Beatriz Adriana Lerma López
Expediente 269/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 269/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/03/2019
Partes del expediente
- Beatriz Adriana Lerma López
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo presentados por la delegada de la autoridad responsable Recaudador Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, el dieciocho de febrero del año pasado (fojas 98 y 99), manifestó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de diecinueve de febrero del año en curso (foja 100), se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer expresión alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación se notificó a la parte quejosa el veinticinco de febrero del año en curso (foja 103), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil, por lo que dicho plazo transcurrió del veintisiete de febrero al uno de marzo del año actual, sin que realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución terminada de engrosar dictada en el presente sumario de amparo el veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 38 a 61), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ".a) Los artículos 23, fracción XXIII, 12, 13 y 14 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis y dos mil diecisiete, respectivamente, así como los artículos 23, fracción XXIII, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, en lo individual, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por la amparista María Esparza Sánchez el catorce de mayo de la presente anualidad, respecto del permiso de alcoholes 97007408 que se encuentra contenido en la constancia de pago exhibida por la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit con su informe justificado, exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho a la quejosa; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales, así como devolver a la peticionaria de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada, exceptuando los descuentos o estímulos que respecto del pago realizado se hayan hecho a la quejosa, esto es, los conceptos de "multa por pago extemporáneo" y "ajustes". Luego, a través del oficio y anexo presentados por la autoridad responsable (fojas 98 y 99), informó a este Juzgado Federal la forma en que dio cumplimiento al fallo protector, del cual se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio de transferencia electrónica el quince de febrero de dos mil diecinueve, por la cantidad de ********, cantidad que tuvo que ser actualizada. En ese tenor, si tenemos que el monto total de *************, suma que pagó la parte quejosa derivada de los preceptos declarados inconstitucionales, misma que debía ser actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el catorce de mayo de dos mil dieciocho, y el quince de febrero de este año, se realizó la transferencia electrónica en favor de la aquí quejosa; por la cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de abril de dos mil dieciocho a enero de dos mil diecinueve (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecisiete fue 99.155; y para el mes de enero de dos mil diecinueve fue 103.108 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0398. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos en comento, sin contar los estímulos o descuentos realizados a la parte quejosa, a saber: $27,608.32 (veintisiete mil seiscientos ocho pesos 32/100 moneda nacional), se obtiene la cantidad de ***************. No pasa inadvertido, que el monto que el ente responsable debía devolver a la parte quejosa era de la cantidad de ************; sin embargo, reintegró el monto de ***********, es decir, un excedente a favor de la parte agraviada por la cantidad de $2,333.58 (dos mil trescientos treinta y tres pesos 58/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada al quejoso se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó la totalidad del monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en contra de los actos reclamados consistentes en la omisión de ejecutar el laudo de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 681/2014, específicamente la omisión de resolver el incidente de liquidación de sentencia que fue formulado el trece de diciembre de dos mil diecisiete, así como la omisión de emitir auto de ejecución respecto a las prestaciones que fue condenada a pagar la parte reo dentro del propio procedimiento que fueron imputados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje con sede en Tepic, Nayarit. El amparo se concede para los efectos expuestos en el considerando cuarto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el delegado de las autoridades Tesorero Municipal, Jefe del Departamento de Catastro y Cabildo del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual, solicita que este Órgano Jurisdiccional comunique a la parte quejosa que comparezca en las oficinas de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit, en el horario comprendido de 11:00 a las 14:30 horas, de lunes a viernes; al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que dicha responsable se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio de garantías; por tanto, (i) deberá de concretar la cantidad que habrá de devolver; (ii) poner a disposición de la parte quejosa la cantidad a entregar; y (iii) notificar a este último que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento la parte recurrente esté en condiciones de recibirla. En virtud de lo anterior, la autoridad ejecutora está obligada a notificar directamente a la parte promovente que se encuentra a su disposición la cantidad condenada en autos, requiriéndole para que comparezca a la entrega del mismo. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente al Tesorero Municipal y al Jefe del Departamento de Catastro Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, a fin de que dentro del término de TRES DÍAS, siguientes al en que reciban el oficio de notificación correspondiente, devuelvan a la quejosa la cantidad que como anticipo erogó con motivo del pago del impuesto predial (correspondiente al ejercicio fiscal dos mil diecisiete), que efectuó el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, respecto del predio con cuenta predial ********************, con clave catastral******************** ubicado en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, tal como se precisó en la ejecutoria de amparo y remitan las constancias que así lo acrediten. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado mediante acuerdo de uno de febrero del año en curso. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado, con sede en esta ciudad, a través del Director General Jurídico, mediante el cual, en atención a la determinación de once de febrero actual, manifiesta que se encuentra imposibilitado para acatar la suspensión decretada en autos, debido a que se señaló como autoridad ordenadora y por tanto, en su opinión a quién le compete cumplir con la medida cautelar es a las autoridades ejecutoras. Ahora, como el fin que se persigue en el presente caso es que se cumpla con la suspensión definitiva otorgada; en estricto acatamiento a los efectos ahí señalados, la responsable ordenadora dentro de sus atribuciones y facultades deberá acatar la misma; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la resolución en comento, para lo cual, debe requerir a las autoridades ejecutoras que menciona, girar oficios recordatorios, efectuar apercibimientos de multa y en su caso, hacerlas efectivas, así como realizar todos aquellos tramites que la legislación que lo rige le faculte para hacer cumplir sus determinaciones, todo ello, encaminado a que se cumpla con la medida cautelar concedida. Pues el hecho de que refiera que se encuentra imposibilitada para ello por ser autoridad ordenadora, no lo exime y tampoco significa que agotó los medios de apremio previstos por la norma y que se le indicaron con antelación, aunado a que, no se aprecia que haya requerido a los entes correspondientes para que acaten la suspensión de que se trata, así como tampoco se advierte que haya impuesto multas. Por tanto, requiérase a la responsable de cuenta, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio respectivo, acredite que acató la suspensión del acto reclamado por Rocío Maricela Torres del Hoyo, Erick Antonio Zazueta Plaza y Erika Viridiana Morfín Bernal dentro del incidente de suspensión 1274/2018, para lo cual, deberá agotar todos los recursos que lo faculten para hacer cumplir sus propias determinaciones, que en el caso se traducen en cumplir con la suspensión otorgada; apercibida que en caso de ser omisa o de no manifestar el impedimento legal que tuviera para ello, se hará acreedora a una medida de apremio, consistente en una multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo) acorde con la fracción I, del numeral 237, en relación con los arábigos 238 y 259 de la Ley de la Materia. Notifíquese.
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