Barueth Zuñiga Bautista

Expediente 1124/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1124/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • Barueth Zuñiga Bautista

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vistos los escritos de la quejosa Barueth Zúñiga Bautista, por los cuales solicita la devolución de los documentos originales exhibidos en autos. Atento a lo anterior, infórmese a la promovente que por acuerdo de dos de enero del año en curso se desechó la demanda que dio origen a este asunto; proveído que aún no ha causado firmeza procesal. En ese sentido, y tomando en consideración que dicho auto puede ser impugnado ante la Superioridad y que, de estimarlo conducente, se puede revocar la determinación adoptada, con la consecuencia de admitir a trámite la demanda de amparo; así, las partes estarían en aptitud de objetar las mencionadas documentales, y si bien la promovente puede pedir la devolución de los documentos aportados al juicio, en términos del artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, también lo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó dicho numeral en el sentido de que la invocada devolución procederá siempre que haya transcurrido el plazo de la objeción o ésta se haya dirimido definitivamente; de ahí que sólo será factible su devolución una vez que haya precluido el derecho de las partes para hacer valer, en su caso, la objeción que prevé el artículo 122 de la Ley de Amparo, la cual podrá hacerse hasta la audiencia constitucional. Motivo por el cual, ya sea con posterioridad a ello o concluido el juicio o, bien, una vez que cause firmeza el auto de desechamiento, así lo estime conveniente, deberá reiterar su petición Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFÍCA A LA PARTE QUEJOSA: BARUETH ZÚÑIGA BAUTISTA. Cumple prevención. Visto el escrito presentado por el quejoso Barueth Zúñiga Bautista, mediante el cual cumple con la prevención que se le formuló el veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, al realizar, bajo protesta de decir verdad una narración completa del estado en que se encuentra el expediente 2821/18-21-01-5-OT, del índice de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal de Justicia Administrativa. ? Consideraciones previas. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación al caso, la tesis XV.2o.2 K , de contenido siguiente: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia 'manifiesta' e 'indudable', lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación".  Antecedentes del acto reclamado. Ahora, para mejor comprensión del presente asunto, conviene hacer la siguiente relación de antecedentes: 1. El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el quejoso fue notificado del citatorio 01C/AR/001637/1890/2017, emitido por la titular del área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que acudiera a la audiencia que se celebraría el seis de junio de dos mil diecisiete, a efecto de que compareciera personalmente a rendir su declaración en torno a las presuntas irregularidades que se le atribuían en el expediente administrativo PAR 798/2015 y, con ello, realizara las manifestaciones que considerar pertinentes. 2. El seis de junio de dos mil diecisiete, el promovente del amparo compareció a rendir la declaración antes mencionada. 3. El quejoso presentó escrito de ofrecimiento de pruebas para ese procedimiento en la oficialía de partes correspondiente, el cual le fue recibido el doce de junio de dos mil diecisiete. 4. El seis de julio siguiente, la autoridad emitió el acuerdo de ofrecimiento de pruebas respectivo. 5. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, la Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dictó resolución en el procedimiento administrativo de responsabilidades PAR 798/2015, instruido en contra del quejoso, en el cual determinó la procedencia del referido procedimiento y le fueron impuestas las sanciones correspondientes. 6. El diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, el quejoso presentó demanda de nulidad en contra de dicha resolución, la cual quedó registrada con el número 2821/18-21-01-5-OT, escrito en el cual no solicitó la suspensión de los actos. 7. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, admitió a trámite la demanda mencionada. 8. El seis de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso se presentó a consultar el expediente mencionado, del cual le informaron que la autoridad demandada ya había dado contestación. 9. Finalmente el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no se ha emitido sentencia en ese procedimiento. Ahora, como quedó precisado en el proveído de veinticuatro de diciembre pasado, los actos reclamados son: a) La emisión del mandamiento de ejecución de quince de octubre de dos mil dieciocho, número ME331071510201802 y la orden de notificación del mismo. b) El acta de requerimiento de pago, notificación y embargo de quince de octubre de dos mil dieciocho. De lo antes narrado se puede advertir que el acto reclamado emana de un procedimiento seguido en forma de juicio, específicamente en su fase posterior de ejecución; esto es así, pues tiene origen con motivo del expediente PAR 798/2015, el cual se inició y se dio derecho de audiencia a la parte quejosa, al que compareció, ofreció medios de prueba y, llegado el momento, se dictó la resolución definitiva en la que se impusieron las sanciones correspondiente al quejoso. Así, con motivo de esa determinación se emitió el mandamiento de ejecución respectivo el quince de octubre de dos mil dieciocho y su notificación, además del acta de requerimiento de pago, notificación y embargo de esa fecha. Conclusión precedente que se obtiene en atención a los hechos manifestados, bajo protesta de decir verdad, por la parte quejosa como antecedentes del acto reclamado; manifestaciones que este juzgador debe ponderar para efectos de proveer sobre la demanda de amparo y las cuales deben tomarse como ciertas, acorde a lo dispuesto por la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de rubro: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE" *Estudio de los actos dictados dentro de la etapa de ejecución. Hecha la precisión de la naturaleza y origen del acto reclamado, cabe señalar las prevenciones legales en relación a la procedencia de la demanda de amparo contra actos dictados en ejecución de lo ya resuelto en definitiva. Al respecto, es oportuno mencionar que si bien el artículo 107 de Ley de Amparo no prevé de manera expresa la procedencia del amparo indirecto contra los actos de ejecución en los procedimientos administrativos, no menos es que en una de sus fracciones indica que el juicio de amparo biinstancial es procedente contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio -fracción III-. Así en la fracción IV de dicho numeral se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en la etapa de ejecución en los juicios jurisdiccionales, pero atendiendo a ciertas reglas. Ello es así pues la intención del legislador ha sido que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones. De lo que se sigue que si el citado procedimiento cuenta con las fases propias de un juicio -expositiva, probatoria, juicio y ejecución-; de ahí que las reglas aplicables a la procedencia de los actos de ejecución de sentencia de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o de trabajo, también son aplicables a la ejecución de las resoluciones de los procedimientos administrativos, como en el caso que nos ocupa. Tal circunstancia -la aplicación extensiva de reglas para la procedencia del amparo en ejecución de resoluciones jurisdiccionales a los actos de ejecución de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio- se ve reflejada del contenido de la ejecutoria emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 17/98, que en su parte conducente establece lo siguiente: "Es importante tener en cuenta que el procedimiento administrativo de ejecución en comento es la actividad administrativa que desarrolla el Estado para hacer efectivos en vía de ejecución forzosa los créditos fiscales a su favor, también conocido como facultad económico-coactiva. De lo dispuesto por los mencionados artículos 145 a 196 del Código Fiscal de la Federación se desprende que el procedimiento administrativo de ejecución se efectúa mediante una serie de actos que tienen su inicial orientación en lo que dispone el artículo 145 del Código Fiscal Federal, en cuanto a que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución. Para ello, a partir de la fecha de exigibilidad del crédito fiscal el ejecutor designado por el jefe de la oficina exactora puede constituirse en el domicilio del deudor para practicar la diligencia de requerimiento de pago y, en el supuesto de no hacerlo en el acto, se procederá al embargo de bienes suficientes para, en su caso, rematarlos o enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco, o bien el embargo de negociaciones con todo lo que de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los accesorios legales. Los bienes o negociaciones embargados se dejarán bajo la guarda del o de los depositarios que sean necesarios, los que serán nombrados y removidos libremente, pero bajo su responsabilidad, por los jefes de las oficinas ejecutoras. También se establecen las formalidades a que debe sujetarse la diligencia de embargo, indicando cuáles son las facultades del ejecutor, los derechos del ejecutado, los bienes exceptuados de embargo, etcétera, así como que al finalizar la diligencia se levante acta pormenorizada y se entregue una copia a la persona con la que se entendió la diligencia. En los mencionados artículos se comprende también que una vez trabado el embargo se procederá a la enajenación de los bienes, para lo cual debe fijarse la base para su enajenación, mediante los avalúos tanto de la autoridad exactora como del obligado y, en ciertos casos, el valor que fijen de común acuerdo la autoridad y el embargado en un plazo determinado. Se establece lo conducente para la convocatoria para el remate, la postura legal, las formalidades que deben observarse para realizar el remate, la procedencia de segunda almoneda, la venta fuera de subasta, la adjudicación al fisco, etcétera. Luego, fincado el remate y pagado el precio, se lleva a cabo la adjudicación y entrega de los bienes rematados al adquirente y la aplicación del producto de los bienes rematados para cubrir el crédito fiscal y sus accesorios legales.-En conclusión, el procedimiento administrativo de ejecución es un conjunto de actos concatenados por medio de los cuales se pretende la obtención, por vía coactiva, del crédito fiscal debido por el deudor. Es cierto que el procedimiento de ejecución es administrativo porque tanto el órgano que lo ejecuta es la administración pública, como porque materialmente no tiene como finalidad la resolución entre partes contendientes, por lo que no teniendo como supuesto una controversia, no puede decirse, en rigor, que se trate de actos administrativos seguidos en forma de juicio, en los términos literales del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pero igualmente resulta que de la interpretación relacionada de este párrafo con el último de la fracción III del mismo ordenamiento, acerca de que el amparo contra remates sólo procede contra la resolución definitiva que los apruebe o desapruebe, se infiere que operan las mismas razones para la procedencia del juicio hasta que se da la última resolución. En efecto, aun cuando en la hipótesis de los preceptos reclamados no se está en presencia de actos desarrollados en forma de juicio -como ya se indicó-, sí existe una serie coherente y concordante de actos tendientes a la obtención ejecutiva del cumplimiento de una obligación con base en una liquidación firme, similar en esto a una sentencia ejecutoriada. Así como la sentencia es título ejecutivo, la liquidación fiscal firme constituye la prueba legal de la existencia del crédito, de su liquidez y de su inmediata reclamación, y como tal, dentro del procedimiento de ejecución por constituir un presupuesto formal de éste, debiendo precisarse que la ejecución forzosa brinda la posibilidad de hacer efectivos los créditos fiscales que se encuentren firmes y líquidos sin la necesidad de acudir a los tribunales para una previa aprobación. Como ilustración, conviene tener presente que sobre el particular, el tratadista Gabino Fraga dice: 'Esta posibilidad de acción directa constituye lo que en la doctrina se conoce con el nombre de carácter ejecutorio de las resoluciones administrativas.', y sigue diciendo: 'Esta solución está fundada en la necesidad de que las atribuciones del Estado que la legislación positiva ordena se realicen en forma administrativa no estén sujetas a las trabas y dilaciones (sic) significarían la intervención de los tribunales y el procedimiento judicial.'. En otro orden señala que está convencido de la absoluta necesidad de que el poder administrativo sea el que tenga en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos, de otra manera se vería en apuros para poder realizar las atribuciones que le están encomendadas. De acuerdo con la precisada naturaleza del procedimiento administrativo de ejecución en comento, se justifica que el juicio de amparo sólo proceda hasta que se dicte en él la resolución definitiva en que se apruebe o desapruebe el remate, de lo cual se infiere que tratándose de actos administrativos dentro de un procedimiento de ejecución fiscal, sólo procede el amparo en contra de la resolución con que culmina dicho procedimiento, pudiéndose reclamar válidamente, en tal oportunidad, todas las violaciones cometidas dentro de dicho procedimiento. De lo contrario, si se estimara procedente el juicio de amparo contra cada uno de los actos procesales de modo aislado, se obstaculizaría injustificadamente la secuencia ejecutiva, lo cual no debe permitirse aunque se reclame la inconstitucionalidad de las leyes que a ese procedimiento rigen. Desde esa óptica, debe aceptarse la interpretación relacionada de las fracciones II y III del artículo 114 de la Ley de Amparo, de la que se desprende que, en lo conducente, la intención del legislador ha sido la de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio de garantías, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas, a pesar de que éstas no deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En ese orden de ideas, como lo expuso el Juez de Distrito, en el caso debe observarse, por analogía, la tesis número V/96 sustentada por esta Segunda Sala, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, febrero de 1996, página 263, que dice: 'AMPARO CONTRA UNA LEY CON MOTIVO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE. SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.-El en artículo 114, fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esta regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto rige incluso cuando la resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la definitiva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en perjuicio del quejoso y se reclame también ésta, pues esos actos procesales tienen como base la existencia de una sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se emita la resolución definitiva correspondiente, los actos realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo apruebe o desapruebe.' Asimismo, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Sexta Parte, página 81, que dice: 'EJECUCIÓN, ACTOS ADMINISTRATIVOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE. AMPARO IMPROCEDENTE.-Si en el juicio de garantías se reclaman actos administrativos emanados de un procedimiento de ejecución, ello hace improcedente el juicio constitucional, ya que tratándose de estos actos, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en ese procedimiento, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieran dejado sin defensa al quejoso (artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo). Si en la transcripción del acto reclamado aparece que éste se hace consistir en mandamiento de ejecución, jurídicamente dicho acto sólo podrá reclamarse hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento administrativo de ejecución, todo lo cual conduce a estimar que el juicio de garantías es improcedente atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, y 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, y procede decretar el sobreseimiento en el mismo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 73 (sic) del mismo ordenamiento.'. En las condiciones relatadas, debe estimarse actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con las fracciones II y III del artículo 114 de la misma legislación, interpretadas éstas en sentido contrario; lo que conduce a sobreseer en el juicio con apoyo en lo establecido por el artículo 74, fracción III, de la ley de la materia". ? El acto combatido no constituye la última resolución del procedimiento de ejecución y la misma no afecta derechos sustantivos. A fin de determinar la procedencia de este sumario respecto de los actos reclamados consistentes en el mandamiento de ejecución de quince de octubre de dos mil dieciocho con motivo de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y su notificación, así como el acta de requerimiento de pago, notificación y embargo de esa fecha, conviene tener en cuenta lo previsto en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)". Ahora, interpretando en sentido contrario la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, párrafo segundo, se colige que el juicio de amparo indirecto, en el caso, es improcedente. Se explica lo anterior, ya que tratándose de actos de ejecución sólo será procedente cuando se trate de la última resolución dictada en esa etapa, es decir, de aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha realizado la interpretación teleológica y sistemática de los preceptos correlativos de la abrogada ley de amparo, específicamente en la sentencia que dio origen a la jurisprudencia P./J.108/2010, en la parte que interesa, determinó: "Sentado lo anterior, es de señalar que las ejecutorias en las que se determinó la existencia de la presente contradicción de tesis abordaron el tema relativo a la procedencia del amparo indirecto respecto de los actos dictados en ejecución de sentencia -que son independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla-, pero que puedan generar al quejoso una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos sin que, con posterioridad, pueda ser reparada por el órgano sancionador o en amparo, precisamente porque tal determinación no podrá ser materia de estudio al analizar lo relativo al cumplimiento de la sentencia. En ese aspecto, se tiene que la fracción IV del artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga tales características, sin que por el solo hecho de que se aduzca la inconstitucionalidad de la ley en que se apoyen se permita la procedencia del amparo indirecto, ya que el párrafo tercero del artículo 158 del ordenamiento legal en cita reitera el mismo requisito, al señalar expresamente que cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, tales violaciones sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. En igual sentido, la fracción XI del artículo 159 del citado cuerpo de leyes acude a la misma figura jurídica, pero en materia de extinción de dominio, al señalar que en este tipo de procedimientos todas aquellas violaciones cometidas en el mismo, salvo que se trate de infracciones directas a la Constitución o de actos de imposible reparación, serán impugnables en amparo directo, es decir, nuevamente la ley autoriza la promoción del juicio de garantías contra actos previos al dictado de la sentencia que aplique los bienes en favor del Estado, siempre y cuando estén caracterizados por la imposibilidad de ser reparados al pronunciarse esta última. Por su parte, la fracción III del artículo 114 del repetido ordenamiento establece diversas restricciones en relación con la impugnación de actos ejecutados fuera de juicio o después de concluido, tales como reservar la promoción del juicio de amparo exclusivamente contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, lo cual opera, incluso, en materia de procedimientos de extinción de dominio; o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Esto es, la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma relativa a que tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última resolución de dicho procedimiento; sin embargo, cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, se puede excepcionalmente aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Ello, sin que dicha aplicación, por analogía, permita la procedencia del amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución, por violaciones procesales relevantes. Por tanto, dado la amplitud de la norma contenida en la fracción IV citada, en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debe estimarse que esta disposición da pauta a la interpretación de lo dispuesto en la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que aun tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable". Así, de lo expuesto se advierte que la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la regla relativa a que, tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución, el juicio de amparo indirecto procede en contra de la última determinación de dicho procedimiento. No obstante ello, tal regla contiene una excepción, la cual se presenta cuando haya actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos y que sean ajenos a la cosa juzgada, pues excepcionalmente se puede aplicar por analogía la fracción IV del mismo numeral, para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto; pero debido a la amplitud de tal fracción, sólo existe la posibilidad de impugnar tales actos por las partes exclusivamente cuando: a. El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b. Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, que no haya sido consecuencia directa y necesaria de la resolución que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. En la especie, los actos reclamados que se estudian en este apartado se hacen consistir en: a) La emisión del mandamiento de ejecución de quince de octubre de dos mil dieciocho, número ME331071510201802 y la orden de notificación del mismo. b) El acta de requerimiento de pago, notificación y embargo de quince de octubre de dos mil dieciocho. Actos cuyos efectos inmediatos son que se continúe el procedimiento de ejecución pudiendo realizar el cobro de las sanciones impuestas al quejoso en la resolución dictada en el expediente administrativo de responsabilidades PAR 798/2015. Ahora, si bien con los actos reclamados se pudieran infringir derechos sustantivos de la parte quejosa, también lo es que no cumple con el requisito estipulado en el inciso "b", precisado en líneas que anteceden, porque aquellos son una consecuencia directa y necesaria de la determinación que se pretende ejecutar. Esto se explica, toda vez que los actos reclamados son una consecuencia directa de la determinación emitida en el procedimiento administrativo de responsabilidades PAR 798/2015, iniciado en contra del quejoso por el Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin embargo, no se encuentra en el caso de excepción que estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P./.108/2010; a saber, dicho acto de ejecución afecte un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada. Lo anterior es así, porque la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, en sus párrafos segundo y tercero, distingue dos supuestos de procedencia diferentes, el primero se refiere a la ejecución de sentencias cuando éstas no se llevan a cabo por medio de remate, como es el caso y; el segundo supuesto, se refiere al procedimiento de ejecución por la vía del remate. Luego, pese a que el acto reclamado pudiera afectar derechos sustantivos, no son ajenos a la cosa juzgada, sino son consecuencia lógica del derecho discutido; de tal modo, que el amparo promovido es improcedente pues se pretende impedir el cumplimiento de lo que ya fue discutido. Por otro lado, del artículo 107 de la Ley de Amparo, fracción IV, se advierte que en los procedimientos de ejecución cuando éstos no se llevan a través del remate, la última resolución es aquélla que: 1. Aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o, 2. Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o, 3. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente Diligencias de las cuales pueden reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, tratándose de procedimientos de ejecución de sentencia que se lleva a cabo de forma distinta a los remates, la última resolución es el auto en que el juez declara que la sentencia ha quedado enteramente cumplida o, existe imposibilidad de hacerlo u, ordena el archivo del expediente; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando ello se actualice, esto es, una vez que se hayan emitido cualquiera de esas tres resoluciones, sin que constituya un obstáculo el hecho de que se determinen en acuerdos separados. De este modo, la procedencia del juicio de amparo contra de ejecución que se llevan de forma distinta a los remates, se condicionó al dictado de cualquiera de los tres actos descritos, sin hacer mención a que necesariamente se dé en una misma resolución, sino hasta que se pronuncien cualquiera de ellos, ya sea en un solo acuerdo, por separado o en forma consecutiva. Y si en el presente asunto se advierte que el promovente del amparo figura como parte demandada en el procedimiento de origen, como él mismo lo indicó en la demanda de amparo y escrito aclaratorio; por lo que impugna una resolución emitida en etapa de ejecución; se está en presencia de un caso que ubica en la hipótesis de la ejecución de sentencia que no requiere de pública almoneda para dar cumplimiento a la sentencia ejecutoriada. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que, como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional, asimismo no constituye la última resolución en el período de ejecución, en términos de las fracciones IV y V, del artículo 107, de la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la tesis aislada I.3o.C.51 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que establece: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA ACTOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE SEAN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN CUANDO AFECTEN DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA. El artículo 107, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, dispone los supuestos de procedencia del amparo en la vía indirecta que comprenden todos los actos que pueden llevarse a cabo fuera y dentro de un procedimiento judicial, así como después de concluido, en ejecución de una sentencia. En la Ley de Amparo abrogada, esa regulación con alguna diferencia, estaba en el artículo 114, fracciones III y IV, que fueron interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el concepto de ejecución de imposible reparación entendido como la afectación directa e inmediata a un derecho sustantivo, podía ser aplicada para los actos en ejecución de sentencia, a condición de que se tratase de afectación a derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada. Así, deriva de la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 5, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.". Ese criterio, en cuanto a la aplicación del concepto de ejecución de imposible reparación con la definición que hace la actual fracción V del artículo 107, es aplicable al caso de la nueva Ley de Amparo. Por tanto, procede el juicio de amparo indirecto contra actos en juicio o en ejecución de sentencia que sean de imposible reparación, entendida como la afectación material directa a un derecho sustantivo, solamente que en ejecución debe tratarse de derechos ajenos a la cosa juzgada". En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracciones IV, con fundamento en el diverso artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. En tal virtud, si a la fecha de presentación de la demanda (veinte de diciembre de dos mil dieciocho) no ha concluido el procedimiento de ejecución, acorde al fundamento y motivo anteriormente expuesto, la demanda es improcedente. Así, en el presente caso, se considera que los actos reclamados consistentes la emisión del mandamiento de ejecución de quince de octubre de dos mil dieciocho, con motivo de la determinación emitida en el expediente administrativo PAR 798/2015 y su notificación, así como el acta de requerimiento de pago, notificación y embargo de esa fecha, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución, en términos de las fracciones IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, ni constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, para que, como excepción pueda ser sometido a estudio constitucional. Lo anterior, al margen de que contra los actos reclamados procede el recurso de revocación, previsto en el artículo 117, fracción II, inciso b), del Código Fiscal de la Federación . ? Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como con el precepto 113 de la propia ley, se DESECHA de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de este juzgador que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían ser estudiadas en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la sola lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervenientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Así como la jurisprudencia J/23, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 921, tomo XXIV, junio de 2006, Semanario Judicial de la Federación, Novena época, materia común, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 487, libro 3, tomo I, febrero de 2014, Décima época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.), consultable en la página 1641, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, materia constitucional, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, que dice: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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