Beatriz del Carmen Pineda
Expediente 714/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 714/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Beatriz del Carmen Pineda
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; trece de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso b), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido del Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, tanto en la caratula del presente expediente conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE veintidós de junio de dos mil veintiuno, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Beatriz Del Carmen Pineda, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 714/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que, el objeto de estudio en esta instancia lo constituye el acuerdo de doce de abril del año en curso, en el que la junta responsable señala el veintisiete de abril de dos mil veintidós para verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente laboral 243/2020, del índice de la junta responsable; determinación que, bajo protesta de decir vedad, afirma le fue notificada el siete de mayo pasado. Precisado lo anterior, se tiene que el juicio de amparo que ahora se intenta es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo, en relación con los diversos numerales 17 y 18, de la Ley de Amparo, porque la promoción de la demanda de amparo debió efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que la peticionaria tuvo conocimiento del acto reclamado. Los citados numerales prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los dispositivos antes transcritos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente; entendiéndose por tales, aquéllos en contra de los cuales no se promueva el amparo dentro del término de quince días, contados a partir del día siguiente a) Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos; salvo cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En consecuencia, cuando un gobernado sufre una afectación en su esfera jurídica motivada por un acto de autoridad susceptible de impugnarse vía juicio de amparo, debe plantear su demanda dentro del término de quince días siguientes a cualquiera de las tres hipótesis que regula el citado precepto, y si no obstante tenga conocimiento de la existencia de un acto que afecte sus derechos fundamentales que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, deja transcurrir el plazo que para ejercitar la acción respectiva reconoce la Ley de Amparo, tal conducta debe tomarse como una manifestación tácita de conformidad con la mencionada actuación supuestamente lesiva de sus derechos. Ahora bien, tenemos que el juicio de amparo que ahora se intenta, como ya se adelantó deviene improcedente al haberse presentado la demanda de manera extemporánea; pues el cómputo de quince días para su promoción empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en el surtió efectos la notificación del acto que reclama, en relación con el diverso 747, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, es decir, desde el once de mayo de dos mil veintiuno; ello es así, pues la parte promovente al narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad refirió que el siete del mismo mes y año, le notificaron la determinación en donde se le hace del conocimiento la data en la tendrá verificativo la audiencia de bifásica en el juicio natural, lo que constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis jurisprudencial visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Junio de 1996, página 57, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." De ahí que, el término para instar el juicio de amparo le transcurrió del once al treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, descontándose los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta, por haber sido inhábiles; por lo que, es indudable que a la fecha en la que presentó la demanda de amparo, tal como consta del sello de recepción (veintiuno de junio actual) ya había fenecido el plazo que otorga el artículo 17 de la Ley de Amparo; y por ende, los actos que en esta vía constitucional reclama, fueron consentidos tácitamente por la parte quejosa; de ahí que para realizar el cómputo del plazo a que se refiere el artículo 18 de la ley de la materia, deba tomarse en consideración la fecha en que le surtió efectos la notificación del acuerdo de doce de abril pasado. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 1 manzana 7, lote 7, de la colonia Zapata, en esta ciudad; y dada la naturaleza del juicio como sus autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo a Maricela Valencia Vargas, María de la Luz Hernández Hernández y Claudia Martínez Hernández. Asimismo, téngasele por proporcionando el correo electrónico y número telefónico que refiere, para los efectos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, para comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona a la actuaria judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. INFORMACIÓN GENERAL. De conformidad con los artículos 22, fracción I, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por su similar 25/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración los avances tecnológicos, continúen con la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea". En la inteligencia que para ello, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este órgano jurisdiccional debe autorizar, para lo cual proporcionarán el nombre de usuario para el uso del sistema de los servicios en línea. Además, se informa a las partes que de acuerdo al artículo 5, fracción I y 22, fracción II del mismo Acuerdo General 21/2020, tratándose de comunicaciones no procesales se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, por lo que se les invita para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrase y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. A su vez, se comunica a la autoridad responsable que el correo electrónico oficial de este juzgado es el 8jdo21cto@correo.cjf.gob.mx, y que el número de teléfono es 744 435 19 00 extensión 1001, en un horario de las trece horas con quince minutos a las diecinueve horas con quince minutos de lunes a viernes, hasta en tanto se encuentre vigente el diverso Acuerdo General 25/2020, que reformó en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial el Acuerdo General 21/2020. Del mismo modo, se les informa a las partes que acorde al numeral 3 del referido acuerdo general, para la consulta del expediente de manera física previamente deberán generar una cita, para lo cual habrán de ingresar al Portal de Servicios en Línea en el micrositio de "Servicios Jurisdiccionales", en el apartado "Agenda OJ", a fin de obtener fecha y hora para tal fin, y una vez concluido el proceso el sistema les proporcionara un Código QR que permitirá su ingreso al órgano jurisdiccional (y en su caso el de otra persona autorizada al expediente), mismo que estará condicionado a que quien acuda se identifique como la persona a cuyo nombre se generó la cita. En el entendido de que el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. No obstante lo anterior, en la planta baja del edificio A, en que se encuentra este órgano jurisdiccional se habilitara una Oficialía de Partes Común para la recepción de promociones presentadas físicamente para el público en general y para quien carece de una cita, ello de conformidad con el artículo 12 del citado acuerdo general. Notifíquese personalmente.
- Principal
SÍNTESIS: Acapulco, Guerrero; veintidós de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Beatriz Del Carmen Pineda, por su propio derecho, contra actos de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno con el número 714/2021, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. . . . Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia que se analiza, la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda; e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. Notifíquese personalmente.
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