Basilia Olga De los Santos Vázquez
Expediente 1080/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Basilia Olga De los Santos Vázquez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 98, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual, se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que mediante proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, se previno a la parte promovente, para que precisara el acto reclamado, sin que haya realizado manifestación alguna, por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que fue conminada y se tiene como acto reclamado el siguiente: El acto de aplicación consistente en el oficio SP/DPSHT/0866/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, y los subsecuentes actos de aplicación son los recibos de pago. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de manera destacada del Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y del Encargado del Despacho de la Jefatura del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo del citado Instituto, la aplicación en su perjuicio del segundo párrafo del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (I.S.S.T.E.) y 12 fracción I, inciso a), segundo párrafo del Reglamento, para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contenido en el oficio SP/DPSHT/0866/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós y no señaló como autoridades responsables al Presidente de la República ni al Congreso de la Unión por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores. Luego, respecto al citado acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." Como puede advertirse, el señalado motivo de improcedencia descansa en el principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, pues siendo el amparo un juicio extraordinario, resulta evidente que a éste sólo pueda acudirse cuando previamente se haya agotado el recurso o medio de defensa legal previsto en la ley ordinaria, y que sea el idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Así, dicho principio implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Como se dijo, en el caso se reclama la aplicación del concepto de compatibilidad de pensión de viudez porque a consideración de la autoridad responsable no puede percibir dos pensiones, la directa número 262780 y la de viudez 297677, pues según la suma de ambas pensiones rebasan el importe de diez Unidades de Medida y Actualización (UMA), fundando ello en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (I.S.S.T.E.) y 12 fracción I, inciso a), segundo párrafo del Reglamento, para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Contra dicho acto, es improcedente el juicio de amparo, puesto que medularmente se trata de un tema relacionado con los cálculos de los montos de la pensión que recibe, y para ello, de conformidad con el artículo 3º, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular afectado por resoluciones y/o actos administrativos que se dicten en materia de pensiones civiles que sean con cargo al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe promover juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues a través de dicho medio de defensa, el acto puede ser nulificado, revocado o modificado. Al respecto, el precitado artículo prevé: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; (.)" Resulta aplicable la jurisprudencia 84/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 1101, Registro digital: 201768 de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el Tribunal mencionado." Del mismo modo, en lo conducente, la jurisprudencia 111/2005, emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, Novena Época, Materias(s): Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Septiembre de 2005, página 326, Registro digital: 177279, de rubro y texto: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva." Lo anteriormente expuesto permite establecer que la promovente del amparo debió agotar el Juicio Contencioso Administrativo Federal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del cual, existe la posibilidad de suspender el acto, en atención a lo dispuesto por el artículo 28 de le Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Al caso resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 783, Registro digital: 2008807, de rubro y texto: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Ante ello, como lo prevé el citado criterio jurisprudencial de la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión de los actos impugnados que los que establece la Ley de Amparo; y en consecuencia, deviene evidente que el acto reclamado que se pretende impugnar en esta vía, es competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Sin que el hecho que se reclame la aplicación de una ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualice una excepción al principio de definitividad. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 15/2022 (11a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2024511, de epígrafe: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ÉSTE CUANDO SE RECLAMA LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARADAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales la razón del Actuario adscrito en la que manifiesta que no le fue posible notificar el auto de veintitrés de septiembre del año en curso, a la quejosa Basilia Olga de los Santos Vásquez, ya que al constituirse en reiteradas ocasiones al domicilio ubicado en la Calle Vicente Guerrero, numero doscientos veintiuno, Colonia Miguel Alemán, Oaxaca, observó se trata de un edificio en el que se encuentra una leyenda que dice: "SE RENTAN DEPARTAMENTOS PARA CONSULTORIO Y/O OFICINAS, INFORMES TOCAR EL TIMBRE 3, TELEFONO 951 15144934", informándole una persona del sexo masculino no conocer a la quejosa ni a sus autorizados; que se comunicó al número telefónico proporcionado en la demanda de amparo (9511560319), donde le informaron no conocer a la quejosa. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la quejosa Basilia Olga de los Santos Vásquez dicho proveído, así como las subsecuentes que surjan en este juicio de amparo, aun las de carácter personal, por lista de acuerdos que se publica en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación y en el lugar de fácil acceso que designó la Administración Regional del edificio que ocupa este Órgano Jurisdiccional, hasta en tanto subsane dicha omisión. NOTIFÍQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL AUTO QUE ANTECEDE, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EL DIVERSO PROVEÍDO DE 23/09/2022.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por BASILIA OLGA DE LOS SANTOS VÁZQUEZ, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; fórmese expediente impreso y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 1080/2022. Prevención. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: a).- Indique si señala como acto reclamado de manera destacada el oficio SP/DPSHT/0866/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, por el que se le hizo de su conocimiento la compatibilidad de pensiones. b).- Precise en que consisten el segundo y subsecuentes actos de aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (si es algún acuerdo, resolución, oficio, circular o recibos de pago), así como de qué fecha son. c).- Diga sí controvierte como acto reclamado de manera destacada el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y si señala como autoridades responsables de su emisión al Presidente de la República y al Congreso de la Unión por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores. Bajo apercibimiento que de no desahogar la prevención formulada en los incisos a) y b), se entenderá que el acto concreto de aplicación es el oficio SP/DPSHT/0866/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, y los subsecuentes actos de aplicación son los recibos de pago. Así también, de no cumplir con el requerimiento formulado en el inciso c) se estudiará la demanda en los términos de legalidad y no a los actos de inconstitucionalidad. Domicilio. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Montaño Santiago, toda vez que en el Registro Nacional de Profesiones, aparece registrada cédula profesional a su nombre, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que refiere, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcionen el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico santiagoraul087@gmail.com y el número de teléfono 9511560319 únicamente para contacto con el presente órgano jurisdiccional en casos necesarios. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. " Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por BASILIA OLGA DE LOS SANTOS VÁZQUEZ, contra actos del Encargado de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad; fórmese expediente impreso y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo; regístrese con el número 1080/2022. Prevención. A fin de proveer sobre la admisión de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días contados a partir de su legal notificación, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: a).- Indique si señala como acto reclamado de manera destacada el oficio SP/DPSHT/0866/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, por el que se le hizo de su conocimiento la compatibilidad de pensiones. b).- Precise en que consisten el segundo y subsecuentes actos de aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (si es algún acuerdo, resolución, oficio, circular o recibos de pago), así como de qué fecha son. c).- Diga sí controvierte como acto reclamado de manera destacada el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, y si señala como autoridades responsables de su emisión al Presidente de la República y al Congreso de la Unión por conducto de sus Cámaras de Diputados y Senadores. Bajo apercibimiento que de no desahogar la prevención formulada en los incisos a) y b), se entenderá que el acto concreto de aplicación es el oficio SP/DPSHT/0866/2022, de fecha dos de agosto de dos mil veintidós, y los subsecuentes actos de aplicación son los recibos de pago. Así también, de no cumplir con el requerimiento formulado en el inciso c) se estudiará la demanda en los términos de legalidad y no a los actos de inconstitucionalidad. Domicilio. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica, autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Montaño Santiago, toda vez que en el Registro Nacional de Profesiones, aparece registrada cédula profesional a su nombre, y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las restantes personas que refiere, hasta en tanto acrediten contar con cédula profesional de licenciado en derecho o proporcionen el número de registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Requisito que se considera indispensable a fin de tener certeza de que quien representa a las partes en este juicio constitucional es un experto en derecho que afrontará las obligaciones de su encomienda y evitar homonimias. Orienta lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2021840, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, que es del siguiente tenor siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, solo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico santiagoraul087@gmail.com y el número de teléfono 9511560319 únicamente para contacto con el presente órgano jurisdiccional en casos necesarios. Exhortación a tramitar el juicio en línea. Ahora, en atención al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; para lo cual deberá proporcionar el nombre de usuario con que se encuentra registrado en el citado portal. Asimismo, se exhorta a la parte quejosa, dada la contingencia de salud pública derivada del virus COVID-19, para que, solicite además del acceso al expediente electrónico, la práctica de notificaciones electrónicas, con su nombre de usuario, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; lo anterior, a efecto de continuar con el trámite de este asunto en "Línea". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. " Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete horas con cuarenta y cinco minutos a catorce horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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