Beatriz Elizabeth Velázquez Cortez
Expediente 762/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 21 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 28/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Beatriz Elizabeth Velázquez Cortez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, MISMO QUE DICE... Acapulco, Guerrero, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que se ordena glosar ambos cuadernos al expediente principal. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa anexo diversas documentales en original a su escrito de demanda; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Acapulco, Guerrero, a veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita. En relación al original y duplicado del incidente, se establece que al haberse negado la suspensión de los actos reclamados, se determina que ambos cuadernos son susceptibles de destrucción al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción III, primer párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto referido; por lo que se ordena glosar ambos cuadernos al expediente principal. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del expediente principal, como del incidente de suspensión. Finalmente, de autos se aprecia que la parte quejosa anexo diversas documentales en original a su escrito de demanda; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo tercero, artículo décimo primero, último párrafo, del preindicado Acuerdo General, se dejan a su disposición, para que dentro del lapso de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante este juzgado federal a recogerlas, previa identificación con documento oficial que contenga su fotografía y certificación de su desglose; apercibida que de no hacerlo así dentro del plazo indicado dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 762/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, ********************por derecho propio, presentó demanda de garantías contra las autoridades (en sus denominaciones correctas) y por los actos que enseguida se mencionan: AUTORIDADES RESPONSABLES 1. Congreso de la Unión, integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. 2. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Secretaría de Educación Pública. 4. Subsecretaría de Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente. 5. Secretario de Gobernación. Con residencia en la Ciudad de México 6. Secretaría de Educación Guerrero. 7. Director General de Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTE-GRO) Con sede en Chilpancingo, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "Se reclama la inconstitucionalidad de los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, y los artículos 52 y 53, de la Ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente. 1. Del Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, a cada uno de ellos se les reclama la aprobación y expedición de la ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente se reclaman los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, en relación con los artículos 52 y 53 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre del año 2013. 2. Del Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, le reclamo la promulgación y orden de publicación de la ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013. 3. De la Secretaría de Educación Pública le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo en relación con los artículos 52 y 53 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez del oficio de fecha 23 de junio de 2017 expedido por la Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación nacional del servicio Dirección General de la Permanencia, con número de referencia 159468, además se reclama la orden de aplicación de los artículos impugnados. 4. De la Subsecretaría de Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, en relación con los artículos 52 y 53 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez de del oficio de fecha 23 de junio de 2017 expedido por la Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación nacional del servicio Dirección General de la Permanencia, con número de referencia 159468, además se reclama la orden de aplicación de los artículos impugnados. 5. De la Secretaría de Educación Guerrero, le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, en relación con los artículos 52 y 53 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez del oficio de fecha 23 de junio de 2017 expedido por la Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación nacional del servicio Dirección General de la Permanencia, con número de referencia 159468, además se reclama la orden de aplicación de los artículos impugnados. 6. Del Director General de Colegio de Estudios Científicos Tecnológicos del Estado de Guerrero (CECYTE-GRO) le reclamo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, y específicamente los artículos transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, en relación con los artículos 52 y 53 de la referida ley, misma que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013, así como también la invalidez del oficio de fecha 23 de junio de 2017 expedido por la Secretaría de Educación Pública, a través de la coordinación nacional del servicio Dirección General de la Permanencia, con número de referencia 159468, además se reclama la orden de aplicación de los artículos impugnados. 7. Del Secretario de Gobernación, se le reclama la publicación que hizo a la ley denominada Ley General del Servicio Profesional Docente, que fue aprobada el día 03 de septiembre de 2013 y promulgada el día 10 de septiembre de 2013." SEGUNDO.- Tramitación de la demanda de amparo. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 762/2017; se solicitó de las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse se verificó con el resultado asentado en el acta que antecede. TERCERO.- Por otro lado, mediante proveído de veintiséis de septiembre del presente año, se previno a la parte quejosa para que manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable a la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con residencia en la Ciudad de México, por ser quien signó el oficio que en esta vía reclama, apercibido que de no hacerlo se continuaría el juicio sin dar intervención a la misma; lo que se notificó a la parte quejosa el veintisiete de septiembre siguiente, como se advierte de la constancia respectiva; y auto de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, que hizo efectivo el apercibimiento aludido en razón de que la parte quejosa no desahogó la prevención aludida. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ya que se reclama una ley federal con motivo de su primer acto de aplicación atribuido a autoridades administrativas, con ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables según su ámbito de competencia la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación, publicación y aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en específico de sus artículos 52 y 53 así como sus transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, con motivo de su primer acto de aplicación materializado en el oficio con número de referencia 159468, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, signado por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de México, mediante el cual comunica a la aquí promovente que será evaluado como técnico docente en educación media superior, de conformidad con la normatividad aludida. TERCERO. Oportunidad de la demanda. La parte quejosa bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda manifestó que tuvo conocimiento de los actos reclamados el nueve de agosto de dos mil diecisiete, sin que de autos se advierta diversa fecha de conocimiento; en tal virtud, el término para promover el juicio de amparo le transcurrió del diez al treinta de agosto del año en curso, descontándose los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete del citado mes por haber sido inhábiles; de ahí que, si la demanda fue presentada el veintitrés de agosto del presente año, debe estimarse oportuna, pues fue interpuesta dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. CUARTO. Inexistencia de actos. El Director de Procesos Jurisdiccionales de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Titular de dicha Secretaría, el Secretario de Educación Guerrero, por conducto del Directora General de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha Secretaría y el Director General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero, residentes en Chilpancingo, Guerrero, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron el acto de aplicación de los dispositivos legales reclamados, lo que debe aceptarse en sus términos, en razón de que el oficio con número de referencia 159468, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se materializó la normatividad reclamada, fue emitido por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de México, no así por dichas autoridades. Negativa que se hace extensiva a la Subsecretaría de Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, con sede en la Ciudad de México, de quien también le atribuyó la aplicación de la normatividad reclamada, pues aun cuando no se cuenta con su informe justificado, pese a estar notificada para ello, como se advierte del acuse de recibió del oficio número 19779/2017, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete (foja 65), no se está en el caso de tenerle como presuntivamente cierta la aplicación atribuida, en razón de que como se dijo dicho acto fue emitido por diversa autoridad, es decir, por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de México, como se advierte del propio oficio; lo que hace inaplicable la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo. Consecuentemente, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a dichas responsables, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el juicio de amparo a su respecto. QUINTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Gobernación, residentes en la Ciudad de México, consistentes en el ámbito de su competencia en la aprobación, expedición, promulgación, orden de publicación y publicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, en específico de sus artículos 52 y 53, así como sus transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo; en virtud de que así lo reconocieron al rendir sus informes con justificación por conducto de los funcionarios públicos que los representan (fojas 38, 23, 30 y 25). Lo anterior, aunado a que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, la existencia de los actos que la quejosa les atribuye, por ser de naturaleza legislativa, no está sujeta a prueba, en razón de que es evidente que en ejercicio de sus respectivas atribuciones, éstas participaron en el proceso legislativo de donde emanan los preceptos legales impugnados. SEXTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que aleguen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así en el caso, de oficio se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los diversos numerales 5, fracción II, y 108, fracción III, todos de la legislación en cita, que la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;" Conforme a los preceptos legales invocados, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que así lo dispone la Constitución o la propia ley de la materia; y que la demanda relativa debe de colmar, entre otros requisitos, la de señalar a la autoridad responsable que emita o realice el acto reclamado, de modo que a la misma pueda atribuírsele el carácter de parte en el juicio y por ende, el juzgador esté en aptitud de analizar la constitucionalidad del acto impugnado, pues de proceder en sentido contrario, no podría vincularse dicho análisis a los actos de una autoridad que no formó parte en la relación procesal y que no se le permitió aportar pruebas para demostrar la legalidad del acto que se le reprocha. Ilustra sobre el particular aplicada por analogía por las razones que lo informan, el criterio aislado número VI.1o.129 K que integró el Primer tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 244 tomo XV-II, Febrero de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL QUEJOSO DEBE SEÑALAR CON TAL CARÁCTER, A LA QUE EMITIÓ EL ACTO RECLAMADO. La circunstancia de que el quejoso estime que el servidor que emitió el acto reclamado no sea autoridad para los efectos del amparo, no justifica que señale tal carácter a otro de la misma dependencia, con rango superior o inferior, cuya calidad aun siendo indiscutible, sin embargo, no emitió la providencia combatida, porque en todo caso debe ser materia de la defensa que se enderece ante la potestad federal, la existencia o legitimación de quien expidió el acto de molestia resultando inadmisible que, frente a las disposiciones de los artículos 11 y 116 fracción III de la Ley de Amparo, se llame a juicio a quien resulta ajeno por no haber intervenido en la confección o ejecución de aquello que combate." Así las cosas, debe decirse que la consecuencia de que en el juicio de amparo no se haya designado como responsable a la autoridad que emitió el oficio con número de referencia 159468, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se materializó la normatividad reclamada, es decir, a la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en la Ciudad de México, impide analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, tornando improcedente la acción intentada, lo que a su vez conduce al sobreseimiento del juicio a su respecto; lo anterior es así, porque sólo a través de la armonización de todos los elementos que componen la demanda se está en aptitud de dilucidar en torno a la cuestión efectivamente planteada; tan es así que si del análisis de la demanda se advierte la participación de una autoridad que no fue señalada con el carácter de responsable para los efectos del amparo que se intenta, ello da pauta para que el Juez de Distrito prevenga al promovente para que manifieste si es su deseo ampliar la demanda por lo que ve a tal autoridad, so pena de incurrir en la violación a las normas que rigen el procedimiento. Es aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 250, tomo III, Junio de 1996, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Asimismo, conviene citar el diverso criterio jurisprudencial número VI.2o. J/205, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 468, tomo II, Octubre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." En concatenación con lo anterior, cuando la participación de una autoridad no designada como responsable no deriva del análisis de la demanda de garantías, sino de las constancias que fueron allegadas con motivo del informe justificado, a fin de determinar cuál es la cuestión efectivamente planteada ante la potestad del juzgador y dar oportunidad a que se integre la relación procesal de modo que exista vinculación entre las partes que intervienen y la pretensión que se les reclama, también debe prevenirse a la parte quejosa mediante notificación personal, precisamente para que manifieste si es su deseo designar como responsable a esa autoridad, para que, de ser el caso, puedan atenderse los motivos de queja que se enderecen en contra de la conducta desplegada por ésta última. Resulta aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 112/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 93, tomo XVIII, Diciembre de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Luego, si a pesar de haber sido requerida la solicitante del amparo para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda de garantías, respecto de una autoridad cuya participación se advirtió en la propia demanda, o con motivo de los informes justificados rendidos por las responsables, y no lo hizo así, entonces debe sobreseerse el juicio por actualizarse la causal de improcedencia invocada, que como se dijo, deriva de la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto de una autoridad que no forma parte de la relación procesal derivada del juicio de garantías instaurado, de ahí que no pueda vinculársele con motivo de la decisión judicial. Sirve de apoyo la tesis aislada 2a. CLXIV/98, que integró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, tomo IX, Enero de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicada por analogía, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Ahora bien, de las constancias de autos se advierte lo siguiente: 1. Por acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, toda vez que de las documentales que acompañó a su demanda de amparo la parte quejosa, se advirtió que el oficio con número de referencia 159468, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, en el que se materializa la normatividad reclamada, fue emitido por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, con sede en la ciudad de México, este Juzgado Federal requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días, manifestara si era su voluntad señalarla como autoridad responsable, apercibido que de no hacerlo se continuaría el presente juicio sin darle intervención a la misma (foja 48); lo que se notificó personalmente a la parte quejosa el veintisiete de septiembre siguiente, como se aprecia de la constancia respectiva (foja 49). 2. Por acuerdo de veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en razón de la parte quejosa no desahogó la citada prevención pese a estar notificada para ello, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar con la substanciación del presente juicio únicamente respecto de los actos y autoridades responsables designados en el escrito inicial de demanda, en otras palabras sin tener como autoridad responsable a la antedicha. En tal virtud, si la quejosa reclama por esta instancia el proceso legislativo que dio origen a la Ley General del Servicio Profesional Docente, en específico de sus artículos 52 y 53 así como sus transitorios octavo, noveno, decimocuarto, decimoquinto, decimosexto, decimoséptimo, decimoctavo, decimonoveno, vigésimo, vigesimoprimero y vigesimosegundo, con motivo de su primer acto de aplicación que aduce se materializó en su perjuicio a través del oficio con número de referencia 159468, de veintitrés de junio de dos mil diecisiete, el cual fue emitido por la Directora General de Permanencia de la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Ciudad de México, en el cual se le informó que sería sometida al proceso de evaluación docente, y dicho acto de aplicación es el que lo faculta para promover el juicio de amparo, dada la naturaleza heteroaplicativa de la ley reclamada, y la referida autoridad no fue señalada como autoridad responsable, a pesar de que sobre el particular fue requerida expresamente a la quejosa, es evidente que no se está en aptitud de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, toda vez que no es dable jurídicamente examinar la constitucionalidad de ese acto porque equivaldría a decidir la controversia sin oír a la aludida autoridad. Así las cosas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo que procede es sobreseer el presente juicio de garantías, de conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo; determinación que se hace extensiva por cuanto hace a la norma reclamada, en virtud de que, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general, con motivo de su aplicación concreta en perjuicio de la parte quejosa, no se puede desvincular el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, ya que tal acto es precisamente el que causa perjuicio a la parte quejosa, y no por sí sola la norma considerada en abstracto. Por último, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias invocadas a pie de página en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E UNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 762/2017, promovido por ********************por derecho propio, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos de lo establecido en el cuarto y el último considerando de este fallo. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el oficio de cuenta signado por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación de la Secretaría de Educación Pública y éste a su vez en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México; agréguese a los autos sin proveer respecto a su contenido, en razón de que en diverso acuerdo de ocho de noviembre del año en curso, se tuvo por recibida similar información. Notifíquese.
Quedan 17 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- Beatriz Arroyo Mellín139/2017
- Beatriz Calderón Gómez513/2015
- Beatriz del Carmen Pineda749/2021
- Beatriz del Carmen Pineda714/2021
- Beatriz del Carmen Pineda1034/2021
- Beatriz del Carmen Pineda38/2022
- Beatriz Eugenia Vargas González224/2021
- Beatriz Fernández Valdovinos866/2022
- Beatriz Herrera Santiago620/2021
- Beatriz Julieta Aponte Carranza677/2019
- Beatriz Landa Ríos479/2021
- Beatriz Lorena de la Llata López544/2021