Bartolomé Gutiérrez Cuactenango
Expediente 1225/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1225/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Bartolomé Gutiérrez Cuactenango y Otros.
- Bartolomé Gutiérrez Cuactenango
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que en seis de diciembre de dos mil dieciocho, admitió en vía directa la demanda de amparo promovida por ********************, asimismo, en catorce de febrero de dos mil diecinueve, se resolvió en definitiva el juicio de amparo ******************** de su índice. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente cuaderno como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgado de Distrito, se determina: De acuerdo, con el supuesto que prevé el punto vigésimo primero, fracción II del citado acuerdo, el expediente principal transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, SERÁ DESTRUIDO. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este cuadernillo no es de relevancia documental, histórica ni jurídica.
- Principal
Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento de la demanda de amparo remitida en proveído de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, la cual registró como amparo directo civil 652/2018; en consecuencia, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el escrito presentado por Bartolomé Gutiérrez Cuactenango, quien promueve demanda de amparo contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Álvarez, con sede en Chilapa, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este órgano jurisdiccional, con el número 1225/2018 y fórmese el expediente respectivo. Ahora, por ser de análisis preferente, se examina en primer lugar la competencia de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de amparo, pues dicha cuestión es una condición para que tenga validez la sentencia que eventualmente resuelva este juicio de derechos fundamentales. Las cuestiones de competencia son de pronunciamiento oficioso en tanto que constituyen un presupuesto procesal, entendido como tal las condiciones necesarias para que pueda emitirse válidamente una resolución, tal y como lo sostiene la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la página trescientos nueve del Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación de la Quinta Época, materia común, con registro electrónico 345468, que dice: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conceder el caso". Además, como se dijo, las cuestiones de competencia se traducen en presupuestos procesales y, por tanto, son de orden público elevadas a rango constitucional y reglamentadas por la Ley de Amparo. Establecido lo anterior, se estima que en el caso que nos ocupa, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo por las razones que a continuación se exponen. Los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170 y 171, de la Ley de Amparo, contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo en la vía directa, cuando se reclaman actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que tienen la naturaleza de definitiva, así como la competencia del órgano jurisdiccional o administrativos a quien corresponde conocer y resolver de dichos asuntos, al establecer: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. (.) Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." LEY DE AMPARO. "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior". Conforme a lo dispuesto en los numerales transcritos, el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, que se reclaman de tribunales del trabajo y se promoverá por conducto de la autoridad responsable; en la inteligencia que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido, casos en los que la instancia constitucional será competencia del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. En el caso, el quejoso señala como acto reclamado el siguiente: "Sentencia definitiva de fecha quince de octubre del año dos mil dieciocho, dictada en el expediente número 09/2018-I, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, promovido por Roberta Pérez Barón y en contra del suscrito." Entonces, dicha sentencia constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, tiene el carácter de definitivo, en tanto que resolvió el juicio ejecutivo mercantil 09/2018-I. De ahí que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 170, 171 y 172, de la Ley de Amparo vigente, se trata de una determinación reclamable en amparo directo. Así las cosas, este Juzgado de Distrito, estima que el acto tildado de inconstitucional queda comprendido en las hipótesis de procedencia del amparo directo y, por tanto, su estudio es competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez establecido lo anterior, no debe perderse de vista el contenido del artículo 47 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". Por ello, tomando en consideración que por la naturaleza del acto aquí reclamado es considerado como de aquéllos que son materia de amparo directo, atento a lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador se declara incompetente para conocer del presente asunto y, en consecuencia, se ordena la remisión de los autos al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, a fin de que si lo estima procedente, conozca del caso. Es aplicable a lo anterior, la tesis aislada 2a. CCXI/2001 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, visible en la página cuarenta y uno, del Tomo XIV de noviembre de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de consulta rápida bajo el registro electrónico número 188429, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. NO SE UBICA DENTRO DEL SUPUESTO EN QUE ESTÁ PROHIBIDO PROMOVERLA POR EL JUEZ DE DISTRITO A UN SUPERIOR, SI AQUÉL ESTIMA QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA DE AMPARO DIRECTO. Del análisis relacionado de lo dispuesto en los artículos 47, 49 y 55 de la Ley de Amparo, se desprende que el último de éstos no contiene una prohibición en el sentido de que el Juez de Distrito declare su incompetencia si estima que un Tribunal Colegiado de Circuito o la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del asunto, dado que el numeral 49 citado permite tal hipótesis, cuando del examen de la demanda de garantías el Juez de Distrito advierta que se trata de un caso en el que el acto reclamado lo constituye alguno de los que señala el artículo 44 de la ley citada, sino que el impedimento a que alude el señalado numeral 55 se refiere al caso en que el superior del Juez Federal, con apoyo en el artículo 47 indicado, ya haya determinado que es incompetente para conocer del asunto y que corresponde conocer de él al juzgador, ya que si éste no la aceptara y devolviera los autos, estaría planteando a su superior una cuestión contenciosa de competencia, aspecto que sí prohíbe el referido artículo 55." Bajo esas condiciones, este órgano constitucional reitera la ausencia de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, de conformidad con las razones y fundamentos expuestos con antelación, debido a que el acto reclamado constituye una determinación de la autoridad responsable que encuadra en los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo. Así las cosas, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo vigente, el que suscribe declina la competencia del presente asunto al Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, por lo que, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítase la demanda de amparo, a la oficialía de partes común de dichos tribunales, y en caso de aceptar la competencia planteada, solicítese al titular del Tribunal que por razón de turno conozca del presente asunto, el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rey David Vázquez García y Asunción García Guerrero, toda vez que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en atención a la certificación secretarial que antecede; no así a Arturo Sánchez Moctezuma, toda vez que no cuenta con el registro de cedula profesional en el aludido sistema. En tal virtud, a la persona mencionada en último lugar, sólo se le tiene como autorizado para oír notificaciones e imponerse de los autos, sin gozar de las demás facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Basilio Rojas Zimbrón, Juez Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Hernández Serrano, que autoriza y da fe.
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