Beatriz Gonzalez Suarez
Expediente 782/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 22/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Beatriz Gonzalez Suarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, en el presente juicio de garantías promovido por - por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Finalmente como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio en que se actúa, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado.
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.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al que adjunta copia certificada del laudo emitido el dieciocho de octubre pasado dentro del juicio laboral 464/2015, de donde deriva el acto reclamado, documental que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 75 de la Ley de la Amparo, se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende que la quejosa -, señaló como acto reclamado lo siguiente: ". IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no se desarrolla el juicio ordinario laboral número 464/2015, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que en auto de fecha de 23 de Octubre del año 2017, dos mil diecisiete, se dejaron los autos en estado de emitir el Laudo correspondiente conforme a derecho, sin que hasta la fecha lo haya emitido la autoridad señalada como responsable, siendo este el acto reclamado que se le imputa a la autoridad la dilación procesal de emitir el laudo conforme a derecho." Asimismo, en esta misma fecha la autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copias certificadas del laudo emitido en el juicio laboral 464/2015, de donde se desprende que el dieciocho de octubre del presente año se emitió el laudo en los siguientes términos: "PRIMERO.- La parte actora acreditó en lo conducente la procedencia de las acciones, en tanto que la demandada demostró en mínima parte las defensas y excepciones opuestas. SEGUNDO.- Se absuelve al H. AYUNTAMIENTO CONASTITUCIONAL DE COPÁNDARO, MICHOACÁN, del pago de prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, anteriores al último año a partir de la fecha de la interposición de la demanda, así como del pago del aguinaldo del año 2015 dos mil quince, reclamados por la C. BEATRIZ GONZÁLEZ SUÁREZ, de acuerdo con lo determinado en el considerando quinto del presente. TERCERO. Se condena al H. AYUNTAMIENTO CONASTITUCIONAL DE COPÁNDARO, MICHOACÁN, a reinstalar en el empleo a la trabajadora -, en la forma y términos en que lo venía desempeñando, así como el pago a su favor de la cantidad de $317,231.67 (trescientos diecisiete mil doscientos treinta y un pesos 67/100 MN), por concepto de salarios caídos, aguinaldo del año 2014 dos mil catorce, y de vacaciones y prima vacacional tanto de dicho año, como de las partes proporcionales del 2015 dos mil quince, sin perjuicio de los salarios caídos que sigan generando hasta que aquella sea debidamente reinstalada en su empleo, y sin perjuicio además de lo que resulte, en su caso, de la incidencia de liquidación que se podrá desahogar, en términos y de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de este laudo.". De lo anterior se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del aquí quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclamó la omisión de las responsables de actuar conforme a los plazos y términos legales establecidos en la ley, al no emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 464/2015, y si de autos se desprende que mediante resolución de fecha dieciocho de octubre del presente año, el Tribunal responsable emitió el laudo correspondiente, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo anterior, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE PRÓXIMO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a la anterior determinación que aún no obra en autos el emplazamiento del tercero interesado - toda vez que ello no es impedimento para adoptar el sentido de la presente resolución. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556, tomo I, febrero de 2017, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente Suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, al que adjunta copia certificada del laudo emitido el dieciocho de octubre pasado dentro del juicio laboral 464/2015, de donde deriva el acto reclamado, documental que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 75 de la Ley de la Amparo, se tiene por desahogada, dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de autos se desprende que la quejosa -, señaló como acto reclamado lo siguiente: ". IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión de la responsable de administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que no se desarrolla el juicio ordinario laboral número 464/2015, con diligencia, sino con dilación o demora, fuera de los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, ya que en auto de fecha de 23 de Octubre del año 2017, dos mil diecisiete, se dejaron los autos en estado de emitir el Laudo correspondiente conforme a derecho, sin que hasta la fecha lo haya emitido la autoridad señalada como responsable, siendo este el acto reclamado que se le imputa a la autoridad la dilación procesal de emitir el laudo conforme a derecho." Asimismo, en esta misma fecha la autoridad responsable, adjuntó al oficio de cuenta, copias certificadas del laudo emitido en el juicio laboral 464/2015, de donde se desprende que el dieciocho de octubre del presente año se emitió el laudo en los siguientes términos: "PRIMERO.- La parte actora acreditó en lo conducente la procedencia de las acciones, en tanto que la demandada demostró en mínima parte las defensas y excepciones opuestas. SEGUNDO.- Se absuelve al H. AYUNTAMIENTO CONASTITUCIONAL DE COPÁNDARO, MICHOACÁN, del pago de prestaciones de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, anteriores al último año a partir de la fecha de la interposición de la demanda, así como del pago del aguinaldo del año 2015 dos mil quince, reclamados por la C. BEATRIZ GONZÁLEZ SUÁREZ, de acuerdo con lo determinado en el considerando quinto del presente. TERCERO. Se condena al H. AYUNTAMIENTO CONASTITUCIONAL DE COPÁNDARO, MICHOACÁN, a reinstalar en el empleo a la trabajadora -, en la forma y términos en que lo venía desempeñando, así como el pago a su favor de la cantidad de $317,231.67 (trescientos diecisiete mil doscientos treinta y un pesos 67/100 MN), por concepto de salarios caídos, aguinaldo del año 2014 dos mil catorce, y de vacaciones y prima vacacional tanto de dicho año, como de las partes proporcionales del 2015 dos mil quince, sin perjuicio de los salarios caídos que sigan generando hasta que aquella sea debidamente reinstalada en su empleo, y sin perjuicio además de lo que resulte, en su caso, de la incidencia de liquidación que se podrá desahogar, en términos y de conformidad con lo establecido en el considerando quinto de este laudo.". De lo anterior se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de garantías. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del peticionario es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de su derecho humano violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del aquí quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclamó la omisión de las responsables de actuar conforme a los plazos y términos legales establecidos en la ley, al no emitir el laudo correspondiente dentro del juicio laboral 464/2015, y si de autos se desprende que mediante resolución de fecha dieciocho de octubre del presente año, el Tribunal responsable emitió el laudo correspondiente, resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo anterior, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE PRÓXIMO, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por lo tanto se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a la anterior determinación que aún no obra en autos el emplazamiento del tercero interesado - toda vez que ello no es impedimento para adoptar el sentido de la presente resolución. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 6/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 556, tomo I, febrero de 2017, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que establece: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal.".
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente suplente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, mismo que contiene los oficios TCA/AMP/2291/18 y TCA/AMP/2290/18, firmados por el Represente de Gobierno y Representante de los Trabajadores, ambos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, respectivamente, mediante los cuales y en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se les tiene por rendido su respectivo INFORME JUSTIFICADO; con ellos dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente del proveído de diecinueve de septiembre de la presente anualidad, se advierte que se ordenó reservar el emplazamiento del tercero interesado hasta en tanto obraran en autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, y como ello ya ocurrió, en términos del artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como tercero interesado al -, a quien se ordena emplazar mediante oficio, al cual deberá adjuntarse copia de la demanda de amparo del presente juicio, del auto admisiorio y del proveído de once de octubre pasado, de conformidad a los dispuesto en el artículo 26, fracción II, inciso b) del ordenamiento legal citado. Notifíquese.
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