Belia García Rosales
Expediente 2375/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 18 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2375/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 28/05/2019
Partes del expediente
- Belia García Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el catorce del mes y año en curso (fojas 104 y 105), la delegada del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de mayo del actual año (foja 106), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el veintiuno del actual mes (fojas 107 a 109); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintitrés al veintisiete de mayo de este año, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 85), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos fundamentales violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción I, con relación al 78, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ***********, respectivamente, que pagó el cinco de noviembre de dos mil dieciocho a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción de instrumento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Ello, al ser contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, las cantidades pagadas por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas referido no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que las cantidades remanentes a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Resolución que causó ejecutoria el siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 92 y 93). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de las cantidades $8,282.15 (Ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 15/100 Moneda Nacional) y $7,778.85 (Siete mil setecientos setenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el catorce de mayo del actual año (fojas 104 y 105), la delegada del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la promovente del amparo, el nueve del actual mes, por la cantidad de $15,812.12 (Quince mil ochocientos doce pesos 12/100 Moneda Nacional), por concepto de las sumas que en su momento erogó la agraviada con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Secretario responsable tenía que devolver la cantidad de************, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 13 y 14, vuelta, respectivamente) y el nueve de mayo del año en curso, la autoridad responsable efectuó la transferencia antes indicada (foja 105); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho a mayo de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440; y para el mes de marzo de esta anualidad fue de 103.476 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0200. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de las cantidades erogadas por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dichas contribuciones actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $15,811.02 (Quince mil ochocientos once pesos 02/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $310.02 (Trescientos diez pesos 02/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Secretario responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de ********* por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario responsable debía devolver a la quejosa era de $15,811.02 (Quince mil ochocientos once pesos 02/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,812.12 (Quince mil ochocientos doce pesos 12/100 Moneda Nacional), es decir, entregó en favor del promovente del amparo un excedente de $1.10 (Un peso 10/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este Órgano Jurisdiccional el catorce del mes y año en curso (fojas 104 y 105), la delegada del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de quince de mayo del actual año (foja 106), se dio vista a la parte agraviada con la referida comunicación y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la promovente el veintiuno del actual mes (fojas 107 a 109); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió del veintitrés al veintisiete de mayo de este año, sin contar los días inhábiles que mediaron en dichas fechas, por corresponder a sábado y domingo, de conformidad con el dispositivo 19 de la legislación de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la Legislación de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, mediante resolución terminada de engrosar el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve (fojas 68 a 85), se determinó sobreseer y conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: ".lo que procede es conceder a la parte quejosa el amparo solicitado respecto de los referidos preceptos, a fin de que las autoridades responsables le restituyan en sus derechos fundamentales violados, en acatamiento a lo dispuesto en el dispositivo 77, fracción I, con relación al 78, ambos de la Ley de Amparo; por lo cual, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberán: 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, devuelva a la quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de ***********, respectivamente, que pagó el cinco de noviembre de dos mil dieciocho a favor de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, por concepto de inscripción de instrumento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. Ello, al ser contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, las cantidades pagadas por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó. No pasa inadvertido que el Recaudador de Rentas referido no fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, éste, por razón de sus funciones, tiene intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y, por tanto, está obligado a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento de la presente sentencia protectora. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que las cantidades remanentes a devolver deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquélla cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. (.) Concesión de amparo que debe hacerse extensiva al acto de aplicación de los artículos tildados de inconstitucionales, ya que resulta ilegal al ser consecuencia de la aplicación de la norma declarada inconstitucional." Resolución que causó ejecutoria el siete de marzo de dos mil diecinueve (fojas 92 y 93). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables, en el ámbito de sus respectivas atribuciones para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: Se desincorporara de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en el precepto 21, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13 de la citada ley de ingresos y se abstuviera de aplicarlo en contra de la quejosa, hasta en tanto fueran reformados. Le devolviera a la agraviada única y exclusivamente el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 Moneda Nacional) respecto de las cantidades $8,282.15 (Ocho mil doscientos ochenta y dos pesos 15/100 Moneda Nacional) y $7,778.85 (Siete mil setecientos setenta y ocho pesos 85/100 Moneda Nacional), por concepto de inscripción de documento público o privado, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el catorce de mayo del actual año (fojas 104 y 105), la delegada del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, acompañó la impresión de la transferencia efectuada en favor de la promovente del amparo, el nueve del actual mes, por la cantidad de $15,812.12 (Quince mil ochocientos doce pesos 12/100 Moneda Nacional), por concepto de las sumas que en su momento erogó la agraviada con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y su actualización correspondiente. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y le devolvieron la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Entonces, realizando las operaciones aritméticas correspondientes, se advierte que el Secretario responsable tenía que devolver la cantidad de************, por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el cinco de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 13 y 14, vuelta, respectivamente) y el nueve de mayo del año en curso, la autoridad responsable efectuó la transferencia antes indicada (foja 105); por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil dieciocho a mayo de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de marzo de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes inmediato anterior de los meses respectivos, no hubiera sido publicado por el Banco de México al día en que, en su caso, se expidió el recibo fiscal o bien, se efectuó la devolución de la cantidad erogada, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual anterior publicado, esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil dieciocho fue de 101.440; y para el mes de marzo de esta anualidad fue de 103.476 de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0200. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la suma total de las cantidades erogadas por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dichas contribuciones actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $15,811.02 (Quince mil ochocientos once pesos 02/100 Moneda Nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $310.02 (Trescientos diez pesos 02/100 Moneda Nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que el citado Secretario responsable, acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad de ********* por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio. No pasa inadvertido que el monto que el Secretario responsable debía devolver a la quejosa era de $15,811.02 (Quince mil ochocientos once pesos 02/100 Moneda Nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $15,812.12 (Quince mil ochocientos doce pesos 12/100 Moneda Nacional), es decir, entregó en favor del promovente del amparo un excedente de $1.10 (Un peso 10/100 Moneda Nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por ésta por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión. En ese tenor, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracciones II y IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de garantías y por la otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta, suscrito por la delegada del Secretario de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, mediante los cuales informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el libelo y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este Órgano Jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector.
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