Benita Martínez Vicente
Expediente 2430/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2430/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 03/05/2018
Partes del expediente
- Benita Martínez Vicente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de mayo de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de cinco de abril de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Benita Martínez Vicente, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la falta de emplazamiento al juicio laboral de origen, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, ello dentro del juicio laboral D-11/2017 de su estadística. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de sus Magistrados Presidente y Representante del Estado, al rendir su informe justificado manifestaron que no cierto el acto que se les reclama, en virtud de que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho ordenó el emplazamiento al juicio de origen a la parte demandada Secretaria de Educación Pública, emplazamiento que se llevó a cabo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. De igual manera, mediante oficio recibido el dieciséis de marzo del año en curso, dicha autoridad informó que en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, señaló las trece horas del dos de abril de dos mil dieciocho para el desahogo de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral D-11/2017. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-11/2017 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho en el que se ordenó el emplazamiento al citado procedimiento laboral de la parte demandada Secretaria de Educación Pública, el cual que se llevó a cabo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y del proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que señaló las trece horas del dos de abril del año en curso para el desahogo de la audiencia de ley, dentro del citado juicio laboral, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla emplazara al juicio de origen a la parte demandada Secretaría de Educación Pública y señalara hora y día para el desahogo de la audiencia de ley, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho se ordenó el emplazamiento al procedimiento laboral de la parte demandada Secretaria de Educación Pública, el cual que se llevó a cabo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se señalaron las trece horas del dos de abril del año en curso para el desahogo de la audiencia de ley dentro del procedimiento de origen . Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del seis de abril de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cinco de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Benita Martínez Vicente, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, la falta de emplazamiento al juicio laboral de origen, así como la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de ley, ello dentro del juicio laboral D-11/2017 de su estadística. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través de sus Magistrados Presidente y Representante del Estado, al rendir su informe justificado manifestaron que no cierto el acto que se les reclama, en virtud de que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho ordenó el emplazamiento al juicio de origen a la parte demandada Secretaria de Educación Pública, emplazamiento que se llevó a cabo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho. De igual manera, mediante oficio recibido el dieciséis de marzo del año en curso, dicha autoridad informó que en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, señaló las trece horas del dos de abril de dos mil dieciocho para el desahogo de la audiencia de ley, dentro del juicio laboral D-11/2017. Para corroborar lo anterior, el tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-11/2017 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho en el que se ordenó el emplazamiento al citado procedimiento laboral de la parte demandada Secretaria de Educación Pública, el cual que se llevó a cabo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y del proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, en el que señaló las trece horas del dos de abril del año en curso para el desahogo de la audiencia de ley, dentro del citado juicio laboral, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla emplazara al juicio de origen a la parte demandada Secretaría de Educación Pública y señalara hora y día para el desahogo de la audiencia de ley, aquélla se vio satisfecha en la medida en que mediante acuerdo de dieciséis de enero de dos mil dieciocho se ordenó el emplazamiento al procedimiento laboral de la parte demandada Secretaria de Educación Pública, el cual que se llevó a cabo el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho y en proveído de ocho de marzo de dos mil dieciocho, se señalaron las trece horas del dos de abril del año en curso para el desahogo de la audiencia de ley dentro del procedimiento de origen . Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del seis de abril de dos mil dieciocho, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la quejosa Benita Martínez Vicente, en el su demanda de amparo, solicitó se le autorice el uso de medios electrónicos, dígasele que se acuerda favorable su petición para obtener fotos de las actuaciones que integran el presente expediente; en el entendido, que previo al uso de los mismos deberá precisar las constancias a las que tomará fotos, a fin de hacerlo constar en la comparecencia correspondiente.
Quedan 8 actuaciones en este expediente
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