BAUDELINA CRUZ GONZÁLEZ y Otros.
Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- BAUDELINA CRUZ GONZÁLEZ y Otros.
- Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca
Actuaciones
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Destrucción del expediente Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso b), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Coincidencia entre expedientes electrónico y físico Conforme a lo establecido en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ténganse por hecha la certificación de la Secretaria, en el sentido de que este expediente impreso coincide en su totalidad con el expediente electrónico en el que se encuentran incorporadas todas las promociones, acuerdos y notificaciones correspondientes. Anotaciones carátula Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintidós. Vista la razón del Actuario adscrito a este Juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar personalmente a la parte quejosa el auto de tres de junio del año en curso, toda vez que al constituirse en ""....."""" , después de haber recorrido la citada vialidad, se percató que no existe domicilio marcado con el número "232-C"; por ello, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo en relación con la jurisprudencia 1a./J. 20/2008, notifíquese a la parte quejosa dicho auto, así como los subsecuentes de carácter personal, por lista de acuerdos que se fija en este órgano, hasta en tanto especifique de manera correcta el domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese. "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. Con la demanda de amparo promovida por """.....""", fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 640/2022. Acto reclamado En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda se advierte que de las autoridades responsables Magistrados Integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, y Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito de Tlaxiaco, Oaxaca; la parte quejosa reclama lo siguiente: IV. ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad ordenadora reclamo: La resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del Toca Civil número """.....""" mediante la que se resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por ""....."", en contra de la parte relativa de los asuntos dictados el dos y tres de marzo de dos mil veintidós, relativo al desechamiento de preguntas relativas a la prueba testimonial y a la forma en que se realizó el desahogo de la prueba confesional por parte de la aquí quejosa, dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora en el expediente civil número """....."""" que se tramita en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca. De la Autoridad Ejecutora reclamo: Reclamo la pretendida ejecución material de la orden dada por la Autoridad Ordenadora con la finalidad modificar la parte relativa al desahogo de la prueba testimonial en el cuaderno de pruebas de la parte actora de fecha dos de marzo del dos mil veintidós, para el efecto de calificar de legales las preguntas de su interrogatorio que le fueron desechadas. Desechamiento Contra ese reclamo, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción V, ""....."" interpretado en sentido contrario, y 172, fracción XII, En relación con la diversa III de ese mismo precepto, del mismo ordenamiento legal, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. El dispositivo 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de ""...."""" la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Se cita en apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014, ""...."""" emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , que dice: PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento 1 Jurisprudencia visible a página 39, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación. ""....."""" en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por otra parte, las fracciones del último numeral transcrito, señalan que se consideraran violadas las leyes del procedimiento, cuando se trate de casos similares a las fracciones que conforman el numeral 172 de la Ley de Amparo, en el caso la fracción III, que establece lo relativo al desechamiento de pruebas o desahogo de las mismas en forma contraria a la ley. En este tenor, puede afirmarse que en los procedimientos civiles, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. En la especie, la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el Toca Civil ""...."""" en la que se resolvió el recurso de apelación ""...."""" interpuesto por ""...."""", en contra de la parte relativa de los autos dictados el dos y tres de marzo de dos mil veintidós, concerniente al desechamiento de preguntas relativas a la prueba testimonial y a la forma en que se realizó el desahogo de la prueba confesional por parte de la aquí quejosa, dentro del cuaderno de pruebas de la parte actora en el expediente civil número 0149/2021 que se tramita en el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlaxiaco, Oaxaca. Por tanto, en el caso concreto el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa, si se atiende a que la determinación de los Magistrados responsables, en la que al analizar el recurso interpuesto determinaron modificar la resolución de primera instancia, relativa al desahogo de la prueba testimonial en el cuaderno de la parte actora de dos de marzo de dos mil veintidós, para el efecto de calificar de legales las preguntas de su interrogatorio que le fueron desechadas, se trata de una cuestión únicamente intraprocesal que no causa perjuicio de manera inmediata al impetrante, pues será, en todo caso, hasta que se dicte sentencia en que podrá reclamar las violaciones al procedimiento, previo agotar el recurso correspondiente, pues el juicio de amparo indirecto sólo procede contra actos que sean de imposible reparación, entendidos éstos, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos que únicamente se afecten derechos adjetivos o procesales, como acontece en el caso, y una vez que se siga por sus etapas correspondientes el juicio agrario de origen, el que concluirá con un fallo, que incluso puede ser favorable a su interés, y en caso contrario, será hasta que se dicte éste que podrá impugnarlo mediante la vía constitucional, siempre y cuando agote los recursos pertinentes que estén a su alcance, a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracciones III y XII, de la Ley de Amparo Se invoca en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la ""....."" , de epígrafe y contenido siguientes: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, por identidad jurídica, la jurisprudencia VI. 1o. J/36 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito3 , que dice: PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo dice: "En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso: III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley". Tomando en cuenta que el dispositivo hace referencia a la recepción de pruebas, lo que constituye una acepción muy amplia, la violación puede cometerse al proveer sobre el ofrecimiento o al momento del desahogo, esto último en los casos en que para ese fin sea menester un acto procesal específico, y así, en las hipótesis que enseguida se enumeran puede sobrevenir la infracción al procedimiento que se estudia, ya que en cualquiera de ellas, la actitud autoritaria se traduce en que el material probatorio no habrá de recibirse en el juicio: a) Que la autoridad decida expresamente no admitir las pruebas ofrecidas o parte de ellas; b) Que habiéndolas admitido se niegue a desahogarlas; c) Que no las admita como fueron propuestas y d) Que no las desahogue legalmente. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones personales, el indicado en el escrito de cuenta, y en 2 Localizable en la página 11, Tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. 3 Consultable en la página 394, Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Materia Común, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación. "".....""" términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por autorizado a ""...."""", por encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y a las restantes personas que precisa, únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, de conformidad con los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19", reformado mediante diverso 7/2022, en relación al periodo de vigencia, que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); instrúyase al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a las parte quejosa, para que, al imponerse de los autos, pueda utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales "".....""" En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretaria; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio de la Jueza Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, con anexos, por medio del cual, devuelve, debidamente diligenciado el despacho """.....""" que se le giró para que, en auxilio de las labores de este juzgado, hiciera entrega de los oficios ""...."""". ""...."", PRESIDENTE MUNICIPAL; ""....."" ""....."", SINDICO MUNICIPAL; ""....."" ""...."", REGIDORA DE HACIENDA; ""...."" ""....."", REGIDOR DE OBRAS; ""......"" ""......"", REGIDORA DE EDUCACIÓN Y SALUD; ""......""., ""......"", REGIDORA DE EQUIDAD DE GÉNERO; "...."....."" ""....""; ""......"" ""...."", SECRETARIO MUNICIPAL; y ""......"" ""...."", TESORERA MUNICIPAL; todos de cuatro de mayo pasado. Dese de baja el referido medio de comunicación en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otro lado, visto el estado procesal de autos se advierte que mediante proveído once de abril la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, informó entre otras cosas, que ordenó girar exhorto al Juez Primero Civil de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, a efecto de que en auxilio de esa junta, comisione al actuario de su adscripción, señale fecha y hora de inmediato, para que en compañía de la parte actora se constituya con las formalidades de ley, en el domicilio del Ayuntamiento demandado Tezoatlán de Segura y Luna, Huajuapan de León, Oaxaca, y lo requiera por conducto de su Presidenta Municipal, Síndicos o Regidores Municipal, para que den cumplimiento total al citado laudo. Asimismo, en auto de trece de mayo de dos mil veintidós, la referida autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en atención al requerimiento formulado cuatro de mayo del año en curso, informó en vías del cumplimiento a la ejecutoria de amparo, que una vez que el Juez Primero Civil de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, devolviera el exhorto que fue enviado para que en auxilio de las labores de esa Junta, lleve a cabo la diligencia encomendada en auto de siete de abril del actual dictado en los autos de su estadística, informará lo conducente a este órgano jurisdiccional. En atención a lo anterior, estese a la espera del resultado de la diligencia que se fue encomendada por parte de la autoridad responsable Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, al Juez Primero Civil de Huajuapan de León y Especializado en Oralidad Mercantil del Circuito Judicial de la Mixteca, y una vez hecho lo anterior díctese acuerdo relativo al cumplimiento del presente juicio de amparo. Notifíquese.
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