Basilio Moctezuma Godinez
Expediente 565/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 565/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Basilio Moctezuma Godinez
- Basilio Moctezuma Godinez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 44 a 48), mediante la cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicho auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, será DESTRUIDO, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa, En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Por otra parte, se aprecia que América Cristina Quintero Díaz, en su carácter de Síndica Procuradora y Propietaria del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuautepec, Guerrero, anexó a su escrito de ocho de mayo de dos mil diecinueve, la Declaratoria de Validez de la Elección y de Elegibilidad de Candidaturas a Presidencia Municipal y Sindicatura a efecto de acreditar su personalidad (foja 22 a 32); por tanto, conforme a lo señalado en el punto Décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero del citado Acuerdo General, notifíquese a la parte interesada, para que dentro del plazo de noventa días se apersone debidamente identificada ante este órgano jurisdiccional a recoger el mismo, previo acuse de recibo que se deje en autos, apercibida que de no hacerlo en la forma y plazo aquí indicados la documental referida podrá ser destruida.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta; en atención a su contenido, glósese a los autos únicamente para que obre como corresponda, en virtud que en proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 44 a 48), sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Finalmente, en atención a su solicitud de copias; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase copia fotostática certificada del proveído de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (fojas 44 a 48), por el cual sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
- Principal
Visto el oficio y anexo firmado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia certificada del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el que acordó el escrito presentado por la parte actora el once de junio de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1092/2009; constancias a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º de la Ley de Amparo. Ahora bien, de acuerdo al artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexó, se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado por las siguientes consideraciones. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, [1] Basilio Moctezuma Godínez, [2] José Luis Moctezuma Meza, [3] Mario García Amores y [4] Sergio Cruz Carmona, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que hicieron consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, por el cual le solicitaron hacer efectivo el apercibimiento de doce de febrero del año próximo pasado, así como requerir de pago a la parte demandada como cumplimiento de laudo, bajo el apercibimiento de ley, dentro del juicio laboral 1092/2009. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. La omisión de acordar el escrito presentado el once de junio de dos mil dieciocho, en el juicio laboral 1092/2009. Luego, el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, envió copia certificada del auto de trece de mayo de dos mil diecinueve, por el cual acordó el escrito presentado por la parte actora el once de junio de dos mil dieciocho, en el que declaró improcedente hacer efectivo el apercibimiento de doce de febrero de dos mil dieciocho, a la parte demandada, dado que la persona sobre la cual versaba dicho apercibimiento ya no ostentaba el cargo de Síndica Procuradora, asimismo, requirió nuevamente de pago al ayuntamiento demandado como parte de la ejecución del laudo, en el juicio laboral 1092/2009, cuya omisión constituyó la materia de reclamo en la presente vía y por ende ha cesado en sus efectos, al haber devuelto las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada; lo anterior es así, toda vez que el auto fue dictado con fecha posterior a la promoción de amparo. En esas condiciones, dado que en veintidós de abril de dos mil diecinueve, los quejosos presentaron la demanda de amparo; sin embargo, en trece de mayo del año en curso, dictó auto por el cual dio contestación al escrito presentado por la parte actora el once de junio de dos mil dieciocho, dentro del juicio laboral 1092/2009, por lo que se estima actualizada de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia citada en párrafos precedentes, por lo que procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las catorce horas con treinta minutos del veintidós de mayo de dos mil diecinueve (foja 13 vuelta). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Atento a lo expuesto en párrafos precedentes, quien esto juzga, estima innecesario tramitar el incidente de falsedad de firma promovido por la Síndica Procuradora y Propietaria del Ayuntamiento Municipal de Cuautepec, Guerrero, en su carácter de tercera interesada y, por ende, no es el caso de desahogar las pruebas ofrecidas en el citado incidente, ello por los siguientes motivos: En principio debe decirse que no obstante que el incidente propuesto tiene como base desvirtuar las firmas que calza el escrito inicial de demanda, el tratamiento que debe darse al citado incidente es similar al correspondiente para el incidente de objeción de documento falso, lo anterior es así, pues el escrito de demanda de amparo es considerado un documento privado, en razón de que proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, por tanto, puede ser jurídicamente objetado de falso en cuanto a su autenticidad. Resulta aplicable a lo asentado, el contenido de la Tesis: P./J. 148/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo XII, Diciembre de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable a página: 11, misma que es del tenor literal que sigue: "DEMANDA DE AMPARO. EL ESCRITO RELATIVO REVISTE EL CARÁCTER DE DOCUMENTO PRIVADO, POR LO QUE ES SUSCEPTIBLE, JURÍDICAMENTE, DE SER OBJETADO DE FALSO EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien en ningún precepto de la Ley de Amparo, se establece qué debe entenderse por documento privado, resulta aplicable supletoriamente al ordenamiento invocado el Código Federal de Procedimientos Civiles, que en su artículo 129 determina que son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones; mientras que en el diverso artículo 133 del propio ordenamiento legal se indica que los documentos privados son los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo 129, entre los cuales quedan comprendidos los escritos elaborados por particulares, en los que aparezca la firma o el signo que refleje la voluntad del suscriptor del documento. En consecuencia, el escrito inicial de demanda de amparo participa de las características de un documento privado, porque proviene de un particular y en él aparece la firma o signo que refleja la voluntad de su suscriptor, de ahí que sea susceptible jurídicamente de ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, sin que sea obstáculo para la anterior conclusión el hecho de que el artículo 153 de la Ley de Amparo disponga que sólo serán objetables de falsos "los documentos" que presentaren las partes en el juicio de amparo, porque esa acepción comprende también las promociones presentadas por ellas, pues constituyen documentos, atento lo cual se encuentran sujetas a la impugnación de falsedad, de acuerdo a lo dispuesto en el precepto últimamente citado." Una vez establecido lo anterior, es preciso señalar que el artículo 122 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de la sustanciación del incidente de falsedad de documentos durante el trámite del juicio de amparo indirecto, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado; sin embargo, como se decretó en el presente caso se actualizó una causal de improcedencia, lo que obligó a sobreseer en el juicio, por lo que es innecesario pronunciarse sobre la autenticidad del documento controvertido, es decir, sobre la autenticidad de la firma de los quejosos estampada en el escrito de demanda, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, al declararse la improcedencia del juicio de amparo, ello impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione con el fondo de la litis constitucional. Dicha determinación tiene sustento en la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que es del rubro y contenido siguiente: "Época: Octava Época Registro: 206103 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: 1a. VII/94 Página: 5 INCIDENTE DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. ES INNECESARIO PRONUNCIARSE EN EL, AL ACTUALIZARSE UN MOTIVO DE IMPROCEDENCIA QUE IMPIDE EXAMINAR EL FONDO DEL AMPARO. Conforme al artículo 153 de la Ley de Amparo, es factible la sustanciación durante el trámite del juicio de amparo indirecto del incidente de falsedad de documentos, situación que obliga al Juez de Distrito a suspender o diferir la audiencia constitucional, con la finalidad de recibir y valorar las pruebas relativas a la autenticidad del documento cuestionado, respecto al cual y únicamente para los efectos de ese juicio de amparo debe pronunciarse al dictar la sentencia de fondo. No obstante lo anterior, en el caso de que el Juez de Distrito advierta la existencia de una causal de improcedencia, es evidente que por cuestión de prioridad y de orden público debe sobreseer en el juicio, sin realizar pronunciamiento sobre la autenticidad del documento controvertido, hecha excepción del caso en que el documento no sea determinante respecto de la causal de improcedencia, pues conforme a la lógica y a una correcta técnica del amparo, la improcedencia impide al órgano de control constitucional el estudio de tema alguno que se relacione al fondo de la litis constitucional, ello sin perjuicio de que, ante el supuesto de que alguna de las partes estime delictiva la conducta del oferente de un documento que considere apócrifo, pueda efectuar la denuncia ante la autoridad competente. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Visto el escrito de cuenta presentado por América Cristina Quintero Díaz, en su carácter de Síndica Procuradora y Propietaria del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Cuautepec, Guerrero, Guerrero, personalidad que acredita con las documentales que anexa; por tanto, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se le tiene reconocida dicha personalidad. Por tanto, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngasele apersonada al presente juicio en representación del tercero interesado. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad capital, el que señala en el escrito que se provee, lo anterior no obstante de que si bien el artículo 26, inciso I, fracción II de la Ley de Amparo, señala que las notificaciones a las autoridades responsables o las que tengan el carácter de terceros interesados deberán realizarse por medio oficio que se gire a su residencia oficial; sin embargo, a efecto de dar celeridad a las notificaciones que en su caso lleguen a efectuarse a dicha parte procesal y para no contrariar lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene el que señala en la residencia de este órgano jurisdiccional; no obstante, en caso de revocar el domicilio señalado sin designar nuevo, las notificaciones se realizarán a través de oficio enviado a su sede oficial. Asimismo, se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Orbelin Leyva Ávila, Gilberto Olayo Juárez y Víctor Manuel Rosas Nava, toda vez que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así a las diversas personas que señala, toda vez que no cuentan con registro alguno en el aludido sistema. En tal virtud, solo se les tiene por autorizados para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que tienen los autorizados en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo. Ahora, en atención al contenido del escrito que se provee, se tiene por hecha la objeción que plantea en relación a las firmas que calzan en el escrito de demanda, sin perjuicio de que en términos del artículo 122 de la Ley de Amparo, se haga relación de la misma y se provea sobre la prueba pericial ofrecida en el escrito de cuenta, al momento de celebrarse la audiencia constitucional en el presente juicio. En otro orden, con fundamento en los artículos 119 y 124, de la Ley de Amparo, se le tiene como pruebas de su intención la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones, así como por hechas las manifestaciones en vía de alegatos que expresa, sin perjuicio de ser relacionadas en la etapa procesal oportuna y ser tomadas en consideración al momento de resolver el presente asunto. Por otra parte, con relación a su solicitud de devolución de las documentales que indica, dígasele que por el momento no ha lugar a devolvérselas, ya que si bien el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, prevé que no objetados en su oportunidad los documentos que se presentaren en el juicio, pueden las partes pedir en todo tiempo que se les devuelvan los originales que hubieren presentado, dejando en su lugar copia certificada, también lo es que ello implica que debe otorgarse a la contraparte un tiempo prudente para objetarlos. Entonces, una vez emplazadas y notificadas las partes, de no objetarse la personalidad ni los documentos, sin mayor trámite, transcurrido el plazo de tres días, devuélvanse los documentos, previa razón que de su recibo deje en autos.
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