Belen Nuñez del Rio
Expediente 39/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 39/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 28/04/2021
Partes del expediente
- Belen Nuñez del Rio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de abril de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia de nueve de marzo de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En este contexto, atento a lo ordenado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que: El cuaderno principal es susceptible de depuración, en virtud de que mediante sentencia de nueve de marzo de dos mil veintiuno, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal (artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo). Por otra parte, puesto que en el presente juicio de amparo se concedió la suspensión provisional y la definitiva, se hace constar que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, como lo establece el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho Acuerdo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se hace constar que es susceptible de destrucción el duplicado del incidente de suspensión; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo como asunto concluido se procederá a su destrucción, dentro del plazo de los treinta días siguientes. En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 35 del citado Acuerdo General, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, se ordena remitir como concluido el expediente de que se trata al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo; háganse constar las leyendas de valor que corresponda en la carátula del expediente principal e incidente original y duplicado. Se hace la precisión que una vez que obre en autos las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Ahora bien, toda vez que obra el anexo remitido por la autoridad responsable Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México; remítase mediante oficio a la citada responsable el expediente 723/2019, de su índice. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, agréguese el oficio 146/2021, proveniente del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con el que acusa recibo del diverso 16446/2020 de este índice, mediante el cual se remitió copia certificada de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo número 39/2020-V; promovido por Belén Núñez Del Río; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de enero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado al día siguiente al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, en esa misma ciudad, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y los actos que a continuación se citan: AUTORIDADES RESPONSABLES: a) JUEZ QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA con domicilio el ubicado en Av. Dr. Nicolás San Juan, número 104 Colonia Ex Rancho Cuauhtémoc, Toluca, Estado de México, Código Postal 50010. En su carácter de autoridad ordenadora b) JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO con residencia en Ixtapaluca, Estado de México y con domicilio ubicado en Avenida Tezontle esquina dos de Abril S/N Colonia La Era, Ixtapaluca, México, Código Postal 56530. En su carácter de autoridad ejecutora c) ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO, en su carácter de autoridad ejecutora." ACTOS RECLAMADOS: ".a.- Del C. JUEZ QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, se reclama LA ILEGAL NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO practicado dentro de los autos del expediente ***, relativo al Juicio Ejecutivo Mercantil promovido por Volskwagen Leasing S.A DE C.V a través de sus endosatarios en procuración, con lo que se me generó un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas, alegatos dentro de tal procedimiento, asimismo se reclama la ilegalidad de todas las actuaciones judiciales realizadas en ese juicio, hasta el auto que causaba ejecutoria la sentencia definitiva dictada en ese expediente, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. b.- Del C. JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO y el C. ACTUARIO ADSCRITO A DICHO JUZGADO, en su calidad de ejecutorias se reclama LA DILIGENCIA ILEGAL DE EMPLAZAMIENTO CUYA RAZÓN ACTUARIAL DEBE OBRAR EN AUTOS, misma que nunca me fue notificado personalmente o en los términos legales que se ordenan en los artículos 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, del Código de Comercio, dentro de los autos del expediente 723/2019 del índice del Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento y con lo que se me generó un estado de indefensión, al habérseme privado de mis derechos a contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegatos dentro de tal procedimiento para obtener una sentencia favorable a mis intereses. SEGUNDO. Incompetencia. El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por auto de trece de enero de dos mil veinte, declinó competencia para conocer de la demanda de amparo, por razón de territorio, cuyo conocimiento le correspondió a este juzgado de distrito; por proveído de dieciséis de enero del mismo año, no aceptó la competencia y devolvió los autos al juzgado de origen, el que insistió en su incompetencia y remitió los autos originales al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para la substanciación del conflicto competencial. TERCERO. Conflicto competencial. Por razón de turno, le correspondió el conocimiento al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, radicándolo bajo el número 1/2020 y mediante resolución de trece de mayo de dos mil veinte, determinó lo siguiente: "PRIMERO. Es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo indirecto promovida por ***, contra los actos atribuidos a las autoridades responsables precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, el Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. SEGUNDO. Remítanse el líbelo de garantías, así como testimonio de la presente resolución, al juzgado precisado en el resolutivo anterior, para que se avoque a su conocimiento; y, con testimonio de esta ejecutoria, comuníquese de este al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. (.)." CUARTO. Aceptación de competencia y admisión de la demanda. En cumplimiento a la anterior determinación, por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; se dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado y se pidió a las autoridades responsables su informe justificado, los cuales se rindieron con ocho días de anticipación en relación con la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó sin la comparecencia personal de las partes, tal como se asentó en el acta respectiva; y, QUINTO. Se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS122/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el licenciado José Fernando García Quiroz, es el nuevo titular de este órgano jurisdiccional; en ese sentido, no obstante que la audiencia constitucional fue celebrada por el anterior juez se procede a dictar la presente resolución. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 7, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, con registro 190717, de rubro y texto siguiente : "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SI LAS PRUEBAS Y ALEGATOS LOS RECIBE UN JUEZ DE DISTRITO Y LA SENTENCIA LA EMITE EN DIVERSA FECHA EL QUE LO SUSTITUYE, ELLO NO DA LUGAR A LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, PORQUE NO SON ACTOS PROCESALES DISTINTOS, SINO UNO SOLO. El primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo dispone: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.". De lo expuesto se infiere que la audiencia constitucional comprende los periodos de pruebas, alegatos y sentencia; ahora bien, si un Juez de Distrito recibe las pruebas y alegatos, y la sentencia la dicta en diversa fecha el Juez que legalmente lo sustituye, dicha sustitución no puede llevar a sostener que se trate de un diverso acto, pues conforme a la disposición transcrita se trata de un solo acto procesal, por lo que tal circunstancia no constituye violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías que amerite su reposición, siempre y cuando el acta haya sido firmada". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, es constitucional y legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 37, párrafo primero, 107 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se promueve contra un acto de una autoridad que radica dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En principio, es necesario precisar los actos reclamados, los que se desprenden del estudio íntegro de la demanda de amparo y de las constancias existentes en el expediente, pues constituyen un todo, con la finalidad de fijar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, así como con la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril 2004, página 255, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Así, del análisis integral de la demanda y de las constancias allegadas al presente juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México: Todo lo actuado en el juicio ejecutivo mercantil 723/2019. Del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco y Actuario adscrito a dicho juzgado: El emplazamiento al referido juicio ejecutivo mercantil ***, del índice del juzgado referido. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México y Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chalco y Actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional, pues así lo manifestaron al rendir su correspondiente informe justificado. Lo que se corrobora con el original del juicio ejecutivo mercantil ****; que la responsable adjuntó a su informe justificado; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de este último ordenamiento. Por tanto, son ciertos los actos reclamados. CUARTO. Para una mejor comprensión del asunto, es necesario señalar que de las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales fueron valorados en párrafos anteriores, se advierte que: 1. Mediante escrito de tres de septiembre de dos mil diecinueve, ****, en su carácter de endosatarios en procuración de Volkswagen Leasing, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovieron juicio ejecutivo mercantil en contra de **** (fojas 1 a 8 del juicio ejecutivo mercantil ***). 2. El cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, el Juzgado Quinto Mercantil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, al que le correspondió el conocimiento del asunto, lo admitió a trámite y ordenó el emplazamiento de la demandada, así como el requerimiento de pago y en su caso embargo (fojas 11 y 15 ídem). Toda vez que el domicilio de la demandada, se encuentra fuera de la jurisdicción territorial del citado juzgado, se giró exhorto el cual le correspondió al Juez Segundo Civil de Primera Instancia, en turno, del Distrito Judicial de Chalco, con residencia en Ixtapaluca, Estado de México. 3. En diligencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve, el ejecutor responsable se constituyó en el domicilio ubicado en ***, lugar en el que fue atendido directamente por la demandada Belén Núñez del Río, asentando el ejecutor responsable su media filiación, así como los datos de su credencial de elector **** por lo que procedió a requerirle el pago del adeudo, persona que le manifestó que no tenía para hacer dicho pago y que no señalaba bienes para embargo, pasando el derecho al actor, quien señaló como bien para embargo, las cuentas bancarias de la demandada registradas a su favor, en las instituciones bancarias existentes en el país; enseguida el ejecutor procedió a realizar el emplazamiento de la demandada (fojas 34 y 35 ídem). 4. En auto de treinta y uno de octubre siguiente, se hizo constar que transcurrió el término de ocho días concedido a la demandada, para que compareciera al juicio y contestara la demanda, por lo que, al no haberlo hecho se le declaró en rebeldía; además, se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones, aún las de carácter personal, los estrados del juzgado y el boletín judicial (fojas 44 a 46 ídem); 5. Seguido el juicio su trámite, el tres de diciembre de dos mil diecinueve, el juez natural dictó sentencia en la que condenó a la demandada Belén Núñez del Río, al pago de las prestaciones reclamadas, la cual se le notificó mediante instructivo el cuatro de diciembre de ese mismo año (fojas 67 a 75 ídem). Actuaciones que constituyen el acto reclamado. QUINTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los argumentos de inconformidad formulados por la parte agraviada, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa en esencia aduce, que con la diligencia reclamada se violan en su perjuicio los derechos humanos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso previstos en los artículos 4, 14 y 16 constitucionales, pues considera que fue practicada de forma ilegal, ya que a su consideración, no se cumplió con los requisitos del emplazamiento; además, se le dejó en estado de indefensión al privársele de su derecho de contestar la demanda, ofrecer pruebas y alegatos, por lo que reclama todo lo actuado en el juicio hasta la sentencia, en virtud de que no fue oída y vencida en juicio, pues no fue emplazada, con lo cual se le privó del derecho de audiencia y defensa, así como de obtener sentencia favorable a sus intereses. SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Los conceptos de violación sintetizados son infundados. En primer término, cabe señalar, que el emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda el derecho de las partes a ser escuchados en los mismos, en virtud de que de su observancia depende que el demandado conozca la existencia: a) de un juicio seguido en su contra; b) la autoridad que lo substancia; c) las partes que intervienen; d) las prestaciones reclamadas; y, e) los hechos en los que se sustenta la procedencia de la acción. La falta del llamamiento a juicio o su práctica deficiente, sin observar las exigencias legales, constituye la infracción adjetiva de mayor magnitud, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales, pues ello produce desamparo a la parte demandada, al afectar la posibilidad de oponer excepciones y defensas, ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar y tener acceso al dictado de una resolución conclusiva, en la que se decidan los planteamientos que haga valer para la protección de sus intereses. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental". Cabe enfatizar, que el artículo 79, fracción VI de la Ley de Amparo, establece que en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la queja deficiente, cuando se advierta que en contra del quejoso se ha suscitado una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, por afectar sus derechos previstos en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos signados por el Estado Mexicano. Así que, al constituir el emplazamiento una formalidad esencial del procedimiento, si tal actuación no se lleva a cabo o su práctica es deficiente, ello sin duda, constituye una violación evidente de la ley que constriñe a suplir la queja deficiente ante el estado de indefensión que produce en contra del afectado. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, de título y contenido siguientes, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón". En ese contexto, es pertinente citar, en lo que interesa el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su párrafo segundo establece: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho." De entre los diversos derechos fundamentales que contiene el precepto constitucional invocado, destaca el de audiencia, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de menoscabo se cumplan una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa al afectado. Es decir, el citado artículo, en su párrafo segundo, exige el respeto al derecho humano de audiencia antes de que se produzcan aquellos actos que en definitiva priven a alguien de sus bienes o derechos. En este sentido, las formalidades esenciales del procedimiento que todo juicio o procedimiento debe observar, para garantizar la defensa adecuada antes del acto privativo, en general, son las siguientes: a) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; b) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; c) La oportunidad de alegar; y d) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Las consideraciones expuestas, encuentran su origen en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con número de registro 200234, en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que se transcribe a continuación: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, como ya se dijo, la falta o el defectuoso emplazamiento del demandado al juicio natural, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues afecta al gobernado en la oportunidad de alegar, así como la de ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes e interponer recursos, lo que lógicamente implica colocarlo en estado de indefensión. Por ello, cuando exista algún vicio o irregularidad en el desahogo de esta diligencia de llamamiento a juicio, se debe considerar ilegal; independientemente de la fe pública de que goce el actuario, diligenciario o notificador que la llevó a cabo, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental. Sobre este aspecto, es aplicable la jurisprudencia de texto y rubro siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." Bajo esa perspectiva, procede analizar la diligencia de emplazamiento realizada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que se consignó lo siguiente: "RAZÓN DE DILIGENCIA DE EMBARGO. SIENDO LAS DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE OCTUBRE DOS MIL DIECINUEVE, EL LICENCIADO **** EJECUTOR DEL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO, CON RESIDENCIA EN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN COMPAÑÍA DE **** EN SU CARÁCTER DE ENDOSATARIO EN PROCURACIÓN, QUIEN SE IDENTIFICA CON COPIA CERTIFICADA DE CÉDULA PROFESIONAL NÚMERO ****, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DOCUMENTO DEL CUAL SE DA FE TENER A LA VISTA Y DEVUELVO A SU INTERESADO EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR AUTO DE FECHA CUATRO DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADOS POR EL JUEZ QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO, Y PROVEÍDO DE FECHA VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO POR EL JUEZ EXHORTADO, NOS CONSTITUIMOS FÍSICA Y LEGALMENTE EN EL INMUEBLE SEÑALADO EN AUTOS COMO DE LA PARTE DEMANDADA NÚÑEZ DEL RÍO BELÉN, EL UBICADO EN LA ****, Y BIEN CERCIORADO DE QUE ES EL INMUEBLE CORRECTO Y QUE ES EL DOMICILIO DONDE VIVE EL BUSCADO POR ASÍ CONSTATARLO CON EL MAPA DEL POBLADO, LA CALLE DONDE ME ENCUENTRO ES CONOCIDA CON EL NOMBRE DE PUENTE DE HALCONES SEGÚN PLACA METÁLICA QUE SE ENCUENTRA JUNTO A LA ENTRADA PRINCIPAL EN UN POSTE EN LA ENTRADA DE LA CALLE HAY UNA PUERTA O ZAGUAN DE LÁMINA GALVANIZADA ENFRENTE DE LA CALLE HAY UN SITIO DE TAXIS Y UNA GLORIETA LLAMO INSISTENTEMENTE HASTA QUE UNA PERSONA QUE VIVE EN LA CALLE ME PERMITE EL ACCESO Y UNA VEZ EN SU INTERIOR ME PERCATO A LO LARGO DE LA CALLE QUE SE TRATA DE VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL Y CADA UNA DE ELLAS ESPECIFICAN CLARAMENTE EL NÚMERO DE CASA, ME DIRIJO A LA VIVIENDA B DOSCIENTOS DOS SOY ATENDIDO POR UNA PERSONA DE QUIEN SE NIEGA A PROPORCIONAR SU NOMBRE SIENDO SU MEDIA FILIACIÓN SEXO FEMENINO TEZ MORENA, CARA OVALADA, CABELLO LACIO COLOR NEGRO DE 1.55 METROS DE ESTATURA DE CUARENTA Y DOS AÑOS APROXIMADOS Y CON EL DICHO DE LA CASA B DOSCIENTOS UNO DE QUIEN AL IGUAL NO LOGRO SABER SU NOMBRE SIENDO SU MEDIA FILIACIÓN: SEXO FEMENINO, TEZ APIÑONADA CARA OVALADA, CABELLO CHINO NEGRO DE COMPLEXIÓN ROBUSTA DE CINCUENTA AÑOS APROXIMADOS PERSONAS ÉSTAS QUE SON UNIFORMES Y CONTESTES QUE SEÑALAN "QUE SÍ CONOCEN A BELÉN NÚÑEZ DEL RÍO QUE ES SU VECINA Y QUE VIVE EN LA VIVIENDA SEÑALADA PARA REALIZAR LA DILIGENCIA, BAJO DICHOS ARGUMENTOS ME CONSTITUYO EN UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, PLANTA ALTA PUERTA BEIGE Y UNA PEQUEÑA VENTA, EXISTE UNA PLACA QUE PRECISA CON TODA CLARIDAD LA CALLE PUENTE DE HALCONES, MANZANA SESENTA Y SEIS LOTE CIENTO OCHENTA Y CINCO, CASA DOSCIENTOS UNO, LETRA A ------------. HECHO LO ANTERIOR, PROCEDO A TOCAR EN LA PUERTA DEL INMUEBLE DE REFERENCIA, ACUDIENDO A MI LLAMADO UNA PERSONA DEL SEXO FEMENINO, QUE ES BLANCA, CARA OVALADA, CABELLO CASTAÑO OBSCURO, QUEBRADO, COMPLEXIÓN REGULAR, DE 1.60 METROS DE ESTATURA, TREINTA Y OCHO AÑOS DE EDAD, QUIEN POR SU DICHO DICE SER LA PERSONA BUSCADA Y LLAMARSE ***.-----------------. PREVIA IDENTIFICACIÓN DEL SUSCRITO CON MI GAFETE OFICIAL, EXPEDIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSEJO DE LA JUDICATURA. SOLICITO A LA PERSONA QUR SE IDENTIFIQUE A LO CUAL ME MUESTRA CREDENCIAL DE ELECTOR CLAVE ***** ACTO CONTINUO, PROCEDO A ENTENDER LA DILIGENCIA CON BELÉN NÚÑEZ DEL RÍO DANDOLE LECTURA ÍNTEGRA AL O A LOS AUTO (S) CITADO (S) EN LAS LÍNEAS QUE ANTECEDEN; POR LO CUAL, EN CUMPLIMIENTO AL DICHO (S) PROVEÍDO (S) LE REQUIERO PARA QUE EN ESTE ACTO, A NOMBRE, PROPIO HAGA PAGO A LA PARTE ACTORA O A QUIEN SUS DERECHOS REPRESENTE, DE LA CANTIDAD DE $271,754.65 (DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 MONEDA NACIONAL) POR CONCEPTO DE SUERTE PRINCIPAL, MÁS LOS ACCESORIOS LEGALES RECLAMADOS, HACIENDOLE DE SU CONOCIMIENTO; QUE EN CASO DE NO VERIFICARSE EL PAGO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1394, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, TIENE EL DERECHO EN PRIMER TÉRMINO DE SEÑALAR BIENES SUFICIENTES PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS, APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO, EL DERECHO PARA SEÑALAR BIENES PASARÁ A LA PARTE ACTORA; A LO QUE MANIFIESTA: NO CONTAR CON DINERO PARA REALIZAR EL PAGO Y TAMPOCO CUENTO CON BIENES PORQUE TODO LO QUE HAY DENTRO ES DE SU MAMÁ, BAJO LA NEGATIVA DE SEÑALAR BIENES CEDÍ EL DERECHO A SEÑALAR BIENES AL ACTOR POR CONDUCTO DE LA ENDOSATARIA EN PROCURACIÓN, QUIEN EN USO DEL MISMO SEÑALA LO SIGUIENTE: LA CANTIDAD DE DINERO QUE TENGA LA DEMANDADA A SU FAVOR EN LAS INSTITUCIONES BANCARIAS EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS, SOLICITANDO SE SIRVA GIRAR ATENTOS OFICIOS A LA COMISIÓN BANCARIA Y DE VALORES PARA QUE A SU VEZ GIRE OFICIOS A LAS DIVERSAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO PARA HACERLES SABER EL EMBARGO SOBRE DICHAS CUENTAS. ENSEGUIDA EL SUSCRITO EJECUTOR ADSCRITO AL JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE CHALCO, CON RESIDENCIA EN IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO, EN NOMBRE DE LA LEY PROCEDO A TRABAR FORMAL Y LEGAL EMBARGO SOBRE LOS BIENES ANTES DESCRITOS, PERO SÓLO EN TANTO Y CUANTO BASTEN A GARANTIZAR LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN ESTE ACTO SOLICITADO A LA ACTORA DESIGNE DEPOSITARIO, DESIGNANDO COMO DEPOSITARIO DE LOS BIENES EMBARGADOS A C. ________, QUIEN SE IDENTIFICA CON ______.(.). CON FUNDAMENTO EN LOS DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1396 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PROCEDO CORRER TRASLADO A LA PARTE DEMANDADA NÚÑEZ DEL RÍO BELÉN ENTREGÁNDOLE LAS COPIAS SIMPLES DE LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN, DEMÁS DOCUMENTOS, DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS, CÉDULA DE NOTIFICACIÓN; EMPLAZÁNDOLO PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE OCHO DÍAS ACUDA AL LOCAL DEL JUZGADO QUINTO MERCANTIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE TOLUCA, MÉXICO BAJO EL NÚMERO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL______, A HACER PAGA LLANA DE LA CANTIDAD ADEUDADA Y LAS COSTAS Y OPONGA LAS EXCEPCIONES QUE TUVIERE QUE HACER VALER PARA TAL EFECTO, DEBIENDO EN EL MISMO ESCRITO OFRECER SUS PRUEBAS, ASIMISMO, LE PREVENGO PARA QUE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE SU PARTE DENTRO DE LA UBICACIÓN DENTRO DE LA UBICACIÓN DEL JUZGADO ANTES MENCIONADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO ASÍ LAS POSTERIORES AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL SE LE HARÁN EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO EN CITA. ASIMISMO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 43 DE LA LEY DE MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PAZ SOCIAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, LE HAGO SABER A LAS PARTES QUE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN SON MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIONAR EL PRESENTE CONFLICTO Y EL CENTRO ESTATAL MÁS CERCANO ESTÁ UBICADO DENTRO DE LOS JUZGADOS DE CHALCO, ESTADO DE MÉXICO. FINALMENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 2, 7, 19 Y 20 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 14 DEL REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, SE HACE SABER A LA PARTE ACTORA, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO Y A LA PARTE DEMANDADA, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA CONTESTAR LA DEMANDA, OTORGUE SU CONSENTIMIENTO PARA PUBLICAR SUS DATOS PERSONALES, PARA EL CASO DE NO HACER MANIFESTACIÓN ALGUNA O DE HACERLA EN SENTIDO NEGATIVO, LAS RESOLUCIONES O LA INFORMACIÓN QUE QUEDE A DISPOSICIÓN DEL PUBLICO, SE HARÁ EN VERSIÓN PÚBLICA, POR ÚLTIMO, HAGO TAMBIÉN ENTREGA AL EJECUTANTE Y EJECUTADO COPIA DEL ACTA LEVANTADA. POR LO QUE MANIFIESTA LA PERSONA QUE NOS ATIENDE QUE SÍ RECIBE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS, NO FIRMANDO AL FINAL DE RECIBIDO POR NO CONSIDERARLO NECESARIO. POR LO QUE SE DA POR TERMINADA FIRMANDO AL CALCE LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVINIERON, QUISIERON Y SUPIERON HACERLO. DOY FE. Tres rúbricas." De los datos contenidos en la documental pública transcrita, se deriva la certeza de que contrariamente a lo expuesto en los motivos de inconformidad, la ahora quejosa fue llamada al juicio de origen mediante la diligencia emplazamiento realizada el nueve de octubre de dos mil diecinueve, en el domicilio proporcionado por la parte actora, por lo que se debe considerar que no se transgredió el derecho fundamental de audiencia previsto en el artículo 14 de la Constitución Federal. Ello es así, porque la práctica de esa diligencia se siguieron los lineamientos contenidos en la ley mercantil para tal efecto, pues se desarrolló el auto de exequendo en el orden señalado; esto es, se requirió de pago a la deudora, se trabó embargo y se le emplazó a juicio. Lo dicho, pues de esa actuación judicial se aprecia que el fedatario judicial se cercioró que se constituyó en el lugar correcto, al haber sido el señalado para tal efecto en el juicio de origen, pues indicó que lo constató con los siguientes medios: ". mapa del poblado, placa visible de la calle, por información de dos vecinas del lugar, quienes incluso habitan las viviendas "B" doscientos dos y "B" doscientos uno; por la placa que existe en el inmueble que señala claramente la dirección buscada, así como por los informes de quien acudió a su llamado y dijo ser Belén Núñez del Río de 38 años, 1.60 metros estatura, tez blanca, cara ovalada, cabello castaño oscuro y quebrado, complexión regular." Lo expuesto, cobra relevancia porque en la diligencia se asentó que la propia demandada, quien se identificó con un documento oficial aceptó participar en ese acto y con ello, se entiende satisfecho el principio de certidumbre, pues quedó demostrado que ese acto procesal se practicó en el lugar designado para tal efecto, con la persona interesada a quien se le entregaron los documentos y copias necesarios, para que conociera la pretensión deducida en su contra, el nombre del actor, el lugar donde se encuentra radicado el juicio y el número de expediente, todo ello, con la finalidad de proporcionarle la oportunidad de instrumentar su defensa, esto es, existe constancia de que con la -ahora quejosa- se practicó directamente la diligencia, en la que asentó el ejecutor responsable su media filiación y obtuvo los datos de su credencial de elector con clave NUB811113MDFXXL05, lo que resulta trascendente pues no se ofreció prueba idónea para demostrar que los datos asentados en esa diligencia no corresponden a la realidad; por tanto, en virtud de que la diligencia se practicó directamente con la demandada en el juicio de origen, es obvio que tal circunstancia satisface plenamente el cercioramiento exigido por la ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO EXACTO DEL DOMICILIO (CÓDIGO DE COMERCIO REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 13 DE JUNIO DE 2003). En la jurisprudencia número 1a./J. 55/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 33, de rubro: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la fracción II del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente hasta el 31 de diciembre de 2004, determinó que en los casos en que el actuario judicial entienda personalmente con el demandado la primera notificación dentro del procedimiento respectivo, quien así lo manifestó al momento de la diligencia, es innecesario que se asienten los datos acerca del cercioramiento del domicilio, en tanto que dicha corroboración surge simultánea, precisamente del hecho de que el propio enjuiciado asevere que es su domicilio el lugar en que se constituyó el notificador. Ahora bien, el artículo 1393 del Código de Comercio, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de junio de 2003, dispone que el notificador debe cerciorarse de que el domicilio en el que practica la diligencia es el del deudor, mientras que el primero de los numerales mencionados prevé que quien haga la notificación debe cerciorarse previamente de que en el lugar designado para practicarla, se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada; de lo anterior se aprecia que los preceptos citados son equivalentes y, por ende, pueden interpretarse en el mismo sentido. De tal suerte que, si en un juicio ejecutivo mercantil el emplazamiento se entiende directamente con el demandado debe estimarse cumplido el cercioramiento exacto del domicilio, sin ser necesario que el diligenciario asiente en las actas correspondientes los medios de cercioramiento de aquél, pues al practicar la diligencia con el propio enjuiciado, dando fe de su manifestación de ser la persona buscada, se llega a la conclusión de que el domicilio en el que se constituyó el fedatario judicial ciertamente era el de la persona a quien se debía emplazar." Además, el funcionario judicial emplazó a la demandada corriéndole traslado con copias de la demanda, de los documentos base de la acción exhibidos debidamente sellados y cotejados y le hizo saber que ocurriera a contestar la demanda. En ese contexto, es dable afirmar que la hoy quejosa fue llamada al juicio de origen bajo las formalidades previstas en la ley mercantil, pues no existe prueba que acredite lo contrario, no obstante que el fedatario judicial asentó que la demandada no quiso firmar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento por no desearlo, porque ese sólo hecho no desvirtúa la presunción de legalidad de esa diligencia. En las condiciones apuntadas, son infundadas las manifestaciones de la quejosa respecto a que no fue legalmente emplazada al juicio de origen; ya que como se expuso, en la diligencia referida se cumplieron las formalidades señaladas en el Código de Comercio e incluso, en el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria para tal fin; además de que no se demostró que la diligencia relativa fuera contraria a derecho, ya que para desvirtuar la fe de la que está investido un funcionario público, no basta aseverar que fue ilegal el emplazamiento, pues corresponde a quien lo impugna, demostrar con los medios de prueba idóneos los vicios de forma o materiales que se atribuyen a la actuación que se combate, lo que no ocurrió en el caso, por lo que al no existir prueba en contrario que desvirtúe el emplazamiento realizado, es evidente que conserva su valor probatorio para demostrar la legalidad de lo que se reclama. En esa tesitura, resultan infundados los conceptos de violación en que se aduce que el emplazamiento no se le realizó personalmente, o en los términos señalados por el Código de Comercio; porque tal afirmación no está corroborada con otros elementos de prueba y por ello es insuficiente para desvirtuar la presunción legal con que cuenta la diligencia de nueve de octubre de dos mil diecinueve; por tanto, como ya se dijo, no existe base para considerar que la actuación de la autoridad responsable es contraria a las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Resulta aplicable la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación y sin que se advierta motivo para suplir la queja, lo procedente es negar el amparo y protección a Belén Núñez del Río. Determinación que se hace extensiva a los actos posteriores al emplazamiento, consistentes, en todas las actuaciones posteriores en el juicio ejecutivo mercantil 723/2019, alno reclamarse por vicios propios e incluso, porque la quejosa omitió comparecer a juicio a defender sus derechos, pese a haber sido llamada legalmente a esa contienda. La declaración anterior, involucra a los señalados actos de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS. Cuando el amparo y protección de la justicia federal se concede en contra de actos atribuidos a las autoridades ordenadoras, tal concesión debe hacerse extensiva a las ejecutoras al no existir impugnación por vicios propios." Por lo expuesto, fundado, con apoyo además, en los artículos 62, 73, párrafo primero, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara Ni Protege a *** contra los actos precisados en el considerando segundo y por las consideraciones precisadas en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de noviembre de dos mil veinte. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio remitido por el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, a través del cual devuelve diligenciado el exhorto 88/2020 (orden 233/2020) del índice de este órgano jurisdiccional. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, de las constancias remitidas por el juzgado oficiante se advierte que el tercero interesado ******* fue debidamente emplazado el diecisiete de octubre de dos mil veinte. Cúmplase.
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