Belén Márquez Talavera
Expediente 653/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 66 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 653/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 66
- Última actuación
- 29/10/2021
Partes del expediente
- Belén Márquez Talavera
- Fiscal General del Estado de Nayarit
Actuaciones
Las 4 más recientes de 66.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado electrónicamente por Claudia Janeth Vargas Solano, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito número N ++, por la cantidad de ¨¨.00 ( ¨***moneda nacional), para efecto de garantizar la suspensión definitiva que se exhibió en su momento, con el objeto de garantizar los posibles daños y perjuicios que pudieran ocasionársele a la parte tercera interesada. Consecuentemente, y en virtud de que por acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se requirió para que compareciera ante este órgano jurisdiccional a recoger el propio; asimismo, al no ser necesaria su retención, se autoriza la devolución del certificado de depósito número N 8**, debidamente endosado a nombre de persona fiadora, previa toma de razón y recibo que deje en autos. Al respecto, se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, a fin de que se presente la parte quejosa y/o su autorizada ante el órgano judicial a recoger el documento antes citado, con una identificación oficial a efecto de que se le haga la entrega del mismo, previa copia que por su recibo quede en autos. Por tanto, con apoyo en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo Plenario, se ordena reservar la cita personal de la parte promovente por personal de este órgano jurisdiccional, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", en la modalidad del programa "Agenda OJ", a efecto de que esté en condiciones de cumplir con el requerimiento señalado en párrafos anteriores. Asimismo, el QR que se genere a nombre de Belén Márquez Talavera y/o Claudia Janeth Vargas Solano, de manera electrónica e impresa entréguese a éste cuando sea notificada personalmente por el actuario judicial de la adscripción del presente proveído; del mismo modo, dígase que al momento de comparecer lo deberá hacer puntualmente y presentar el QR electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, a fin de que pueda ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el día y hora señalados para tal efecto, en el área de actuaría designada para la atención al público. En el entendido de que se comisiona al secretario que se encuentre facultado para realizar las actividades presenciales en el órgano jurisdiccional del día en que se reserve la cita del quejoso, para que, tomando las medidas de sana distancia y de higiene establecidas, ante su presencia se practique la diligencia en comento, debiendo levantar la constancia correspondiente. Desde este momento, se habilita a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este juzgado federal, para que realice todas aquellas gestiones necesarias con motivo de la comparecencia de la persona antes citada para la fecha señalada. De igual manera, de conformidad con el artículo 7 del mencionado Acuerdo General 21/2020, se insiste a la parte promovente para que al momento de presentarse la parte actora en el día y hora antes indicados, acuda respetando las medidas de sana distancia, conforme a la señalización respectiva (flechas de tránsito y cuadros en el área de espera y atención), evite permanecer en las áreas de tránsito y usar cubrebocas en todo momento; apercibido que de no cumplir a estas medidas se hará acreedor en principio una llamada de atención y en caso de reincidir o subsista el incumplimiento, generará su expulsión inmediata del juzgado federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el primer ocurso de cuenta suscrito por ***, quien se ostenta como representante legal de la parte quejosa, a través del cual pretende solicitar la devolución del billete de depósito número** valioso por la cantidad de ***, el cual se exhibió en su momento para garantizar la suspensión definitiva concedida. En ese sentido, dígase que no ha lugar a proveer como lo solicita, toda vez que carece de personalidad para promover en el juicio de amparo en que se actúa, ya que de autos se advierte que no es parte dentro del sumario constitucional. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis IV.1o.A.6 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, localizable a página dos mil doscientos sesenta y ocho, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: *** Por otro lado, visto el diverso libelo de cuenta signado por la quejosa *** mediante el cual designa como su representante a *** sin revocar a los anteriores designados; asimismo, solicita se autorice la consulta del expediente y las notificaciones de manera electrónicamente. En consecuencia, con base en lo establecido por el arábigo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizada en términos amplios a **, toda vez que tiene su cédula profesional, debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin revocar a los anteriores autorizados para tal efecto. Luego, con sustento en lo establecido por el ordinal 108, fracción I, en relación con el numeral 26, fracción IV de la ley en cita, se autorizan las notificaciones personales que se realicen a la parte promovente se hagan vía electrónica con nombre de usuario ***asimismo, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, se faculta con dicho usuario la consulta vía electrónica del presente expediente. Lo anterior, con la finalidad de coadyuvar a las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación del agente infeccioso COVID-19. Notifíquese.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho (foja 213 a 215 del juicio principal), causó ejecutoria la resolución de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 178 a 188). Consecuentemente, al no ser necesaria la retención del certificado de depósito N 802770, valioso por la cantidad de cinco mil pesos moneda nacional (foja 161 del incidente de suspensión), requiérase a la parte quejosa, para que comparezca ante este Órgano Jurisdiccional a recoger el propio, previa toma de razón y recibo que deje en autos; apercibido que de no realizarlo en el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, se declarará prescrito el mismo a favor del Fisco Federal. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexos recibidos en este Juzgado Federal el veintisiete de febrero, uno de marzo, seis de abril, once y dieciséis de mayo, catorce de junio, diez y dieciocho de julio, veintitrés de agosto y veinticinco de septiembre del año en curso, enviados por el Director General de Asuntos Jurídicos en suplencia del Fiscal General del Estado de Nayarit y Director General de la Policía Nayarit, Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con residencia en esta ciudad, Magistrada del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, informaron el cumplimiento al fallo protector (fojas 226 y 227, 229, 231 a 233, 246 a 250, 253 a 256, 261 a 267, 272 a 275, 280 a 284, 288 a 296 y 300 a 305). En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 306), se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete (fojas 178 a 188), se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Tribunal Unitario Agrario, Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, para que hiciera lo siguiente: ".a fin de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis en el Estado de Jalisco, deje insubsistente la orden de ejecución dictada en su oportunidad en el juicio agrario 1463/2012, relativa a la superficie de 4-30-55.5 hectáreas denominadas "LA HIGUERITA" localizadas en el poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit y restituya a la accionante de garantías, ello exclusivamente en cuanto a la parte proporcional que le corresponda a la aquí quejosa, es decir el cincuenta por ciento del inmueble multicitado." Sentencia que por auto de veinte de febrero de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 213 a 215). Ante ello, el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 16, con sede en Guadalajara, Jalisco, informó el cumplimiento al fallo protector, realizando para ello las siguientes actuaciones: 1. Emitió el acuerdo de doce de marzo de dos mil dieciocho, por lo que dejó insubsistente el diverso proveído de cinco de octubre de dos mil quince, en el cual se ordenó llevar a cabo la ejecución de la sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil trece, dentro del juicio agrario 1463/2012 de su índice, relativa a la superficie de 4-30-22.5 (fojas 232 a 233). Asimismo en dicho auto, requirió a la quejosa Belén Márquez Talavera, para que señalara, identificara o grafique el lugar en donde se encuentra localizado el cincuenta por ciento del predio materia de la litis, a fin de restituirle en cuanto a la parte proporcional que le corresponde, es decir, el cincuenta por ciento de la superficie de referencia. Del mismo modo, giró oficio al Magistrado del Tribunal unitario Agrario del Distrito Cincuenta y Seis, con residencia en Tepic, Nayarit, para su conocimiento y se obtuviera de llevar a cabo la ejecución de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil quince. 2. Por diverso auto de nueve de mayo de dos mil dieciocho, volvió a requerir a la quejosa Belén Márquez Talavera, para que señalara, identificara o grafique el lugar en donde se encuentra localizado el cincuenta por ciento del predio materia de la Litis (fojas 247 a 248). Sin embargo, al haber sido omisa, por acuerdo de doce de junio de dos mil dieciocho, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se le tuvo por precluido su derecho y se le concedió a la parte actora Asamblea General de Ejidatarios, el termino de tres días para que identificara el cincuenta por ciento del predio materia de la Litis, a fin de que le fuera entregado dicho porcentaje, respetándole el 50% perteneciente la quejosa Belen Márquez Talavera (foja 263). 3. Así, por acuerdo de dos de julio de dos mil dieciocho, se solicitó al Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, a fin de que comisionara un ingeniero para que se lleve a cabo la división de un cincuenta por ciento, debiendo identificar como fracción uno y fracción dos (fojas 273) 4. Luego por acuerdo de trece de julio la responsable recibió los planos de las fracciones A y B, por lo que ordenó girar exhorto al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 56, con sede en la Ciudad de Tepic, a fin de que hiciera entrega a la parte actora aquí tercera interesada comunidad indígena de San Sebastian Teponahuaxtlan y su anexo Tuxpan de los municipios de Mezquitic y Bolaños, del Estado de Jalisco la fracción "B", con una superficie de 02-15-27.84 hectáreas, respetando el 50% de la superficie "A" que corresponde a la quejosa (fojas 281 a 282) Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de la materia vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Máxime, que como se dijo en la sentencia el acto reclamado nunca tuvo ejecución material, pues como lo informó el Tribunal Unitario Agrario 56, la ejecución del acto reclamado se encontraba suspendido, toda vez que la comisión de asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, había entregado un documento en el que dicho órgano legislativo tomo un punto de acuerdo, en el sentido de que dicho conflicto se atendiera por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (CEDATU), para que se resolviera por medio del programa de conflictos sociales en el medio rural (COSOMER). Asimismo, por su parte, las diversas responsables Director General de Asuntos Jurídicos en suplencia del Fiscal General del Estado de Nayarit y Director General de la Policía Nayarit, Director General de Catastro y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con residencia en esta ciudad, informaron lo conducente sobre el cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del arábigo 196 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asuntos concluidos, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es depurable, debido a que se concedió la suspensión de los actos reclamados (fojas11 a 14 47 a 51, 68 a 72, 130 a 134, del original del cuaderno incidental); por ende, déjese el mismo por separado y una vez transcurridos cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, depúrese, previa el acta respectiva y anotación correspondiente en el libro de gobierno que corresponda, empero, deberán conservarse la demanda de amparo y la resolución interlocutoria que otorgó la suspensión a la parte quejosa; en tanto que en términos del ordinal vigésimo, fracción III del Acuerdo General de mérito, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, procédase a la destrucción del mismo previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda.
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