Barbará Rodríguez de la Luz
Expediente 915/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 915/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2021
Partes del expediente
- Barbará Rodríguez de la Luz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. María del Rosario Rosas Bravo, autorizada en términos amplios de la parte quejosa, solicita información de la separación de la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de recibir la documentación para inscribirla en el programa "Procampo". En ese sentido, de una consulta al Sistema Integral del Seguimiento de Expedientes (SISE), se desprende que tal medio de control constitucional se encuentra radicado en el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con el número de juicio de amparo 1085/2021. Finalmente, dado que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo del presente asunto, devuélvase al mismo. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado desechamiento. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto del quince de julio de dos mil veintiuno, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General citado, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; (.)" Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de julio de dos mil veintiuno. Quejosa cumple prevención. La quejosa***************, da cumplimiento a la prevención. En consecuencia, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. Litis constitucional. Parte quejosa. ************* Tercero interesado. No existe. Autoridades responsables: 1. Comisariado Ejidal de la Paz Tlaxcolpan, Estado de Puebla. 2. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Actos reclamados: 1. La omisión de recibir e inscribir la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, en el juicio agrario 553/2019, para dar cumplimiento al resolutivo segundo; y, reconocer a la quejosa como nueva ejidataria. 2. La omisión de recibir la documentación para inscribirla en el programa "Procampo". Separación. En el caso, la parte quejosa reclaman actos desvinculados e independientes, por lo que de oficio se ordena la separación de la demanda de amparo. Al respecto, son aplicables las jurisprudencias 76/97 y 77/97, visibles en la página 118, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se transcriben: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. SU PROCEDENCIA. Si en una demanda de amparo se reclaman actos emanados de juicios diversos, desvinculados entre sí, y dicha demanda ha sido admitida por el Juez de Distrito, o bien, tal circunstancia es advertida durante la tramitación del juicio (hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional), con motivo de los informes justificados que rindan la o las autoridades responsables, podría iniciarse de oficio la separación de juicios, figura esta, que al no estar específicamente regulada en la Ley de Amparo, debe por ello quedar contenida en la jurisprudencia, tomando como base el artículo 57 de esa ley, que establece la acumulación, deduciéndolo en sentido contrario, por lo que puede concluirse que, fuera de los casos que ahí se prevén, en cualquier otro supuesto se requiere hacer la separación." "SEPARACIÓN DE JUICIOS. REGLAS PARA SU TRAMITACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. La separación de juicios podrá válidamente hacerse de oficio en cualquier estado del procedimiento, desde la etapa de la admisión de la demanda hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. El trámite deberá ser incidental, aplicando, en lo pertinente, los preceptos legales de la Ley de Amparo relativos a la acumulación, en sentido contrario, con suspensión del procedimiento principal, como lo establece el artículo 62 de dicha ley, con audiencia de las partes y resolución que decrete la separación. El Juez, en esta etapa, podrá hacer los requerimientos necesarios a las partes, aplicando por analogía lo dispuesto en el artículo 78 de la ley de la materia, para conocimiento pleno de lo que resolverá." Bajo ese contexto, es procedente la separación de juicios, en el entendido que: A. El presente juicio 915/2021-I, versara sobre el Comisariado Ejidal de la Paz Tlaxcolpan, Estado de Puebla y el acto que se le reclama consistente en la omisión de recibir e inscribir la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, en el juicio agrario 553/2019, para dar cumplimiento al resolutivo segundo; y, reconocer a la quejosa como nueva ejidataria. Por orden de prelación de la demanda de amparo. B. El juicio de amparo separado versará sobre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y respecto de la omisión de recibir la documentación de la quejosa para inscribirla en el programa "Procampo". En tales condiciones, procédase a certificar una copia certificada de la demanda de amparo y mediante oficio remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, para que por su conducto se turne el asunto separado al Juez de Distrito en esa materia, en turno. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 117, Tomo IV de septiembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y tenor literal siguientes: "SEPARACIÓN DE JUICIOS. EL JUEZ DE DISTRITO, AL DECRETARLA, DEBERÁ TOMAR LAS MEDIDAS Y SEÑALAR EL TRATO QUE A CADA UNO CORRESPONDA. Al decretarse la separación el Juez proveerá automáticamente la formación de los expedientes que en derecho resulten, registrándolos y engrosándolos con las copias certificadas que sean necesarias para su integración. Integrados los diferentes expedientes, el Juez ordenará el trato que jurídicamente a cada uno le corresponda, si todos son de su competencia, los fallará por cuerda separada, si uno de ellos es competencia de otro órgano, sea de la Suprema Corte, de un Tribunal Colegiado o de otro Juez de Distrito, se dará el trámite correspondiente, todo ello en aras de una mejor administración de justicia." Desechamiento por el Comisariado y su acto. Ahora, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En relación con el Comisariado y el acto que se reclama, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo establece que es parte en el juicio de amparo la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Señala además que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Conforme a los artículos 1, 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 1, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en esa Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el carácter de autoridad responsable lo tienen aquellos entes que por disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d. Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En consecuencia, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, el juicio de amparo es improcedente contra actos que emanen de autoridades que no reúnan las notas distintivas establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la especie, la parte quejosa reclama al Comisariado del Ejido de la Paz Tlaxcolpan Municipio del Estado de Puebla, en esencia, la omisión de recibir e inscribir la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, en el juicio agrario 553/2019, para dar cumplimiento al resolutivo segundo; y, reconocer a la quejosa como nueva ejidataria. Sin embargo, el Comisariado Ejidal no constituye una autoridad para efectos del amparo y, por ende, el acto que se le atribuye no puede ser analizado en el presente juicio de control constitucional. Naturaleza jurídica del ejido. En el artículo 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. El artículo 9 de la Ley Agraria señala que los núcleos de población ejidales o ejidos tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y son propietarios de las tierras que les han sido dotadas o de las que hubieren adquirido por cualquier otro título. En ese orden, los núcleos de población ejidal (ejidos) constituyen formas de organización interna establecidas por la Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tienen por objeto proteger la propiedad sobre la tierra, para asentamiento humano y actividades productivas. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "EJIDOS Y COMUNIDADES AGRARIAS. AL CONSTITUIR FORMAS DE ORGANIZACIÓN INTERNA ESTABLECIDAS CONSTITUCIONALMENTE, EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL, ASÍ COMO LA ELECCIÓN DEL COMISARIADO, SON ACTIVIDADES QUE NO FORMAN PARTE DEL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. El artículo 27, fracción VII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé la personalidad jurídica de los ejidos y comunidades agrarias, destinando la protección de la propiedad de la tierra, no sólo para actividades productivas sino también para el asentamiento humano; de ahí que acorde con sus funciones, esos núcleos de población constituyen formas de organización interna establecidas por la Constitución. Por otra parte, si bien es cierto que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a decidir sus formas internas de organización, entre otras, social y económica, también lo es que al decidir por el ejido o por la comunidad de bienes comunales, deben atender a lo que la Ley Fundamental señala en cuanto a su organización y funcionamiento. Así, el penúltimo párrafo de la fracción VII del artículo constitucional citado, señala que la asamblea general es el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funciones que la ley disponga, y que el comisariado ejidal o de bienes comunales, electo democráticamente en los términos de la ley, es el órgano de representación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. En esa virtud, se concluye que tanto la organización y funcionamiento de la asamblea general, como la elección del comisariado, son actividades que no forman parte del ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, ya que el referido precepto constitucional establece respecto de aquéllas una reserva legal, la cual debe atenderse, pues de lo contrario se correría el riesgo de quebrantar la unidad nacional, límite de aquel derecho." Órganos del ejido. Conforme a los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21 de la Ley Agraria, los órganos de los ejidos son: i. La asamblea; ii. El comisariado ejidal; y iii. El consejo de vigilancia. Integración y facultades de los órganos del ejido. i. Asamblea. El artículo 22 de la Ley Agraria señala que el órgano supremo del ejido es la asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. Por su parte, el artículo 23 de la Ley Agraria indica, en lo conducente, que serán de la competencia exclusiva de la asamblea los siguientes asuntos: I. Formulación y modificación del reglamento interno del ejido; II. Aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones; III. Informes del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros; IV. Cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos; V. Aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso o disfrute por terceros de las tierras de uso común; VI. Distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido; VII. Señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización; VIII. Reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios; IX. Autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de las tierras de uso común a una sociedad, en los términos del artículo 75 de esta ley; X. Delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común así como su régimen de explotación; XI. División del ejido o su fusión con otros ejidos; XII. Terminación del régimen ejidal cuando, previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población, se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia; XIII. Conversión del régimen ejidal al régimen comunal; XIV. Instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva; y XV. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. ii. Comisariado ejidal. El artículo 32 de la Ley Agraria establece, en lo conducente, que el comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido; y que estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero (propietarios y suplentes). El artículo 33 de la Ley Agraria establece las facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; II. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. iii. Consejo de vigilancia. El artículo 35 de la Ley Agraria dispone que el consejo de vigilancia estará constituido por un Presidente y dos Secretarios, propietarios y sus suplentes. El artículo 36 de la Ley Agraria señala las facultades y obligaciones del consejo de vigilancia: I. Vigilar que los actos del comisariado se ajusten a los preceptos de la ley y a lo dispuesto por el reglamento interno o la asamblea; II. Revisar las cuentas y operaciones del comisariado a fin de darlas a conocer a la asamblea y denunciar ante ésta las irregularidades en que haya incurrido el comisariado; III. Convocar a asamblea cuando no lo haga el comisariado; y IV. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido. El comisariado ejidal no es autoridad. De los artículos 27, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 21, 22, 23, 32, 33, 35 y 36 de la Ley Agraria, se advierte que el comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "COMISARIADOS EJIDALES NO SON AUTORIDADES. No son autoridades, y por lo mismo, no pueden cometer delito de peculado, sino en todo caso el de abuso de confianza, y la competencia en la materia corresponde al fuero común." Es aplicable también, la tesis de jurisprudencia: "COMISARIADOS EJIDALES, NO SON AUTORIDADES. Es cierto que la fracción II del artículo 4o. del Código Agrario (correspondiente al 22, fracción II, de la Ley Federal de Reforma Agraria), incluye a los comisariados ejidales entre las autoridades de los núcleos de población ejidal y de las comunidades que poseen tierras, pero también es verdad que de tal catalogación relacionada con las atribuciones que el artículo 43 del mismo código les marca, se desprende que no son autoridades agrarias, sino propiamente órganos de dirección de los ejidos correspondientes." Así como, la tesis aislada: "COMISARIADO EJIDAL. CARECE DEL CARÁCTER DE AUTORIDAD AGRARIA. El comisariado ejidal es el órgano de representación y ejecución de los acuerdos de asamblea de un ejido y tiene conferidas por la ley diversas facultades; sin embargo, ello no significa que deba considerársele una autoridad agraria, pues su carácter de órgano representativo y de ejecución son respecto del ejido y hacia su interior, respectivamente, de manera que se trata de cuestiones entre particulares sin imperio ni coerción. Lo anterior encuentra apoyo en la propia exposición de motivos de la Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, que en la parte conducente señala que: "... En cuanto a la organización interna del ejido, la asamblea, el comisariado y el consejo de vigilancia ya no se conciben como autoridades en la iniciativa, sino como órganos de representación y ejecución; sus funciones son transparentes y sus reglas de operación sencillas. Estos órganos serán ahora protagonistas del cambio democrático, obligados en todo momento a respetar la voluntad de sus mandantes. ..."; es decir, la propia exposición de motivos de la Ley Agraria aclara enfáticamente que el comisariado ejidal no es una autoridad agraria. Por otro lado, y de manera destacada, la actual Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 48/97, publicada en la página cuatrocientos sesenta y tres del Tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sostuvo lo siguiente: "... si el acto de la autoridad agraria, define o da certeza a una situación legal o administrativa, y en ejercicio de su potestad, crea, reconoce, modifica o extingue algún derecho, en materia agraria, y dicha autoridad puede imponerla y ejecutarla aun en contra de la voluntad de los gobernados, ese acto es una resolución ..."; o sea que de acuerdo con el criterio de la Corte para que un acto pueda reputarse proveniente de una autoridad agraria, además de crear, reconocer, modificar o extinguir algún derecho, debe ser imponible y ejecutable aun en contra de la voluntad de los gobernados, lo que en el caso de los actos del comisariado ejidal no acontece, pues no se advierte en la ley dispositivo alguno que les otorgue esa facultad de imperio, sino únicamente, se insiste, de representación del ejido y ejecución de los acuerdos de asamblea." En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado al Comisariado del Ejido La Paz Tlaxcolpan del Municipio del Estado de Puebla no constituye acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino una cuestión entre particulares sin imperio ni coerción, que deben ventilarse ante los tribunales ordinarios en materia agraria, conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Además, se trata de un acto relacionado con la ejecución de la sentencia del juicio agrario 553/2019 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, en el que el Comisariado Ejidal actúa como parte y particular. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de que se reclaman actos en relación con los cuales existe jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que define el tema jurídico. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Conclusión. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, en relación con el Comisariado Ejidal de La Paz Tlaxcolpan, Estado de Puebla, respecto de la omisión de recibir la sentencia de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 47, en el juicio agrario 553/2019, para dar cumplimiento al resolutivo segundo de ese fallo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de julio de dos mil veintiuno. Terceras solicitan copias y devolución de documentos. ***, autorizado en términos amplios de las terceras interesadas *** y/o *** y ***; señala domicilio para oír y recibir notificaciones y solicita copia certificada de la sentencia de trece de enero de dos mil veinte y la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 278, 279 y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita; asimismo, hágase la devolución de los documentos que refiere, previa copia certificada de los mismos se deje en autos y toma de razón que se asiente en autos de la persona autorizada para recibirlas; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y dos copias simples de la misma para glosarlas a los autos como constancia. Se informa a la parte quejosa que atendiendo a los lineamientos indicados en el Acuerdo General 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar su cita a través del Portal de Servicios en Línea, micrositio "Agenda OJ", a efecto de que el propio sistema le designe el día y hora de acuerdo a la disponibilidad de citas y se genere su código Qr. Por otra parte, dígasele al autorizado de la parte tercera interesada, que las copias solicitadas se obtendrán del centro de fotocopiado de alto impacto, por lo que será a su costa el numerario que se deba pagar para las mismas. Por último, por cuanto hace al domicilio señalado por la parte tercera interesada, dígasele que no ha lugar a realizar mayor proveído al respecto, dado que mediante proveído de siete de octubre de dos mil diecinueve se acordó lo conducente. Devolución al archivo. Finalmente, dado que por auto de tres de septiembre de dos mil veinte, se ordenó el archivo del presente asunto se ordena devolver al mismo el presente asunto. Notifíquese.
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- Bárbara Mendoza González1508/2022
- Bardomiano Ángel Martiñón Hernández32/2018
- Beatriz Adriana Arza Zotti1124/2023
- Beatriz Adriana Banda Cordero1929/2022
- Beatriz Adriana Martinez Palafox1800/2022
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