Beatriz Badillo Tenorio
Expediente 1062/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1062/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Beatriz Badillo Tenorio
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio signado por la secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, a través del cual, informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Beatriz Badillo Tenorio y otros, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. En esas condiciones y como de autos se obtiene que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado; asimismo, conforme al prudente arbitrio de este juzgador este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito y, toda vez que se dictó un proveído que dio por concluido el juicio, sin decidir el fondo, pues este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de este asunto y debido a ello es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la suprema corte de justicia de la nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Beatriz Badillo Tenorio, Martha Torres Tamayo, Mirna Delfín Solís, Griselda de Jesús López Franco, José de la Luz Gastélum Leyva, Alfonso Cuéllar Núñez, Juan Aguilar Rodríguez, José Martín Castro Vega, Walter Eden Wynter Meillón, Jorge Oceguera Camacho, José Antonio Plascencia Ortega, Jesús Arcadio Félix Brasil, Juan Martín Ramírez Ibarra, José Emmanuel Burgueño Hernández, Ismael Sánchez Acosta y Francisco Javier Morones Dávalos, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen a las autoridades siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; Ambas del Congreso de la Unión. 4. Las legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y de la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese con el número III-1062/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. Consideraciones previas. Conviene destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, medularmente, en lo siguiente: Las normas generales que fueron el resultado de los procesos de reformas a los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos transitorios Primero a Quinto del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. Incompetencia. En principio, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Al respecto, es oportuno destacar que un juzgador cuenta con dos tipos de competencia: a) Objetiva, que es la que se refiere al órgano jurisdiccional (territorio, materia, vía, grado); y, b) Subjetiva, que es la que alude a la persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo. De ahí que la primera hipótesis hace alusión a los casos en que el órgano jurisdiccional estima que no se surten los supuestos de territorio, materia, vía o grado de la competencia de dicho tribunal; por lo que, al ser un presupuesto procesal en todo procedimiento judicial, debe estimarse que carece de competencia, so pena de nulidad de todo lo actuado. Así, el legislador previó estos supuestos en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo. En cambio, lo que regula la competencia subjetiva es a la persona física que se desempeña como titular del órgano jurisdiccional, ya que el sujeto -quien desempeña las funciones de juez- tiene algún vínculo o interés, ya sea con la controversia sometida a su consideración, ya sea con las partes. De ahí que se suscite una pérdida de la imparcialidad del juzgador, dado que éste, como persona física, tiene alguna conexión con la materia de reclamo del juicio de amparo. Estas cuestiones inherentes a la competencia subjetiva se encuentran tuteladas en el numeral 51 de la ley en la materia. De lo que se sigue que, primeramente debe actualizarse la competencia del órgano jurisdiccional -objetiva- y, posteriormente, darse la competencia del titular del tribunal -subjetiva-. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los razonamientos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama diversas porciones normativas, así como las consecuencias que éstas generan, tal cual se verá a continuación. Para esto, es oportuno destacar que la presente demanda se formula como un amparo contra normas generales, el cual tiene ciertos aspectos distintos en cuanto a su técnica y resolución. Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia han distinguido dos clases esenciales de normas generales y la afectación que generan en los gobernados, las cuales son las siguientes: Autoaplicativas, son aquellas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; y, Heteroapliacativas, son aquellas que no causan un perjuicio al gobernado por su sola entrada en vigor, sino que se requiere un acto de aplicación en concreto para que ocasione un menoscabo en la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia P/J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Con base en esto, y en lo narrado por la propia parte quejosa, tenemos que dichas porciones normativas se combaten en su carácter de autoaplicativas. Pues bien, como se sostiene anteriormente, las normas autoaplicativas son aquéllas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; sin que se requiera, propiamente, un acto de aplicación para poder cuestionar su constitucionalidad, dado que es su sola entrada en vigor la que genera el perjuicio al quejoso. Lo que, a decir de la parte quejosa, actualiza la hipótesis prevista en el párrafo tercero del referido numeral 37 de la ley en la materia y que, actualiza la potestad de elección de la parte quejosa respecto al lugar donde se desee presentar la demanda de amparo. Apoya este razonamiento en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Sin embargo, cabe recordar que cuando se trata de normas autoaplicativas, cuya característica esencial es la de obligar al gobernado, cuya situación jurídica prevé, a un hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de manera alguna puede servir de base para que se actualice la mencionada hipótesis prevista en el párrafo tercero del referido numeral 37 de la ley en la materia, dado que resulta evidente que la ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en el que el particular deba dar cumplimiento a las prescripciones de la norma cuestionada. Esto es así, pues el hecho de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tal normatividad adquiera obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, y deben proceder, por iniciativa propia o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Esto encuentra sustento en la interpretación que hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 36, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es similar a la hipótesis que actualmente regula la ley en la materia vigente. Por tal motivo, la competencia para conocer del juicio de amparo cuando se impugnen normas autoaplicativas, recae en el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que el destinatario de la norma deba acatarla. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2a. 11 de la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Por tal motivo, y con base en la narración de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado -los que fueron narrados bajo protesta de decir verdad- y de las constancias que se adjuntaron a la demanda, se obtiene que los quejosos se desempeñan como secretarios de tribunal y actuarios judiciales en Mazatlán, Sinaloa. Por lo que los supuestos fácticos que debe acatar la parte promovente es precisamente en aquella localidad; de ahí que el juez competente es aquél que tiene jurisdicción en donde se van a cumplir las obligaciones concernientes a las normas generales combatidas. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Segundo Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercer jurisdicción, entre otros, en aquella localidad, lugar en el que los quejosos deben cumplir las obligaciones a las que aluden las normas reclamadas. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Mazatlán, Sinaloa, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Al igual que la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, localizable en la página 995, libro 20, tomo II, julio de 20185, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con registro 2009606, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. Remisión del expediente. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Suspensión del acto reclamado. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se estima que no hay necesidad de proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que los actos reclamados no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta época, registro 316027, que dice lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor". Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: BEATRIZ BADILLO TENORIO, MARTHA TORRES TAMAYO, MIRNA DELFÍN SOLÍS, GRISELDA DE JESÚS LÓPEZ FRANCO, JOSÉ DE LA LUZ GASTÉLUM LEYVA, ALFONSO CUÉLLAR NÚÑEZ, JUAN AGUILAR RODRÍGUEZ, JOSÉ MARTÍN CASTRO VEGA, WALTER EDEN WYNTER MEILLÓN, JORGE OCEGUERA CAMACHO, JOSÉ ANTONIO PLASCENCIA ORTEGA, JESÚS ARCADIO FÉLIX BRASIL, JUAN MARTÍN RAMÍREZ IBARRA, JOSÉ EMMANUEL BURGUEÑO HERNÁNDEZ, ISMAEL SÁNCHEZ ACOSTA Y FRANCISCO JAVIER MORONES DÁVALOS. Demanda y radicación. Con la demanda de amparo de cuenta, Beatriz Badillo Tenorio, Martha Torres Tamayo, Mirna Delfín Solís, Griselda de Jesús López Franco, José de la Luz Gastélum Leyva, Alfonso Cuéllar Núñez, Juan Aguilar Rodríguez, José Martín Castro Vega, Walter Eden Wynter Meillón, Jorge Oceguera Camacho, José Antonio Plascencia Ortega, Jesús Arcadio Félix Brasil, Juan Martín Ramírez Ibarra, José Emmanuel Burgueño Hernández, Ismael Sánchez Acosta y Francisco Javier Morones Dávalos, solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuyen a las autoridades siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; Cámara de Diputados; Cámara de Senadores; Ambas del Congreso de la Unión. 4. Las legislaturas de los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y de la Ciudad de México. Fórmese expediente y regístrese con el número III-1062/2018, tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En primer término, debe destacarse el contenido del artículo 112 de la Ley de Amparo, mismo que establece: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. [.]. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo a fin de determinar si, en el caso, resulta procedente desecharla, prevenirla o admitirla. De ahí que conviene destacar lo siguiente. Consideraciones previas. Conviene destacar que la parte quejosa hizo consistir el acto reclamado, medularmente, en lo siguiente: Las normas generales que fueron el resultado de los procesos de reformas a los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos transitorios Primero a Quinto del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal. Incompetencia. En principio, es necesario establecer que la competencia es un presupuesto procesal básico para ejercer jurisdicción que, por su trascendencia, implica una cuestión de orden público. Por tanto, es de estudio previo el pronunciamiento sobre la admisión o no de la demanda de amparo. Al respecto, es oportuno destacar que un juzgador cuenta con dos tipos de competencia: a) Objetiva, que es la que se refiere al órgano jurisdiccional (territorio, materia, vía, grado); y, b) Subjetiva, que es la que alude a la persona física encargada de desempeñar las funciones que competen al órgano respectivo. De ahí que la primera hipótesis hace alusión a los casos en que el órgano jurisdiccional estima que no se surten los supuestos de territorio, materia, vía o grado de la competencia de dicho tribunal; por lo que, al ser un presupuesto procesal en todo procedimiento judicial, debe estimarse que carece de competencia, so pena de nulidad de todo lo actuado. Así, el legislador previó estos supuestos en lo establecido por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo. En cambio, lo que regula la competencia subjetiva es a la persona física que se desempeña como titular del órgano jurisdiccional, ya que el sujeto -quien desempeña las funciones de juez- tiene algún vínculo o interés, ya sea con la controversia sometida a su consideración, ya sea con las partes. De ahí que se suscite una pérdida de la imparcialidad del juzgador, dado que éste, como persona física, tiene alguna conexión con la materia de reclamo del juicio de amparo. Estas cuestiones inherentes a la competencia subjetiva se encuentran tuteladas en el numeral 51 de la ley en la materia. De lo que se sigue que, primeramente debe actualizarse la competencia del órgano jurisdiccional -objetiva- y, posteriormente, darse la competencia del titular del tribunal -subjetiva-. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los razonamientos siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama diversas porciones normativas, así como las consecuencias que éstas generan, tal cual se verá a continuación. Para esto, es oportuno destacar que la presente demanda se formula como un amparo contra normas generales, el cual tiene ciertos aspectos distintos en cuanto a su técnica y resolución. Así, tanto la doctrina como la jurisprudencia han distinguido dos clases esenciales de normas generales y la afectación que generan en los gobernados, las cuales son las siguientes: Autoaplicativas, son aquellas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; y, Heteroapliacativas, son aquellas que no causan un perjuicio al gobernado por su sola entrada en vigor, sino que se requiere un acto de aplicación en concreto para que ocasione un menoscabo en la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo la jurisprudencia P/J. 55/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento". Con base en esto, y en lo narrado por la propia parte quejosa, tenemos que dichas porciones normativas se combaten en su carácter de autoaplicativas. Pues bien, como se sostiene anteriormente, las normas autoaplicativas son aquéllas que por su sola entrada en vigor ocasionan un perjuicio al gobernado, ya que éste, desde luego, actualiza el supuesto fáctico encuadrado en la norma; sin que se requiera, propiamente, un acto de aplicación para poder cuestionar su constitucionalidad, dado que es su sola entrada en vigor la que genera el perjuicio al quejoso. Lo que, a decir de la parte quejosa, actualiza la hipótesis prevista en el párrafo tercero del referido numeral 37 de la ley en la materia y que, actualiza la potestad de elección de la parte quejosa respecto al lugar donde se desee presentar la demanda de amparo. Apoya este razonamiento en la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.) de rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Sin embargo, cabe recordar que cuando se trata de normas autoaplicativas, cuya característica esencial es la de obligar al gobernado, cuya situación jurídica prevé, a un hacer o dejar de hacer desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de manera alguna puede servir de base para que se actualice la mencionada hipótesis prevista en el párrafo tercero del referido numeral 37 de la ley en la materia, dado que resulta evidente que la ley autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en el lugar en el que el particular deba dar cumplimiento a las prescripciones de la norma cuestionada. Esto es así, pues el hecho de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tal normatividad adquiera obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, quedan automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, y deben proceder, por iniciativa propia o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos. Esto encuentra sustento en la interpretación que hizo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del artículo 36, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, cuya redacción es similar a la hipótesis que actualmente regula la ley en la materia vigente. Por tal motivo, la competencia para conocer del juicio de amparo cuando se impugnen normas autoaplicativas, recae en el juez de distrito que ejerza jurisdicción en el lugar en que el destinatario de la norma deba acatarla. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2a. 11 de la citada Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro y texto siguientes: "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPARO CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS. El hecho de que una ley autoaplicativa tenga como característica la de obligar al particular, cuya situación jurídica prevé, a hacer o dejar de hacer, desde el momento en que entra en vigor, sin requerir de un acto posterior de autoridad para que se genere dicha obligatoriedad, de ninguna manera puede servir de base para que se le identifique con las resoluciones a que se refiere el último párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, es decir, con aquellas que, por no requerir ejecución material, deben ser conocidas por el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que las dictó, pues es evidente que una ley federal autoaplicativa constituye un acto de sentido amplio que sí amerita ejecución material precisamente en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones. La circunstancia de que no se requiera un acto posterior de autoridad para que tales leyes adquieran obligatoriedad, no debe conducir a la errónea conclusión de que no necesitan ejecución material, pues las personas que, al momento de la vigencia de la norma, queden automáticamente comprendidas dentro de las hipótesis de su aplicación, deben proceder, por propia iniciativa o como consecuencia de una posterior decisión de autoridad, a acatar sus mandatos". Por tal motivo, y con base en la narración de hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado -los que fueron narrados bajo protesta de decir verdad- y de las constancias que se adjuntaron a la demanda, se obtiene que los quejosos se desempeñan como secretarios de tribunal y actuarios judiciales en Mazatlán, Sinaloa. Por lo que los supuestos fácticos que debe acatar la parte promovente es precisamente en aquella localidad; de ahí que el juez competente es aquél que tiene jurisdicción en donde se van a cumplir las obligaciones concernientes a las normas generales combatidas. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Décimo Segundo Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, ejercer jurisdicción, entre otros, en aquella localidad, lugar en el que los quejosos deben cumplir las obligaciones a las que aluden las normas reclamadas. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en Mazatlán, Sinaloa, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Mazatlán. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Al igual que la jurisprudencia PC.VII.L. J/1 L (10a.), emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, localizable en la página 995, libro 20, tomo II, julio de 20185, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, con registro 2009606, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA LEY 247 DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ, RECLAMADA COMO AUTOAPLICATIVA. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRA SU CENTRO DE TRABAJO. Del artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se advierte que, con independencia del lugar donde radique la autoridad ordenadora, si el acto reclamado tiene carácter ejecutivo, el conocimiento de la instancia constitucional recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; por ende, al constituir la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz una norma autoaplicativa que sí amerita ejecución material, precisamente, en los lugares en los que los gobernados deban dar cumplimiento a sus prescripciones, entendiendo por éstos, aquellos en los cuales se desempeñen como docentes o autoridades educativas y escolares, es que resulta evidente que la competencia para conocer de los juicios de amparo en los que se reclame la inconstitucionalidad de esa normatividad, se surte a favor del Juzgado de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en la que se encuentre el centro de trabajo de los quejosos, así manifestado bajo protesta de decir verdad en la demanda de amparo, al haber promovido el juicio constitucional en su carácter de trabajadores al Servicio de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz; sobre todo, porque la protesta de decir verdad de la demanda de amparo, que en relación con los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de sus conceptos de violación, es un requisito formal y no una mera fórmula sacramental o solemne; así que, el juzgador de amparo no puede desconocer a priori lo manifestado por el peticionario de amparo, desde el auto de admisión, pues no pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades responsables; de modo que, para estimar competente al Juez de Distrito ante quien se interpone juicio de amparo en contra de la Ley 247 de Educación del Estado de Veracruz, a partir de esa fase del procedimiento, basta que en la demanda se hubiera señalado el lugar donde los quejosos tienen su fuente de trabajo para corroborar la competencia del juez federal ante quien se presentó, si ello aconteció bajo protesta de decir verdad; sin perjuicio de que durante el juicio o en la audiencia constitucional se pueda concluir de manera diversa". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. Remisión del expediente. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Mazatlán, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Suspensión del acto reclamado. Ahora, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, así como el diverso numeral 48 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se estima que no hay necesidad de proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, dado que los actos reclamados no son de aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, tomo CXXX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta época, registro 316027, que dice lo siguiente: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, INCOMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE LA. Si no se trata de los casos a que se contraen los artículos 17 y 50 de la Ley de Amparo porque no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de una demanda de amparo en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de la jurisdicción del Juez de Distrito ni de una competencia suscitada después de iniciado el procedimiento y el cual deba suspenderse, se está precisamente en presencia del caso a que se contrae el artículo 54 de la Ley de Amparo, sin que el Juez haya debido proveer o tramitar la suspensión respectiva, porque, estima que le falta competencia para conocer, y esa falta de competencia abarca todo el procedimiento de amparo, de donde el Juez de Distrito en una entidad federativa no puede ni debe proveer, por limitación expresa de la ley de la materia, sobre la suspensión, en tanto no se decida la competencia a su favor". Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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