Beatriz Adriana Fuentes Solis
Expediente 410/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Beatriz Adriana Fuentes Solis
Actuaciones
- Principal
...NOTIFIQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, por este medio se notifica a la parte QUEJOSA *** a la TERCEA INTERESADA ***, la SENTENCIA dictada el TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, que en síntesis dice: ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la Juez de Control del Juzgado de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, actuando en la base Silao, sede Irapuato, y a la Fiscal de la Unidad de Tramitación Común 5, de la Fiscalía Regional "B" con sede en Silao de la Victoria, Guanajuato, consistente en la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, dictada en el cuadernillo *** del índice de la Juez de Control en Materia de Oralidad Penal del Partido Judicial de Silao de la Victoria, Guanajuato, por medio de la cual confirmó la determinación de veintisiete de enero pasado, dictada por la Fiscalía de Trámite Común 5, de Silao de la Victoria, Guanajuato, en la que decretó el no ejercicio de la acción penal y el archivo definitivo de la carpeta de investigación, y su ejecución, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe con justificación Certeza que se corrobora del disco versátil digital remitido por la autoridad responsable al rendir su informe justificado, el cual contiene la audiencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, llevada a cabo en el cuadernillo penal *** del índice del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en Irapuato; al cual se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo permite su numeral 2º. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede al análisis de las causas de improcedencia que invoquen las partes o que de oficio advierta este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la tercera interesada refiere, que es extemporáneo el juicio de amparo, toda vez que la resolución de cuatro de marzo último, que constituye el acto reclamado, se notificó a la parte quejosa en esa misma data, surtiendo sus efectos al día siguiente, en términos del artículo 82, fracción I, inciso a), del Código Nacional de Procedimientos Penales; por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, transcurrió del seis de marzo al doce de agosto último, descontando el siete, ocho, catorce, quince y dieciséis de marzo, por ser inhábiles, conforme al numeral 19 de la Ley de Amparo, y a la suspensión de labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del dieciocho de marzo al dos de agosto de la anualidad que transcurre, con motivo de la contingencia sanitaria Covid 19; en tal virtud, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de agosto pasado, es extemporánea. No le asiste razón, toda vez que, contrario a lo que aduce, la demanda de amparo se presentó el cinco de agosto pasado (no el diecinueve de agosto, como lo afirma) tal como se corrobora del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito; en consecuencia, la quejosa la presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la ley de la materia, habida cuenta que, como se precisó en el párrafo anterior, transcurrió del seis de marzo al doce de agosto último, de ahí lo infundado de su causa de improcedencia invocada. Luego, al no advertirse de oficio la actualización de alguna causa de improcedencia, procede entrar al examen de los motivos de inconformidad planteados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, cabe narrar, en lo que interesa, los antecedentes del acto reclamado, expuestos tanto por la fiscal responsable como por la parte quejosa, en audiencia de cuatro de marzo de dos mil veinte, y que son del tenor siguiente: ... SEXTO. Estudio de fondo. En sus conceptos de violación, la parte quejosa afirma, sustancialmente, que contrario a lo que determinó la juez responsable, sí se actualiza el delito de desobediencia de particulares, previsto en el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, toda vez que se agotaron las medidas de apremio en contra de la tercera interesada, quien se rehusó a cumplir con los mandatos de la Juez Segundo de lo Civil de Silao, Guanajuato, tal y como se acredita con el acuerdo de seis de septiembre de dos mil dieciocho, así como con los diversos de tres de enero y veinticinco de febrero, ambos de dos mil diecinueve. Son infundados. El artículo 255 del Código Penal para el Estado de Guanajuato, previsor del ilícito de desobediencia de particulares en cuestión, dispone: "Artículo 255. A quien agotadas las medidas legales de apremio, se rehusare a cumplir un mandato de autoridad, se le aplicará de uno a cinco años de prisión y de diez a cincuenta días multa" Del dispositivo legal transcrito, se desprende que se sancionará de uno a cinco años de prisión, y de diez a cincuenta días multa, a quien agotadas las medidas legales de apremio, se rehusare a cumplir un mandato de autoridad. En ese sentido, para que un hecho se considere como delito de desobediencia de particulares, se requiere: a) Que exista un mandato de autoridad; b) Que el inculpado se rehúse a cumplirlo y, c) Que previamente se hayan agotado las medidas legales de apremio para su cumplimiento. Pues bien, por lo que ve al primer elemento, del registro audiovisual que contiene la resolución reclamada, se desprenden hechos que llevan a tener por demostrada la existencia de un mandato emitido por la Juez Segundo Civil de Partido de Silao, Guanajuato, reflejado en acuerdos de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, así como de treinta de abril y seis de septiembre, ambos de dos mil dieciocho, en los que requirió a la tercera interesada *** para que proporcionara el domicilio de los demandados reconvencionales, bajo apercibimiento que, de no hacerlo, se le impondría multa económica. Sin embargo, respecto a la segunda condición, relativa a que el inculpado se rehúse a cumplirlo, los antecedentes de investigación verbalizados en la audiencia, resultan insuficientes para demostrar su probable comisión. En efecto, contrario a lo estimado por la parte quejosa, tales hechos permiten colegir que la aludida *** informó a la juez de lo civil, ante quien se tramita la acción plenaria de posesión, los domicilios donde podían ser emplazados los demandados reconvencionales. Incluso, la propia autoridad del ramo civil determinó que la aquí tercero interesada había cumplido con los requerimientos que al efecto le hizo; circunstancia que fue reconocida por la propia quejosa en la audiencia, cuando refirió que si bien había proporcionado los domicilios solicitados, estos resultaron infructuosos Ante tal escenario, es que los hechos que se desprenden de la audiencia, son insuficientes para estimar que, de manera probable, la indiciada se rehusó a cumplir un mandato judicial, pues como se vio, en todo tiempo informó los domicilios que ella conocía; máxime que la propia juzgadora de origen, consideró que había cumplido con los requerimientos que le efectuó. Luego, si bien es cierto que en los domicilios que proporcionó, no se pudo llevar a cabo el emplazamiento de los buscados, por las razones expuestas por el propio fedatario público, ello en modo alguno permite establecer, una posible conducta contumaz de la indiciada, puesto que como bien lo resaltó la juez responsable, uno de los domicilios que proporcionó fue coincidente con el informado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado. Finalmente, en cuanto al tercer elemento, consistente en que previamente se hayan agotado las medidas legales de apremio para su cumplimiento, si bien es verdad que en dos ocasiones se impuso a la indiciada una multa económica, ello no fue con motivo de haberse rehusado a cumplir con lo mandado, sino por haber proporcionado domicilios en los que no se pudo localizar a los codemandados, pero se insiste, no por haberse rehusado a proporcionarlos. Bajo ese panorama, resulta acertado que la juzgadora de control, de conformidad con lo establecido por los numerales 259, 260 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, haya hecho una ponderación de los hechos mencionados por las partes en la audiencia, con lo cual correctamente llegó a la convicción de que de aquellos no se desprenden indicios para demostrar la probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de desobediencia de particulares, previsto y sancionado por el artículo 255 del Código Penal del Estado de Guanajuato. No es obstáculo a lo anterior, que en la fase de investigación inicial sólo se requiera de una ponderación mínima de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, pues lo relevante en el caso es, que no se demostró, ni aun de manera indiciaria, que *** se rehusó a cumplir un mandato de autoridad, previo agotarse las medidas legales de apremio para su cumplimiento. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación y no existiendo materia para suplir la queja deficiente, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, dejando incólume la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 62, 63, 74, 77, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *** en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones expuestas en el quinto subsecuente...
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...Audiencia constitucional...
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