Beatriz Adriana Martinez Palafox

Expediente 1800/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 67 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1800/2022
Año
2022
Actuaciones
67
Última actuación
27/06/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Adriana Martinez Palafox
  • Representante Coadyuvante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 67.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes promovieran recurso de inconformidad en contra del auto de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en dicho precepto legal, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO el mencionado proveído. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Conservación íntegra del expediente principal, Transfiérase una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer, por una parte, y conceder el amparo por otra, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 17. Conservación íntegra del expediente. Los expedientes conservables serán transferidos una vez que cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, y se encuentren en los siguientes supuestos: [.] III. En los Juzgados de Distrito conforme a las siguientes series documentales: a) Juicios de amparo indirecto en los que se haya negado o concedido la protección constitucional;". Una vez cumplido el término a que se refiere la fracción III, inciso a), del artículo 17 del Acuerdo General de referencia, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Conservación íntegra del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que este asunto es conservable, y la parte quejosa no exhibió documentos originales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo en comento, notifíquese el presente a dicha parte mediante lista. Devolución de tomos de pruebas. Por otro lado, devuélvanse a al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, los seis anexos de pruebas que remitió en el presente juicio de amparo, así como los cinco anexos que remitió en el incidente de suspensión derivado del presente asunto, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL AVISO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 18 DE MAYO DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que ha transcurrido el plazo de tres días para desahogar la vista que fue otorgada mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó por una parte y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: VIII. DECISIÓN Y EFECTOS Ante la inexistencia del acto reclamado al diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, se sobresee en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que la omisión de reintegrar a la infante quejosa a su núcleo familiar y decretar la guarda y custodia provisional, dentro del procedimiento privilegiado de visita y convivencia 1001/2022, vulnera los derechos fundamentales de la menor A.D.D.M., con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en un plazo que no podrá exceder de tres días a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, determine lo conducente en torno a decretar provisionalmente la guarda y custodia de la menor, a fin de restituirla al núcleo familiar. Es importante puntualizar que la concesión de la protección constitucional implica que el juez responsable deberá emitir un pronunciamiento en torno a la guarda y custodia provisional, con base en las pruebas desahogadas en el sumario de origen. En el entendido de que, al ser una medida provisional, el juez familiar debe tener en cuenta que puede ser modificada o revocada si las causas que la motivaron cambian o desaparecen en términos del artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Analice la viabilidad de continuar provisionalmente con el régimen de visitas y convivencias que actualmente tiene la menor con sus progenitores; o bien, de estimarlo necesario, analizando las circunstancias especiales actuales de la niña, y el acervo probatorio desahogado en autos, determine uno diferente. En atención al interés superior de la menor y con el propósito de velar por su bienestar físico y mental, deberá realizar una evaluación casuística de sus circunstancias particulares, tales como su edad actual, desarrollo físico e intelectual, habilidades cognitivas, y estado emocional, a fin de verificar la viabilidad de escucharla, para conocer su opinión. De ser el caso, tome las medidas conducentes a fin de que la infante cuente con el asesoramiento psicológico pertinente para apersonarse ante ese juzgador a fin de recabar su opinión. En caso de ser necesario, aplique las medidas de apremio eficaces para obtener la opinión de la infante. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de la menor A.D.D.M., se estima necesario que, además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, el juez familiar también haga de su conocimiento las medidas que adopte mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible. (.) Por lo anterior, se impone la carga al juez responsable de elaborar una resolución bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para la menor, la cual deberá agregar como anexo a la determinación que emita y deberá notificársela en esos términos. " Ejecutoria En auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Mediante oficio registrado con número de promoción 10113 la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintiocho de abril de dos mil veintitrés emitido en el expediente 1001/2022, de su índice, en el cual determinó, en lo que interesa, lo siguiente: Precisó que mediante diligencia de dieciocho de abril del año en curso, en la que participó, entre otras personas, la Psicóloga adscrita a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se escuchó a la menor de iniciales A.D.D.M., a fin de conocer su opinión respecto del asunto materia del juicio de origen. Con libertad de jurisdicción, en torno a decretar provisionalmente la guarda y custodia de la menor, estimó que sería desaseado decretar la restitución de la menor involucrada con su madre, pues con argumentos propios indicó que resulta indispensable ubicar a la niña en un entorno que permita su sano desarrollo integral y formación psíquica y física de sosiego y clima de equilibrio, por lo que estimó pertinente formular requerimiento a los progenitores a fin de que propusieran a otros familiares que pudieran tener interés en ostentar la guarda y custodia de la menor de edad afectada. Hecho lo anterior, ordenó realizar valoraciones psicológicas y socioeconómicas a los familiares propuestos por las partes, para concluir que lo más conveniente para la menor de identidad reservada, era que quedara bajo el cuidado de sus abuelos paternos María Guadalupe González Ramírez y José Raúl Deanda Ramírez, por lo que decretó la guarda y custodia provisional de la referida menor, al estimar que no resultaba favorable al interés superior de la niña restituirla al domicilio familiar, pues resultaba desacertado reincorporarla al núcleo familiar en el que vivía, cuando se dictaminó [en los autos del juicio de origen] la existencia de signos de violencia familiar por parte de su progenitora. No obstante lo anterior, precisó que la decisión antes establecida podía ser modificada si las causas que la motivaron variasen o desaparecieren, o que en su defecto, la menor de edad corra un grave peligro en su desarrollo. Por su parte, estimó que atento a que la menor de edad dejaría de estar bajo el resguardo del Sistema DIF Estatal de Puebla y que iba a habitar con su abuelos paternos en una ciudad diversa a aquella en la que vivía con su progenitora, es por lo que la autoridad responsable estimó que resultaba evidente que el régimen de visitas decretadas en autos ya no era viable. Por lo anterior, atendiendo al interés de la citada menor afectada y en aras de preservar el vínculo paterno y materno filial y preservar la relación futura entre los intervinientes, la Jueza responsable determinó decretar que el régimen de visita y convivencia provisional con la menor de iniciales A.D.D.M. se modifique para llevarse a cabo en un sistema mixto [virtual y presencial], el cual se desarrollará de la siguiente forma: respecto de Derli Alberto Deanda González [padre de la menor], en un sistema virtual por videoconferencia, y en relación a Beatriz Adriana Martínez Palafox [madre de la menor], en un sistema virtual supervisado por el Centro de convivencias y de forma presencial el sábado del último fin de semana del mes y, precisó que el régimen era provisional y que iba a estar vigente hasta en tanto se resuelva de manera definitiva y ejecutoriadamente el juicio de origen. Finalmente, elaboró una versión en formato de lectura fácil y accesible para la menor, de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, mediante oficio con registro 10318, la Jueza responsable remitió copia certificada de la diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, desahogada en el juicio familiar de origen, de la que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Comunicó a la menor de iniciales A.D.D.M., la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en formato de lectura fácil. Tuvo a María Guadalupe González Ramírez y José Raúl Deanda Ramírez, aceptando y protestando el cargo de tutores provisionales de la citada menor. Con lo anterior, mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal convenga, acuerdo que fue notificado por lista a los terceros interesados el ocho de mayo del año en cuso, y personalmente a la parte quejosa el once siguiente. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a los terceros interesados.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Se declara cumplida sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, tomando en consideración que ha transcurrido el plazo de tres días para desahogar la vista que fue otorgada mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito, por lo que este juzgado se pronuncia sobre el cumplimiento del fallo protector dictado en el presente juicio. Sentencia. Al respecto, se precisa que mediante sentencia de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, se sobreseyó por una parte y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: VIII. DECISIÓN Y EFECTOS Ante la inexistencia del acto reclamado al diligenciario encargado de los expedientes impares adscrito al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, se sobresee en el juicio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por otra parte, toda vez que la omisión de reintegrar a la infante quejosa a su núcleo familiar y decretar la guarda y custodia provisional, dentro del procedimiento privilegiado de visita y convivencia 1001/2022, vulnera los derechos fundamentales de la menor A.D.D.M., con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede la protección constitucional solicitada, para el efecto de que el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, en un plazo que no podrá exceder de tres días a partir de que cause ejecutoria esta sentencia, realice lo siguiente: Con libertad de jurisdicción, determine lo conducente en torno a decretar provisionalmente la guarda y custodia de la menor, a fin de restituirla al núcleo familiar. Es importante puntualizar que la concesión de la protección constitucional implica que el juez responsable deberá emitir un pronunciamiento en torno a la guarda y custodia provisional, con base en las pruebas desahogadas en el sumario de origen. En el entendido de que, al ser una medida provisional, el juez familiar debe tener en cuenta que puede ser modificada o revocada si las causas que la motivaron cambian o desaparecen en términos del artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Analice la viabilidad de continuar provisionalmente con el régimen de visitas y convivencias que actualmente tiene la menor con sus progenitores; o bien, de estimarlo necesario, analizando las circunstancias especiales actuales de la niña, y el acervo probatorio desahogado en autos, determine uno diferente. En atención al interés superior de la menor y con el propósito de velar por su bienestar físico y mental, deberá realizar una evaluación casuística de sus circunstancias particulares, tales como su edad actual, desarrollo físico e intelectual, habilidades cognitivas, y estado emocional, a fin de verificar la viabilidad de escucharla, para conocer su opinión. De ser el caso, tome las medidas conducentes a fin de que la infante cuente con el asesoramiento psicológico pertinente para apersonarse ante ese juzgador a fin de recabar su opinión. En caso de ser necesario, aplique las medidas de apremio eficaces para obtener la opinión de la infante. Por otro lado, dada la condición de minoría de edad de la menor A.D.D.M., se estima necesario que, además de la determinación que se emita en cumplimiento a la presente ejecutoria, el juez familiar también haga de su conocimiento las medidas que adopte mediante la elaboración de una resolución en formato de lectura fácil y accesible. (.) Por lo anterior, se impone la carga al juez responsable de elaborar una resolución bajo un formato que permita una lectura fácil y accesible para la menor, la cual deberá agregar como anexo a la determinación que emita y deberá notificársela en esos términos. " Ejecutoria En auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, la sentencia de mérito causo ejecutoria y, en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector y remitiera las constancias relativas para acreditarlo. Cumplimiento. Mediante oficio registrado con número de promoción 10113 la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, remitió copia certificada de la resolución emitida el veintiocho de abril de dos mil veintitrés emitido en el expediente 1001/2022, de su índice, en el cual determinó, en lo que interesa, lo siguiente: Precisó que mediante diligencia de dieciocho de abril del año en curso, en la que participó, entre otras personas, la Psicóloga adscrita a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se escuchó a la menor de iniciales A.D.D.M., a fin de conocer su opinión respecto del asunto materia del juicio de origen. Con libertad de jurisdicción, en torno a decretar provisionalmente la guarda y custodia de la menor, estimó que sería desaseado decretar la restitución de la menor involucrada con su madre, pues con argumentos propios indicó que resulta indispensable ubicar a la niña en un entorno que permita su sano desarrollo integral y formación psíquica y física de sosiego y clima de equilibrio, por lo que estimó pertinente formular requerimiento a los progenitores a fin de que propusieran a otros familiares que pudieran tener interés en ostentar la guarda y custodia de la menor de edad afectada. Hecho lo anterior, ordenó realizar valoraciones psicológicas y socioeconómicas a los familiares propuestos por las partes, para concluir que lo más conveniente para la menor de identidad reservada, era que quedara bajo el cuidado de sus abuelos paternos María Guadalupe González Ramírez y José Raúl Deanda Ramírez, por lo que decretó la guarda y custodia provisional de la referida menor, al estimar que no resultaba favorable al interés superior de la niña restituirla al domicilio familiar, pues resultaba desacertado reincorporarla al núcleo familiar en el que vivía, cuando se dictaminó [en los autos del juicio de origen] la existencia de signos de violencia familiar por parte de su progenitora. No obstante lo anterior, precisó que la decisión antes establecida podía ser modificada si las causas que la motivaron variasen o desaparecieren, o que en su defecto, la menor de edad corra un grave peligro en su desarrollo. Por su parte, estimó que atento a que la menor de edad dejaría de estar bajo el resguardo del Sistema DIF Estatal de Puebla y que iba a habitar con su abuelos paternos en una ciudad diversa a aquella en la que vivía con su progenitora, es por lo que la autoridad responsable estimó que resultaba evidente que el régimen de visitas decretadas en autos ya no era viable. Por lo anterior, atendiendo al interés de la citada menor afectada y en aras de preservar el vínculo paterno y materno filial y preservar la relación futura entre los intervinientes, la Jueza responsable determinó decretar que el régimen de visita y convivencia provisional con la menor de iniciales A.D.D.M. se modifique para llevarse a cabo en un sistema mixto [virtual y presencial], el cual se desarrollará de la siguiente forma: respecto de Derli Alberto Deanda González [padre de la menor], en un sistema virtual por videoconferencia, y en relación a Beatriz Adriana Martínez Palafox [madre de la menor], en un sistema virtual supervisado por el Centro de convivencias y de forma presencial el sábado del último fin de semana del mes y, precisó que el régimen era provisional y que iba a estar vigente hasta en tanto se resuelva de manera definitiva y ejecutoriadamente el juicio de origen. Finalmente, elaboró una versión en formato de lectura fácil y accesible para la menor, de la resolución emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, mediante oficio con registro 10318, la Jueza responsable remitió copia certificada de la diligencia de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, desahogada en el juicio familiar de origen, de la que se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: Comunicó a la menor de iniciales A.D.D.M., la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en formato de lectura fácil. Tuvo a María Guadalupe González Ramírez y José Raúl Deanda Ramírez, aceptando y protestando el cargo de tutores provisionales de la citada menor. Con lo anterior, mediante auto de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal convenga, acuerdo que fue notificado por lista a los terceros interesados el ocho de mayo del año en cuso, y personalmente a la parte quejosa el once siguiente. Conclusión. Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector y se declara que ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, toda vez que se satisficieron los efectos de la sentencia de amparo, conforme a los parámetros fijados en la misma. Finalmente, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes la anterior determinación y que de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a los terceros interesados.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. La Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, remite copia certificada de la diligencia de cuatro de mayo del año en curso, relativa a la aceptación y protesta de ********************y ********************, del cargo de tutores provisionales de la menor de iniciales ********************, dentro del juicio de alimentos de origen. Sin mayor acuerdo, toda vez que en proveído de cuatro de mayo del año en curso, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal convenga respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector emitido. No obstante, las constancias remitidas por la autoridad oficiante podrán ser analizadas en el momento procesal oportuno, esto es, al calificar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Cúmplase.

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