Beatriz Blas Hernández
Expediente 1449/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/10/2022
Partes del expediente
- Beatriz Blas Hernández
Actuaciones
- Principal
.-Toluca, Estado de México; siete de octubre de dos mil veintidós. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, a través del cual se desechó la demanda de amparo, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. . Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1.- Radicación. Vista la demanda de cuenta aparentemente promovida por ******* contra actos del Gobernador del Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 1449/2022-IV. 2.- Acto reclamado. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el decreto número 21, artículo tercero, que reforma los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, emitido por la LXI Legislatura del Estado de México, publicado en la Gaceta Oficial de Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el treinta y uno de enero de dos mil veintidós; así como su ejecución. 3.- Desechamiento. En el caso, por lo que respecta al acto reclamado antes precisado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 6°, 61, fracción XXIII, y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, en virtud que la demanda de amparo carece de la firma del promovente, los que a la letra dicen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;". Además, conviene precisar que si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece expresamente qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129, determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal, se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el citado artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. Ahora bien, tomando en consideración lo anterior, el escrito inicial de demanda de amparo contiene por sí, las características de un documento privado, porque proviene de un particular sin que aparezca la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 122 de la Ley de Amparo, disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo con lo establecido en el precepto últimamente citado. ...Por tanto, en razón de que el artículo 108 de la Ley de Amparo, exige como uno de los requisitos de la demanda el que sea firmada por quien la promueve, y si bien en ese numeral no se menciona expresamente la palabra firma, lo cierto es que al establecer que debe formularse por escrito, implícitamente así lo reconoce, toda vez que con la firma, se exterioriza la voluntad de realizar determinado acto y se acredita la autoría del documento. Bajo esta tesitura, cuando la demanda de amparo es promovida sin firma o bien con firma en copia simple como en el presente caso, resulta obvio que ello da origen a la improcedencia del juicio de amparo así intentado, porque quien aparece en la demanda como promovente, aunque el acto reclamado pueda afectar su esfera jurídica, no externó su voluntad de acudir al juicio constitucional, lo cual se traduce en el incumplimiento del requisito de instancia de parte agraviada, previsto en el artículo 6° de la Ley de Amparo. En ese tenor, y toda vez que en el caso en particular, como se ha narrado, se aprecia que el escrito de amparo no contiene la firma o rúbrica de la parte quejosa en original, debe decirse que no se asegura la relación jurídica entre dicho escrito y el quejoso; de ahí que no pueda identificarse a la persona que presenta el ocurso, como el quejoso; lo que se robustece con lo referido por la oficina de correspondencia común en el apartado de observaciones asentó "FIRMA EN COPIA SIMPLE", lo que interesa que la demanda de amparo presuntamente promovida por Beatriz Blas Hernández, por propio derecho, fue recibida en copia, sin que se advierta de la misma, la firma autógrafa en original en los traslados respectivos. ....En consecuencia, se pone de manifiesto que el documento que se exhibió en la oficialía de partes común, y luego, recibido en este juzgado, al se trata de una fotocopia o copia simple, pues no tiene las características de un escrito original; pero además, carece de firma autógrafa, y si bien en la parte correspondiente a la firma se encuentra signado, ello no corresponde a una firma autógrafa, lo que es insuficiente para evidenciar la manifestación de la voluntad de la promovente de amparo, porque como se dijo, se trata de una fotocopia, lo que de ninguna manera tiene los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, por lo que se presume una ausencia en la expresión de la voluntad de la quejosa al presentar la demanda. De tal suerte, que como el juicio de garantías puede promoverse sólo por la parte en quien recae el perjuicio que el acto reclamado le genera; por tanto, si el escrito no contiene la firma de la persona que aparece como promovente, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia que se surte de lo dispuesto en los artículos 6, 61 fracción XXIII, y 108, fracción I, todos de la Ley de Amparo, al no encontrarse firmado el escrito inicial, es procedente con fundamento en el precepto 113, de la ley de materia en cita, desechar de plano la demanda que dio origen al presente asunto, por ser notoriamente improcedente. Por otro lado, como se precisó con antelación, la parte quejosa no firmó la demanda, por lo que no se expresó la voluntad de la promovente; en consecuencia, no ha lugar a tener por designados como autorizados a los profesionales que señala. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase como tal las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado. ...Notifíquese.
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