Beatriz Magaña Garcia

Expediente 665/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
665/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
05/10/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Magaña Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por la quejosa ********************, se le tiene solicitando copias fotostáticas certificadas de todo lo actuado en el juicio en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, se autoriza la expedición de las copias fotostáticas certificadas que refiere, asimismo, previa identificación y recibo que de ello se asiente en autos, entréguense a la persona que autoriza para tal efecto. De igual forma se tiene a la quejosa por señalado como nuevo domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en ******************** Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta suscrito por los promoventes precisados en supra líneas, a través del cual manifiestan que es verdad que les constan los hechos y abstenciones que se contienen en los actos reclamados, los cuales también les constan. Ahora, toda vez que las autoridades precisadas como responsables y actos reclamados, consisten en lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Contralora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Abogado General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo - ACTO RECLAMADO: "La determinación de siete de junio de dos mil veintidós, emitida por el Abogado General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respecto de nuestra solicitud de pago de seguro de vida por defunción establecido en la cláusula 53 y el seguro de vida adicional contemplado en la cláusula 54 del Contrato Colectivo de trabajo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo" Al respecto, analizada la demanda de amparo, se advierte que el presente juicio resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1, fracción I y último párrafo y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Para arribar a esa conclusión, conviene en principio destacar el contenido de tales numerales, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Por tanto, de los preceptos previamente citados, así como del acto reclamado y autoridades a quienes se atribuye, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, en los casos en que se actualiza una causa prevista en la Ley de Amparo o en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias, que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías para su protección por la propia Constitución. Ahora bien, los actos de los que se duele la parte peticionaria del amparo y que atribuye a las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, evidentemente, no corresponden a una relación de supra a subordinación como las que se suscitan entre un ente público dotado de imperio e investidura pública y un particular, sino en un plano de carácter laboral, cuya relación es de coordinación. Ello, porque los quejosos se ostentan beneficiarios en cuanto viuda e hijos de -, quien en vida fuera trabajador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; y en esencia, reclaman la determinación de siete de junio de dos mil veintidós, emitida por el Abogado General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, respecto de su solicitud de pago de seguro de vida por defunción establecido en la cláusula 53 y el seguro de vida adicional contemplado en la cláusula 54 del Contrato Colectivo de trabajo del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Por lo que se advierte que dicha respuesta a los beneficiarios del extinto trabajador de la citada Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, relativa al pago de seguro de vida por defunción y seguro de vida adicional, precisados en supra líneas, lo hace en cumplimiento del artículo 123 de la Constitución Federal, con el efecto de garantizar prestaciones dentro de la organización social del trabajo, por lo que toda cuestión que se suscite bajo ese tenor, es de naturaleza eminentemente social y de manera específica en la materia de trabajo, no sólo porque incide en la garantía prevista en dicho precepto constitucional, sino además porque se trata de una prestación laboral, estipulada en el contrato colectivo de trabajo. Al respecto se cita el contenido del citado numeral 123 de la Constitución General de la República. "Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley." En efecto, la autoridad para los efectos del juicio de amparo, se reitera, es todo ente que, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En ese sentido, para dirimir las cuestiones que devengan de prestaciones laborales, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de procedimientos de índole laboral. De ahí que las partes involucradas deben acudir a los tribunales laborales para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley. Por ello, el acto reclamado no se puede entablar en una relación entre gobernante y gobernado, en las que el primero actúe en un plano superior, en beneficio del orden público y del interés social, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así pues, el acto que reclama la parte quejosa no constituye un acto de autoridad que deba ser materia de juicio de amparo, sino precisamente se trata de una cuestión derivada de una prestación laboral; motivo por el cual, debe ser ventilado ante la autoridad jurisdiccional laboral competente y no ante este órgano de control constitucional. Tiene aplicación a lo anterior, la Jurisprudencia PC.IV.L J/14 L (10a.), Décima Época, del Pleno en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito; registro digital: 2012874; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 35, Octubre de 2016, Tomo II, página 1442, del tenor: "CONFLICTOS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD SOCIAL. LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 899-C DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYEN LOS HECHOS DE LA DEMANDA QUE PRESENTA EL ACTOR, EN LOS QUE DEBE FUNDAR SUS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR ENDE, SI NO CUMPLE CON ESOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD NO PUEDE CONFIGURARSE LA ACCIÓN RESPECTIVA. Del análisis correlacionado de los artículos 899-A, 899-B, 899-C y 899-D, de la Ley Federal del Trabajo, adicionados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte que los conflictos individuales de seguridad social podrán ser planteados por los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean titulares de derechos derivados de los seguros que comprenden el régimen obligatorio del seguro social y que las demandas relativas, según el respectivo conflicto de seguridad social de que se trate, deberán contener: nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos que acrediten su personalidad, exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación, sus pretensiones, expresando claramente lo que se pide, nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha laborado, puestos desempeñados, actividades desarrolladas, antigüedad generada y cotizaciones al régimen de seguridad social, número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada, en su caso, el último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de crédito para vivienda, los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, en su caso, el acuse de recibo de la solicitud relativa y, en general, la información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con apego al principio de inmediatez, las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones y las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la contraparte. Por tanto, los requisitos establecidos en el referido artículo 899-C se vinculan, en todo caso, con la información que el actor debe proporcionar en su demanda, como presupuesto esencial que el legislador impuso para que su acción se configure en los hechos y el demandado pueda controvertir las especificaciones hechas; en el entendido de que en todo caso, de conformidad con el artículo 899-D indicado, corresponde a los organismos de seguridad social probar su dicho cuando exista controversia, entre otros aspectos, sobre la fecha de inscripción al régimen de seguridad social, el número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento, los promedios salariales de cotización de los promoventes y la vigencia de derechos, de manera que la autoridad laboral pueda analizar la controversia respectiva en forma correcta. Luego, los requisitos exigidos por el artículo 899-C del ordenamiento legal citado constituyen los hechos de la demanda que presenta el actor en los que se deben fundar sus acciones en materia de seguridad social, y si no se cumplen esos requisitos de procedibilidad necesarios acorde a la acción intentada, esta última no podría configurarse. Lo anterior, sin perjuicio de que la Junta, en cumplimiento al segundo párrafo del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, pudiera prevenir al actor para que corrija los defectos u omisiones en que haya incurrido al presentar su demanda." En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la ley en cita, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo origen de este juicio. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, tres de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, que remite la autoridad en comento, a través del cual solicita se giren instrucciones a fin de habilitar para su consulta, el expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa; atento al mismo, infórmese a dicho similar que dicha gestión fue realizada desde el cuatro de abril de la presente anualidad, por lo que se encuentra en condiciones de visualizar el expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Julio Zúñiga Morales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de junio de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del cuerpo normativo en cita, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa en legal y debida forma con el licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de junio de dos mil veintitrés. Como se advierte de la constancia secretarial que los quejosos -, ratificaron el escrito presentado el siete de junio pasado; en el que designaron como su representante común a la citada -, por tanto, respecto a éstos dos quejosos, se tiene a ésta con tal calidad para los efectos legales correspondientes. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito aclaratorio de cuenta, suscrito por la promovente precisada en supra líneas, a través del cual exhibe la aclaración que a su parte estima conveniente, respecto de la prevención formulada en proveído de veintiuno de junio del presente año; asimismo, en atención a su contenido y como se advierte de la constancia secretarial que antecede que hasta ahora no ha concluido el término de cinco días concedido también al quejoso - en proveído de veintiuno de junio del presente año, y que éste último no ratificó el escrito donde se designó la representante común; en consecuencia, se reserva proveer respecto, al ocurso en comento, hasta en tanto fenezca el plazo en cita, virtud a que la prevención formulada deberá ser desahogada bajo protesta de decir verdad por los propios quejosos, toda vez que la misma constituye un hecho personalísimo por corresponder a los hechos y abstenciones que les consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, lo que es necesario para evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, e imponer sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido de la licenciada Elvia Zepeda Torres, Secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 7 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,550 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano