Basilio Mariano Simón
Expediente 1400/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1400/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 16/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Basilio Mariano Simón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA V-A. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó este juicio ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
. . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1400/2021, promovido por ***, en contra del acto de la autoridad que se menciona más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de la parte quejosa, la autoridad judicial responsable ha sido omisa en dar contestación a su escrito de presentado el catorce de octubre de dos mil veintiuno Por ello, estima que dicha autoridad viola en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 17 y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO La demanda de amparo fue recibida en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el nueve de diciembre de dos mil veintiuno. Dicho libelo constitucional se turnó el mismo día al Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, donde quedó registrado con el progresivo 1346/2021; sin embargo, mediante determinación emitida el diez de diciembre siguiente, dicho órgano jurisdiccional declinó competencia a favor de este juzgado de distrito. Por lo que, en proveído de quince de diciembre de dos mil veintiuno, este tribunal la registró con el número 1400/2021 de la estadística propia, se avocó al conocimiento del juicio constitucional de que se trata y la admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y la autoridad señalada como responsable tiene su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la quejosa reclama [por el cual se admitió a trámite] de la autoridad responsable lo siguiente: Juez de Ejecución Penal, sede Tanivet, Oaxaca [denominación correcta] Omisión de dar contestación a su escrito presentado el catorce de octubre de dos mil diecinueve. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO El juez de Ejecución Penal, sede Tanivet, Oaxaca rindió su informe justificado negando el acto que se le atribuye, debido a que manifiesta que el quince de octubre de dos mil diecinueve acordó la petición del quejoso presentada el catorce de ese mes y anualidad; de igual forma, informa que mediante oficio *** signado por la magistrada presidenta de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal, fue remitida copia certificada del cumplimiento efectuado por esa Sala a la ejecutoria de amparo directo***del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal Administrativa, la cual obra agregada en la carpeta de ejecución ***, de ahí que resulte inexistente el acto reclamado. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe de ley, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)." Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. Cabe señalar, que la parte quejosa del juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, el promovente del amparo está obligado a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia del acto anteriormente precisado, se sobresee en el juicio por lo que hace a dicha autoridad y acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Finalmente, no pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional el hecho que no se haya hecho el emplazamiento a quien le resultara el carácter de tercero interesado; lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución, la cual no le causa agravio alguno. Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, en términos del apartado V de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de enero de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado de cuenta y téngase al juez de Ejecución Penal, con residencia en Tanivet, Oaxaca, ofreciendo como medio de convicción las documentales que exhibe, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional; con lo anterior, dese vista a las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintidós. En atención al estado de autos, se advierte que se encuentra señalada para hoy la audiencia constitucional; sin embargo, el suscrito considera que debe diferirse la misma en razón de que resulta necesario que la autoridad señalada como responsable en este asunto remita copia certificada de las constancias que acrediten la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, debido a que el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, quedo legalmente notificada de la petición del informe justificado, sin que al día en que se actúa lo rindiera. Por tanto, a fin de dictar una sentencia conforme a derecho, con fundamento en el dispositivo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la responsable, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su notificación, remita copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias relativas que tengan estrecha relación con el acto reclamado por la parte quejosa. Apercíbase a las citadas autoridades que de no cumplir con lo ordenado o de no manifestar el impedimento legal que tenga, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá como medida de apremio una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se reprograma para las catorce horas con veinticinco minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Notifíquese.
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