Belizario Feria Chablé
Expediente 672/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Belizario Feria Chablé
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
MESA 3.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, como lo dispone el artículo 20 fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Notifíquese.
- Principal
MESA 3.-VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Belizario Feria Chablé; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Ahora, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, con sede en la ciudad, el toca de oralidad 30/2020-U-C, de su índice, el cual se manejó por cuerda separada en un tomo y copia del disco DVD certificado que contiene las audiencias de nueve y trece de marzo de dos mil veinte, celebradas en la causa penal 79/2020, pruebas que remitió como apoyo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en audiencia Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Emilio Morales Hernández, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 672/2020-3, promovido por Belizario Feria Chablé. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el juez de distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el Secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las constancias que adjuntó el quejoso a su escrito de demanda de amparo consistente en copia simple de oficio 1560/2020 signado por el Fiscal del Ministerio Público Investigador mediante el cual interpuso recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 79/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco (fojas15 a 17), y copia del oficio 893 dirigido al quejoso con trascripción de la resolución dictada el dos de julio de dos mil veinte en el toca penal 30/2020-U-C del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad (fojas 18 a 23), así como las constancias que anexó el Magistrado de la Sala Unitaria responsable a su informe justificado, consistentes en el toca de oralidad antes referido y copia certificada del disco versátil digital DVD, que contiene las audiencias de nueve y trece de marzo de dos mil veinte celebrada en la aludida causa penal, las cuales obran por cuerda separa para su fácil manejo, y copia certificada de la sentencia definitiva dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte en el procedimiento abreviado relativo a la causa penal 79/2020 remitida por el Juez de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco (fojas 67 a 74). Al respecto el juez de distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta con los formulados por el tercero interesado Ángel Zapata Hernández, en su escrito recibido en la oficialía de partes de este juzgado el veintiocho de octubre de dos mil veinte, registrado con el folio 7972 y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al referido tercero interesado formulando alegatos para los efectos legales conducentes y por perdido el derecho de las demás partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 672/2020-3, promovido por Belizario Zapata Hernández, contra actos del Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de agosto de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada en la misma fecha en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Belizario Feria Chablé solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: AUTORIDAD RESPONSABLE Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad. ACTO RECLAMADO La resolución emitida el dos de julio de dos mil veinte en el toca penal 30/2020-U-C, del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad." SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. En proveído de doce de agosto de dos mil veinte (fojas 24 a 29), se registró la demanda bajo el expediente 672/2020-3, se admitió la demanda de que se trata, se pidió informe con justificación a la autoridad responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DE LOS TERCERO INTERESADOS. En proveído de tres de septiembre de dos mil veinte (fojas 36 a 39), con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b) se le reconoció el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Centro de Procuración de Justicia de Macuspana, Tabasco, por lo que se ordenó su emplazamiento mediante oficio 13149/2020, el cual fue recibido el diecisiete de septiembre de la presente anualidad (foja 78). Asimismo, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Ángel Zapata Hernández, por medio de despacho 74/2020-3, que para tales efectos se libró al Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Región Uno de Macuspana, Tabasco, quien a través del actuario de su adscripción, realizó el citado emplazamiento el veintidós de octubre siguiente (fojas 56 y 57). Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo aterior, en virtud de que el acto reclamado tiene ejecución en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución emitida el dos de julio de dos mil veinte en el toca penal 30/2020-U-C, del índice de la Sala Unitaria Especializada en Justicia para Adolescentes y Oralidad para Adultos, con sede en esta ciudad. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS. El Magistrado de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Para Adolescentes y Oralidad para Adultos en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado admite la existencia del acto reclamado consistente en la resolución de dos de julio de dos mil veinte dictada en el toca de oralidad 19/2020-U-C de su índice, en la cual en su punto segundo modificó el auto de vinculación a proceso dictado en trece de marzo de dos mil veinte en la causa penal 79/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, en contra del imputado Belizario Feria Chablé. Lo que se corrobora con la copia de las constancias que anexó a su informe el magistrado responsable, consistentes en el toca de oralidad 19/2020-U-C y copia certificada del disco versátil digital DVD, que contiene las audiencias de nueve y trece de marzo de dos mil veinte celebrada en la causa penal 79/2020, las cuales obran por cuerda separa para su fácil manejo. Documentales a las cuáles se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la tesis VII.P.43 P, del entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y seis, tomo IV, octubre de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ATENDERSE A LA TOTALIDAD DE LOS DATOS QUE SE PROPORCIONAN EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS EN RELACIÓN CON LAS CONSTANCIAS QUE COMO JUSTIFICACIÓN DE SU INFORME RINDA LA AUTORIDAD RESPONSABLE". Así también, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703, del Libro XXIII, Agosto de 2013 Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del 'expediente electrónico', como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. No obstante, lo anterior, en el presente asunto se advierte que se actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es preferente al fondo, sea que las partes lo aleguen o no, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 533, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 1995 del Semanario Judicial de la Federación, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el quejoso reclama en esta vía constitucional, la resolución de dos de julio de dos mil veinte dictada por el magistrado responsable en el toca de oralidad 19/2020-U-C de su índice, en la cual en su punto segundo modificó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el trece de marzo de dos mil veinte en la causa penal 79/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 180 y 71 del Código Penal del Estado de Tabasco, y robo de vehículo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 179, fracción V, 180 y 71 del citado ordenamiento legal, cometidos en agravio de Ángel Zapata Hernández. Sin embargo, como se adelantó, en el presente juicio de amparo ha sobrevenido una causal de improcedencia, prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo el cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." De la interpretación de este precepto se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra un acto que emane de un procedimiento judicial en el que opere un cambio de situación jurídica que consuma de forma irreparable las violaciones reclamadas y que no sea posible decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Esta hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurren los siguientes requisitos: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reclamado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica en relación con la parte quejosa, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada -al no ser materia en el amparo- no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis 2a. CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." El primer requisito descrito se actualiza conforme a las constancias de autos, de las que se advierte que el acto reclamado fue dictado en el toca de oralidad 19/2020-U-C de su índice, en la cual en su punto segundo modificó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el trece de marzo de dos mil veinte en la causa penal 79/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 180 y 71 del Código Penal del Estado de Tabasco, y robo de vehículo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 179, fracción V, 180 y 71 del citado ordenamiento legal, cometidos en agravio de Ángel Zapata Hernández. En cuanto al segundo supuesto, se destaca que la demanda de amparo fue presentada a las once horas con veintiún minutos del once de agosto de dos mil veinte y que el tres de noviembre de la presente anualidad se tuvo por recibido el oficio 6015 de veintiséis de octubre del presente año (foja 66), al que anexó copia certificada de la sentencia de esa misma fecha dictada en la causa penal 79/2020 en la que en su primer punto resolutivo determinó que el aquí quejoso Belizario Feria Chable, resultó ser penalmente responsable de la comisión del delito de robo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 180 y 71 del Código Penal del Estado de Tabasco, y robo de vehículo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 179, fracción V, 180 y 71 del citado ordenamiento legal, cometidos en agravio de Ángel Zapata Hernández, y en su segundo punto resolutivo le impuso la sanción total de siete años de prisión y seiscientas sesenta y seis días multa, que a razón de $86.88 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de la comisión de los ilícitos, equivale a $57,862.08 (cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos 08/100 moneda nacional); medio de prueba al que se le concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202, del Código procesal aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, del tenor: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De esta suerte, se ha evidenciado que, con posterioridad a la emisión la determinación consistente en la resolución de dos de julio de dos mil veinte reclamada por la parte quejosa se dictó sentencia condenatoria en su contra con sanción de siete años de prisión y seiscientas sesenta y seis días multa, que a razón de $86.88 Unidades de Medida y Actualización vigente al momento de la comisión de los ilícitos, equivale a $57,862.08 (cincuenta y siete mil ochocientos sesenta y dos pesos 08/100 moneda nacional), con lo cual cambió la situación jurídica del quejoso Belizario Feria Chablé, y es esta actuación es la que ahora rige su actual situación jurídica. Respecto del supuesto mencionado en el inciso C, es menester exponer que el quejoso Belizario Feria Chablé se encuentra sujeto a lo resuelto en la sentencia condenatoria de veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio abreviado relativo a la causa 79/2020, del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco. Así que, este cambio de situación jurídica evidencia que no puede analizarse la constitucionalidad del acto reclamado en esta instancia constitucional, consistente en la resolución dictada por el magistrado responsable el dos de julio de dos mil veinte en el toca de oralidad 19/2020-U-C, de su índice, en la cual en su punto segundo modificó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el trece de marzo de dos mil veinte en la causa penal 79/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de robo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 180 y 71 del Código Penal del Estado de Tabasco, y robo de vehículo con violencia en pandilla, previsto y sancionado en el artículo 175, fracción IV, en relación al 179, fracción V, 180 y 71 del citado ordenamiento legal, cometidos en agravio de Ángel Zapata Hernández, en razón de que en el supuesto de que se declarara inconstitucional se podría afectar el nuevo acto consistente en la referida sentencia condenatoria. Finalmente, se advierte colmada la última de la hipótesis, esto es, que el acto reclamado consistente en la resolución dictada por el magistrado responsable el dos de julio de dos mil veinte en el toca de oralidad 19/2020-U-C, de su índice, en la cual en su punto segundo modificó el auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso el trece de marzo de dos mil veinte en la causa penal 79/2020 del índice del Juzgado de Control de la Región Uno de Macuspana, Tabasco, y la sentencia condenatoria dictada en contra del quejoso en la misma causa penal, fueron producidos en distintos momentos dentro del procedimiento penal del que emanan, por lo que existe autonomía entre dichas actuaciones, lo que significa que la citada sentencia puede subsistir con independencia de que el acto aquí reclamado sea o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo por analogía la tesis XXI.1o.48 P, Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, Diciembre de 1998, página 1024, que dice: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE SOBRESEE LA CAUSA PENAL DE DONDE DERIVA EL ACTO RECLAMADO. Si se sobresee la causa penal instruida en contra del quejoso, a virtud del perdón otorgado a su favor por la agraviada, sin oposición del reo, ello implica que en el procedimiento judicial opere un cambio de situación jurídica, ya que el sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria de conformidad con lo dispuesto por el artículo 102 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero, y por tanto, las violaciones atribuidas al auto de formal prisión reclamado en el juicio de garantías, se consideran irreparablemente consumadas, actualizándose la causa de improcedencia prevista por la fracción X, del artículo 73 de la Ley de Amparo. Asimismo, sirve de apoyo la tesis XVII.1o.48 P.A. J/18, Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 57, Agosto de 2018, tomo III, página 2482, que dice: IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En las circunstancias narradas, debe concluirse que en el particular se surte la causal de improcedencia contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, en esa medida, lo que se impone es sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en cuanto a dicho acto reclamado. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por el tercero interesado, porque si bien este juzgador debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de doce de agosto de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Belizario Feria Chable, contra el acto reclamado y la autoridad precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio y anexo de cuenta signado por el Juez de Control de la Región Uno del Municipio de Macuspana, Tabasco, mediante el cual comunica que por audiencia pública de veintiséis de octubre del año en curso, se llevó a cabo en la causa penal 79/2020, de su índice, una terminación anticipada del proceso, consistente en un procedimiento abreviado, por lo que emitió sentencia condenatoria al hoy quejoso Belizario Feria Chablé, adjuntado a su oficio de cuenta copia certificada de la aludida resolución; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
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