Bartolo León Martínez y Otros.
Expediente 545/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Bartolo León Martínez y Otros.
- Bartolo León Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro contexto, toda vez que la parte quejosa con su escrito de demanda exhibió los documentos relativos al acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral D-594/2015, y escrito de nueve de noviembre de dos mil quince, con sello original de recepción, por la junta responsable, exhibido por el quejoso; por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional con identificación oficial, a recoger dicha documental, con apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrá ser destruida junto con el expediente. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto dictado el diecinueve de abril de dos mil dieciséis, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro contexto, toda vez que la parte quejosa con su escrito de demanda exhibió los documentos relativos al acuerdo de trece de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente laboral D-594/2015, y escrito de nueve de noviembre de dos mil quince, con sello original de recepción, por la junta responsable, exhibido por el quejoso; por tanto, requiérase a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días naturales, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional con identificación oficial, a recoger dicha documental, con apercibimiento que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, podrá ser destruida junto con el expediente. Notifíquese; personalmente al quejoso. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y anexo que acompaña; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Luego, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de la presente anualidad Bartolo León Martínez, reclamó en esta vía constitucional de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito con fecha de recepción de diez de noviembre de dos mil quince, consistente en el desahogo de la prevención formulada en el expediente laboral D-594/2015. La aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, también adujo que el escrito presentado por el aquí quejoso, el cual fue recepcionado el diez de noviembre del año pasado, mediante auto de tres de febrero de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente y, le fue notificado el catorce de abril de la presente anualidad. A fin de sustentar su dicho, adjunta copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente laboral en comento. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho transgredido, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, cierto, pues la parte quejosa (actora en el juicio laboral) en esencia se duele de la omisión por parte de la responsable de acordar su libelo recepcionado en la oficialía de la Junta responsable el diez de noviembre de dos mil quince, mediante el cual desahogó la prevención formulada por la autoridad laboral relacionado con el expediente D-594/2015; por su parte, la autoridad responsable, informó que mediante proveído de tres de febrero de la presente anualidad, acordó lo conducente, esto es, se tuvo a la parte actora cumpliendo el requerimiento formulado mediante auto de trece de octubre del año pasado, radicó la demanda instaurada, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley, ordenó emplazar a la parte demandada, entre otras cuestiones propias de la controversia laboral ante ella planteada. En las relatadas condiciones, en esencia al reclamarse la omisión por parte de la responsable a fin de acordar el escrito de demanda presentado el diez de noviembre de dos mil quince, notificado hasta el catorce de abril de la presente anualidad, es dable considerar que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que se suscitó con fecha posterior a la presentación de la demanda constitucional (dieciocho de marzo último). Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que obste lo anterior el hecho de que no ha transcurrido el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la quejosa se impusiere del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin embargo, en el presente caso se encuentra demostrada plenamente una causa indudable y manifiesta que hace improcedente el presente juicio de amparo; por lo que tal hecho no depara perjuicio alguno al citado disconforme; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el este juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA MESA VI A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y anexo que acompaña; con el cual, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes. Luego, de las constancias que obran en autos, las que gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su numeral 2°, se advierte que mediante escrito presentado el dieciocho de marzo de la presente anualidad Bartolo León Martínez, reclamó en esta vía constitucional de la Junta Especial Número Treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, la omisión de acordar su escrito con fecha de recepción de diez de noviembre de dos mil quince, consistente en el desahogo de la prevención formulada en el expediente laboral D-594/2015. La aludida autoridad responsable al rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto reclamado; sin embargo, también adujo que el escrito presentado por el aquí quejoso, el cual fue recepcionado el diez de noviembre del año pasado, mediante auto de tres de febrero de dos mil dieciséis, se acordó lo conducente y, le fue notificado el catorce de abril de la presente anualidad. A fin de sustentar su dicho, adjunta copia certificada de diversas actuaciones que integran el expediente laboral en comento. Lo anterior pone de manifiesto que, en el caso, se actualizó la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; La cesación de efectos del acto reclamado a que alude la causa de improcedencia citada, debe entenderse cuando la autoridad de quien emana dicho acto deja de hacerlo, o bien, cuando lo revoca o deroga; así pues, para que sea aplicable el motivo de inejercitabilidad en comento, es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, ya que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho transgredido, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, como si el acto jamás hubiera nacido. En este tenor, se determina que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, cierto, pues la parte quejosa (actora en el juicio laboral) en esencia se duele de la omisión por parte de la responsable de acordar su libelo recepcionado en la oficialía de la Junta responsable el diez de noviembre de dos mil quince, mediante el cual desahogó la prevención formulada por la autoridad laboral relacionado con el expediente D-594/2015; por su parte, la autoridad responsable, informó que mediante proveído de tres de febrero de la presente anualidad, acordó lo conducente, esto es, se tuvo a la parte actora cumpliendo el requerimiento formulado mediante auto de trece de octubre del año pasado, radicó la demanda instaurada, señaló día y hora para la celebración de la audiencia de ley, ordenó emplazar a la parte demandada, entre otras cuestiones propias de la controversia laboral ante ella planteada. En las relatadas condiciones, en esencia al reclamarse la omisión por parte de la responsable a fin de acordar el escrito de demanda presentado el diez de noviembre de dos mil quince, notificado hasta el catorce de abril de la presente anualidad, es dable considerar que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que se suscitó con fecha posterior a la presentación de la demanda constitucional (dieciocho de marzo último). Tiene aplicación, la jurisprudencia 2ª./J.59/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESASIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sin que obste lo anterior el hecho de que no ha transcurrido el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la quejosa se impusiere del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable; sin embargo, en el presente caso se encuentra demostrada plenamente una causa indudable y manifiesta que hace improcedente el presente juicio de amparo; por lo que tal hecho no depara perjuicio alguno al citado disconforme; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por tanto, al actualizarse en forma notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de amparo, con fundamento en artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el este juicio. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Fabiola Rebeca Machorro Castillo, que autoriza y da fe.
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