Bardo Regino Cuadillo Trejo
Expediente 701/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Bardo Regino Cuadillo Trejo
- (Desechada Parcialmente 11/11/2020) Director del Centro de Reinsercion Social de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
... Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Propietario de la Segundo Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, mediante el cual acusa recibo del diverso *****, con el que se le notificó el proveído de quince de junio de dos mil veintiuno, así también informa que recibió la constancia que allegó al presente juicio, relativa al Toca penal *** en un tomo; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
... Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de treinta de abril de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo solicitado en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el citado numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio, por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental, carece de valor jurídico, histórico, documental o de relevancia alguna. DESTINO: Expediente principal. Es DEPURABLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. La parte quejosa no allegó documentos en el presente asunto. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a contrario sentido, 18, párrafo primero, fracción I, inciso b); 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y 21, inciso c). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas del expediente. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otro lado, devuélvanse al Magistrado Supernumerario de la Segunda Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en la capital, las copias certificadas del toca penal ********************, constantes en un tomo, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.
- Principal
30/04/2021. SENTENCIA. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Publico adscrita.
- Incidental
...TERCERO. Solicitud de la medida cautelar -fijación del acto a paralizar-. El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues el quejoso solicita la medida cautelar e indicó que el acto que pretende paralizar, consiste en: La resolución de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Segunda Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, en el toca *** que confirmó la determinación emitida por el Juez de Control del Juzgado Único de Oralidad Penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, en la que calificó de legal el traslado del quejoso del centro estatal de reinserción social de esta ciudad a un centro federal de reinserción social en el Estado de Oaxaca. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, en virtud de así haberlo manifestado en su informe previo. QUINTO. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (materia para la suspensión) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, de la demanda se aprecia que la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente, para el efecto de que se le traslade de manera inmediata al centro de reinserción social de esta ciudad, a fin de que pueda enfrentar su procedimiento bajo la jurisdicción del juez de control que lo vinculó a proceso y pueda así ejercer su derecho de defensa. Sobre esa base, se considera que no resulta procedente la medida cautelar en los términos solicitados, pues esa circunstancia implicaría que se den efectos similares a la revocación del acto impugnado, tales como ordenar que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada a fin de que declare ilegal el traslado del quejoso y sea devuelto al centro de reclusión en que se encontraba. En efecto, resulta claro que con la medida cautelar no se pretende la conservación de algún derecho que dicho inconforme hubiera tenido constituido previo a la presentación de la demanda, sino lo que se pretende es que se devuelva al quejoso en el goce de la garantía que considera transgredida y que se constituya un derecho, esto es, que se revoque la resolución reclamada y que se emita una nueva en la que se ordene el traslado del quejoso del centro federal del Estado de Oaxaca (donde se encuentra) al diverso reclusorio de esta ciudad (donde se encontraba originalmente), lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Situación que no corresponde a los fines suspensivos de la medida cautelar, pues se reitera que tales efectos implican la constitución de un derecho, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal, dado que la naturaleza del juicio de amparo es restitutoria; por tanto, los efectos de los que se ocupa cuando se concede el amparo es volver las cosas al estado que se encontraban y, en su caso, otorgar el derecho que el quejoso solicitó ante la responsable; lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 131 de la Ley de Amparo, que establece que el otorgamiento de la suspensión en ningún caso podrá tener como efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda. Tanto más que de lo narrado en la demanda de amparo se aprecia que a la fecha de presentación de ese ocurso ya se había ejecutado el traslado de que se duele, el cual fue calificado de legal por la autoridad jurisdiccional rectora del proceso de origen y confirmado por la autoridad de alzada, por lo que debe estimarse que se trata de un acto emitido en razón del procedimiento; por ende, el efecto que solicita el quejoso, en todo caso, será materia de la determinación que se dicte de fondo en el expediente principal, y en su caso, será la que eventualmente tenga por efecto restituir al justiciable en el goce de sus derechos fundamentales. Como se ve, de concederse la medida definitiva que se solicita para los efectos señalados, se estaría restituyendo al quejoso en el goce de la garantía que estima violada; lo que podría implicar resolver en el incidente la materia de fondo del asunto y vaciar de contenido y efectos la sentencia de amparo, quedando implícitamente sin materia una eventual concesión. Así, se concluye que los efectos solicitados corresponden a la materia de análisis del fondo del juicio principal del que deriva la presente incidencia, por lo que, de conceder la suspensión se darían efectos constitutivos que son propios del juicio de amparo, pues podría implicar que se den efectos similares a la revocación del acto impugnado. Por tanto, en el caso en especificó, no es posible restablecer provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho que aduce como violentado, mientras se resuelva el juicio principal del cual deriva el presente incidente, esto, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 y 147, de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sentido, procede negar la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: ÚNICO. Se niega a *** la suspensión definitiva por las razones expuestas en el considerando sexto de la presente interlocutoria...
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