Beatriz Adriana Lerma López
Expediente 2266/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 2266/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 23/04/2018
Partes del expediente
- Beatriz Adriana Lerma López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro de abril del año en curso y anexo al mismo (fojas 115 a 117), el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que las aludidas responsables dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Beatriz Adriana Lerma López. Mediante proveído de seis de abril de la presente anualidad (foja 118), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó por lista de estrados de este Juzgado Federal a la parte quejosa el doce de abril de la presente anualidad (foja 121), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el veintiséis de febrero del presente año (fojas 80 a 95), en el que se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, así como los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus respectivas competencia, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $11,176.56 (Once mil ciento setenta y seis pesos 56/100 nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 12 y 76), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como los arábigos 12, 13 y 14 de la Ley en comento; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número diecisiete mil cuatrocientos ochenta y seis; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/1787/2018, de cuatro de abril de la presente anualidad, recibido en esa misma data en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 115 a 117), el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $11,175.24 (once mil ciento setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $11,176.56 (once mil ciento setenta y seis mil pesos 56/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada operación, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $10,896.56 (diez mil ochocientos noventa y seis pesos 56/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de noviembre de dos mil diecisiete y el tres de abril de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre del año próximo pasado a abril de dos mil dieciocho; Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de marzo de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de 128.717; y para el mes de marzo de 132.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02889. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $10,896.56 (diez mil ochocientos noventa y seis mil pesos 56/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,211.39 (once mil doscientos once pesos 39/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $10,896.56 (diez mil ochocientos noventa y seis mil pesos 56/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $314.83 (trescientos catorce pesos 83/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad $11,175.24 (once mil ciento setenta y cinco mil pesos 24/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver a la quejosa era de $11,211.39 (once mil doscientos once pesos 39/100 moneda nacional); sin embargo, éstos reintegraron la diversa de $11,175.24 (once mil ciento setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $36.14 (treinta y seis pesos 14/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el cuatro de abril del año en curso y anexo al mismo (fojas 115 a 117), el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, comunicó la forma en que las aludidas responsables dieron cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Beatriz Adriana Lerma López. Mediante proveído de seis de abril de la presente anualidad (foja 118), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación y anexo, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó por lista de estrados de este Juzgado Federal a la parte quejosa el doce de abril de la presente anualidad (foja 121), sin que hubiera desahogado esa vista. Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo Vigente, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "***Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, terminada de engrosar el veintiséis de febrero del presente año (fojas 80 a 95), en el que se determinó por una parte sobreseer y por la otra conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, así como los preceptos 12, 13 y 14 de la citada ley de ingresos; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, en el ámbito de sus respectivas competencia, devuelvan a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $11,176.56 (Once mil ciento setenta y seis pesos 56/100 nacional), por concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO" e "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO" (fojas 12 y 76), así como de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit." 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A).- Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, así como los arábigos 12, 13 y 14 de la Ley en comento; esto es, para que vigilaran que fueran desincorporados de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B).- Devolverle a la parte quejosa el remanente que excediera de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), relativo a la cuota fija mínima, con motivo de la inscripción de instrumento público número diecisiete mil cuatrocientos ochenta y seis; la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio DJC/1787/2018, de cuatro de abril de la presente anualidad, recibido en esa misma data en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit (fojas 115 a 117), el Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto del Director General Jurídico de dicha Secretaría, informó la forma en que dieron cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó constancia de transferencia en la que se advierte que devolvió a la parte quejosa la cantidad de $11,175.24 (once mil ciento setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), que pagó a la parte promovente del amparo, por los conceptos precisados en la sentencia concesoria del amparo. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $11,176.56 (once mil ciento setenta y seis mil pesos 56/100 moneda nacional), menos la suma de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.), por cada operación, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $10,896.56 (diez mil ochocientos noventa y seis pesos 56/100 moneda nacional), cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el tres de noviembre de dos mil diecisiete y el tres de abril de la presente anualidad, se efectúo la devolución mediante transferencia electrónica a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre del año próximo pasado a abril de dos mil dieciocho; Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecisiete entre el índice para el mes de marzo de la presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecisiete fue de 128.717; y para el mes de marzo de 132.436. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02889. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver $10,896.56 (diez mil ochocientos noventa y seis mil pesos 56/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $11,211.39 (once mil doscientos once pesos 39/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente al remanente a devolver $10,896.56 (diez mil ochocientos noventa y seis mil pesos 56/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $314.83 (trescientos catorce pesos 83/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad $11,175.24 (once mil ciento setenta y cinco mil pesos 24/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que las responsables debían devolver a la quejosa era de $11,211.39 (once mil doscientos once pesos 39/100 moneda nacional); sin embargo, éstos reintegraron la diversa de $11,175.24 (once mil ciento setenta y cinco pesos 24/100 moneda nacional), es decir, faltó devolverle la cantidad de $36.14 (treinta y seis pesos 14/100 moneda nacional), pero dicho faltante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la parte quejosa, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de devolverla, así como los que efectué el quejoso, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, en su carácter de representante legal de las autoridades responsables denominadas Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de dicha Secretaría, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, remite el comprobante de transferencia bancaria por la cantidad de ***, a favor de la promovente del amparo. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo que acompaña, en su carácter de representante legal de las autoridades responsables denominadas Director General de Ingresos y Recaudador de Rentas, ambos de dicha Secretaría, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido, remite el comprobante de transferencia bancaria por la cantidad de ***, a favor de la promovente del amparo. En consecuencia, al tenor del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, dése vista a la parte quejosa, con el comunicado de mérito y anexo que acompaña, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, con apercibimiento de que en caso de no hacer expresión alguna al respecto, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos, se hará pronunciamiento en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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