Beatríz López Sánchez

Expediente 874/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
874/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2023

Partes del expediente

  • Beatríz López Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Pachuca de Soto, Hidalgo, a uno de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio presentado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta Ciudad, mediante el cual informa que admitió los recursos de revisión interpuestos, quedando registrados con el número 199/2023, circunstancia de lo cual se toma conocimiento. Notifíquese.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL EN LA QUE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA Y/O AUTORIZADOS NO ACUDIÓ DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTE AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DEL PROVEÍDO DE UNO DE JUNIO ACTUAL, POR LO QUE CON FUNDAMENTO EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE PROCEDE A NOTIFICAR MEDIANTE LISTA DE ACUERDOS DE ESTE JUZGADO EL SIGUIENTE PROVEÍDO: ""NOTIFIQUESE ""Pachuca de Soto, Hidalgo, uno de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo signada por ********************, promovida contra actos del ******************** REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número ********************del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN En principio, debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al respecto conviene citar por las razones que informan la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontece. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado en el presente asunto es: "3. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. 3.1.- AUTORIDAD ORDENADORA. JUZGADO MIXTO PRIMERA INSTANCIA EN ACTOPAN, PRIMER CIRCUITO CON RESIDENCIA EN ACTOPAN DEL ESTADO DE HIDALGO. 3.2 AUTORIDAD EJECUTORA. 3.2. A.- DIRECTORA DE LA COORDINACIÓN DE ACTUARIOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO 3.2. B.- ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN ACTOPAN, PRIMER CIRCUITO CON RESIDENCIA EN ACTOPAN DEL ESTADO DE HIDALGO. ACTO RECLAMADO DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE ORDENADOR, LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE ORDENA EL REQUERIMIENTO DE PACGO Y EN CASO DE NEGATIVA EL EMBARGO DE BOIENES DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORIAS, la ejecución y el cumplimiento derivado de los actos que emanan el acto reclamado." Sin embargo, bajo la óptica de quien resuelve, dicho acto no afecta los derechos subjetivos de quien acude ante esta instancia Constitucional, ya que el acto reclamado consiste únicamente en el requerimiento de una obligación de pago incoada mediante juicio ejecutivo mercantil, con base en un diverso título de crédito en el cual se asentó como domicilio de pago el cito en el lugar al que se hace referencia por la parte quejosa. Pero no obstante lo anterior, el auto de exequendo per se no es susceptible de impugnarse en la presente instancia constitucional, en virtud de que previo a acudir al Juicio de Amparo, el impetrante debe agotar el recurso que contempla la ley de la materia, en observancia al principio de definitividad que rige el juicio en comento. Lo anterior es así, ya que el agotamiento previo de los recursos ordinarios, como regla institucional del sistema procesal implica que las autoridades judiciales locales deben solucionar las controversias que se sujetan a su jurisdicción, antes de que dichas disputas sean sometidas al conocimiento de las autoridades que ejercen la jurisdicción constitucional. Además, al justiciable se le impone la carga de agotar los recursos ordinarios, antes de acceder a la justicia de amparo, porque tales medios no son meras exigencias formales para retardar la impartición de justicia, ni requisitos inocuos que deben cumplirse para conseguir la tutela judicial efectiva que garantiza la Constitución Federal, sino que son, generalmente, instrumentos aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o auto combatido. Como se adelantó, este órgano de control constitucional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en virtud de que el acto reclamado a la autoridad responsable, es susceptible de impugnarse mediante la interposición del recurso de apelación, previsto en el Código de Comercio, cuerpo normativo que rige el juicio ejecutivo mercantil del que emana el acto reclamado, como se verá a continuación: "Artículo 1183.- En contra de la resolución que decrete una providencia precautoria procede el recurso de apelación de tramitación inmediata en efecto devolutivo, en términos de los artículos 1339, 1345, fracción IV, y 1345 bis 1 de este Código. Sin perjuicio de lo anterior, la persona contra quien se haya dictado una providencia precautoria, puede en cualquier tiempo, pero antes de la sentencia ejecutoria, solicitar al juez su modificación o revocación, cuando ocurra un hecho superveniente". "Artículo 1165.- El documento privado que contenga deuda líquida y sea de plazo cumplido, permitirá al acreedor, promover medios preparatorios a juicio, exhibiendo el documento al juez a quien se le hará saber el origen del adeudo, solicitándole que ordene el reconocimiento de la firma, monto del adeudo y causa del mismo. (...) La resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata.". De ahí que, si la inconforme estima que el auto reclamado fue emitido de forma ilegal o indebida, es evidente que previo a la promoción de este juicio de amparo, debió haber agotado el recurso de apelación a que se alude en la transcripción anterior, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse. Por consecuencia, resulta que el presente juicio de amparo es improcedente, pues los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener lo solicitado, se puede abrir el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de ahí que en el caso, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el ordinal 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Esto último se afirma, pues como se ha dicho, si la inconforme previo a la promoción de este juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que expresamente contempla la codificación que rige la tramitación del expediente generador del acto de molestia, por virtud del cual, lo reclamado puede modificarse, revocarse o nulificarse, y así obtener la reparación de los derechos que estima conculcados, es claro que el acto de molestia, y sus consecuencias no pueden ser analizados en esta instancia constitucional, pues, previamente a su promoción, debe observarse el principio de definitividad que rige su tramitación. No es óbice a lo anterior, las excepciones al principio de definitividad contempladas en los incisos a), b), c) y d) de la porción normativa antes invocada, en el sentido de que no es obligatorio agotar el medio de impugnación previsto en la ley aplicable, en los casos, entre otros, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, o bien, tratándose de personas extrañas, pues, como se ha visto, la parte impetrante de amparo no ha resentido acto de molestia alguno respecto de la determinación que combate, por lo cual no encuadra en las excepciones mencionadas, las cuales son de aplicación estricta. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de que se trata, en términos de los artículos 112 y 113 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo para la anterior determinación, el criterio en el cual la Primera Sala resolvió la Contradicción de Tesis 146/2015, a lo cual recayó la jurisprudencia 12/2016 de la Décima Época, con número de registro 2011695, de contenido siguiente: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL CUYA SENTENCIA DEFINITIVA SEA APELABLE POR RAZÓN DE LA CUANTÍA. CONTRA EL AUTO DE EXEQUENDO DICTADO EN AQUÉL, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN DE TRAMITACIÓN INMEDIATA, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el artículo 1345 del Código de Comercio establece diversas hipótesis para la procedencia de la apelación de tramitación inmediata, entre las que no se encuentra el auto de exequendo, también lo es que dicho numeral forma parte de un sistema de normas que regula el recurso de apelación, por lo que se complementa con los casos expresamente previstos en el citado código como apelables de tramitación inmediata. Bajo esa perspectiva, si el artículo 1165, último párrafo, del mencionado código, expresamente señala que la resolución que niegue el auto de ejecución será apelable en ambos efectos y, en caso contrario, se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, es inconcuso que contra el auto de exequendo dictado en el juicio ejecutivo mercantil, cuya sentencia definitiva sea apelable por razón de la cuantía, procede el recurso de apelación de tramitación inmediata y, en consecuencia, es necesario agotarlo previo a la promoción del juicio de amparo indirecto en su contra, a fin de cumplir con el principio de definitividad que rige en la materia, contenido en los artículos 73, fracción XIII de la Ley de Amparo abrogada y 61 fracción XVIII, de la vigente". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda y por autorizados en términos restringidos a Los profesionistas que señaló la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, por no acreditar con cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito; sin perjuicio de que durante la tramitación del presente juicio acredite lo anterior y previa manifestación de la parte quejosa para tenerla como autorizada en términos amplios. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente""

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