Beatriz Adriana Ramírez Cruz

Expediente 894/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
894/2017
Año
2017
Actuaciones
11
Última actuación
28/11/2017

Partes del expediente

  • Beatriz Adriana Ramírez Cruz
  • Fiscalía General del Estado de Oaxaca
  • Dulce Rosario Ramírez Cruz y Otros.
  • Beatriz Adriana Ramírez Cruz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose de los mismos, que ya se dictó interlocutoria en este incidente, asimismo que con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece; en tal virtud, se ordena el archivo del presente cuaderno incidental como asunto concluido. En atención a lo anterior, y al advertirse que se negó a la parte quejosa la suspensión definitiva, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Juzgado estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Finalmente, se hace constar que en el presente expediente no se promovió incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, y no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. Finalmente, se ordena la devolución de los cuadernos de pruebas, remitidos por la autoridad responsable ordenadora. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 894/2017; y: R E S U L T A N D O : PRIMERO. BEATRÍZ ADRIANA RAMÍREZ y DULCE ROSARIO MARTÍNEZ CRUZ, mediante escrito presentado el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Fiscal General del Estado y al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, consistentes en: la omisión para realizar la inspección ocular, prueba pericial, recabar datos de prueba, en el robo, saqueo y daños por incendio ocurridos en su domicilio; mismos que estiman violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 20, y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención que legalmente le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Ante todo, del contenido integral de la demanda de garantías, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de las autoridades responsables para desahogar la prueba de inspección ocular, pruebas periciales y recabar datos de prueba, con motivo de los hechos delictuosos ocurridos en el domicilio de los quejosos, y que se encuentran denunciados dentro de la carpeta de investigación 2212/DF/ZC/2017, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado. TERCERO. Del contenido del informe justificado rendido por las responsables se advierte la existencia del acto reclamado, toda vez que de los mismos se advierte que no han desahogado la prueba de inspección ocular, pruebas periciales y recabar datos de prueba, con motivo de los hechos delictuosos ocurridos en el domicilio de los quejosos, y que se encuentran denunciados dentro de la carpeta de investigación 2212/DF/ZC/2017, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado. CUARTO. Previo al estudio del fondo del asunto, conviene analizar si en la especie se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea que lo hagan valer las partes, o este resolutor la advierta de oficio, al tratarse de una cuestión de orden público y estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien resuelve considera se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de este Ley. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." Lo anterior es así, pues la parte quejosa reclama del Fiscal General del Estado y del Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones, la omisión para desahogar la prueba de inspección ocular, periciales y recabar datos de prueba, con motivo de los hechos delictuosos ocurridos en el domicilio de los quejosos, y que se encuentran denunciados dentro de la carpeta de investigación 2212/DF/ZC/2017, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado. Empero, debe estimarse que el suscrito se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que de las copias certificadas remitidas por el servidor público designado por el Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, se advierte, las omisiones reclamadas derivan de la carpeta de investigación 2212/DF/ZC/2017, del índice del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado; por tanto, las impetrantes debieron necesariamente, al margen de las autoridades que señalaron en su escrito de demanda, nombrar al citado representante social, a fin de llamarlo a la controversia constitucional, oírlo y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Ello es así, pues conforme a los artículos 131, fracción III, y 132, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, una de las obligaciones de la representación social, es la de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, y que para ello deberá coordinarse con la policía, y peritos durante la misma, lo que significa que los policías mutuo proprio no pueden actuar sin que se los ordene el Agente del Ministerio Público responsable de la carpeta de investigación. Ahora bien, conforme al artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; en ese orden queda comprendido el ya citado representante social, pues como se dijo antes, es él quien tiene la obligación de ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, por lo que, en caso de incurrirse en omisiones como las hoy reclamadas, es éste quien deberá responder al respecto. Conforme a lo anterior, el acto reclamado es exclusivamente responsabilidad del Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía General del Estado, por tanto se itera, las quejosas en su demanda de amparo o durante la secuela del procedimiento debieron señalarlo como autoridad responsable. Esto es así, debido a que resulta esencial precisar el acto reclamado en relación con la autoridad a la que se le atribuye, porque la protección constitucional sólo puede concederse en función de ese acto y por cuanto a tal autoridad. Debe tomarse en cuenta, que mediante proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, este juzgado requirió a las quejosas para que manifestara si ampliaban su demanda por cuanto hace al mencionado representante social, con el apercibimiento que de no hacerlo, el presente juicio se resolvería en los términos planteados en la demanda de amparo, requerimiento que no desahogaron no obstante quedar legalmente notificadas por conducto de su autorizado legal. Luego entonces, al actualizarse la causal de improcedencia aducida, conlleva a sobreseer el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo 894/2017, promovido por BEATRÍZ ADRIANA RAMÍREZ y DULCE ROSARIO MARTÍNEZ CRUZ. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta, que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, en proveído de dieciocho de septiembre último, sin que haya dado cumplimiento a lo solicitado; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminado en dicho auto, por lo que el presente juicio se resolverá en los términos planteados en la demanda de amparo. Por otra parte, agréguese el pedimento de cuenta suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el cual será tomado en consideración al momento de resolverse el presente asunto, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo; asimismo, una vez que se dicte sentencia en el presente juicio, expídansele a su costa las copias que solicita. NOTIFÍQUESE.

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