 a 953), se ordenó el archivo del presente asunto como totalmente concluido, devuélvase el expediente al lugar donde se encontraba.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de Samuel León Pérez, autorizado del quejoso Benito Bandala Romano, en atención a su contenido, se le tiene interponiendo recurso de inconformidad contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, por el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, en primer término, debe decirse que el recurso de inconformidad se encuentra previsto en los artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 201. El recurso de inconformidad procede contra la resolución que: I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley; II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto; III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Artículo 202. El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación. La persona extraña a juicio que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia de amparo también podrá interponer el recurso de inconformidad en los mismos términos establecidos en el párrafo anterior, si ya había tenido conocimiento de lo actuado ante el órgano judicial de amparo; en caso contrario, el plazo de quince días se contará a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de la afectación. En cualquier caso, la persona extraña al juicio de amparo sólo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebidos de la ejecutoria en cuanto la afecten, pero no en contra de la ejecutoria misma. Cuando el amparo se haya otorgado en contra de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la inconformidad podrá ser interpuesta en cualquier tiempo. Artículo 203. El órgano jurisdiccional, sin decidir sobre la admisión del recurso de inconformidad, remitirá el original del escrito, así como los autos del juicio a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resolverá allegándose los elementos que estime convenientes. Por lo que, de conformidad con el último numeral transcrito, los autos del presente juicio de amparo, junto con el original del escrito de expresión de agravios, tendrían que remitirse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, atento a lo prevenido por el Acuerdo General 5/2013, del Pleno del Máximo Tribunal del País (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece) en sus puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I, establece con precisión cuáles son los asuntos que siendo competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, serán remitidos a los Tribunales Colegiados de Circuito y ya no será la Suprema Corte quién dirima la controversia suscitada, sino los Tribunales Colegiados de Circuito, atendiendo desde luego los ámbitos material y territorial, a reserva de los aspectos propios del turno, y precisamente dentro de los asuntos que siendo competencia de nuestro máximo órgano de justicia en el país, se encuentra el del recurso de inconformidad promovido por la parte quejosa. Atento a lo anterior, tratándose del recurso de inconformidad previsto en los citados artículos 201, 202 y 203 de la Ley de Amparo y, en virtud que del Acuerdo General 5/2013, puntos cuarto, fracción IV y octavo, fracción I del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (modificado mediante instrumento normativo aprobado por dicho Tribunal el nueve de septiembre de dos mil trece, que aparece publicado en el Diario oficial de la Federación el diecisiete de septiembre de dos mil trece), se desprende que el aludido medio de impugnación corresponde conocer a los Tribunales Colegiados de Circuito; en consecuencia, remítanse, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en Turno del Sexto Circuito, el presente juicio de derechos fundamentales, junto con el original del escrito de agravios signado por el impetrante sin copias del mismo en virtud de que no fueron exhibidas para correr traslado a las partes, para lo que tenga a bien de resolver. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de dicho proveído, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, en relación al cumplimiento de ejecutoria realizado por parte de las autoridades responsables; por tanto, se procede a determinar si el fallo se encuentra o no cumplido en los términos establecidos en la sentencia dictada dentro del presente juicio. En primer término cabe indicar que la sentencia dictada dentro del presente juicio de amparo el seis de febrero de dos mil quince, revocada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante ejecutoria pronunciada el trece de agosto de la anualidad anterior, en el amparo en revisión A.R. 126/2015, donde se concedió el amparo, bajo los siguientes términos: ""Es ese sentido, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.), este Tribunal determina procedente imponer como efectos del amparo que la autoridad responsable indemnice al quejoso por haber dejado de ser policía y le pague las prestaciones a que tiene derecho como tal, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación como policía, y hasta que se realicen los pagos correspondientes." Ahora, conforme a la ejecutoria en mención las autoridades responsables estaban obligadas a realizar lo siguiente: "Pagar al quejoso la indemnización constitucional correspondiente y las demás prestaciones a que tuviera derecho, entendiéndose esto último como el deber de pagar la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el quejoso por la prestación de sus servicios como Policía, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o terminación de las funciones policiales y hasta que se realice el pago correspondiente". Así, después de diversos trámites de las autoridades responsables en relación al cumplimiento del fallo protector, la parte quejosa interpuso incidente de liquidación de sentencia para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual seguido su trámite mediante resolución de once de febrero de dos mil dieciséis (foja 705), se resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se aprueba el incidente de liquidación propuesto por el quejoso Benito Bandala Romano, por la cantidad de $99,790.60 (noventa y nueve mil setecientos noventa pesos, sesenta centavos, moneda nacional). SEGUNDO. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de tres días den cumplimiento a la presente resolución y procedan a pagar al aquí quejoso la cantidad de $99,790.60 (noventa y nueve mil setecientos noventa pesos, sesenta centavos, moneda nacional), sin que en esta incidencia se haya hecho pronunciamiento sobre la posible deducción de impuesto que debe retener el patrón, por no ser materia de la misma". Inconforme, con la anterior determinación la parte quejosa interpuso recurso de queja, del cual tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien por ejecutoria pronunciada el veintiuno de julio de dos mil dieciséis en el recurso de queja Q.83/2016, determinó lo siguiente: "ÚNICO. Es FUNDADO el recurso de queja interpuesto por Benito Bandala Romano contra la resolución de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, emitida por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, en el incidente innominado para determinar el monto que debe pagarse al quejoso, derivado de la sentencia que le concedió el amparo en el juicio 685/2015." Ahora, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsables, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, se desprende que: Por oficio recibido el veinte de septiembre de dos mil dieciséis (foja 907) el Coordinador General Jurídico de la Secretaria de Finanzas y Administración del Estado de Puebla, hizo del conocimiento que el aquí quejoso Benito Bandala Romano, el ocho de septiembre de dos mil dieciséis, previa identificación y firma de la nómina correspondiente le fue realizada la indemnización complementaria por la cantidad de $102,180.51 (ciento dos mil, ciento ocho pesos cincuenta y un centavos moneda nacional); situación que se acreditó con las documentales que adjuntó como anexo único. Por otra parte, la autoridad responsable Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, precisó que el monto de la indemnización ascendió a $345,256.42 (trescientos cuarenta y cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos con cuarenta y dos centavos), conforme a lo establecido en la resolución del incidente de liquidación de sentencia que recayó al presente asunto, del cual se debe restar la deducción del Impuesto Sobre la Renta por la cantidad de $16,411.68 (dieciséis mil cuatrocientos once pesos 68/100 moneda nacional, quedando un monto neto a favor del impetrante de $102,180.51 (ciento dos mil, ciento ocho pesos cincuenta y un centavos moneda nacional). En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto y 214 de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. No obsta a lo anterior el hecho que, mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis (foja 926), el quejoso expresara su inconformidad con el monto que le fue entregado, pues esa cantidad de dinero fue fijada por el tribunal de alzada, de ahí que el suscrito carezca de facultades para verificar su legalidad. Por tanto, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente juicio y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. En esa tesitura, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Finamente, agréguese a los autos el oficio del Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que obre como corresponda, en atención a lo acordado con anterioridad. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de Samuel León Pérez, autorizado del quejoso Benito Bandala Romano, visto su contenido, téngase por hechas las manifestaciones, las que serán tomadas en consideración una vez que fenezca el término de tres días concedido mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, glósese el oficio del Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, para que obre como corresponda, en atención a que por auto de veintiuno del mes y año en curso se dio vista con el cumplimiento de ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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