BEATRIZ SUAREZ OLVERA y Otros.

Expediente 552/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
552/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
25/05/2017

Partes del expediente

  • BEATRIZ SUAREZ OLVERA y Otros.
  • Beatriz Suarez Olvera

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, en específico de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación de doce de mayo de dos mil diecisiete, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO el auto por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Beatriz Suárez Olvera y Candelaria Arellano Vega, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEFINITIVO En consecuencia, con fundamento en el artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con el diverso 196, párrafos tercero y cuarto, de la misma legislación, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 01/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental, por lo que es destruíble. Notifíquese.

  2. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a doce de mayo de dos mil diecisiete. Visto el escrito de demanda signado por Beatriz Suárez Olvera y Candelaria Arellano Vega, contra actos que reclaman del Juez de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo y otra. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 552/2017-2, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la orden de cateo ejecutada en el domicilio ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas sin número, en Acatlán, Hidalgo. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." De la interpretación de dicho precepto, se tiene que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En efecto, el Máximo Tribunal Constitucional del País ha sostenido que los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, y que para determinar si se está en presencia de un acto de esa naturaleza, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Es decir, los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni jurídica ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, en otras palabras, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa reclama la orden de cateo emitida por el Juez de Control adscrito al Segundo Circuito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Empero, del contenido íntegro de la demanda se desprende que el mismo se ejecutó el dieciocho y diecinueve de abril del presente año, en la que incluso fueron asegurados vehículos, los cuales refieren las quejosas son de su propiedad. De lo anterior, se puede advertir con toda claridad que la orden de cateo reclamada fue ejecutada el dieciocho y diecinueve del presente año, al haberse realizado la inspección del Avenida Lázaro Cárdenas sin número, en Acatlán, Hidalgo. En ese tenor, si las órdenes de cateo, de conformidad con el numeral 16 Constitucional, tienen por finalidad inspeccionar algún lugar, aprehender a alguna persona o buscar algún objeto, y en el supuesto que se analiza se advierte de autos que dicha orden ya fue ejecutada, es incuestionable que se realizaron tanto sus efectos jurídicos como materiales, y en ese sentido debe considerarse un acto consumado de manera irreparable sobre el cual es improcedente el juicio de amparo, porque aún y cuando se le concediera el amparo y protección de la Justicia Federal, sería imposible restituir a la parte quejosa en el goce de algún derecho fundamental violado, ya que no existe ningún medio para volver las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la ejecución del cateo reclamado. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 484, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo." Sin que pase desapercibido para este órgano de control constitucional la circunstancia de que durante la ejecución de la orden de cateo se hayan asegurado bienes muebles, los cuales las quejosas refieren son de su propiedad, pues contra dicho aseguramiento y/o retención las quejosas tienen expedito su derecho para realizar las gestiones jurídicas ante la instancia correspondiente para contrarrestar dicho acto. Por todo lo expuesto, este órgano de control constitucional arriba a la conclusión de que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al encontrarse acreditada la causal de improcedencia anteriormente señalada, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 63, fracción V de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, la presente de demanda promovida por Beatriz Suárez Olvera y Candelaria Arellano Vega. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que se señala en su escrito inicial de demanda. Asimismo, téngase como autorizados del quejoso a los licenciados Carmen David Elizalde Franco y José Luis Vargas Jiménez en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Módulo de Consulta del Consejo de la Judicatura Federal; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a los licenciados Luis Ángel López Cortés y Víctor Antonio Elizalde Franco, por no tener registrada su cédula en dicho módulo, sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acrediten lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerlos como autorizados en términos amplios. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Fredy Francisco Aguilar Pérez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, asistido del licenciado Néstor Edgar Magos Mera, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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