Bellanira Jiménez López

Expediente 1275/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1275/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
06/09/2022

Partes del expediente

  • Bellanira Jiménez López

Actuaciones

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial, se desprende que ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que Bellanira Jiménez López, hubiera recurrido el proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; por lo tanto se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por remisión expresa de su numeral 2; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en relación con el artículo 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración toda vez que en el presente asunto se concedió la suspensión de plano, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, de igual forma, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta recibido vía correo institucional signado por el Director del Hospital Comunitario de Tenosique, Tabasco, autoridad señalada como responsable; mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de cuatro de los actuales, sin que resulte necesario dar vista a las partes con su contenido, en virtud del sentido que se dará al presente proveído. En términos del artículo 143, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias digitalizadas que anexó, al oficio que se provee. Ahora bien, el Director del Hospital Comunitario de Tenosique, Tabasco, adjuntó al oficio que se provee, en lo que aquí interesa, copia digitalizada de la nota post-operatoria de dieciséis de agosto de dos mil veintidós, así como de la nota de egreso de diecisiete de los actuales; documentos que gozan de pleno valor probatorio conforme a los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo 2o., al ser emitidos por una autoridad en uso de las facultades que le confiere la ley, y porque de ella se advierte la dilación reclamada. Tiene aplicación la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, Tomo VI, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto que a continuación se trascriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo anterior, y atendiendo a que la parte quejosa Bellanira Jiménez López, promovió el presente juicio de amparo, en contra de la omisión de brindar el servicio médico en cuanto a la operación de colecistectomía; en ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia que a las diecisiete horas con veinticinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, la quejosa fue ingresada en el Hospital Comunitario de Tenosique, Tabasco, e intervenida quirúrgicamente en relación a diagnóstico de colecistectomía, posteriormente debido a que su cirugía se realizó sin ninguna complicación, el diecisiete de agosto actual, la paciente fue egresada de esa unidad hospitalaria, con tratamiento para el manejo del dolor y antibioticoterapia; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que es evidente que en la especie el acto reclamado cesó en sus efectos porque la autoridad responsable restituyó a la impetrante de mérito en el goce de sus garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la jurisprudencia invocada se concluye que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos ni dejó huella en la esfera jurídica de la parte quejosa. Consecuentemente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Al respecto es aplicable por analogía la jurisprudencia 404, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 425 del Tomo II, Procesal Constitucional 1, Común Primera Parte- SCJN, Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común Novena Época del Apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación con el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, se dejan sin efectos la hora y fecha de la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa, así como personalmente al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado.

  3. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto: agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del seguimiento dado en la página electrónica de correos de México, a la guía EE975631963MX, con la cual envió exhortó a su homólogo en el Estado de México, seguimiento del que se advierte que el uno de agosto de dos mil veintidós pasado, se efectuó la entrega de la comunicación correspondiente, como se advierte en la constancia que remite. En consecuencia, toda vez que no se tiene certeza de que la comunicación haya sido debidamente diligenciada, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Junta Especial número Diez de Texcoco, Estado de México, para que en el término de TRES DÍAS, contado a partir de que surta efecto la notificación del presente acuerdo, de manera coordinada con la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, informen a este órgano jurisdiccional, el seguimiento a la diligenciación del exhorto con número de oficio 1947/JLCA/MA-8/22, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden, dicha comunicación fue entregada el uno de agosto pasado. En el entendido que de no hacer lo anterior, se les impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Notifíquese.

  4. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto; el escrito de demanda mediante el cual Luis Jorge Flores Serrano, solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, en favor de Bellanira Jiménez López, contra los actos que reclama del Director General del Hospital Comunitario de Tenosique de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Tabasco, que estima violatorios de los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1275/2022-9. PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna a favor de la directo quejosa lo siguiente: La omisión de la autoridad responsable para brindar el servicio médico consistente en la operación de colecistectomía. SUSPENSION DE PLANO En tal razón, toda vez que la parte quejosa reclama la afectación al derecho a la salud, en términos del artículo 126, de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, consistente en el procedimiento quirúrgico de colecistectomía. Asimismo apoya a lo anterior la tesis Aislada I.18o.A.33 K (10a.)´sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, registro 2020283, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO. DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO A LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. El derecho mencionado, tutelado por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando en el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medida deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamiento necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho a la salud". Con fundamento en los artículos 126 y 127, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO para el efecto de que de inmediato se le otorgue asistencia médica que requiere en relación al procedimiento quirúrgico de colecistectomía que se dictaminó en su favor por el Hospital Comunitario de Tenosique, Tabasco, y cuya última fecha programada fue para el tres de agosto del presente año, misma que no se llevó a cabo; siempre y cuando, como aduce en su demanda de derechos fundamentales se encuentre justificada la condición de salud que refiere, lo anterior, para salvaguardar su salud. En ese sentido cabe destacar que el derecho a la salud, se encuentra protegido como un derecho fundamental en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la legislación internacional. Para demostrar lo anterior cabe citar los artículos 1 y 4 constitucionales, y que disponen lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. "Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución." De los preceptos transcritos se advierte que el derecho a la protección de la salud es un derecho fundamental reconocido por la Carta Magna y comprende, como servicio básico, la atención médica, que en su actividad curativa significa proporcionar un tratamiento oportuno al enfermo, lo que incluye, desde luego, la aplicación de los estudios médicos necesarios, medicamentos correspondientes e inclusive intervenciones quirúrgicas. Así lo definió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 136/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 61, de rubro y texto siguientes: "SALUD. EL DERECHO A SU PROTECCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 4o., TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ES UNA RESPONSABILIDAD SOCIAL. La Ley General de Salud, reglamentaria del citado precepto constitucional, precisa que los servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los mismos, se clasifican en: a) servicios públicos a la población general, que se prestan en establecimientos públicos de salud a los residentes del país, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad, cuyas cuotas de recuperación se fundarán en principios de solidaridad social y guardarán relación con los ingresos de los usuarios, debiéndose eximir del cobro cuando éstos carezcan de recursos para cubrirlas; b) servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social, que son los prestados a las personas que cotizan o las que hubieren cotizado conforme a sus leyes, así como los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal se presten por tales instituciones a otros grupos de usuarios; c) servicios sociales y privados, los primeros se prestan por los grupos y organizaciones sociales a sus miembros y beneficiarios de los mismos, directamente o mediante la contratación de seguros individuales y colectivos, y privados, los que se prestan por personas físicas o morales en las condiciones que convengan con los usuarios, sujetos a las leyes civiles y mercantiles, los cuales pueden ser contratados directamente por los usuarios o a través de sistemas de seguros individuales o colectivos y, d) otros que se presten de conformidad con la autoridad sanitaria, como lo son aquellos que conforman el Sistema de Protección Social en Salud, previsto para las personas que no sean derechohabientes de las instituciones de seguridad social o no cuenten con algún otro mecanismo de previsión social en salud, que será financiado de manera solidaria por la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los propios beneficiarios mediante cuotas familiares que se determinarán atendiendo a las condiciones socioeconómicas de cada familia, sin que el nivel de ingreso o la carencia de éste sea limitante para acceder a dicho sistema. Lo anterior permite advertir que el derecho a la protección de la salud se traduce en la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud y que en virtud de que ésta es una responsabilidad que comparten el Estado, la sociedad y los interesados, el financiamiento de los respectivos servicios, no corre a cargo del Estado exclusivamente, pues incluso, se prevé el establecimiento de cuotas de recuperación a cargo de los usuarios de los servicios públicos de salud y del sistema de protección social en salud, que se determinan considerando el costo de los servicios y las condiciones socioeconómicas de los usuarios, eximiéndose de su cobro a aquellos que carezcan de recursos para cubrirlas, de ahí que la salud sea una responsabilidad que comparten indisolublemente el Estado, la sociedad y los interesados, con base en criterios de capacidad contributiva y redistribución del ingreso". Cabe precisar que el alto tribunal ha sostenido que la obligación de vigilar que se respete el derecho de acceso a la salud consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos recae en todos los poderes públicos del Estado, incluyendo desde el legislador y la administración, hospitales públicos y su personal médico e, incluso, en algunos casos, los particulares. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. XXIII/2013, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 1, página 626, en que se señala: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL ÁMBITO DE LA SALUD." Haciendo de su conocimiento que queda bajo su estricta responsabilidad verificar que se le brinden los servicios médicos que sean esenciales, para atender el padecimiento que presente atento al diagnóstico respectivo. Lo anterior, de conformidad con el artículo 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Tanto más, que como se dijo, el artículo 1º la de la Ley General de Salud, establece que ésta reglamenta el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, contempla las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, y, finalmente, indica que es de aplicación en toda la República y sus disposiciones son de orden público e interés social. De ahí que deba ajustar sus actividades en materia de atención médica a lo establecido por la Ley General de Salud. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. En el entendido, que la autoridad responsable al momento de rendir su informe sobre la suspensión de plano, deberá acreditar ante este juzgado, que han brindado la atención médica adecuada a la directo quejosa Bellanira Jiménez López, acorde al diagnóstico clínico emitido por parte de profesionistas acreditados. REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Requiérase a la autoridad responsable mediante atento oficio telegráfico, así como por vía ordinaria para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informe sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena; se le impondrá una multa equivalente a 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós, en términos de lo previsto por los artículos 237, fracción I, en relación con el numeral 259 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III, de este último ordenamiento. "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" SE ORDENA NOTIFICACIÓN A LA QUEJOSA Y RATIFICACIÓN DE DEMANDA VÍA TELEFÓNICA Ahora toda vez que la quejosa Bellanira Jiménez López, tiene su domicilio el ubicado en el poblado El Cibalito, rancho La Lucha, carretera a San Pedro, El Triunfo, Balancán, Tabasco; a fin de salvaguardar la salud de la fedataria de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ordena realizar la diligencia de notificación del presente proveído y en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación respectiva, requiera a la directa quejosa para que: Manifieste SI RATIFICA O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. A través del método alternativo de videollamada por la aplicación denominada WhatsApp en el número telefónico 9341236972, que indica el promovente, en términos del artículo 14 fracción IV, del ACUERDO GENERAL 22/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REACTIVAR LA TOTALIDAD DE LAS ACTIVIDADES DEL CONSEJO EN EL CONTEXTO DE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID19. Por lo anterior, se comisiona al actuario judicial de la adscripción que corresponda, proceda al desahogo de la diligencia en comento, en los términos indicados, debiéndose realizar la razón o constancia correspondiente en el que se haga constar que se verificó fehacientemente la identidad de la quejosa. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL Tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, y atendiendo a lo estipulado en el Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo oficial de este juzgado 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, para que por la vía antes citada, rindan informes, presenten promociones o acusen recibo de los oficios entregados, lo anterior en lo que concluye la contingencia. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como autorizado para oír y recibir citas y notificaciones a Luis Jorge Flores Serrano, conforme al segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado Para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Ahora, en relación al correo electrónico y número telefónico que proporciona, este juzgado toma conocimiento de los mismos, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, toda vez que carecen de eficacia jurídica para tales efectos. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Ahora, en lo que respecta a la solicitud de consulta del presente expediente en el portal http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx al usuario: "LUISJ_FLORES" Se autoriza el acceso electrónico de este expediente a la cuenta mencionada ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como su notificación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26,fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la Ley de Amparo, y los ordinales 36 y 57 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo. Instrúyase al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA Por otra parte, el promovente solicita expresamente que las notificaciones se realicen de manera electrónica, al respecto, se acuerda favorable su petición por lo que se comisiona al Actuario de la adscripción para que todas las notificaciones a la parte quejosa se realicen de manera electrónica, al usuario citado con antelación, el cual, previa verificación, se encuentra registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS En ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese.

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